TIEMPO DE MUJERES

Congreso Constituyente sin partidos

Autor: Guillermo Garduño Valero

Las sociedades no se van a la revolución cuando todo está en crisis, sino cuando las cosas comienzan a mejorar

Alexis de Tocqueville

Es de sobra conocido que a partir de 1929 se articula la primera pieza del sistema político mexicano con la creación del partido oficial. En 1936, al culminar el conflicto Calles-Cárdenas, se logra integrar el binomio presidencialismo y partido oficial. El primero como eje de mando y el segundo como eje de sucesión. La Constitución de 1917 fue adecuándose a los tiempos mediante hábiles reformas que correspondían al interés inmediato de la clase política gobernante. Al momento, los cambios constitucionales son tantos que definitivamente estamos frente a un texto distinto y distante de la constitución original. En sí todo ha cambiado, pero estamos frente a un mundo de inercias, con poca imaginación e imposibilidad de acuerdo.

En su estructura formal, nuestro régimen político está constituido por un sistema de división de poderes y tres niveles de gobierno como se ilustra en el siguiente cuadro:

Poderes niveles	Ejecutivo	Legislativo	Judicial
Federal	Presidente de la república	Congreso de la Unión	Suprema Corte de Justicia
Estatal	Gobernador constitucional	Congreso del estado	Tribunal Superior de Justicia
Municipal	Presidente municipal	Cabildo municipal	Síndico procurador

De acuerdo con lo anterior, el sistema fue diseñado como una maquinaria que era rematada por la no reelección como principio básico, lo que posibilitaba la circulación de las elites y la imposibilidad de que una persona o grupo permanecieran indefinidamente en el poder. ¿Qué pasa entonces? La respuesta más simple es que todo modelo político se fragua en derredor de luchas sociales para corresponder a sus demandas. De acuerdo con eso, el sistema se corresponde con el siglo XX que lo procreó, pero es hoy incapaz de ofrecer respuestas para el siglo XXI.

Bajo esta idea, hoy observamos que el sistema anterior tenía como base el ser desigual, asimétrico y vertical, propio de un Estado autoritario, mientras que lo que hoy se está gestando es desequilibrado, inestable e imprevisible, propio de los Estados en transición, donde el problema central consiste en que la transición no tiene un futuro asegurado ni puede garantizar sus resultados, por lo que la promesa de la democracia no está asegurada, sino que podría derivar en un nuevo autoritarismo.

Bajo estas premisas es posible advertir conflictos abiertos entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión; entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que se proyecta hacia el resto del país, donde los gobernadores se enfrentan al Ejecutivo federal; congresos locales han invadido facultades del Congreso de la Unión; además de que fuerzas de la sociedad civil y organizaciones locales e internacionales no gubernamentales cuestionan las bases mismas de nuestro modelo de gestión.

En la dinámica actual, el Partido Revolucionario Institucional, bajo la divisa de la restauración del viejo régimen, busca iniciar las reformas que él mismo postergó en otros tiempos, comenzando por reducir la Cámara de Diputados a 400 representantes, donde sólo habría 300 de mayoría y 100 plurinominales. En cuanto al Senado, reducirlo de 128 a 96, donde los 64 serían la representación de mayoría de cada una de las 32 entidades, y cabría pensar en lo que se va a excluir: la primera minoría o los plurinominales.

Queda aún pendiente la Suprema Corte, pues en su versión actual sigue siendo el espacio exclusivo de los abogados, lo que ofrece un panorama de complicidades gremiales que están a la vista por su alta corrupción e impunidad, a lo que se agrega que si antes los ministros de la Corte eran peones del Ejecutivo que los promovía y removía a su antojo como lo pudo hacer en 1995 el presidente Zedillo, hoy la propuesta es que las designaciones pasen por el Senado, lo que generaría que los espacios de ese poder queden en manos de los acuerdos partidistas.

En este entorno queda el papel del Ejecutivo, despojado de su mayoría parlamentaria y sometido a las fuerzas políticas y las alianzas. Si se optara por un régimen parlamentario, las cosas fluirían de otra manera, pues los acuerdos surgen de alianzas públicas. En ese régimen existe la segunda vuelta, que permite dirimir conflictos postelectorales y abre la posibilidad a alianzas y compromisos públicos bajo la premisa de espacios en el entorno de la gestión, además de constituir la figura de primer ministro y generar mecanismos de regulación rigurosa en el manejo presupuestal de sus propias finanzas, lo cual hoy es motivo de vergüenza para todos los partidos que manejan discrecionalmente a su favor los fondos públicos.

Pero todo lo que se dice a nivel federal deberá encontrar correspondencia en los gobiernos de los Estados y entre los municipios más favorecidos que son verdaderos señores feudales y expertos en la rapiña, lo que da como resultado la incapacidad de convocatoria y el clientelismo politicoelectoral que se traduce en la imposibilidad de construcción de una ciudadanía. En sí no estamos hablando de cambios en el sistema político, sino de un cambio radical que sea contemporáneo con las nuevas realidades y demandas de la sociedad mexicana.

Salgamos del siglo XX y rompamos con sus herencias sectarias y oportunistas propias de todos los actores del ayer que buscan perpetuar el pasado, y el primer paso es la necesaria convocatoria a un congreso constituyente sin composición partidista.

En este sentido, la construcción de ciudadanía se impone como condición, y esto supone al menos: información, participación, apertura mas allá de los partidos controlados por grupos y facciones, integración programática de las demandas sin intermediación de grupos cuya única finalidad es la negociación en su beneficio, pues al enfrentar la lógica entre el interés partidista y el ciudadano, su opción ya está predeterminada.

Al mismo tiempo, el nuevo sistema político debe abrir paso a la iniciativa organizada de los ciudadanos, pasando de los mecanismos tradicionales de presión a formas orgánicas y permanentes que velen por el interés general. Pudiera parecer utópico, pero esto es la democracia, no lo que estamos viviendo ahora, que es la democracia fallida, y por tanto la reaparición en el horizonte de la renovación del autoritarismo y el riesgo de desintegración del país que hemos buscado ser, en una larga marcha de 200 años.

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