Julio Hernández López: Astillero
Hola, soy el PAN, estoy a punto de cumplir setenta años y he perdido mi esencia y objetivos, me ha infiltrado la corrupción y he ejercido tan mal el poder que soy la culpa de mis propias derrotas electorales recientes. Algunos de los responsables de mis tragedias son Felipe Calderón Hinojosa, que ofreció ser el presidente del empleo y en ésa y en otras promesas ha entregado resultados totalmente contrarios; Fernando Gómez Mont, que no supo o no quiso utilizar la Secretaría de Gobernación para frenar las mapacherías de los gobernadores priístas (¡apoyados éstos por las televisoras!), y Germán Martínez, que desarrolló una pésima estrategia electoral peleonera, comenzando por los malos candidatos que fueron designados a dedazo apenas disfrazado. Con la mística perdida y los orígenes desdibujados, muchos me ven ya como otro PRI, distante de la sociedad, sin democracia interna, secuestrado por el mando de Los Pinos, aliado con personajes políticamente macabros como Elba Esther Gordillo.
Tal sería la síntesis teatralizada del análisis hecho en la pasada reunión del consejo nacional por la elite panista que desahogó sus penas y habló con crudeza de las causas de su magna derrota electoral de julio pasado. Panistas distinguidos que en el fondo reconocían que en la borrachera reciente de poder no habían sido partido, sino simplemente una suerte de Acción pinolera equívoca que se desplegó a nivel Nacional: AN, ANistas ANónimos que se hicieron las clásicas Doce Preguntas (¿Ha tratado alguna vez de no beber durante una semana, o más, sin haber logrado cumplir el plazo?, dice la primera de ellas, según el manual clásico de A.A.) y así se dieron cuenta de que estaban enfermos de presidencialismo, que su vida como organización había pasado a ser ingobernable y que podrían entrar en la fase progresiva, incurable en lo inmediato (lo que quede del sexenio trágico) y electoralmente mortal. Pero en lugar de encaminarse, como en los auténticos A.A., a la búsqueda de respuesta y salida en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, los tales consejeros sincerados optaron por una réplica numérica de las tablas felipillas de moda, así que elaboraron un decálogo de lucha por la recuperación política que centra la estrategia en el combate directo al demonio embriagador llamado PRI, exhortando a nuevas cruzadas –cuando el reino panista de los suelos en sus peores condiciones está– contra los señores feudales de tres colores que en grandísima estima son colocados al ser reconocidos como tales, como fuerza imposible de regular, ya no se diga de enfrentar, por el presunto poder imperial de Felipe –I (sí, menos primero, en una nueva nomenclatura regia de graduación inversa).
El beato Carlos Navaleta (o Carlos Navarruth) pasó del No vale nada la vida de su cantado José Alfredo a solamente la primera línea de la Oración de la Serenidad, que así le quedaba a plena conveniencia chaquetera: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y así se encaminó al cumplimiento de su muy anunciada cita con el destino colaboracionista: foto con el personaje que según los acuerdos del anterior consejo nacional perredista nunca debía ser reconocido como titular del puesto que decían se había birlado: el espurio, el ilegítimo, el rechazado, se volvió ayer el Señor Presidente de la República para el guanajuatense chuchísimo que asistió, republicano, moderno, civilizado, dialogante, a la ceremonia oficial en la que el presunto repudiado le prodigó un fuerte y largo apretón de manos y algunas palabras de aliento y solidaridad. ¡Ah, de allí a la candidatura al gobierno de Guanajuato, en otra posible hazaña de esa izquierda que va ganando posiciones: Vivan los Chuchos que nos dieron Transa!
Beto el cardenal ve las cosas tan del cocol que aprovecha la temporada de remate patrio para poner a los asistentes a la misa dominical catedralicia a rezar por los licenciados Calderón y Ebrard, por sus equipos de trabajo y sus resultados administrativos, y por el Ejército mexicano que es factor fundamental de poder. Y en Hermosillo toma posesión el beneficiario electoral de la tragedia infantil de las guarderías, el panista Guillermo Padrés, que se convirtió en el único candidato importante del kínder pintado de blanco y azul que logró un mmm... triunfo. Con el apoyo involuntario del priísta Bours totalmente exhibido por sí mismo como el gobernador abusivo y corrupto que fue (ya en las últimas, andaba metido en el proceso de vender la televisora estatal mediante una licitación a modo a cuyo final asomaba uno de los hermanos del mandatario, negocito que finalmente no se pudo hacer por las protestas que provocó), más las maniobras del beltronismo para impedir que ese adversario bachoco dejara sucesor, Padrés ganó cuando no tenía probabilidades reales antes de la tragedia mencionada. Los interesados pueden leer en las ediciones anteriores del portal de La Jornada lo escrito el pasado 8 de junio, cuando todo mundo veía el drama infantil, pero aquí, además de eso, se bosquejaban las consecuencias electorales en una columna que así comenzaba: En un par de horas cambió la suerte electoral de Guillermo Padrés, el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora. A las 17 horas del viernes pasado debería estar contra las cuerdas, sin defensa posible, ante las acusaciones de ser un mentiroso que en un debate le haría su opositor priísta, Alfonso Elías.
Y, mientras el precandidato Celomar Casaebrar aplica un programa emergente de fiscalización que busca cobrar a grandes contribuyentes lo que hasta ahora se les ha permitido eludir (exigencia de pagos que es plausible, pero no la anterior permisividad que, por lo visto, no habría sido denunciada ni enfrentada de no haber ocurrido problemas presupuestales mayores), ¡hasta mañana, con el escenario y las circunstancias exigiendo de López Obrador mucho más que discursos genéricos y propuestas recurrentes, para que así el movimiento cívico de oposición al calderonato y sus catastróficas consecuencias pueda retomar presencia activa y ofrecer alternativas viables de lucha!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El fin de semana se multiplicaron los contactos en el círculo relativamente pequeño de los que decidirán por 105 millones de mexicanos si procede el intento del gobierno de sacarnos del bolsillo un cerro de dinero el próximo año.
Son los negociadores de Los Pinos, de Hacienda, de los gobernadores, del Congreso, de los partidos políticos. La prolongada reunión que sostuvieron el viernes Beatriz Paredes y Francisco Rojas con funcionarios de Hacienda fue informativa, no adelantó acuerdos. Al menos en teoría sigue en pie la promesa del PRI de no permitir un gravamen sobre medicinas y alimentos. Tras las fiestas patrias se procederá a constituir en la Cámara de Diputados la Comisión de Hacienda; será la que elabore el dictamen sobre el proyecto presupuestal. De ese grupo saldrá un dictamen que deberá ser presentado debidamente planchado a la asamblea de la propia Cámara.
Los mitos
En los siguientes días leeremos y escucharemos muchas opiniones. Para no ahogarnos en el torrente es importante tener muy claros algunos de los mitos sobre el presupuesto 2010:
1. El gobierno se sacrifica. Falso. La desaparición de tres secretarías –Función Pública, Turismo y Reforma Agraria– es algo engañoso para encubrir una realidad: el gasto que propone Felipe Calderón para 2010 es el más alto de la historia. Supera en más de 100 mil millones de pesos al de 2009 y triplica el de un millón de millones del último gobierno del Partido Revolucionario Institucional.
2. Es la hora del cambio. Falso. Lo que se está cambiando es la fuente del dinero para cubrir los gastos. En lugar del petróleo de Cantarell, que se agota, el gobierno quiere exprimir a empresas y consumidores. Intenta subir los impuestos a las compañías e incrementar el IVA a los consumidores, del 15 al 17%, por medio del nuevo gravamen del 2%, que quiere obligarnos a cubrir en todas nuestras compras.
3. El 2% será para los pobres. Falso. Es un refrito del copeteado de Fox. Los recursos para tapar una gran parte del agujero fiscal saldrán de los 50 millones de pobres, los que viven de milagro y los que ganan un salario mínimo mensual (es otro milagro). El 80% de su ingreso lo emplean en comprar comida y medicinas, deberán pagarlas más caras.
4. No habrá privilegiados. Falso. No serán tocados los intereses de los gobernadores, los líderes sindicales adictos, como la miss Gordillo, los partidos políticos, los diputados y senadores y los altos funcionarios de la Federación. Los gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y de Durango, Ismael Hernández, hoy darán su apoyo al paquetazo. En el sector de los negocios privados se conserva el subsidio al Fobaproa/IPAB, que este año costará a los contribuyentes 40 mil millones de pesos.
5. No habrá corrupción. Falso. No se incluye ninguna medida en favor de la transparencia, la probidad y contra la impunidad. Al contrario, Calderón propone que la Secretaría de la Función Pública sea remplazada por una contraloría que dependerá directamente de él. No se otorgan mayores atribuciones a la Auditoría del Congreso.
El fin de semana se multiplicaron los contactos en el círculo relativamente pequeño de los que decidirán por 105 millones de mexicanos si procede el intento del gobierno de sacarnos del bolsillo un cerro de dinero el próximo año.
Son los negociadores de Los Pinos, de Hacienda, de los gobernadores, del Congreso, de los partidos políticos. La prolongada reunión que sostuvieron el viernes Beatriz Paredes y Francisco Rojas con funcionarios de Hacienda fue informativa, no adelantó acuerdos. Al menos en teoría sigue en pie la promesa del PRI de no permitir un gravamen sobre medicinas y alimentos. Tras las fiestas patrias se procederá a constituir en la Cámara de Diputados la Comisión de Hacienda; será la que elabore el dictamen sobre el proyecto presupuestal. De ese grupo saldrá un dictamen que deberá ser presentado debidamente planchado a la asamblea de la propia Cámara.
Los mitos
En los siguientes días leeremos y escucharemos muchas opiniones. Para no ahogarnos en el torrente es importante tener muy claros algunos de los mitos sobre el presupuesto 2010:
1. El gobierno se sacrifica. Falso. La desaparición de tres secretarías –Función Pública, Turismo y Reforma Agraria– es algo engañoso para encubrir una realidad: el gasto que propone Felipe Calderón para 2010 es el más alto de la historia. Supera en más de 100 mil millones de pesos al de 2009 y triplica el de un millón de millones del último gobierno del Partido Revolucionario Institucional.
2. Es la hora del cambio. Falso. Lo que se está cambiando es la fuente del dinero para cubrir los gastos. En lugar del petróleo de Cantarell, que se agota, el gobierno quiere exprimir a empresas y consumidores. Intenta subir los impuestos a las compañías e incrementar el IVA a los consumidores, del 15 al 17%, por medio del nuevo gravamen del 2%, que quiere obligarnos a cubrir en todas nuestras compras.
3. El 2% será para los pobres. Falso. Es un refrito del copeteado de Fox. Los recursos para tapar una gran parte del agujero fiscal saldrán de los 50 millones de pobres, los que viven de milagro y los que ganan un salario mínimo mensual (es otro milagro). El 80% de su ingreso lo emplean en comprar comida y medicinas, deberán pagarlas más caras.
4. No habrá privilegiados. Falso. No serán tocados los intereses de los gobernadores, los líderes sindicales adictos, como la miss Gordillo, los partidos políticos, los diputados y senadores y los altos funcionarios de la Federación. Los gobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y de Durango, Ismael Hernández, hoy darán su apoyo al paquetazo. En el sector de los negocios privados se conserva el subsidio al Fobaproa/IPAB, que este año costará a los contribuyentes 40 mil millones de pesos.
5. No habrá corrupción. Falso. No se incluye ninguna medida en favor de la transparencia, la probidad y contra la impunidad. Al contrario, Calderón propone que la Secretaría de la Función Pública sea remplazada por una contraloría que dependerá directamente de él. No se otorgan mayores atribuciones a la Auditoría del Congreso.
Arturo Balderas Rodríguez: Desde el Otro Lado
Es sintomático que el exabrupto ocurrido durante el discurso que pronunció el presidente Obama la semana pasada en la sesión conjunta del Congreso ocurrió cuando se refirió a los indocumentados. El presidente fue enfático al decir que no se incluye ninguna previsión para hacer extensivo el plan de salud a los indocumentados. Aun así un representante republicano le gritó: ¡Usted miente!
Lo cierto es que con o sin plan de salud, las cosas no cambiarán mucho para los indocumentados en atención médica. En la actualidad cualquiera de ellos puede contratar un plan de salud, siempre y cuando pueda pagar las altas primas que exigen las aseguradoras privadas. Se espera que éstas sean sustancialmente más bajas en el seguro que ofrezca el Estado, de aprobarse el plan de salud. Sin embargo, Obama fue claro cuando en su discurso dijo que los ilegales no estarán incluidos en el seguro que el Estado ofrezca. Normalmente se les presta atención médica sólo en casos de urgencia; eso al parecer no cambiará. Lo notorio es que, aun antes de que haya una propuesta para modificar el disfuncional sistema migratorio estadunidense, ya hay quienes velan sus armas para que, ante la posibilidad de un cambio en la legislación migratoria, se especifique que los indocumentados no reciban servicios elementales, como la salud.
No parece factible una reforma migratoria este año, pero si así fuera el desgaste del presidente en la aprobación de la reforma de salud dificultaría una negociación en la que, entre otras, se incluya una provisión que otorgue el derecho de permanecer en el país a los doce millones que viven en él sin documentos migratorios. Por ahora, lo mejor que pudiera ocurrir es que la administración de Obama, particularmente la responsable de aplicar la política migratoria, se hiciera cargo de las promesas de no acosarlos y darles trato más humano.
Es criticable quien le faltó el respeto al presidente, pero también lo es de quienes pasaron por alto que, quien le gritó mentiroso lo hizo por mezquindad. No se puede llamar de otra forma a quien protesta ante la posibilidad de que a una persona se le otorgue el derecho de acceso a la salud pública.
Se puede entender la estrategia del presidente en su propósito de lograr que se apruebe su propuesta de salud. Sin embargo, no debe ignorar la incongruencia que significa que millones de personas que viven y trabajan en beneficio del país, sean marginados intencionalmente de los planes para hacer que los servicios médicos lleguen a toda la población.
Es sintomático que el exabrupto ocurrido durante el discurso que pronunció el presidente Obama la semana pasada en la sesión conjunta del Congreso ocurrió cuando se refirió a los indocumentados. El presidente fue enfático al decir que no se incluye ninguna previsión para hacer extensivo el plan de salud a los indocumentados. Aun así un representante republicano le gritó: ¡Usted miente!
Lo cierto es que con o sin plan de salud, las cosas no cambiarán mucho para los indocumentados en atención médica. En la actualidad cualquiera de ellos puede contratar un plan de salud, siempre y cuando pueda pagar las altas primas que exigen las aseguradoras privadas. Se espera que éstas sean sustancialmente más bajas en el seguro que ofrezca el Estado, de aprobarse el plan de salud. Sin embargo, Obama fue claro cuando en su discurso dijo que los ilegales no estarán incluidos en el seguro que el Estado ofrezca. Normalmente se les presta atención médica sólo en casos de urgencia; eso al parecer no cambiará. Lo notorio es que, aun antes de que haya una propuesta para modificar el disfuncional sistema migratorio estadunidense, ya hay quienes velan sus armas para que, ante la posibilidad de un cambio en la legislación migratoria, se especifique que los indocumentados no reciban servicios elementales, como la salud.
No parece factible una reforma migratoria este año, pero si así fuera el desgaste del presidente en la aprobación de la reforma de salud dificultaría una negociación en la que, entre otras, se incluya una provisión que otorgue el derecho de permanecer en el país a los doce millones que viven en él sin documentos migratorios. Por ahora, lo mejor que pudiera ocurrir es que la administración de Obama, particularmente la responsable de aplicar la política migratoria, se hiciera cargo de las promesas de no acosarlos y darles trato más humano.
Es criticable quien le faltó el respeto al presidente, pero también lo es de quienes pasaron por alto que, quien le gritó mentiroso lo hizo por mezquindad. No se puede llamar de otra forma a quien protesta ante la posibilidad de que a una persona se le otorgue el derecho de acceso a la salud pública.
Se puede entender la estrategia del presidente en su propósito de lograr que se apruebe su propuesta de salud. Sin embargo, no debe ignorar la incongruencia que significa que millones de personas que viven y trabajan en beneficio del país, sean marginados intencionalmente de los planes para hacer que los servicios médicos lleguen a toda la población.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Una sola virtud tiene el paquetazo calderonista para 2010, y hay que reconocerla: el consenso, un artículo de lujo en este México del disenso. En efecto, más tardó el inquilino de Los Pinos en hacerlo público que los mexicanos en rechazarlo. A lo largo de casi tres años, Felipe Calderón afinó su innegable habilidad para consensuar posiciones entre los que habitan este heroico país, porque a estas alturas todos los sectores lo impugnan, lo alucinan, por mucho helio que inyecten a las encuestas oficiales.
Partidos políticos (no se considera al PAN, porque hace mucho que dejó de serlo), organizaciones empresariales, agrupaciones obreras y campesinas, académicos, mexicanos de a pie y hasta la sacrosanta cuan tradicionalmente entreguista Iglesia SA se manifiestan en contra del autodenominado plan económico de Calderón, toda vez que su aplicación hundiría aún más al país y, desde luego, a quienes lo habitan.
Aun así, el rechazo generalizado a la susodicha propuesta económica se ha centrado en la genial idea de crear un impuesto de 2 por ciento (a todas luces un IVA disfrazado) aplicable a todo y a todos, comenzando por alimentos y medicinas, con el fin –dicen en Los Pinos– de combatir la pobreza. Tan genial resulta, que hasta los pobres lo tendrían que pagar para salir de la pobreza (versión oficial). Ese es el quid del rechazo, pero no hay que perder de vista que en el paquetazo 2010 se incluye el incremento a las tasas de muchos gravámenes existentes, lo que no sólo aumentaría la carga fiscal a los consumidores, sino a los menguados sectores productivos en plena recesión, de tal suerte que la intentona calderonista pretende reactivar la de por sí raquítica economía nacional, con su miserable generación de empleo, con el freno de mano a todo lo que da.
Qué bueno que lo rechacen, pero el riesgo que se corre –por mucho que públicamente defenestren la propuesta en conjunto– es que con bombos y platillos, como acostumbran, los partidos políticos y sus legisladores no avalen el citado impuesto de 2 por ciento, pero silenciosamente palomeen las alzas en los demás tributos, con lo que de todas maneras el país se hundiría más. Política y clientelarmente les resulta muy productivo un riguroso NO a la nueva carga fiscal para combatir la pobreza, pero más allá de eso, si la intención es encontrar la ruta de salida (a la crisis actual y al aletargamiento económico que va para tres décadas), entonces la negativa debe ser generalizada.
Elemento fundamental de esa ruta de salida es una reforma fiscal verdadera, de fondo, que amplíe la base de contribuyentes, que comience con los regímenes tributarios especiales, que incorpore a los sectores financiero y bursátil. Es injustificable mantener el paraíso para un grupúsculo de empresas y empresarios, pero también lo es exprimir aún más a los causantes cautivos. Se requiere sacudir a la economía, al aparato productivo, pero no con puñaladas fiscales a los de siempre, sino con inversión, producción y empleo, y el mejor camino para lograrlo no es, desde luego, el paquetazo 2010, cuyo único fin es aumentar la recaudación para que todo lo demás se mantenga tal cual. Y el tal cual a punto está de cumplir 30 años. ¿Qué energúmeno puede recomendar a los millones de pobres que sobreviven en este país, en la peor crisis en ocho décadas, que consuman menos agua y energía eléctrica para ahorrar y salir de la pobreza? Calderón, obvio es, y si esa solución es aberrante, más lo incluido en el paquetazo.
Se niegan a tocar al gran capital, y la historia no es que se repita: simplemente es igual. El primero de septiembre de 1982 el entonces presidente López Portillo denunció que “en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos (…) el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia… Conservadoramente podemos afirmar (…) que de la economía mexicana han salido ya, en los dos o tres últimos años, por lo menos 22 mil millones de dólares; y se ha generado una deuda privada no registrada, para pagar hipotecas, pagar mantenimiento e impuestos, por más de 20 mil millones de dólares (44 mil millones en total)… Ya nos saquearon (…) No nos volverán a saquear”.
Pero el saqueo ha sido permanente: 27 años después de aquella denuncia se documenta que los depósitos de ciudadanos y empresas mexicanas en bancos de Estados Unidos llegaron a 60 mil 729 millones de dólares (mayo 2009), el monto más alto entre los países latinoamericanos e incluso superior al de naciones desarrolladas como Francia, indicó información del Banco de la Reserva Federal estadunidense (La Jornada, Roberto González Amador). Pues bien, entre una fecha y otra, el monto de los capitales mexicanos depositados en el vecino del norte resulta 40 por ciento superior, sin considerar que a estas alturas los bienes inmuebles de los que habló JLP están más que amortizados.
Las rebanadas del pastel
Sobre esa quimera llamada (la mala) educación en México: “además de los recortes a la educación y en particular el muy insuficiente presupuesto destinado al nivel superior, lo que complica todo el panorama y desalienta a los jóvenes y a los padres de familia es que los egresados se enfrentan a un presente y a un futuro francamente desoladores, porque lo que se ofrece como recompensa al esfuerzo de concluir una carrera universitaria es el desempleo o en el mejor de los casos la oferta de plazas con salarios miserables e indignos, y por lo tanto ofensivos. Mientras las autoridades y la sociedad toda no acepten esta dramática realidad y ofrezcan soluciones, veremos crecer los índices de reprobación y deserción, y sólo podemos esperar como país ser el convidado de piedra al banquete de las naciones desarrolladas. Mientras la economía nacional no se reactive al ciento por ciento –y esto no ocurrirá a corto tiempo– algunas propuestas tienen que discutirse ya porque alentarían la eficiencia terminal, y éstas son la adopción de un seguro de desempleo exclusivo para profesionistas titulados, programas específicos de servicio social remunerado por las industrias y empresas privadas, masificar los programas de becas para posgrado, aunque al final los egresados acaben prestando sus servicios en otras naciones, y esto es lo de menos. Siempre será motivo de orgullo ver a algún mexicano triunfando como astronauta o a cualquier otro profesionista nacional compitiendo en las Grandes Ligas. Lo más triste es que sigamos quedándonos atrás viendo alejarse de nosotros al tren del progreso” (Feliciano Hernández, felicianohg@yahoo.com.mx).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Una sola virtud tiene el paquetazo calderonista para 2010, y hay que reconocerla: el consenso, un artículo de lujo en este México del disenso. En efecto, más tardó el inquilino de Los Pinos en hacerlo público que los mexicanos en rechazarlo. A lo largo de casi tres años, Felipe Calderón afinó su innegable habilidad para consensuar posiciones entre los que habitan este heroico país, porque a estas alturas todos los sectores lo impugnan, lo alucinan, por mucho helio que inyecten a las encuestas oficiales.
Partidos políticos (no se considera al PAN, porque hace mucho que dejó de serlo), organizaciones empresariales, agrupaciones obreras y campesinas, académicos, mexicanos de a pie y hasta la sacrosanta cuan tradicionalmente entreguista Iglesia SA se manifiestan en contra del autodenominado plan económico de Calderón, toda vez que su aplicación hundiría aún más al país y, desde luego, a quienes lo habitan.
Aun así, el rechazo generalizado a la susodicha propuesta económica se ha centrado en la genial idea de crear un impuesto de 2 por ciento (a todas luces un IVA disfrazado) aplicable a todo y a todos, comenzando por alimentos y medicinas, con el fin –dicen en Los Pinos– de combatir la pobreza. Tan genial resulta, que hasta los pobres lo tendrían que pagar para salir de la pobreza (versión oficial). Ese es el quid del rechazo, pero no hay que perder de vista que en el paquetazo 2010 se incluye el incremento a las tasas de muchos gravámenes existentes, lo que no sólo aumentaría la carga fiscal a los consumidores, sino a los menguados sectores productivos en plena recesión, de tal suerte que la intentona calderonista pretende reactivar la de por sí raquítica economía nacional, con su miserable generación de empleo, con el freno de mano a todo lo que da.
Qué bueno que lo rechacen, pero el riesgo que se corre –por mucho que públicamente defenestren la propuesta en conjunto– es que con bombos y platillos, como acostumbran, los partidos políticos y sus legisladores no avalen el citado impuesto de 2 por ciento, pero silenciosamente palomeen las alzas en los demás tributos, con lo que de todas maneras el país se hundiría más. Política y clientelarmente les resulta muy productivo un riguroso NO a la nueva carga fiscal para combatir la pobreza, pero más allá de eso, si la intención es encontrar la ruta de salida (a la crisis actual y al aletargamiento económico que va para tres décadas), entonces la negativa debe ser generalizada.
Elemento fundamental de esa ruta de salida es una reforma fiscal verdadera, de fondo, que amplíe la base de contribuyentes, que comience con los regímenes tributarios especiales, que incorpore a los sectores financiero y bursátil. Es injustificable mantener el paraíso para un grupúsculo de empresas y empresarios, pero también lo es exprimir aún más a los causantes cautivos. Se requiere sacudir a la economía, al aparato productivo, pero no con puñaladas fiscales a los de siempre, sino con inversión, producción y empleo, y el mejor camino para lograrlo no es, desde luego, el paquetazo 2010, cuyo único fin es aumentar la recaudación para que todo lo demás se mantenga tal cual. Y el tal cual a punto está de cumplir 30 años. ¿Qué energúmeno puede recomendar a los millones de pobres que sobreviven en este país, en la peor crisis en ocho décadas, que consuman menos agua y energía eléctrica para ahorrar y salir de la pobreza? Calderón, obvio es, y si esa solución es aberrante, más lo incluido en el paquetazo.
Se niegan a tocar al gran capital, y la historia no es que se repita: simplemente es igual. El primero de septiembre de 1982 el entonces presidente López Portillo denunció que “en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos (…) el que ha sacado más dinero del país que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia… Conservadoramente podemos afirmar (…) que de la economía mexicana han salido ya, en los dos o tres últimos años, por lo menos 22 mil millones de dólares; y se ha generado una deuda privada no registrada, para pagar hipotecas, pagar mantenimiento e impuestos, por más de 20 mil millones de dólares (44 mil millones en total)… Ya nos saquearon (…) No nos volverán a saquear”.
Pero el saqueo ha sido permanente: 27 años después de aquella denuncia se documenta que los depósitos de ciudadanos y empresas mexicanas en bancos de Estados Unidos llegaron a 60 mil 729 millones de dólares (mayo 2009), el monto más alto entre los países latinoamericanos e incluso superior al de naciones desarrolladas como Francia, indicó información del Banco de la Reserva Federal estadunidense (La Jornada, Roberto González Amador). Pues bien, entre una fecha y otra, el monto de los capitales mexicanos depositados en el vecino del norte resulta 40 por ciento superior, sin considerar que a estas alturas los bienes inmuebles de los que habló JLP están más que amortizados.
Las rebanadas del pastel
Sobre esa quimera llamada (la mala) educación en México: “además de los recortes a la educación y en particular el muy insuficiente presupuesto destinado al nivel superior, lo que complica todo el panorama y desalienta a los jóvenes y a los padres de familia es que los egresados se enfrentan a un presente y a un futuro francamente desoladores, porque lo que se ofrece como recompensa al esfuerzo de concluir una carrera universitaria es el desempleo o en el mejor de los casos la oferta de plazas con salarios miserables e indignos, y por lo tanto ofensivos. Mientras las autoridades y la sociedad toda no acepten esta dramática realidad y ofrezcan soluciones, veremos crecer los índices de reprobación y deserción, y sólo podemos esperar como país ser el convidado de piedra al banquete de las naciones desarrolladas. Mientras la economía nacional no se reactive al ciento por ciento –y esto no ocurrirá a corto tiempo– algunas propuestas tienen que discutirse ya porque alentarían la eficiencia terminal, y éstas son la adopción de un seguro de desempleo exclusivo para profesionistas titulados, programas específicos de servicio social remunerado por las industrias y empresas privadas, masificar los programas de becas para posgrado, aunque al final los egresados acaben prestando sus servicios en otras naciones, y esto es lo de menos. Siempre será motivo de orgullo ver a algún mexicano triunfando como astronauta o a cualquier otro profesionista nacional compitiendo en las Grandes Ligas. Lo más triste es que sigamos quedándonos atrás viendo alejarse de nosotros al tren del progreso” (Feliciano Hernández, felicianohg@yahoo.com.mx).
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
El Banco de México dio a conocer recientemente los resultados de las transacciones con el exterior en el primer semestre del año, periodo en el cual se registró un déficit en la cuenta corriente de –2 mil 928 millones de dólares, y otro (poco común) de –4 mil 718 millones en la cuenta de capital. Ambos déficits fueron financiados con la reserva internacional, la cual disminuyó –11 mil 260 millones de dólares, lo que indica un faltante no identificado de –3 mil 629 millones registrado en errores y omisiones (Gráfico 1).
La cuenta corriente
De las cuatro balanzas que la integran, la comercial registró en el semestre un saldo deficitario de –1 mil 210 millones de dólares, la de servicios no factoriales de –2 mil 833 millones, y la de servicios factoriales de –10 mil 129 millones; estos números rojos fueron parcialmente compensados con el superávit en transferencias (básicamente remesas de los emigrantes) por 11 mil 244 millones (Gráfico 1).
En el semestre, se observa una caída generalizada de un 30% tanto en los rubros de ingresos las ventas de bienes y servicios disminuyeron –50 mil millones (–28.4%); como en los egresos: las compras bajaron –52 mil millones (–28.7%) (Gráfico 2).
De los ingresos, los provenientes de exportación de mercancías disminuyeron –45 mil millones en el semestre (–30.2%), y de ellos los petroleros –16 mm (–55.6%) y los no petroleros –29 mm (–24.3%); las ventas de servicios no factoriales bajaron 1.9 mm (–19.8%), las de servicios factoriales –1.4 mm (–33.9%), y los ingresos por transferencias –1.5 mm (–11.9%).
De los egresos, los pagos por importación de mercancías disminuyeron en el semestre –46 mil millones (–30.6%), los pagos por servicios no factoriales –1.8 mm (–14.6%), y los pagos por servicios factoriales –3.6 mm (–21.7%).
La cuenta de capital
Su saldo negativo (–4 mil 718 millones de dólares) fue resultado de un ingreso neto de capitales extranjeros al país de 9 mil 765 millones contra una salida de capitales mexicanos al extranjero de –14 mil 483 millones (Gráfico 1).
Opinión
El Banco de México dio a conocer recientemente los resultados de las transacciones con el exterior en el primer semestre del año, periodo en el cual se registró un déficit en la cuenta corriente de –2 mil 928 millones de dólares, y otro (poco común) de –4 mil 718 millones en la cuenta de capital. Ambos déficits fueron financiados con la reserva internacional, la cual disminuyó –11 mil 260 millones de dólares, lo que indica un faltante no identificado de –3 mil 629 millones registrado en errores y omisiones (Gráfico 1).
La cuenta corriente
De las cuatro balanzas que la integran, la comercial registró en el semestre un saldo deficitario de –1 mil 210 millones de dólares, la de servicios no factoriales de –2 mil 833 millones, y la de servicios factoriales de –10 mil 129 millones; estos números rojos fueron parcialmente compensados con el superávit en transferencias (básicamente remesas de los emigrantes) por 11 mil 244 millones (Gráfico 1).
En el semestre, se observa una caída generalizada de un 30% tanto en los rubros de ingresos las ventas de bienes y servicios disminuyeron –50 mil millones (–28.4%); como en los egresos: las compras bajaron –52 mil millones (–28.7%) (Gráfico 2).
De los ingresos, los provenientes de exportación de mercancías disminuyeron –45 mil millones en el semestre (–30.2%), y de ellos los petroleros –16 mm (–55.6%) y los no petroleros –29 mm (–24.3%); las ventas de servicios no factoriales bajaron 1.9 mm (–19.8%), las de servicios factoriales –1.4 mm (–33.9%), y los ingresos por transferencias –1.5 mm (–11.9%).
De los egresos, los pagos por importación de mercancías disminuyeron en el semestre –46 mil millones (–30.6%), los pagos por servicios no factoriales –1.8 mm (–14.6%), y los pagos por servicios factoriales –3.6 mm (–21.7%).
La cuenta de capital
Su saldo negativo (–4 mil 718 millones de dólares) fue resultado de un ingreso neto de capitales extranjeros al país de 9 mil 765 millones contra una salida de capitales mexicanos al extranjero de –14 mil 483 millones (Gráfico 1).
Opinión
Ofensiva contra el DF
En semanas y meses recientes, las autoridades federales han impuesto recortes presupuestales por varios miles de millones de pesos al gobierno de la capital de la República. Especialmente grave resulta la retención unilateral, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de partidas que fueron aprobadas el año pasado por la Cámara de Diputados para la construcción de la línea 12 del Metro, pues esa obra reviste importancia estratégica para la ciudad y su paralización implica rezago, desempleo y elevación de costos. Por si fuera poco, la fracción priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) pretende, con justificaciones variopintas, impulsar la desaparición de programas y de secretarías enteras del gobierno capitalino, lo que generaría también una grave pérdida de puestos de trabajo y la reducción del poder público local en áreas en las que la acción gubernamental resulta irrenunciable: la cultura y el deporte, por ejemplo.
El acoso presupuestal que el gobierno federal realiza contra la ciudad de México y los empeños priístas de reducir el tamaño y, sobre todo, la obra social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) poco tienen que ver con la crisis económica en que se encuentra sumido el país. Esa crisis es, en todo caso, el pretexto para reforzar una ofensiva política que empezó a mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se ha mantenido en la administración calderonista contra Marcelo Ebrard. Una de las vertientes más irresponsables de tal hostilidad está conformada por el alarmismo y la dudosa voluntad con que las autoridades federales han manejado el tema del agua, tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas negras, en la ciudad capital.
Si en las acciones contra el DF emprendidas por la administración federal, emanada del PAN, es inevitable percibir la animadversión contra una serie de gobiernos locales surgidos del PRD, en el caso de los priístas de la ALDF resulta clara su intención de obstaculizar el funcionamiento del poder local con el propósito de provocarle un desgaste político que permita al PRI forjarse expectativas de retorno a una posición que perdió en 1997, en cuanto ésta fue puesta a votación entre la ciudadanía. Pero el tricolor va por todo y, previsiblemente, hará cuanto le sea posible para recuperar dentro de tres años tal posición.
Mediante las determinaciones referidas no sólo se busca la asfixia financiera del GDF, sino también la inducción de un descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar los impuestos ya existentes y a establecer gravámenes nuevos. Todo, con tal de derrotar a la izquierda en el Distrito Federal en las próximas elecciones.
Al parecer, priístas y panistas no alcanzan a entender que el afán por dejar sin recursos a la ciudad capital afectara, en primer lugar, a los sectores populares de la urbe y a la mayor parte de los que habitan en el estado de México.
En tal circunstancia, resulta por demás pertinente la exhortación formulada ayer en Dolores Hidalgo por el gobernante capitalino para que todos los legisladores defeños, independientemente de ideología y postura política, rechacen sin ambigüedad medidas presupuestales que no aspiran a reducir el déficit público ni a paliar los efectos de la crisis, sino a destruir cualquier posibilidad de que el Distrito Federal siga siendo gobernado por una autoridad surgida de la izquierda e impedir que se convierta, pese a sus fallas y errores –que los tiene–, en punto de referencia para ciudadanos de otras regiones del país que hoy son gobernados por autoridades surgidas de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
Sería deseable que el conjunto de la población del DF, independientemente de su ideología y de sus preferencias partidistas, cerrara filas en defensa de su ciudad y de sus instituciones y exigiera un alto al golpeteo presupuestal, discursivo y legislativo.
Situaciones como la referida ponen de manifiesto también la urgencia de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más y de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio, en términos de potestades y de tutelas legislativas federales, contra la ciudad capital.
En semanas y meses recientes, las autoridades federales han impuesto recortes presupuestales por varios miles de millones de pesos al gobierno de la capital de la República. Especialmente grave resulta la retención unilateral, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de partidas que fueron aprobadas el año pasado por la Cámara de Diputados para la construcción de la línea 12 del Metro, pues esa obra reviste importancia estratégica para la ciudad y su paralización implica rezago, desempleo y elevación de costos. Por si fuera poco, la fracción priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) pretende, con justificaciones variopintas, impulsar la desaparición de programas y de secretarías enteras del gobierno capitalino, lo que generaría también una grave pérdida de puestos de trabajo y la reducción del poder público local en áreas en las que la acción gubernamental resulta irrenunciable: la cultura y el deporte, por ejemplo.
El acoso presupuestal que el gobierno federal realiza contra la ciudad de México y los empeños priístas de reducir el tamaño y, sobre todo, la obra social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) poco tienen que ver con la crisis económica en que se encuentra sumido el país. Esa crisis es, en todo caso, el pretexto para reforzar una ofensiva política que empezó a mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se ha mantenido en la administración calderonista contra Marcelo Ebrard. Una de las vertientes más irresponsables de tal hostilidad está conformada por el alarmismo y la dudosa voluntad con que las autoridades federales han manejado el tema del agua, tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas negras, en la ciudad capital.
Si en las acciones contra el DF emprendidas por la administración federal, emanada del PAN, es inevitable percibir la animadversión contra una serie de gobiernos locales surgidos del PRD, en el caso de los priístas de la ALDF resulta clara su intención de obstaculizar el funcionamiento del poder local con el propósito de provocarle un desgaste político que permita al PRI forjarse expectativas de retorno a una posición que perdió en 1997, en cuanto ésta fue puesta a votación entre la ciudadanía. Pero el tricolor va por todo y, previsiblemente, hará cuanto le sea posible para recuperar dentro de tres años tal posición.
Mediante las determinaciones referidas no sólo se busca la asfixia financiera del GDF, sino también la inducción de un descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar los impuestos ya existentes y a establecer gravámenes nuevos. Todo, con tal de derrotar a la izquierda en el Distrito Federal en las próximas elecciones.
Al parecer, priístas y panistas no alcanzan a entender que el afán por dejar sin recursos a la ciudad capital afectara, en primer lugar, a los sectores populares de la urbe y a la mayor parte de los que habitan en el estado de México.
En tal circunstancia, resulta por demás pertinente la exhortación formulada ayer en Dolores Hidalgo por el gobernante capitalino para que todos los legisladores defeños, independientemente de ideología y postura política, rechacen sin ambigüedad medidas presupuestales que no aspiran a reducir el déficit público ni a paliar los efectos de la crisis, sino a destruir cualquier posibilidad de que el Distrito Federal siga siendo gobernado por una autoridad surgida de la izquierda e impedir que se convierta, pese a sus fallas y errores –que los tiene–, en punto de referencia para ciudadanos de otras regiones del país que hoy son gobernados por autoridades surgidas de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
Sería deseable que el conjunto de la población del DF, independientemente de su ideología y de sus preferencias partidistas, cerrara filas en defensa de su ciudad y de sus instituciones y exigiera un alto al golpeteo presupuestal, discursivo y legislativo.
Situaciones como la referida ponen de manifiesto también la urgencia de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más y de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio, en términos de potestades y de tutelas legislativas federales, contra la ciudad capital.
El Correo Ilustrado
Proyecto de presupuesto asfixia a escuelas normales
La Benemérita Escuela Nacional de Maestros, institución señera en la formación de profesores de educación primaria por 122 años, vive una severa embestida, al igual que el resto de las normales del país. En 2008 el gordillismo propuso el cierre de nuestras escuelas con el argumento de que éstas se producen para el desempleo. Ahora por la vía de una reducción presupuestal al Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (Profen) y de la aplicación del Examen general de conocimientos y habilidades docentes para los egresados buscan cerrar la pinza e intentar hacer naufragar el normalismo. Todo lo anterior en el contexto de la reducción de recursos a las instituciones de nivel superior y del incremento generalizado de impuestos que impactarán en los sectores más desprotegidos del país.
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En estos tiempos turbulentos y angustiosos la nación mexicana parece que se hunde en un mar agitado en el que no puede encontrar puerto; todo pareciera que está mal, y muy mal algunos aspectos de la vida social y económica. No podemos llegar a la democracia, seguimos empantanados en las viejas prácticas de triquiñuelas, fraudes y gastos excesivos que aturden y apabullan a los votantes. En materia económica la situación es peor, porque toca lo más sensible de los ciudadanos, que es el bienestar de sus familias; el hambre llama a las puertas y quienes están al frente de esta sociedad parece que no pueden por su cuenta imaginar salidas y soluciones y no hacen otra cosa que voltear sus ojos angustiados hacia el exterior; todo nos tiene que venir de fuera: dinero, tecnología, organización, y hasta el lenguaje; esto evidencia su complejo de inferioridad.
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Han pasado ya 36 años desde que los golpistas chilenos decidieron derrocar al presidente Salvador Allende. En su parte más ancha, el país hermano tiene poco más de 250 kilómetros. Nueve mil kilómetros al sur de nuestra patria, como dijo Allende, entre la cordillera y el mar. Pero los años transcurridos no han hecho que una generación completa olvide lo que allá pasó, y ni la distancia, ni tampoco el tiempo, han borrado la impresión que recibió cuando muy probablemente estaba cursando aquí, en México, la preparatoria o alguna carrera profesional.
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Que sepamos, ha sido el único funcionario a cargo de dos secretarías de Estado a la vez. Cobraba apenas en una. Fue nombrado en la de Turismo, pero por sus conocimientos en el tema, para responder a las inquietudes de la sociedad y los medios de información resolvió hacerle también de secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la ausencia virtual de quien por ley es titular de esa dependencia.
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Cuando Felipe Calderón dijo en un reciente discurso que no podíamos seguir igual, algunos ingenuos pensaron que se había producido la iluminación de que volviéramos a la pista del crecimiento, de las inversiones productivas, de la creación de empleos, del fortalecimiento del mercado interno. Pero no, lo previsible se impuso: bajo el mando del equipo de la Secretaría de Hacienda regresamos a las recetas más fracasadas del neoliberalismo y, por tanto, nos asomamos a la orilla de un nuevo abismo que pone ya al límite la resistencia y estabilidad del país. El peligro ahora es mayor que nunca precisamente por las medidas que propuso Calderón al Legislativo.
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Barack Obama se presentó ante una sesión conjunta del Congreso en Washington para argumentar y defender su propuesta de reforma al sistema de salud.
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Comandante de la Revolución Juan Almeida BosqueLlevo horas escuchando por televisión el homenaje de todo el país al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. Pienso que enfrentar la muerte era para él era un deber como todos los que cumplió a lo largo de su vida; no sabía, ni tampoco nosotros, cuánta tristeza nos traería la noticia de su ausencia física.
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No sólo hay una decandencia de la cultura. También hay una cultura de la decadencia. En nuestro medio literario, tan reprimido y conservador, los abismos son mal vistos, se disimulan, y nunca los acoge el canon dominante. Por ejemplo, los poetas infrarrealistas, que soplaron en los años del boom petrolero y paciano, serían un secreto olvidado sin las novelas célebres de Roberto Bolaño y sus detectives salvajes.
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Leonardo García Tsao: El regreso del cine argentino popular
Carlos Bonfil: Oveja negra
José Cueli: Mal fario
Ricardo Raphael
Impuestos para cautivos, gasto para abusivos
A propósito de los impuestos, la gran mayoría de los mexicanos compartimos una misma percepción: en nuestro país sólo los contribuyentes cautivos pagamos nuestras contribuciones para que un puñado de sujetos abusivos se lo gasten todo y mal.
Con esta convicción observamos año con año el debate fiscal en el Congreso. Solemos hacerlo con la distancia que toma quien conoce el final de la historia. Otra vez serán los asalariados los que carguen con el costo del Estado, y una vez más, el dinero nuestro volverá a ser injusta e ineficazmente distribuido por el gobierno.
En México, menos impuestos pagan quienes mayor capacidad tienen de influir sobre el Estado. Prueba de ello es que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 6 los ponemos los asalariados, 3 pesos con 70 centavos las personas físicas con actividad empresarial (abogados, médicos, comerciantes por cuenta propia) y sólo 30 centavos provienen de la contribución de las empresas.
Siendo estas últimas las que mayor riqueza extraen de la economía mexicana, resulta injusto que gocen de tan paradisiaca protección, y tal cosa sólo se entiende por el enorme poder de chantaje y manipulación que los grandes corporativos empresariales ejercen sobre las autoridades.
En contraste, a penas si pintan en la discusión las preocupaciones de los asalariados. De ellos no depende el futuro de los burócratas ni el de los representantes populares, al menos así lo creen todavía unos y otros. De ahí que cada vez que en México se hable de emergencia fiscal, son los asalariados quienes deben correr para guarecerse; ya se sabe que sobre su cabeza caerán las coronas, sea por la muy gastada vía de los impuestos al consumo (IVA, IEPS) o por el camino del impuesto sobre la renta (ISR).
No se necesita un doctorado en ciencias para saber que el lugar donde en México se negocia el tema de los dineros públicos está secuestrado por intereses fuertes y muy robustamente orquestados. Aquí las autoridades y también los representantes populares sostienen una sólida alianza con la clase económica más pudiente. En cambio, el grueso de los ciudadanos permanece desprotegido y sin fuerza para incidir en la negociación.
Si esta estructura impositiva aparece como inmoral y también como ineficaz, del lado del gasto las cosas se ponen tanto o más graves. En esta parte de la ecuación es todavía más evidente y descarnada la movilización de influencia a la hora de ordenar las prioridades.
En la rebatinga presupuestal participan los gobernadores, las grandes corporaciones sindicales, los productores agropecuarios más ricos, las empresas de amplia talla, los despachos de cabildeo, los funcionarios públicos interesados, entre muchos otros actores cuyo comportamiento es poco transparente pero definitivo.
En el tema de la educación concurre, por ejemplo, el liderazgo magisterial encabezado por Elba Esther Gordillo. Se trata de uno de los sujetos políticos que con mayor autonomía suelen conseguir la satisfacción de sus ambiciones. Algo similar sucede en los sectores de la salud o en el energético. Las dirigencias de los sindicatos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza o el IMSS son impresionantemente poderosas a la hora de jalar agua para su molino.
Otro ejemplo del sesgo en el gasto lo ofrece la partida presupuestal destinada al campo. Hasta hace muy poco, Procampo fue un programa confeccionado para el beneficio de los productores agrícolas más ricos. Durante los últimos tres lustros, ellos recibieron más de 100 mil millones de pesos de las arcas públicas. Transferencia directa de nuestros bolsillos a los suyos.
Este año en la negociación sobre la Ley de Ingresos y también sobre el presupuesto, podría haberse aspirado a colocar la eficiencia hacendaria por encima de éstos y otros intereses muy mezquinos.
El momento es grave según estamos todos enterados: un amplio sector de la población se ha sumado a la franja de pobreza, las exportaciones no alcanzan para remolcar la economía nacional, los recursos del petróleo se están agotando y las remesas han disminuido también.
Por todas estas razones podría haberse presentado una reforma fiscal de gran calado; una que volvería más equitativa la recaudación y más inteligente y eficaz el gasto.
Sin embargo, ha quedado claro que aún en los peores momentos somos incapaces de producir los cambios necesarios. Se ha propuesto afectar a los de siempre y proteger también a los de siempre. No importa si con ello el dinero público no alcanza, el poder adquisitivo de los consumidores decrece, el mercado interno no se desarrolla, y la inequidad se acentúa.
Mientras en México sigamos abusando de los asalariados y perdonando en sus responsabilidades a los grupos sociales más poderosos, el manejo de la hacienda pública tenderá recurrentemente hacia la mediocridad y el fracaso. Ya casi llegó el día en que el petróleo no estará ahí para rescatarnos de esta circunstancia. ¿Habrá que esperar hasta entonces para que se imponga la cordura o ni así presenciaremos la visita de esa señora?
Analista político
Con esta convicción observamos año con año el debate fiscal en el Congreso. Solemos hacerlo con la distancia que toma quien conoce el final de la historia. Otra vez serán los asalariados los que carguen con el costo del Estado, y una vez más, el dinero nuestro volverá a ser injusta e ineficazmente distribuido por el gobierno.
En México, menos impuestos pagan quienes mayor capacidad tienen de influir sobre el Estado. Prueba de ello es que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 6 los ponemos los asalariados, 3 pesos con 70 centavos las personas físicas con actividad empresarial (abogados, médicos, comerciantes por cuenta propia) y sólo 30 centavos provienen de la contribución de las empresas.
Siendo estas últimas las que mayor riqueza extraen de la economía mexicana, resulta injusto que gocen de tan paradisiaca protección, y tal cosa sólo se entiende por el enorme poder de chantaje y manipulación que los grandes corporativos empresariales ejercen sobre las autoridades.
En contraste, a penas si pintan en la discusión las preocupaciones de los asalariados. De ellos no depende el futuro de los burócratas ni el de los representantes populares, al menos así lo creen todavía unos y otros. De ahí que cada vez que en México se hable de emergencia fiscal, son los asalariados quienes deben correr para guarecerse; ya se sabe que sobre su cabeza caerán las coronas, sea por la muy gastada vía de los impuestos al consumo (IVA, IEPS) o por el camino del impuesto sobre la renta (ISR).
No se necesita un doctorado en ciencias para saber que el lugar donde en México se negocia el tema de los dineros públicos está secuestrado por intereses fuertes y muy robustamente orquestados. Aquí las autoridades y también los representantes populares sostienen una sólida alianza con la clase económica más pudiente. En cambio, el grueso de los ciudadanos permanece desprotegido y sin fuerza para incidir en la negociación.
Si esta estructura impositiva aparece como inmoral y también como ineficaz, del lado del gasto las cosas se ponen tanto o más graves. En esta parte de la ecuación es todavía más evidente y descarnada la movilización de influencia a la hora de ordenar las prioridades.
En la rebatinga presupuestal participan los gobernadores, las grandes corporaciones sindicales, los productores agropecuarios más ricos, las empresas de amplia talla, los despachos de cabildeo, los funcionarios públicos interesados, entre muchos otros actores cuyo comportamiento es poco transparente pero definitivo.
En el tema de la educación concurre, por ejemplo, el liderazgo magisterial encabezado por Elba Esther Gordillo. Se trata de uno de los sujetos políticos que con mayor autonomía suelen conseguir la satisfacción de sus ambiciones. Algo similar sucede en los sectores de la salud o en el energético. Las dirigencias de los sindicatos de Pemex, CFE, Luz y Fuerza o el IMSS son impresionantemente poderosas a la hora de jalar agua para su molino.
Otro ejemplo del sesgo en el gasto lo ofrece la partida presupuestal destinada al campo. Hasta hace muy poco, Procampo fue un programa confeccionado para el beneficio de los productores agrícolas más ricos. Durante los últimos tres lustros, ellos recibieron más de 100 mil millones de pesos de las arcas públicas. Transferencia directa de nuestros bolsillos a los suyos.
Este año en la negociación sobre la Ley de Ingresos y también sobre el presupuesto, podría haberse aspirado a colocar la eficiencia hacendaria por encima de éstos y otros intereses muy mezquinos.
El momento es grave según estamos todos enterados: un amplio sector de la población se ha sumado a la franja de pobreza, las exportaciones no alcanzan para remolcar la economía nacional, los recursos del petróleo se están agotando y las remesas han disminuido también.
Por todas estas razones podría haberse presentado una reforma fiscal de gran calado; una que volvería más equitativa la recaudación y más inteligente y eficaz el gasto.
Sin embargo, ha quedado claro que aún en los peores momentos somos incapaces de producir los cambios necesarios. Se ha propuesto afectar a los de siempre y proteger también a los de siempre. No importa si con ello el dinero público no alcanza, el poder adquisitivo de los consumidores decrece, el mercado interno no se desarrolla, y la inequidad se acentúa.
Mientras en México sigamos abusando de los asalariados y perdonando en sus responsabilidades a los grupos sociales más poderosos, el manejo de la hacienda pública tenderá recurrentemente hacia la mediocridad y el fracaso. Ya casi llegó el día en que el petróleo no estará ahí para rescatarnos de esta circunstancia. ¿Habrá que esperar hasta entonces para que se imponga la cordura o ni así presenciaremos la visita de esa señora?
Analista político
Lydia Cacho
Plan B
Mentir para salvarse
Un grupo del 20 regimiento de caballería motorizada del Ejército se llevó a tres personas ante la mirada de los vecinos, sin orden de aprehensión o policía presente. Sin una sola evidencia se les acusó de secuestro. Los militares los llevaron a la quinta zona, les torturaron para que se declararan culpables de un delito que no cometieron y cinco días más tarde los soltaron a media carretera. Si esto fuera Irak, casi nadie se atrevería a preguntar qué sucedió, pero es Ciudad Juárez, Chihuahua. La estrategia de desapariciones forzadas va en aumento.
El “estado de excepción” en la práctica significa que no hay ley que valga más que la impuesta por la guerra, en la que se parte de la idea de que todas y todos los ciudadanos son sospechosos y deben comprobar su inocencia por el simple hecho de pertenecer a una población en la que un cártel se insertó en la economía, en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Felipe Calderón, desde su creciente enojo ante las críticas ciudadanas niega la realidad de las y los chihuahuenses. Niega que mil 170 personas hayan sido levantadas ilegalmente, con testigos y familiares de por medio, por un Ejército capacitado para la guerra con el enemigo y no para la investigación policiaca. Basta viajar a Juárez y hablar con la gente en el mercado, en las calles, en las escuelas para entender el fenómeno. Las historias son miles, pero la mayoría elige callar y “no meterse en líos”. Un ama de casa asegura que son los delincuentes quienes denuncian a la gente ante los militares. A un pediatra que fue levantado por el Ejército lo retuvieron tres días y lo botaron a 15 kilómetros de su casa bajo amenaza para que no denunciara el hecho. El pediatra dice que él le creyó a Calderón, que pensaba que sólo a los delincuentes los levantaban, hasta que le sucedió a él. ¿Por qué la gente tiene miedo de defenderse de estas arbitrariedades?, ¿y por qué otros las descalifican?
El doctor Solomon Asch de la Universidad Carnegie-Mellon llevó a cabo un experimento en que un grupo debía responder un examen; antes filtró los resultados de siete estudiantes que estaban intencionalmente equivocados. Tres cuartas partes del estudiantado copiaron las respuestas falsas. Luego un doctor Berns escaneó el cerebro de quienes hicieron los exámenes: quienes a pesar de saber que la respuesta era incorrecta decidieron sumarse a la opinión de la mayoría, normalizaron la mentira al grado de creerla para estar tranquilos. Quienes eligieron contestar el examen acertadamente se percataron de que la mayoría había elegido las respuestas falsas, y en su cerebro se activó la emoción del miedo; el miedo a ir contra corriente de la mayoría. Los estudios han demostrado que una parte de la sociedad elige autoengañarse para evitar asumir la responsabilidad de defenderse y defender a su prójimo ante las injusticias. El doctor David Servan-Schreiber de la revista Psychologies, asegura que se necesita valor e integridad para defender la verdad y erradicar lo injusto. ¿Cuántas desapariciones forzadas se necesitan para que la sociedad reaccione? Estar contra la injusticia no significa estar a favor de los delincuentes, como algunos quieren hacernos creer. Sentir miedo es inevitable, someterse a él no lo es.
Un grupo del 20 regimiento de caballería motorizada del Ejército se llevó a tres personas ante la mirada de los vecinos, sin orden de aprehensión o policía presente. Sin una sola evidencia se les acusó de secuestro. Los militares los llevaron a la quinta zona, les torturaron para que se declararan culpables de un delito que no cometieron y cinco días más tarde los soltaron a media carretera. Si esto fuera Irak, casi nadie se atrevería a preguntar qué sucedió, pero es Ciudad Juárez, Chihuahua. La estrategia de desapariciones forzadas va en aumento.
El “estado de excepción” en la práctica significa que no hay ley que valga más que la impuesta por la guerra, en la que se parte de la idea de que todas y todos los ciudadanos son sospechosos y deben comprobar su inocencia por el simple hecho de pertenecer a una población en la que un cártel se insertó en la economía, en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Felipe Calderón, desde su creciente enojo ante las críticas ciudadanas niega la realidad de las y los chihuahuenses. Niega que mil 170 personas hayan sido levantadas ilegalmente, con testigos y familiares de por medio, por un Ejército capacitado para la guerra con el enemigo y no para la investigación policiaca. Basta viajar a Juárez y hablar con la gente en el mercado, en las calles, en las escuelas para entender el fenómeno. Las historias son miles, pero la mayoría elige callar y “no meterse en líos”. Un ama de casa asegura que son los delincuentes quienes denuncian a la gente ante los militares. A un pediatra que fue levantado por el Ejército lo retuvieron tres días y lo botaron a 15 kilómetros de su casa bajo amenaza para que no denunciara el hecho. El pediatra dice que él le creyó a Calderón, que pensaba que sólo a los delincuentes los levantaban, hasta que le sucedió a él. ¿Por qué la gente tiene miedo de defenderse de estas arbitrariedades?, ¿y por qué otros las descalifican?
El doctor Solomon Asch de la Universidad Carnegie-Mellon llevó a cabo un experimento en que un grupo debía responder un examen; antes filtró los resultados de siete estudiantes que estaban intencionalmente equivocados. Tres cuartas partes del estudiantado copiaron las respuestas falsas. Luego un doctor Berns escaneó el cerebro de quienes hicieron los exámenes: quienes a pesar de saber que la respuesta era incorrecta decidieron sumarse a la opinión de la mayoría, normalizaron la mentira al grado de creerla para estar tranquilos. Quienes eligieron contestar el examen acertadamente se percataron de que la mayoría había elegido las respuestas falsas, y en su cerebro se activó la emoción del miedo; el miedo a ir contra corriente de la mayoría. Los estudios han demostrado que una parte de la sociedad elige autoengañarse para evitar asumir la responsabilidad de defenderse y defender a su prójimo ante las injusticias. El doctor David Servan-Schreiber de la revista Psychologies, asegura que se necesita valor e integridad para defender la verdad y erradicar lo injusto. ¿Cuántas desapariciones forzadas se necesitan para que la sociedad reaccione? Estar contra la injusticia no significa estar a favor de los delincuentes, como algunos quieren hacernos creer. Sentir miedo es inevitable, someterse a él no lo es.
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