Julio Hernández López: Astillero
Hay apagón político y los diablitos esta vez no hacen la luz. En tales escenarios sombríos, el país de la parálisis se muestra sin disfraces ni atenuantes: todo está detenido, en veremos, sujeto a negociaciones y acomodos, dependiente de repartos y chantajes, porque los mecanismos ya no funcionan, porque las reglas y los acuerdos hace mucho tiempo que son mero discurso y apariencia, porque lo institucional ya no sirve, aunque en su tejado caliente algunos malabaristas hacen esfuerzos por convencer al público, harto e irritado, de que es posible esperar algunos milagros de entre los escombros malolientes que los merolicos, y los micrófonos y cámaras de alquiler, pretenden hacer pasar por edificaciones apenas un poco ajadas.
Véase el escenario del pasmo: los priístas, que luego de los comicios pasados se consideraban el faro inextinguible de la República, ahora pelean subterráneamente, cual topos de tres colores, en busca de alguna salida que les otorgue botín presupuestal para los gobernadores del presente, unidad interna para sobrevivir al agarrón actual entre Peña Nieto y Beltrones, y viabilidad electoral para 2012 tan temprano tambaleante para quienes se hacían ya de retorno en Los Pinos. Los diputados priístas peñietos se aferran a su canasta básica presupuestal del uno por ciento más de IVA (Alfonso Navarrete Prida, cuya carrera política y judicial ha estado asociada a Arturo Montiel y a Quique 16%, defiende lo aprobado en San Lázaro con pasión gaviotona), mientras el taimado Beltrones pelea por echar abajo cuando menos esa cifra simbólica, en busca de emparejar los cartones futuristas con el gobernador del estado de México, que hasta antes de esta crisis de bancada era entendido como el puntero casi inalcanzable en la carrera por suceder a... a... ¡ah, sí, al licenciado Calderón, que en 2006 había sido impuesto como encargado de Los Pinos!
La incapacidad de dar salida a los problemas se ha manifestado también en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una abierta confesión de que esa decisión senatorial es solamente una parte del proceso mayor, y definitorio, de reparto de rebanadas de pastel, ayer se suspendió la teatralización que presuntamente analizaría aptitudes, antecedentes y viabilidad de los aspirantes a sacrificarse con el manejo de la desbordada bolsa embolsable de recursos que se manejan en la CNDH. Dado que los apostadores están hoy sumamente ocupados en la ruleta mayor (la discusión del paquete fiscal), se ha declarado una especie de receso en la maquinita tragamonedas menor (la CNDH) para retomar la farsa en cuanto los capos hayan ajustado cuentas en lo que hoy más les interesa.
Y Felipe sigue de viaje. Es decir, en Centroamérica. Disfrazado de vendedor estrella de electricidad barata (candil de Guatemala y oscuridad del SME), allá pronuncia una de esas frases con las que la historia (clínica) lo recordará: Luchamos contra ellos, no por tener una obsesión misma con el tema de las drogas, sino porque sabemos que el tema medular es la derrota del crimen organizado que sojuzga a los pueblos. Dentro de algunos días también podrá jurar que no tiene obsesión contra el SME, aunque ya ha echado a andar al disidente útil llamado Alejandro Muñoz para que pida a Gobernación de Cevallos que se reanuden negociaciones con ese sindicalismo moderno, dialogante, colaboracionista (que conste que no se está hablando para nada de los Chuchos) que sí sabe defender a sus representados. Pero, en realidad, todo sigue igual de entrampado: las interrupciones del servicio eléctrico continúan en las zonas antes atendidas por el SME y el gobierno felipato no ha podido organizar las alternativas de solución, así fueran mediante esquirolaje o leva. Eso sí, ya se anuncia que en noviembre se emitirán las bases de la licitación de una red de fibra óptica para telecomunicaciones y se espera que en enero ya estén asignados los contratos para los ganadores, aunque... bueno, por esos imponderables del destino, hasta ahora la principal empresa interesada es Televisa, llena de gracia por los artículos transitorios que le permitirán pagar impuestos por mil 900 millones de pesos dentro de dos o tres años, cuando este nuevo negocio del espectro radioeléctrico se haya afianzado, y oportunamente liberada de conflictos, liquidaciones y demás en el ámbito correspondiente a Luz y Fuerza del Centro y el SME.
Este lunes fue instalado el primer Tribunal Internacional de Libertad Sindical, en el que participan el historiador estadunidense James Cockroft, la senadora Rosario Ibarra de Piedra y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros activistas e intelectuales. En la imagen, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiestan frente al antiguo templo de Corpus Christi, sobre avenida Juárez, sede del actoFoto Jesús Villaseca
Todo (aparentemente) en pausa. En San Lázaro le dan reversa a la decisión arbitraria de Francisco Ramírez Acuña de declarar cumplida la comparecencia del secretario de los trabajos, Javier Lozano, para sacarlo del escándalo y el golpeteo políticos de ese día. Tendrá que regresar el melómano trágico al lugar de los hechos, mientras el SME se alista a solicitar el recurso de amparo por la extinción de su fuente de trabajo, a demandar a quien corresponda por el despido injustificado que han sufrido y a revelar a diputados la información confidencial que el calderonismo ha retenido hasta ahora.
El mitin lopezobradorista frente al Senado queda también en el álbum de las imágenes congeladas. No se dijo nada que no se hubiera dicho antes o no se pudiera haber dicho sin necesidad de hacer un acto masivo. Presencia política, testimonio de lucha, reiteración del espíritu de combate, e incluso la recurrencia al esquema de los diálogos institucionalizados en el Senado, ahora pedidos para discutir sobre los privilegios de las cúpulas políticas y empresariales. Y la insistencia en que los legisladores, sabidamente minoritarios, destinados al fracaso numérico, presenten iniciativas, las defiendan y queden con la satisfacción del tiempo perdido en llegar al final previsto.
Y, mientras el secretario de Salud, José Ángel Córdova, actualiza la historia aquella del catarrito según Carstens, ahora diciendo que los mexicanos no subiremos el grado de alerta por la influenza, como los gringos lo acaban de hacer por instrucciones de Obama, ¡hasta mañana, con diputados advirtiendo que la lucha contra el narco será afectada si le recortan mil millones de pesos de presupuesto a la Sedena!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Carlos Fernández-Vega: México SA
Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que licitará la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora administrada por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.
Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: licitación a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).
Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?
Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por licitar), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario rescatar a quienes ganen las referidas licitaciones.
En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.
A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de información –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las razones para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante licitaciones y asignaciones a ganadores que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia de, para y por los empresarios.
¿Qué alcance tiene el negocio a licitar? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia.
Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?
Las rebanadas del pastel
Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece electricidad barata de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Tras los apagones
En las poco más de dos semanas transcurridas desde que el Ejecutivo federal extinguió, mediante un decreto, el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, han proliferado los cortes de energía eléctrica en diversas zonas del Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Ayer, en Naucalpan, centenares de plantas industriales se vieron incapacitadas para operar ante la falta de electricidad, y diversas zonas de ése y otros municipios mexiquenses sufrieron también apagones prolongados.
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El Correo Ilustrado
Unión sindical francesa se solidariza con el SME
La unión sindical Solidaires (Francia) y su federación SUD Energie brindan su total apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas frente a los atropellos cometidos por el gobierno federal mexicano. Repudiamos con la mayor fuerza el brutal y sorpresivo despido de más de 44 mil trabajadoras y trabajadores, más aún en una situación de crisis en la que el desempleo azota cruelmente. No nos cabe duda de que la extinción de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro es un primer paso en la privatización paulatina de la distribución de electricidad, sector tras sector. Los gobiernos de acá suelen proceder de la misma manera cuando quieren regalar a sus amigotes el patrimonio del pueblo. El método usado por el gobierno federal, o sea la ocupación policiacomilitar de las instalaciones de LFC, no deja de recordarnos horas sombrías de la historia del hemisferio, que esperábamos definitivamente superadas. En Francia, en Europa y en el mundo entero, la unión sindical Solidaires y su federación SUD Energie defienden los servicios públicos contra su apropiación por los intereses egoístas de unos pocos.
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Pido al eventual lector venza el aburrimiento de leer algunas cifras. Sin ellas no podemos dimensionar nuestro atraso tecnológico; por tanto, tampoco nuestra competitividad internacional ni nuestra calidad de vida cotidiana, y por tanto nuestras posibilidades de progreso futuro (empleo e ingreso per cápita).
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Sólo el alcohol y el tabaco, de amplio consumo en la clase política mexicana, unifican a los gobernantes, sean de derecha o de supuesta izquierda. Sus medidas mercantiles, sanitarias y fiscales son, por tanto, el plecaro ejemplo de su doble moral pública contra los que consideran ciudadanos libertinos.
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En los últimos 30 años, la izquierda ha sido prolífica en la gestación de siglas y membretes. También en sus intentos por dar una expresión organizada al descontento popular. La vastedad de acrónimos es un indicador del fracaso de su voluntad unitaria.
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Resulta difícil entender las conciencias tranquilas del calderonismo, así como su concepción estrecha de la legalidad. Ambas son altamente cuestionables; las primeras porque no resisten el mínimo análisis ético: ¿qué valor intrínseco puede observarse en el hecho de colocar en la calle a más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por obra y gracia del uso de la policía y la emisión posterior del llamado decreto de extinción?
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El golpe del calderonato contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha ido desnudando al propio Ejecutivo federal como una instancia dedicada al coyotaje: más allá de ideologías viables o no tanto, las motivaciones principales de esta administración en cada uno de sus atentados contra la propiedad pública resultan ser las prisas por otorgar concesiones, contratos y favores diversos a las firmas de los amigos y de los aliados: ahora hemos podido conocer algo de la nómina de grandes consumidores corporativos de electricidad a los que la dirección de LFC les regalaba la electricidad o no se las cobraba, además de las dependencias públicas que no liquidaron sus adeudos con la entidad paraestatal extinguida por el gobierno espurio; ha salido a la luz, también, el empeño del grupo gobernante por entregarle al consorcio WL Comunicaciones la red de fibra óptica de LFC; la marginación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia LFC en los millonarios procesos de adquisición de electricidad por la dirección de Exploración y producción de Pemex, a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil, y el otorgamiento de tales contratos a dos transnacionales españolas. Lo que Javier Lozano tuvo el descaro de llamar la privatización silenciosa de LFC ha venido ocurriendo, en efecto, pero no ha sido a favor del sindicato, sino de los cuates y socios de Calderón. ¿Cuántas comisiones y de a cómo les habrán tocado a los integrantes de este gobierno por no cobrar la luz a grandes empresas, por facilitar redes de propiedad pública a corporativos particulares, por debilitar a las entidades públicas para que las privadas se fortalezcan?
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El mensaje del rector José Narro Robles al recibir el Premio Príncipe de Asturias, otorgado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la categoría de comunicación y humanidades, constituye una síntesis de las ideas que ha sostenido en los casi dos años que lleva al frente de nuestra máxima casa de estudios. En ese lapso, el mundo, el país y la institución que representa han vivido circunstancias especiales y de alguna manera inéditas, las cuales el rector, lejos de pasarlas por alto, ha decidido enfrentarlas, con lenguaje claro y directo:
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Mi nota pasada sobre El Greco y su taller termina aludiendo a que el tránsito por la actual exposición en Bellas Artes permite la aplicación del método de Giovanni Morelli (1816-1891), formulado para detectar atribuciones o diferencias entre originales, obras de taller o de seguidores y copias.
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Alberto Aziz Nassif
Una funesta coalición gobernante
Otra vez hicieron lo mismo, parchar la Ley de Ingresos para aprobar una miscelánea fiscal que le cobra a los que siempre pagan, sube los impuestos en el peor momento y, de nuevo, la clase política muestra de lo que está hecha: de intereses de corto plazo, sin visión de Estado, sin perspectiva de largo plazo y con una ignorancia abundante sobre lo que sucede en otros países. El ajuste fiscal es veneno para la competitividad, intoxica la posibilidad de recuperación, afecta el crecimiento económico, trastoca la generación de empleos. Seguimos con un Estado obeso, sin capacidad de regulación, sometido a poderes fácticos, y que insiste en sacarle más a los de siempre: asalariados y consumidores.
Los diputados de la coalición gobernante, que forman PAN y PRI, sacaron adelante un paquete fiscal que está a años luz de una reforma fiscal de fondo. La lógica recaudatoria del gobierno panista vuelve a hincarle el diente a los contribuyentes: el ISR pasa de 28% a 30%, se aumenta el IVA de 15% a 16%, se aumentan los impuestos especiales a telecomunicaciones y a bebidas alcohólicas 3%, también suben impuestos a juegos y sorteos, el déficit crece de 0.5% a 0.75% y el precio de petróleo pasa de 53.9 a 59 dólares por barril y a las empresas se les modifica el régimen de consolidación fiscal, todo lo cual sumará unos 240 mil millones de pesos (EL UNIVERSAL, 21/X/09). Con este monto se cubrirá una buena parte del hueco que deja el petróleo. Quedó en el olvido el proyecto del impuesto del 2% para el combate a la pobreza; en su lugar se aumentó el IVA, salvo a medicinas y alimentos.
Parches sobre parches, cada año se estira más una cobija que cubre bien a unos cuantos y deja al descubierto a muchos. Las peticiones de Hacienda a la fracción del PRI para subir el IVA quedaron al descubierto, se supo de la componenda entre el gobierno federal y los gobernadores del tricolor, por eso no hay lugar para el deslinde. La torpeza del líder panista, César Nava, tronó el arreglo y ahora el Senado abre una renegociación del paquetazo económico porque nadie quiere pagar el costo de aumentar los impuestos. El cálculo político dominante es para las elecciones de 2010, las 10 gubernaturas en juego serán, sin duda, el móvil político de una lógica clientelar que intercambia favores por votos. A ver qué hacen los senadores, pero tampoco hay materia para esperar grandes cambios.
¿Dónde quedaron los proyectos para ampliar las base tributaria? ¿Qué pasó con los incentivos para la productividad y la competitividad? ¿Dónde se arrumbó la simplificación administrativa? ¿Por qué no se tapan los huecos para evitar las fugas fiscales? ¿En realidad se piensa que con un poco más de recursos a los programas de política social se va a disminuir la pobreza? ¿En serio considera el gobierno de Calderón que con el anuncio espectacular de cerrar tres secretarías se va a disminuir el presupuesto público? Sólo hay que ver lo que opinan los ciudadanos y consultar las páginas de internet de los diarios para darse cuenta del estado de ánimo. De ineptos y rateros no bajan a los diputados. Hay que ver lo que opinan los empresarios para darse cuenta del malestar generalizado que existe por este paquetazo económico. Una cosa es que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero otra muy distinta es cuando la crítica se generaliza, se eleva el tono y se fractura la posibilidad de encontrar consensos sobre el rumbo del país.
Hay mucho malestar porque en el fondo se sabe que el paquetazo sólo servirá para mantener las cosas como están y para que sigan los lujos y los abusos que se dan en las secretarías de Estado: comedores con chef, celulares, guaruras, viáticos excesivos, puestos que sobran, despilfarro y opacidad. Hay molestia frente a los altísimos sueldos y los bonos de los funcionarios, las prestaciones y los fideicomisos, que están cada vez más alejados de lo que ganan obreros, profesionistas y técnicos. El malestar es por los abusos de los sindicatos aliados del gobierno, esos que sí son los grandes privilegiados, sobre todo los líderes ricos que usan a su conveniencia las cuotas de sus afiliados; siguen las excepciones para las empresas favorecidas con dispensas fiscales, como Televisa. Se fortalecen los gobernadores que disponen —como señores feudales— de más y más recursos sobre los que hay una muy débil rendición de cuentas. No terminan las cuotas de PRI y PAN en los órganos autónomos, como acaba de suceder en el IFAI y puede suceder con la CNDH, la Corte, el IFE, el Banco de México.
El malestar es también porque en el fondo no hay esperanza de que mejore la calidad de la educación, de que se invierta en serio en ciencia, de que se terminen los monopolios empresariales, mediáticos y sindicales, y se acaben los privilegios y el tráfico de influencias que tienen atrapado al país; porque no hay esperanza de que se hagan las reformas necesarias, como ya se demostró con este paquete fiscal. Porque en el fondo esta funesta coalición gobernante sólo hará más de lo mismo, administrar el desastre en el que tienen sumido al país.
Investigador del CIESAS
Los diputados de la coalición gobernante, que forman PAN y PRI, sacaron adelante un paquete fiscal que está a años luz de una reforma fiscal de fondo. La lógica recaudatoria del gobierno panista vuelve a hincarle el diente a los contribuyentes: el ISR pasa de 28% a 30%, se aumenta el IVA de 15% a 16%, se aumentan los impuestos especiales a telecomunicaciones y a bebidas alcohólicas 3%, también suben impuestos a juegos y sorteos, el déficit crece de 0.5% a 0.75% y el precio de petróleo pasa de 53.9 a 59 dólares por barril y a las empresas se les modifica el régimen de consolidación fiscal, todo lo cual sumará unos 240 mil millones de pesos (EL UNIVERSAL, 21/X/09). Con este monto se cubrirá una buena parte del hueco que deja el petróleo. Quedó en el olvido el proyecto del impuesto del 2% para el combate a la pobreza; en su lugar se aumentó el IVA, salvo a medicinas y alimentos.
Parches sobre parches, cada año se estira más una cobija que cubre bien a unos cuantos y deja al descubierto a muchos. Las peticiones de Hacienda a la fracción del PRI para subir el IVA quedaron al descubierto, se supo de la componenda entre el gobierno federal y los gobernadores del tricolor, por eso no hay lugar para el deslinde. La torpeza del líder panista, César Nava, tronó el arreglo y ahora el Senado abre una renegociación del paquetazo económico porque nadie quiere pagar el costo de aumentar los impuestos. El cálculo político dominante es para las elecciones de 2010, las 10 gubernaturas en juego serán, sin duda, el móvil político de una lógica clientelar que intercambia favores por votos. A ver qué hacen los senadores, pero tampoco hay materia para esperar grandes cambios.
¿Dónde quedaron los proyectos para ampliar las base tributaria? ¿Qué pasó con los incentivos para la productividad y la competitividad? ¿Dónde se arrumbó la simplificación administrativa? ¿Por qué no se tapan los huecos para evitar las fugas fiscales? ¿En realidad se piensa que con un poco más de recursos a los programas de política social se va a disminuir la pobreza? ¿En serio considera el gobierno de Calderón que con el anuncio espectacular de cerrar tres secretarías se va a disminuir el presupuesto público? Sólo hay que ver lo que opinan los ciudadanos y consultar las páginas de internet de los diarios para darse cuenta del estado de ánimo. De ineptos y rateros no bajan a los diputados. Hay que ver lo que opinan los empresarios para darse cuenta del malestar generalizado que existe por este paquetazo económico. Una cosa es que a nadie le gusta pagar más impuestos, pero otra muy distinta es cuando la crítica se generaliza, se eleva el tono y se fractura la posibilidad de encontrar consensos sobre el rumbo del país.
Hay mucho malestar porque en el fondo se sabe que el paquetazo sólo servirá para mantener las cosas como están y para que sigan los lujos y los abusos que se dan en las secretarías de Estado: comedores con chef, celulares, guaruras, viáticos excesivos, puestos que sobran, despilfarro y opacidad. Hay molestia frente a los altísimos sueldos y los bonos de los funcionarios, las prestaciones y los fideicomisos, que están cada vez más alejados de lo que ganan obreros, profesionistas y técnicos. El malestar es por los abusos de los sindicatos aliados del gobierno, esos que sí son los grandes privilegiados, sobre todo los líderes ricos que usan a su conveniencia las cuotas de sus afiliados; siguen las excepciones para las empresas favorecidas con dispensas fiscales, como Televisa. Se fortalecen los gobernadores que disponen —como señores feudales— de más y más recursos sobre los que hay una muy débil rendición de cuentas. No terminan las cuotas de PRI y PAN en los órganos autónomos, como acaba de suceder en el IFAI y puede suceder con la CNDH, la Corte, el IFE, el Banco de México.
El malestar es también porque en el fondo no hay esperanza de que mejore la calidad de la educación, de que se invierta en serio en ciencia, de que se terminen los monopolios empresariales, mediáticos y sindicales, y se acaben los privilegios y el tráfico de influencias que tienen atrapado al país; porque no hay esperanza de que se hagan las reformas necesarias, como ya se demostró con este paquete fiscal. Porque en el fondo esta funesta coalición gobernante sólo hará más de lo mismo, administrar el desastre en el que tienen sumido al país.
Investigador del CIESAS
Alejandro Encinas Rodríguez
Gravámenes y privilegios
2009-10-27 El paquete fiscal aprobado por PRI y PAN en la Cámara de Diputados, y del cual ambos reniegan su paternidad, reproduce las mismas medidas que han debilitado la economía nacional y precarizado a los sectores medios y populares en el país.
Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.
Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.
Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.
Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.
Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.
La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general de los diputados federales del PRD
Se trata de una paquete regresivo, que si bien dio marcha atrás a la contribución de 2% al consumo general y a gravar alimentos y medicinas, incrementa el IVA a 16% y el ISR que, además de elevarse a 30%, grava los ingresos a partir de 6 mil pesos mensuales, lo que daña aún más el poder adquisitivo del salario y la economía familiar, ya que un trabajador con ese salario pagará casi 8% más de impuestos, mientras las grandes corporaciones —que mantienen sus privilegios— pagarán sólo 1.5% de sus ganancias; además, al impuesto sobre depósitos en efectivo, un instrumento de control, lo han convertido en un impuesto recaudatorio, al bajar el rango del monto gravable a 15 mil pesos, con una tasa de 3%. Se insiste así en tapar un “boquete fiscal” y se resisten a corregir, como la mayoría de los países lo hacen, las condiciones que propiciaron la crisis.
Como propusimos en una iniciativa de ley alternativa que la Comisión de Hacienda se negó a dictaminar, el problema de la economía mexicana no es su déficit circunstancial en las finanzas públicas, sino la insistencia en una estrategia que desmantela el aparato productivo y profundiza la desigualdad. El régimen fiscal debe contribuir a la recuperación económica y a la generación de empleo, asegurando su sustentabilidad. Dicha iniciativa planteó acciones de austeridad para limitar el oneroso costo del gobierno federal, eliminando los privilegios que ostentan las grandes empresas y grupos de la oligarquía, que no contribuyen al erario nacional.
Propusimos medidas para lograr mayor eficiencia tributaria, mediante la eliminación de los regímenes especiales, como la consolidación fiscal; el diferimiento de pagos de impuestos; los regímenes de excepción a las grandes empresas del transporte y al sector primario empresarial. Gravar las ganancias del capital y el pago de dividendos; eliminar la deducción inmediata de activos fijos y terrenos, y la deducción de las aportaciones derivadas de donativos de terceros, así coo gravar las ganancias bursátiles. Estableciendo un mayor gravamen en el ISR en los estratos de mayores ingresos, protegiendo la carga tributaria de los trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos mensuales, para garantizar equidad y progresividad en el esfuerzo fiscal, incorporando al régimen de tributación a las empresas que bajo la protección del Estado no pagan impuestos.
Estimamos un precio promedio de 57 dólares por barril de petróleo, incluyendo en las coberturas de sobreprecios de venta de hidrocarburos a estados y municipios, incrementando la participación de las entidades federativas en la apropiación de los recursos del Fondo de Estabilización de 25 % a 50%, a fin de evitar caídas bruscas de sus ingresos como ocurrió este año; e incrementando el Fondo de Participaciones de 20% a 25% de la Recaudación Federal Participable y el Fondo de Fomento Municipal de 1% a 2% de las participaciones.
Estas medidas permitirían obtener recursos por 550 mil millones de pesos para proteger el empleo y recuperar el crecimiento. Las retomo hoy,toda vez que la aprobación del paquete fiscal no es definitiva, pues deberá ser debatida en el Senado, e incluso puede enfrentar acciones de inconstitucionalidad por el desaseo legislativo con el que se introdujo la reforma al IVA y a la Ley de Derechos, que carecen de base jurídica, en lo que los abogados denominan “la garantía de debido proceso”. Por ello es oportuno insistir en terminar con los privilegios fiscales, ya que de mantenerse tal cual estas medidas se profundizará la recesión, minando al salario, el empleo y a la pequeña y mediana empresa.
La disputa económica es esencialmente una disputa política contra la protección de privilegios y grupos de interés que buscan descargar el peso de la crisis en las capas medias y en la población de menores recursos. Se requiere erigir un nuevo pacto fiscal y la transformación del modelo económico hasta ahora implementado, en el que no se puede continuar manteniendo los privilegios para unos cuantos, en tanto se pone en riesgo la estabilidad política del país.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador general de los diputados federales del PRD
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
¡¿Nos están oyendo, inútiles?!
Contundentemente no. Y es que estos diputados y senadores no oyen ni entienden. Son absolutamente insensibles a cualquier reclamo. Aunque éste sea unánime: desde las élites hasta los marginados. Porque lo único que les interesa son sus dineros, sus canonjías, su fuero y sus amarres, sobre todo los de pescuezo.
Y es que no nos representan a nosotros sus electores. Tampoco a sus distritos ya olvidados. Ni siquiera a sus estados. Vaya, no se representan ni a ellos mismos.
En cambio, a quienes sí representan y muy bien son a sus partidos. A sus gobernadores. A las grandes empresas de las que ellos son agentes de ventas. Marionetas de sus titiriteros.
A ver, cuántas veces y en todos los tonos se los advirtieron los premios Nobel de Economía, los picudos de las calificadoras, los empresarios y los trabajadores. Se los sugirieron y se los demandaron miles de voces en marchas de la calle, correos electrónicos, llamadas a las radios y cartas a los periódicos: en tiempos de crisis hay que apretar el gasto corriente, incentivar el gasto público y sobre todo no aumentar impuestos. Y resulta que los títeres del Congreso están haciendo exactamente lo contrario: ni una sola propuesta para apretarse el cinturón, tampoco se les ocurrió alguna iniciativa para aumentar la base gravable o reactivar el mercado interno.
Nada, que todo siga igual, que paguen los mismos de siempre, al fin que todos son idiotas. Mucho menos se comprometieron a un mínimo de justicia para que paguen impuestos los especuladores de la Bolsa, las grandes empresas privilegiadas por pago de favores o los fabricantes de comida chatarra que envenenan a los niños en las escuelas y que nos han convertido en un país de gordos desnutridos.
Ingenuos los que pensamos que este Congreso tendría el valor y la visión de emplear un instrumento tan poderoso como la Ley de Ingresos para reencauzar el rumbo del país: plantear una gran estrategia para atacar la raíz de la pobreza y no sólo sus efectos.
En cambio, puros alegatos oportunistas en un recinto convertido en lupanar y en casino donde privan la compraventa, las apuestas, las subastas, las vendettas y el trueque. Baste un solo dato para ilustrar el nivel conceptual y de lenguaje de estos legisladores: ni un solo discurso de Estado, ni uno solo, en estos días cruciales.
Porque entre los 628 que suman no hay hombres ni mujeres de Estado. Sólo burócratas legislativos.
Y no nos oyen los inútiles. A ver si nos escuchan cuando les gritemos: ¡Que se vayan todos!
Contundentemente no. Y es que estos diputados y senadores no oyen ni entienden. Son absolutamente insensibles a cualquier reclamo. Aunque éste sea unánime: desde las élites hasta los marginados. Porque lo único que les interesa son sus dineros, sus canonjías, su fuero y sus amarres, sobre todo los de pescuezo.
Y es que no nos representan a nosotros sus electores. Tampoco a sus distritos ya olvidados. Ni siquiera a sus estados. Vaya, no se representan ni a ellos mismos.
En cambio, a quienes sí representan y muy bien son a sus partidos. A sus gobernadores. A las grandes empresas de las que ellos son agentes de ventas. Marionetas de sus titiriteros.
A ver, cuántas veces y en todos los tonos se los advirtieron los premios Nobel de Economía, los picudos de las calificadoras, los empresarios y los trabajadores. Se los sugirieron y se los demandaron miles de voces en marchas de la calle, correos electrónicos, llamadas a las radios y cartas a los periódicos: en tiempos de crisis hay que apretar el gasto corriente, incentivar el gasto público y sobre todo no aumentar impuestos. Y resulta que los títeres del Congreso están haciendo exactamente lo contrario: ni una sola propuesta para apretarse el cinturón, tampoco se les ocurrió alguna iniciativa para aumentar la base gravable o reactivar el mercado interno.
Nada, que todo siga igual, que paguen los mismos de siempre, al fin que todos son idiotas. Mucho menos se comprometieron a un mínimo de justicia para que paguen impuestos los especuladores de la Bolsa, las grandes empresas privilegiadas por pago de favores o los fabricantes de comida chatarra que envenenan a los niños en las escuelas y que nos han convertido en un país de gordos desnutridos.
Ingenuos los que pensamos que este Congreso tendría el valor y la visión de emplear un instrumento tan poderoso como la Ley de Ingresos para reencauzar el rumbo del país: plantear una gran estrategia para atacar la raíz de la pobreza y no sólo sus efectos.
En cambio, puros alegatos oportunistas en un recinto convertido en lupanar y en casino donde privan la compraventa, las apuestas, las subastas, las vendettas y el trueque. Baste un solo dato para ilustrar el nivel conceptual y de lenguaje de estos legisladores: ni un solo discurso de Estado, ni uno solo, en estos días cruciales.
Porque entre los 628 que suman no hay hombres ni mujeres de Estado. Sólo burócratas legislativos.
Y no nos oyen los inútiles. A ver si nos escuchan cuando les gritemos: ¡Que se vayan todos!
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