Conciencia tranquila
Eduardo Ibarra Aguirre
Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad del gobernador de Oaxaca en “la violación generalizada de las garantías individuales”, de mayo de 2006 a enero de 2007, se dio un paso importante para exhibir a Ulises Ruiz Ortiz como lo que muchos saben que es: un represor.
Por mayoría de siete votos contra cuatro, el pleno de los ministros emitió un fallo que, como apuntó con un dejo de triunfalismo el coordinador de los diputados federales priístas por Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, “no es vinculatorio”.
El valor del dictamen es estrictamente de moral pública. Pero a qué mexicano no le preocupa y hasta angustia que lo exhiban como conculcador de garantías individuales durante ocho meses consecutivos. Y justamente por los máximos funcionarios judiciales del país, con todo y los 500 mil pesos mensuales de sueldo y prestaciones que perciben, dato ineludible en estos días en que el grupo gobernante difama a los privilegiados que hacen filas en el Sindicato Mexicano de Electricistas y que en promedio ganan 6 mil 600 pesos mensuales, de acuerdo con la denuncia de Javier Lozano Alarcón y, a tono con el SME, 20 mil trabajadores están por debajo de ese prometido.
Sin duda es valiosa la resolución de la Corte, también porque el proyecto original elaborado por Mariano Azuela Güitrón --el ministro presidente que conversaba con Vicente Fox Quesada sobre los fallos judiciales--, fue rechazado por sus pares porque establecía que los asesinatos y atropellos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca no eran imputables al gobernador, sino a los mandos policiacos y “los particulares”.
La SCJN dejó atrás sus criticadas prácticas de exonerar a los hombres del poder feudal en los estados, como lo hizo con Mario Plutarco Marín Torres, mejor conocido como Góber precioso, en el virtual secuestro, vejaciones y encarcelamiento que sufrió Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005; así como la reciente exculpación de Enrique Peña Nieto en los asesinatos, abusos sexuales y persecución de activistas y dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
¿Qué tiene Peña Nieto --además de torpeza para atribuir a “sabotajes del SME” los múltiples apagones en el estado de México--, y de qué carece Ruiz Ortiz para ser tratados de manera tan diferenciada por los ministros?
Lo adivinó usted. El segundo está desgastado y en vías de concluir su mandato. Y el señor que fue exhibido en la foto publicada el 8 de octubre por el diario Alfa, viéndole fijamente los glúteos a la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela, tiene tan espléndido futuro que muchos aseguran despachará en Los Pinos.
Y no crea usted que los ministros son ajenos a la política de todo tipo. Por el contrario, son animales políticos tan buenos o malos como los profesionales, los que no usan toga y birrete.
Sólo con criterios políticos puede cargarse toda la responsabilidad --sin ninguna sanción penal o administrativa-- sobre el desgastado gobernador y los jefes policiacos estatales, y eximir al expresidente Fox, a Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza y al entonces jefe de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ahora feliz presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores.
Con tan amplísimos márgenes para la impunidad hecha método de gobierno, es comprensible que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presuma su “absoluta tranquilidad de conciencia”, después de lanzar a la calle a 43 mil trabajadores y sus familias. Y lo hizo ante los dueños del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico que lo ovacionaron de pie y él, solícito, juzgó “valiosa y valiente” la desinformación que destruye al país.
Acuse de recibo
La razón de la fuerza (12-X-09) aún suscita comentarios. Luis Enrique Torres Prieto: “Primero el señor Calderón no puede disponer de los bienes de la nación por sus calzonzotes, en forma unilateral y sin solicitar la aceptación del Congreso de la Unión, pues su decretito no está firmado por diputados y senadores como si no existieran y menos una consulta al pueblo o sea a la nación (…) en una industria que según nuestra Constitución es estratégica”... Para Marcos Antonio Heredia Pérez “El fascismo está a las puertas de México o ya entró. Hay que condenar, luchar contra el autoritarismo de Calderón hacia los electricistas pero no para que el PRI regrese a Los Pinos (…) Tampoco hay que solapar la corrupción de nadie en el ámbito público sea gubernamental y/o de cualquier organización del tipo que fuera porque eso daña a la sociedad entera, a México, y sobre todo a los más injustamente pobres. Por otra parte, vaya nuestra solidaridad para con Marcelino Perelló a quien vimos ahí por febrero de 1967 en el marco del II Congreso de la Juventud Comunista de México cuando la utopía estaba en su cenit, si esto fuera posible”… En tanto que Fátima Soto Rodríguez apunta sobre Manotazo y privilegios (14-X-09): “Muy bueno tu texto, me felicito por tener la oportunidad de leerte de primera mano”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario