TIEMPO DE MUJERES

PAN y PRD van contra Ulises Ruiz; el PRI lo defiende

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F., 15 de octubre (apro).- La fracción legislativa del PRI respaldó al gobernador Ulises Ruiz –responsabilizado por la SCJN de violar las garantías individuales--, mientras que el PRD demandó la creación de la Subcomisión de Examen Previo y dar continuidad a la demanda de juicio político que promovió en 2007, y el PAN adelantó que la resolución de la Suprema Corte "tendrá un cauce institucional".

En enero de 2007, el PRD interpuso en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; hace 16 meses –en abril de ese año--, el Poder Legislativo pidió a la SCJN una investigación, la cual concluyó el pasado miércoles con la determinación de que el Ejecutivo estatal violó las garantías individuales de los oaxaqueños durante el conflicto magisterial y social de mayo de 2006. El diputado del PRD, Agustín Guerrero --acompañado de la asesora jurídica de la Sección 22 del SNTE, Alba Cruz y de un representante del secretario de Organización del sindicato, Gabriel López Chiñas, anunció que una vez que la Corte notifique a la Cámara de Diputados su resolución, la fracción perredista exigirá la instalación inmediata de la Comisión Jurisdiccional y de la Subcomisión de Examen Previo.

Para que esto ocurra, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales --encabezada por el exministro Juventino Castro y Castro, del PRD--, y de Gobernación --presidida por el panista Javier Corral--, deben acordar la creación de la Comisión Jurisdiccional y luego la de Examen Previo.

Al respecto, la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, afirmó: "El PAN siempre reconoce las resoluciones de la corte… Sabemos también que ésta es una recomendación, pero una recomendación que ahora tendrá, sin duda, un cauce que será institucional." Por su parte, el perredista, Agustín Guerrero dijo que "seguramente la próxima semana se podrá convocar a la instalación de la Comisión Jurisdiccional".

La Comisión de Examen Previo es la instancia que se encarga de establecer si un funcionario puede ser sujeto de juicio político, de acuerdo con las pruebas existentes, en tanto que la Comisión Instructora es la que tiene por objetivo definir si se le quita el fuero constitucional a un funcionario para que pueda ser juzgado por una autoridad judicial. En este último caso, el PRD demandará también la conformación de la Comisión Instructora, debido a que la resolución de la Corte es de tipo "legal", por lo cual se interpondrá ante la Procuraduría General de la República la denuncia en contra de Ulises Ruiz, pues durante los enfrentamientos de mayo de 2006 fueron asesinados 18 personas y el camarógrafo estadunidense Brad Will. Resolución: "bomba molotov"

Por su parte, la dirigente nacional del PRI y diputada federal, Beatriz Paredes, así como el coordinador en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, manifestaron todo su respaldo al gobernador de Oaxaca y consideraron que no es momento de hablar de juicio político, pues aún falta que la Corte informe del tema al Poder Legislativo. A su vez, el coordinador de la fracción oaxaqueña, el diputado Eviel Pérez Magaña, se limitó a comentar que cuando el expediente llegue a la Cámara de Diputados éste será enviado a las comisiones respectivas. Y aunque el PRI tiene por lo menos 14 legisladores en cada comisión, con el apoyo del PVEM puede hacer mayoría y entrampar, sí así lo desea, el proceso en la Gobernación y en la de Puntos Constitucionales. Por su parte, el diputado federal y exsecretario general de Gobierno de Oaxaca --fue nombrado en julio de 2006, dos meses después de que inició el conflicto--, Heliodoro Díaz Escárcega, advirtió que la resolución de la Corte "puede dar pauta para que grupos animados por este tipo de hechos, quieran ver nuevamente azotada a la entidad en la lucha callejera, el conflicto, el agravio, con el trastocamiento de la paz y tranquilidad y el desarrollo" del estado.


"Esta determinación pudiera estar poniendo nuevamente una bomba molotov en grupos que quieren atentar contra la paz y tranquilidad de Oaxaca, y dejar a un pueblo en ascuas, a ver cuándo lanzan. No me parece correcto ni justo", agregó. Aunque el legislador oaxaqueño dijo ser respetuoso de las decisiones de la Corte, llamó la atención en el cambio que sufrió el dictamen, "en unas cuantas horas", ya primero encontraba culpables al expresidente Vicente Fox y al entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado --actual diputado federal y presidente de la Comisión de Defensa Nacional--, y después los exonerara y recayera en el gobernador Ulises Ruiz toda la responsabilidad. Incluso consideró que lo que prevaleció fue una motivación de orden político y no jurídico: "Creo que si la Corte o los ministros actuaron bajo presión o cambiando diametralmente en unas horas este asunto, seguramente alguna motivación de orden político y no jurídico debió haber prevalecido. Pero esperaré la determinación de la Cámara y sobre esa base opinaré."

Luego añadió: "Tenemos que ser respetuosos de la Corte; respetuosos de nuestra máxima institución en materia de impartición de justicia, pero esto no exime de que hay una total contradicción entre lo que arroja la investigación que todo mundo conoció. "En el dictamen previo que estableció el ministro Mariano Azuela y lo que decidieron los ministros, sobre todo exonerando al gobierno federal, cuando es evidente que la determinación de auxilio, fue desde los primeros días al gobierno federal y no respondió sino hasta cuatro o cinco meses después. "Cuando respondió, asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad pública y de las cuestiones que ahí se implementaron porque así se convino entre el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación", concluyó.