Julio Hernández López: Astillero
Ayer hubo una nueva centralidad en el movimiento lopezobradorista. La figura proveniente de un proceso electoral fundacional cedió paso interino, táctico, a la fuerza y el valor de un movimiento sindical clave. A los coros, consignas y pancartas que de lo comicial pasaron a lo petrolero en el pasado reciente, pero siempre manteniendo su código interno, se sumaron ayer contingentes, proclamas y líderes que aun cuando hubiesen tenido afinidades y confluencias circunstanciales nunca habían transitado juntos en un pacto explícito.
López Obrador manejó cuidadosamente el curso de la integración provisional, tentativa, al grado de dejarle al dirigente Martín Esparza el lugar oratorio de honor, el último de la tanda, que hasta ahora siempre había correspondido a la figura máxima de la resistencia pacífica. No fue el ex candidato, y ahora precandidato, el que absorbió el capital sindical; más bien, sumó los activos de tres años a la bolsa de la lucha laboral que será complicada y de largo alcance, colocándose lo electoral y partidista en tono menor, imposible erradicarlo a voluntad, pero sí posible no darle rangos de rectoría, dejando todo en los mandos de los trabajadores electricistas y decidiendo acompañar a los trabajadores en las batallas por venir, hasta donde ellos decidan. Dato importante será la concurrencia a la marcha del próximo jueves en los términos que anunció el tabasqueño, sin protagonismos y, de preferencia, sin ir a la vanguardia.
El giro es difícil, pero de él depende la capacidad del lopezobradorismo para expandirse, para sumar sectores distintos a los que hasta ahora han formado su heroica base inamovible. No sólo llegaron grupos sindicales como nunca antes, sino también estudiantes, organizados y en lo individual, a quienes los propósitos calderonistas de recorte presupuestal a las universidades públicas van despertando o fortaleciendo el ánimo de participación política. Es evidente que la campaña fascistoide contra el SME habrá de cebarse en la alianza del movimiento electricista con el encabezado por López Obrador, pero los cinco puntos acordados ayer públicamente dejan claros los alcances y los propósitos de ésta, la primera exploración seria del movimiento cívico de las posibilidades de entendimiento con, en este caso, un segmento en lucha que tiene sus propias reglas, ritmos e intereses gremiales, pero que bien puede acompasarse con otras expresiones similares.
Martín Esparza habló firme y claro, haciendo sentir por primera vez el breve desplazamiento, tal vez no buscado, pero inevitable, de quien hasta ahora ha sido la figura principal. No sólo fue el lugar de honor que AMLO le cedió, sino la presencia de un contingente numeroso de trabajadores que sin duda tiene lealtades personales con su dirigente y, a partir de ello, el sello independiente, no subordinado, del hombre que al micrófono soltó datos de algunos de quienes se rasgan las vestiduras de la productividad mientras no pagan lo que consumen: la Torre Mayor, hoteles de la Zona Rosa y Polanco, los periódicos Reforma y unomasuno y la mismísima Presidencia de la República (desde el principio, colgada de la legitimidad mediante un diablito: es decir, Totalmente Pirata).
Andrés Manuel López Obrador encabezó la asamblea informativa del Movimiento nacional en defensa de la economía popular, a las afueras del Palacio Legislativo de San LázaroFoto Carlos Ramos Mamahua
En el otro flanco, el del oficialismo guerrero, el pescador Carstens, acompañado del negociante Javierdugo Lozano (metido en el asunto de las consultorías privadas en materia de telecomunicaciones, según reveló Esparza; comercialmente interesado, pues, en asignaciones de fibra óptica), sigue lanzando anzuelos de fantasía para ver si los electricistas caen rápido en el cobro de sus indemnizaciones con bono que da fe del chantaje gubernamental: coopela filmando lápido la indemnización o cuello a esos bonos. Aterra ver que el calderonismo sólo está haciendo operación represiva, no política: no hay puentes, contactos, arreglos ni planes compartidos con sus aliados y beneficiados. Sólo el golpeteo mediático descarado, el endurecimiento institucional (sí puede haber diálogo, pero no daremos marcha atrás, dice Bucareli Yabadabadoo... ¡oh, ya se volvió a meter el tecleador en camisa de once balas: ¿no es otro de los gritos picapedreros el de ¡ya cállate, enano! al referirse a Felipablo, es decir, al Pablo feliz?), la amenaza y el garrote en lo alto.
En varios lugares, mientras tanto, se producen los explicables problemas técnicos que dejan segmentos poblacionales extensos sin energía eléctrica. No se necesita ningún compló de luces y aparatos prendidos al mismo tiempo: en la medida que fue abrupta, descontonera, sin planeación profesional, la sustitución de la plantilla conocedora de los entretelones de Luz y Fuerza del Centro, hoy se viven los consiguientes errores que sufre hasta un acomodador de autos al pasar de un modelo a otro. Felipe ha jugado con fuego y no puede culpar a nadie de los incendios o apagones tecnológicos que provoque.
Respecto al proyecto presupuestal presentado por el lopezobradorismo, habrá de iniciar su recorrido sabidamente testimonial en medio de un prianismo legislativo cuyos acuerdos tienen viabilidad numérica. Sentido político, no prescriptivo, será también el de la propuesta al congreso para que cree una comisión investigadora de pillerías eléctricas. Comisionados en firme, en cambio, fueron Claudia Sheinbaum, Ricardo Ruiz, Berta Luján y Jesús Martín del Campo para fungir como enlace del lopezobradorismo con el SME. Y un detalle que no debe desdeñarse: Gerardo Fernández Noroña recibió un aplauso fuerte de los reunidos a las afueras de San Lázaro, en un proceso de crecimiento político de quien ha sido sometido a un grosero proceso de escarnio y difamación, pero que ha escenificado episodios de valentía e inteligencia que le son reconocidos por sus compañeros.
Y, mientras ha sido reducida la lista de aspirantes a presidir el presupuesto de la CNDH, de 39 a 26, ¡Hasta mañana, en esta columna que refuerza sus sistemas de seguridad para tratar de que no le alcancen algunos apagones intermitentes del entendimiento!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Recibí este mensaje: “Mi papá es jubilado de LFC. Ayer por la noche entramos al portal de Internet del gobierno donde dice textual: ‘Compañero jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Podrás cobrar tu jubilación en cualquier banco Santander, de 9 a 5’. Mi papá se presentó a la sucursal de avenida Nextengo, delegación Azcapotzalco, y cuál va siendo su sorpresa que en el banco NO tienen conocimiento de nada. Hablamos con el gerente y nada, no saben nada. Hablamos al teléfono que aparece en el portal y nos dicen que intentemos mañana, que si no volvamos a llamar. ¿Cómo ves? ¿No que ya tenían todo controlado? Otra mentira más. ¿Qué nos sugieres que hagamos?”
Guillermo Téllez Vera/Distrito Federal
R. Se supone que la Secretaría de Hacienda asumió la responsabilidad de seguir pagándoles. Recientemente la Comisión Federal de Electricidad firmó un arreglo con su sindicato charro para desmantelar el sistema de jubilaciones. El gobierno quería hacer lo mismo en LFC, la dirigencia sindical no lo permitió. Pero buscó una salida radical: al despedir a todo el personal se libera de la carga de pagarles una pensión cuando llegue su edad de retiro, así como también el servicio médico y demás prestaciones. Es decir, los 44 mil trabajadores tenían un empleo seguro y al llegar a la edad de la jubilación cobrarían una pensión hasta el último día de su vida. Comparado con eso, la liquidación de dos años y medio de salario –generosa, según Felipe Calderón– es una miseria. Les recomiendo que sigan en contacto muy estrecho con su organización. A pesar de la furiosa campaña de algunos medios para presentarlos como unos rufianes ante la opinión pública, desanimarlos y dividirlos, tienen posibilidades de ganar. El truculento Vicente Fox expropió los ingenios azucareros del país con un decreto inconstitucional. Los afectados se ampararon y ganaron. Recuperaron su patrimonio. Llamen hoy de nuevo a Santander, tal vez ya esté depositado su dinero. Mucho cuidado con los papeles que firmen.
El cajero automático
Día y noche el Senado pasa un espot en algunas estaciones de radio diciendo que gracias a su intervención bajaron las comisiones de los bancos. ¿Será? Ayer el Banco de México dio a conocer dos disposiciones para frenar los abusos de los bancos: 1) en los retiros en el cajero automático, cuando la cuenta la tengas en otro banco, sólo se te hará un cargo, no dos, como ahora sucede. Y 2) antes de que hagas un retiro en efectivo o una consulta del saldo, la pantalla deberá mostrarte el importe total de la comisión. Luego te llevas sorpresas desagradables cuando recibes tu estado de cuenta. El diligente gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, anuncia que las medidas entrarán en vigor el 15 de enero, para transacciones en que la tarjeta y el cajero sean del mismo banco, ¡y hasta el 30 de abril! si tarjeta y banco son distintos. Ah, tampoco quiso tocar esa trampita para inducirte a hacer donativos, que ha permitido levantar muchos millones de pesos cuyo destino no es suficientemente claro. ¿Hay algo que no les haya dado a los banqueros en los muchos años a su servicio?
Escondidos
¿Dónde estarán escondidos Beatriz Paredes y los también aspirantes presidenciales priístas Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones? Andan huyendo a una pregunta de los reporteros: ¿cuál es su posición, y la del PRI, respecto al problema de los electricistas? Es que las televisoras y los grandes empresarios ya dieron línea contra el sindicato, no quieren aparecer como sospechosos de tener alguna simpatía por el movimiento. ¿Se avergonzarán de su pasado? Un presidente tricolor –Adolfo López Mateos– llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica.
Guillermo Téllez Vera/Distrito Federal
R. Se supone que la Secretaría de Hacienda asumió la responsabilidad de seguir pagándoles. Recientemente la Comisión Federal de Electricidad firmó un arreglo con su sindicato charro para desmantelar el sistema de jubilaciones. El gobierno quería hacer lo mismo en LFC, la dirigencia sindical no lo permitió. Pero buscó una salida radical: al despedir a todo el personal se libera de la carga de pagarles una pensión cuando llegue su edad de retiro, así como también el servicio médico y demás prestaciones. Es decir, los 44 mil trabajadores tenían un empleo seguro y al llegar a la edad de la jubilación cobrarían una pensión hasta el último día de su vida. Comparado con eso, la liquidación de dos años y medio de salario –generosa, según Felipe Calderón– es una miseria. Les recomiendo que sigan en contacto muy estrecho con su organización. A pesar de la furiosa campaña de algunos medios para presentarlos como unos rufianes ante la opinión pública, desanimarlos y dividirlos, tienen posibilidades de ganar. El truculento Vicente Fox expropió los ingenios azucareros del país con un decreto inconstitucional. Los afectados se ampararon y ganaron. Recuperaron su patrimonio. Llamen hoy de nuevo a Santander, tal vez ya esté depositado su dinero. Mucho cuidado con los papeles que firmen.
El cajero automático
Día y noche el Senado pasa un espot en algunas estaciones de radio diciendo que gracias a su intervención bajaron las comisiones de los bancos. ¿Será? Ayer el Banco de México dio a conocer dos disposiciones para frenar los abusos de los bancos: 1) en los retiros en el cajero automático, cuando la cuenta la tengas en otro banco, sólo se te hará un cargo, no dos, como ahora sucede. Y 2) antes de que hagas un retiro en efectivo o una consulta del saldo, la pantalla deberá mostrarte el importe total de la comisión. Luego te llevas sorpresas desagradables cuando recibes tu estado de cuenta. El diligente gobernador del banco central, Guillermo Ortiz, anuncia que las medidas entrarán en vigor el 15 de enero, para transacciones en que la tarjeta y el cajero sean del mismo banco, ¡y hasta el 30 de abril! si tarjeta y banco son distintos. Ah, tampoco quiso tocar esa trampita para inducirte a hacer donativos, que ha permitido levantar muchos millones de pesos cuyo destino no es suficientemente claro. ¿Hay algo que no les haya dado a los banqueros en los muchos años a su servicio?
Escondidos
¿Dónde estarán escondidos Beatriz Paredes y los también aspirantes presidenciales priístas Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones? Andan huyendo a una pregunta de los reporteros: ¿cuál es su posición, y la del PRI, respecto al problema de los electricistas? Es que las televisoras y los grandes empresarios ya dieron línea contra el sindicato, no quieren aparecer como sospechosos de tener alguna simpatía por el movimiento. ¿Se avergonzarán de su pasado? Un presidente tricolor –Adolfo López Mateos– llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Ya dio rienda suelta a su capricho, armó su show y aportó la chispa. Muy bien, pero ¿qué sigue? Por la gruesa variedad de dichos, interpretaciones, números, balances, compromisos y conexos divulgados por diversos integrantes del gabinetazo y zonas aledañas en torno a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, parece que lo único que queda claro es que, como siempre, Calderón y sus muchachos armaron el pleito, pero se les olvidó planear cómo salir de él.
¿Cuál es el siguiente paso? Según el inquilino de Los Pinos, la Comisión Federal de Electricidad será la administradora del proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero de acuerdo con la versión del doctor catarrito, Agustín Carstens, el gobierno federal podría crear una nueva compañía que sustituya a la paraestatal extinguida por decreto, para lo cual sería necesario gastar un dinero que oficialmente no se tiene. Nadie sabe, nadie supo.
Dijo Calderón en su perfomance dominical que he dado instrucciones a la administradora de LFC (la CFE) para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. Pues bien, el secretario de Hacienda asegura que no, que ni de lejos será el mayor número; por el contrario, se recontrataría a uno de cada cuatro trabajadores (10 mil de 45 mil), aunque todavía no sabe si se integrarían a la plantilla de la Comisión Federal de Electricidad o a la nueva empresa, misma que Agustín Carstens desconoce si se creará a no.
El inquilino de Los Pinos decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro y, por ende, de su relación laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas, luego entonces cada quien para su casa y no hay nada más de que platicar, por instrucciones de Calderón. Pero resulta que tampoco, porque según puntual declaración del abogado corporativo disfrazado de secretario de Gobernación, se mantienen abiertos los canales de diálogo con el SME, aunque nadie sabe de qué puedan dialogar cuando la decisión de extinguir la empresa paraestatal fue tomada de forma unilateral, sin dialogar con nadie ni pedir la opinión a la agrupación sindical.
En su decreto nocturno, Felipe Calderón sostiene que la extinción de Luz y Fuerza del Centro era inevitable, dada su comprobada ineficiencia operativa y financiera, la cual representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Pero todo indica que tampoco por allí, porque si atiende a la siempre cursi Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora de la bancada panista en San Lázaro, la desaparición de LFC es para terminar con prebendas y privilegios del sindicato.
Además, según Vázquez Mota, el decretazo calderonista da cumplimiento a lo establecido por el Ejecutivo en los 10 compromisos presentados a propósito del tercer Informe de gobierno. Tampoco coincide, porque en el show de Palacio Nacional (2 de septiembre pasado) Calderón convocó no a exterminar empresas del Estado, sino a emprender una nueva generación de reformas en las empresas públicas del sector energético, y hasta donde se sabe reformar no es sinónimo de extinguir. De cualquier suerte, la declaración de la todóloga del foxismo y el calderonismo va a contrapelo de lo dicho por el abogado Gómez Mont, es decir, la extinción de la empresa obedece exclusivamente a razones de onerosidad, y tampoco se reconoce este creativo término como sinónimo de reforma. Por cierto, en aquel show del 2 de septiembre Calderón prometía (algo común en él) que rescataría la misión histórica de las empresas públicas, no que pasaría a cuchillo a una de ellas; también proponía emprender una transformación de raíz, una profunda restructuración y modernización en dichas entidades del Estado, pero ninguno de esos conceptos rima con muerte a las paraestatales.
Una más: a lo largo de su campaña, y ya instalado en Los Pinos, Felipe Calderón no dejó de autodenominarse el presidente del empleo, pero de un plumazo y en una sola noche borró del mapa el mismo número de plazas laborales (permanentes y con registro en el IMSS) que se generaron a lo largo de un trimestre (junio-agosto de 2009), algo así como 45 mil puestos de trabajo en unas cuantas horas. Todo un récord para el autodenominado presidente del empleo, porque su promedio de matanza de puestos de trabajo en el último año, el de la crisis externa (según él), se aproxima a mil 700 por día. Con la extinción de LFC, sin duda mejoró su propia marca, al multiplicar por 26 su capacidad destructiva en materia de empleo.
En su discurso dominical, el inquilino de Los Pinos defendió la legalidad del acta de defunción por él expedida, pero a la par, como tinterillo, ofreció una coima a todo aquel trabajador de LFC que aceptara de inmediato su liquidación (un bono adicional a las prestaciones establecidas, tanto en la ley como en el contrato), más el mezquino anzuelo de garantizar una liquidación hasta de 33 meses de sueldo para algunos trabajadores. Si fue legal, como dice, ¿para qué ofrecer dinero extra? Además, se queja de la onerosidad (Gómez Mont dixit) de la hasta hace poco paraestatal, pero promete 20 mil millones de pesos en liquidaciones, cuando si de algo se ha quejado en los últimos meses es de que el gobierno no tiene dinero. Eso sí, con Fox hablándole al oído, se comprometió a facilitar a los ahora desempleados asesoría, apoyo y financiamiento, a fin de que los trabajadores puedan iniciar pequeñas empresas proveedoras de la industria eléctrica, o bien en otras actividades económicas de su preferencia, es decir, la tesis de la changarrización y los emprendedores.
En fin, lo más fácil y productivo hubiera sido sanear la paraestatal, corregir desvíos, combatir corruptelas, compadrazgos y excesos. La empresa pública, hoy extinguida por capricho y decreto del inquilino de Los Pinos, tenía solución, comenzando por algo que sólo se conoce en el discurso: inversión pública. Lo resumió ayer el ex subsecretario de Electricidad, Nicéforo Guerrero: si LFC cobrara lo que consumen las grandes empresas y comercios se resolvería su problema financiero, pues en cuentas especiales y concesiones a grandes empresarios se fugan anualmente casi 40 mil millones de pesos, el doble de lo que va a costar liquidar a los trabajadores activos.
Las rebanadas del pastel
Para justificar la extinción de LFC, el inquilino de Los Pinos dice que de no tomar la decisión, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. ¿Qué no es eso, precisamente, lo que propone en su paquetazo 2010?
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Antonio Malacara: Jazz
Conocí a Adrián Oropeza hace tres o cuatro años, en medio de esa sonrisa recurrente, franca y directa que le brilla en un rostro de adolescente treintañero. En aquel entonces era parte del grupo Takesi, liderado por Christian Laguna, bajista boliviano avecindado en México, y donde los antiguos aires andinos eran filtrados por los códigos del jazz.
Desde entonces, Adrián se mostraba como un baterista firme y sutil; discreto, pero con un pulso determinante. Estudiaba la licenciatura en jazz en la Escuela Superior de Música, en la que se tituló en 2007. Poco antes de convertirse en el licenciado Oropeza, había ya optado por un proyecto propio, a trío, en el que empezaba a incluir una buena dosis de piezas propias. Yolatl Valadez lo acompañaba al piano y Omar Anguiano en el contrabajo.
Una nueva figura se perfilaba en la escena local. Y para sorpresa de propios e impropios, Adrián resultaba ser todavía mejor compositor que baterista. La disposición de los elementos en cada uno de sus temas levantaba estructuras de monumentalidad en ciernes. El joven maestro introducía las maquetas, mantenía sus compases como telón de fondo y daba la voces frontales al piano y el contrabajo, en una sucesión de colores y texturas que iban y venían de la balada tradicional (y elegante y perentoria) al ritual que hurga entre la mexicanidad en abstracto y el son abajeño en concreto.
En esta dinámica, edita un primer disco en 2008: Texturas, con la leyenda andante de Enrique Nery al piano y la añeja complicidad (y la seguridad) de Omar Anguiano en el contrabajo. Por momentos, este debut conformaba un cuerpo tremendamente emparentado con la exquisitez. Para muestra, bastaba escuchar la cadena de sutilezas en Cantando en la ciudad, del propio Oropeza, o Soñé, clásico de Mario Ruiz Armengol que ya el propio Nery había incluido en sus discos con versiones solistas y de grupo (además de otras glosas instrumentales a cargo de Edgar Dorantes y Jazz entre Tres, o de las versiones vocalizadas de Verónica Ituarte y Elizabeth Meza). En este tema, el invitado de lujo era el contrabajo de Agustín Bernal.
No obstante, de buenas a primeras, el terreno se volvía disparejo y caían las escenas. Texturas es un disco construido mediante delicadas progresiones sonoras que en ocasiones languidecen de un track a otro. El arreglo a Caminante del Mayab, de Guty Cárdenas, por ejemplo, sólo insinúa el vuelo y no termina nunca de despegar, mientras en Oncena o en Renaciendo, de la cosecha del baterista, se muestra mayor resolución y certidumbre al momento de la instrumentación y los conceptos.
A estas alturas, y a través de una hiperactividad que no deja de asombrarnos, Adrián ha alcanzado una muy temprana madurez como músico y compositor. En estos momentos prepara la grabación de un nuevo disco, al lado de Abraham Barrera, el excelente pianista del grupo B4, quien por estos octubres anda tocando por diferentes foros españoles.
Mientras tanto, el trío de Adrián Oropeza se presentará este 15 de octubre en el foro de ILM (I Love Myself; Saltillo 134, colonia Condesa) a partir de las nueve de la noche, con Dulce Resillas al piano y Jaime Ferrada en el contrabajo. Y al día siguiente, viernes 16, hará lo impropio, con los mismos músicos, en El 81 (la casa blanca junto a El Convite, Ajusco 81, colonia Portales). Bien vale la pena darse dos vueltas.
Por cierto que el ILM tiene programado una semana después, el jueves 22, al grupo Jazz Son 4, en el que las flautas de Pablo Hidalgo Wong y el bajo de Raúl Olvera se hacen acompañar invariablemente por músicos de gran calidad. (Ya ando en otro lado.)
Estábamos con Adrián Oropeza, baterista que continúa con el ángel y la estirpe musical de Carlos El Pelón Oropeza (su abuelo) y de Adrián Oropeza Sr. (su padre). Este último se despidió hace poco de los escenarios y el ajetreo profesional, en medio del aplauso y el reconocimiento general, como director musical de El diluvio que viene, una de las innumerables comedias musicales que tuvo a su cargo.
Pero aquí está el heredero, haciendo jazz y documentando el tan mentado optimismo. Salud.
amalacara@prodigy.net.mx
LFC: llamado a rectificar
En menos de dos días, los intentos del gobierno federal por liquidar y desmantelar Luz y Fuerza del Centro (LFC) generaron amplias expresiones de rechazo y detonaron muestras de apoyo social a los trabajadores electricistas afectados, como quedó de manifiesto ayer en el mitin encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a las afueras de la Cámara de Diputados.
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El Correo Ilustrado
Esperan que la resistencia de electricistas rinda fruto
El asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por la Policía Federal con miles de sus agentes, siguiendo instrucciones del gobierno de Felipe Calderón, así como el decreto de liquidación de la empresa, que dejará en la calle a 41 mil trabajadores y a la deriva a 25 mil jubilados, nos parecen actos propios de una dictadura militar y no de un régimen sujeto a una legalidad, donde suponemos que debe privar el Estado de derecho.
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Desprestigio generalizado de la izquierda en el entorno político; excesos de gremialismo; divisionismo interno; debilidad y subordinación del gobierno federal en busca de legitimidad, errores y condescendencia con la vieja legislación laboral protectora del charrismo; carencia de un proyecto de modernización desde la posición de los trabajadores; débil solidaridad sindical; anacronismo en las formas de defensa; ánimo de derrota traducido en falta de compromiso con el servicio e ineficiencia. Todas, en su conjunto, fueron factores que motivaron la decisión para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), aprovechando el conflicto en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
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Encontradas reacciones en contra y en favor de un presidente que tiene nueve meses en gestación. Los asombros, en todos sentidos, por el otorgamiento del Nobel de la Paz al presidente estadunidense ocurren acaso porque se trata de la principal figura referente de la política internacional de nuestros días.
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El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la toma de nota para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.
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Acosado por el descontento popular en su contra y la sombra de su ilegitimidad de origen, Felipe Calderón comenzó su sexenio con una blitzkrieg y pretende refundarlo con otra. De la ceremonia de toma de posesión al asalto contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la militarización de la política y la guerra relámpago se han convertido en los sellos de su política.
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El pelele de los intereses empresariales cruzó el punto de no retorno con un discurso esclarecedor: La mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio sino que, fundamentalmente, iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, el bajo desempeño no sólo era muy costoso para todos (sino que) también afectó a la economía nacional y una desmesurada proporción de los presupuestos se perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias, y para mantener ese estado de cosas hubiera (sic) sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos.
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Javier Flores: EnfrE
Existen, ya, al menos dos vacunas contra el virus de la influenza A/H1N1, que son aplicadas desde hace dos semanas en algunas naciones. Estados Unidos, uno de los países en los que la vacunación se ha iniciado, dispondrá en breve de 250 millones de unidades para proteger a su población. México, que es uno de los lugares donde pudo originarse esta nueva enfermedad, aún no cuenta con este recurso. Los proveedores se han comprometido a entregar a nuestro país 30 millones de dosis, las cuales, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), no comenzarán a llegar hasta finales de diciembre. Ésta es una imagen muy elocuente de las diferentes capacidades que hay en el mundo para enfrentar los desafíos de hoy en materia de salud.
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Hay lugares comunes que son inevitables, y hasta indispensables y verdaderos a la hora de abordar un tema importante. No hay que temerles simplemente por buen gusto o por no caer en ese lugar común, que ya en sí mismo lleva su mala fama. Por ejemplo, que la cultura en nuestro tiempo es sobre todo visual; que vivimos en un mundo rodeado de imágenes que nos acosan, intrigan o deleitan, desde el despertar hasta el sueño, y nos conducen con su poder irresistible a formas de vida, consumo, relaciones humanas y conductas sociales aceptadas casi universalmente. No se trata de imágenes naturales, ni siquiera hechas por el hombre usando con sus manos los milenarios instrumentos para crear formas y figuras en cualquier modalidad, que suelen resultar en lo que llamamos arte. La imagen de que hablamos es la más común, frecuente, ubicua, convincente y poderosa en el mundo de hoy: es la imagen fotográfica. ¿Puede haber algo más cotidiano y universal que una fotografía? Sin embargo, ¿qué sabemos de ella, qué nos dice, qué misterios calla, qué hace para ir más allá de sus contenidos aparentes, cómo impacta nuestra conciencia y nuestras costumbres, cómo entenderla?
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Las pinturas: óleos, temples y acuarelas de Antonio Ruiz son de muy pequeñas dimensiones y cada una recuerda la minucia de las pinturas flamencas adheridas al aspecto vernáculo que decidió conferirles.
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Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
¿Goliza?
Así lo creen muchos. Que el gobierno le ha metido ya tres goles al Sindicato Mexicano de Electricistas: primero la negativa rabiosa de la toma de nota; luego el sabadazo nocturno con todo y el despliegue de nuestros “rambos” tlahuicas, mientras festejábamos el pase a Sudáfrica; y ahora, la extinción del sindicato maldito a puros billetazos.
El problema es que estamos en el intermedio. Y falta la segunda parte.
Lo cierto es que hasta ahora han sido apabullantes las campañas oficial y oficialista con mensajes repetidos hasta la náusea: Luz y Fuerza del Centro opera desde otro planeta y en su debacle nada han tenido que ver los gobiernos panistas; los culpables de todos sus males, y de paso de la crisis económica, son sus demoniacos trabajadores y más particularmente ese satanás llamado Martín Esparza. De seguir así las cosas, México se hundiría, la FIFA revisaría el resultado contra El Salvador —especialmente el sospechosísimo incidente de las abejas—, anulando el partido, y hasta Obama —que diría “y yo porqué”— perdería el Nobel de la Paz.
Afortunadamente la patria se ha salvado y todos seremos muy felices gracias a esta decisión histórica valiente y oportuna, diría el ínclito César Nava.
La cosa no es tan sencilla. Primero el gobierno tendría que explicar las maledicencias que señalan que en estas administraciones panistas hubo toda una estrategia para propiciar el desastre financiero de Luz y Fuerza: gracias a exenciones de pagos de grandes empresas amigas; al subsidio a la CFE mediante la compra de energía muy cara y a la nula inversión en infraestructura que provocó que el equipo y las instalaciones viejísimas se estén cayendo a pedazos. Pero sobre todo tendrá que contestarnos claramente si es verdad que sus secretarios Canales Clariond (Economía-Energía) y Martens (Energía) se agandallaron la bonita concesión de más de mil kilómetros de fibra óptica a partir de la red eléctrica, para ahora ofrecerla al mejor postor en una subasta de muchos miles de millones de dólares. Y que para lograrlo tenían que quitarse de encima a un sindicato incómodo ligado a la izquierda y a López Obrador.
También sería bueno que los señores Gómez Mont y Carstens nos aclaren por qué si la hecatombe de Luz y Fuerza se debe a los flojos, irresponsables y abusivos trabajadores del SME, ahora los van a premiar con 4 mil millones de pesos adicionales e ilegales —“más allá de lo que marca la ley”— de indemnización con tal de que firmen ahorita y se vayan ya saben dónde.
Aguas. Que el segundo tiempo comienza el jueves.
Así lo creen muchos. Que el gobierno le ha metido ya tres goles al Sindicato Mexicano de Electricistas: primero la negativa rabiosa de la toma de nota; luego el sabadazo nocturno con todo y el despliegue de nuestros “rambos” tlahuicas, mientras festejábamos el pase a Sudáfrica; y ahora, la extinción del sindicato maldito a puros billetazos.
El problema es que estamos en el intermedio. Y falta la segunda parte.
Lo cierto es que hasta ahora han sido apabullantes las campañas oficial y oficialista con mensajes repetidos hasta la náusea: Luz y Fuerza del Centro opera desde otro planeta y en su debacle nada han tenido que ver los gobiernos panistas; los culpables de todos sus males, y de paso de la crisis económica, son sus demoniacos trabajadores y más particularmente ese satanás llamado Martín Esparza. De seguir así las cosas, México se hundiría, la FIFA revisaría el resultado contra El Salvador —especialmente el sospechosísimo incidente de las abejas—, anulando el partido, y hasta Obama —que diría “y yo porqué”— perdería el Nobel de la Paz.
Afortunadamente la patria se ha salvado y todos seremos muy felices gracias a esta decisión histórica valiente y oportuna, diría el ínclito César Nava.
La cosa no es tan sencilla. Primero el gobierno tendría que explicar las maledicencias que señalan que en estas administraciones panistas hubo toda una estrategia para propiciar el desastre financiero de Luz y Fuerza: gracias a exenciones de pagos de grandes empresas amigas; al subsidio a la CFE mediante la compra de energía muy cara y a la nula inversión en infraestructura que provocó que el equipo y las instalaciones viejísimas se estén cayendo a pedazos. Pero sobre todo tendrá que contestarnos claramente si es verdad que sus secretarios Canales Clariond (Economía-Energía) y Martens (Energía) se agandallaron la bonita concesión de más de mil kilómetros de fibra óptica a partir de la red eléctrica, para ahora ofrecerla al mejor postor en una subasta de muchos miles de millones de dólares. Y que para lograrlo tenían que quitarse de encima a un sindicato incómodo ligado a la izquierda y a López Obrador.
También sería bueno que los señores Gómez Mont y Carstens nos aclaren por qué si la hecatombe de Luz y Fuerza se debe a los flojos, irresponsables y abusivos trabajadores del SME, ahora los van a premiar con 4 mil millones de pesos adicionales e ilegales —“más allá de lo que marca la ley”— de indemnización con tal de que firmen ahorita y se vayan ya saben dónde.
Aguas. Que el segundo tiempo comienza el jueves.
Alberto Aziz Nassif
¿Legalidad o grandes golpes?
El conflicto que se desató con la negativa a dar la “toma de nota” a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), bajo el argumento de que su elección interna tuvo inconsistencias graves, terminó con un decreto que liquida a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El SME ni siquiera sospechaba de la liquidación, estaban esperando el resultado de su audiencia en Los Pinos.
El problema de fondo es la legalidad de la decisión. De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.
El gobierno aplica la ley en materia de sindicatos a sus adversarios, primero los mineros y ahora los electricistas, por distintas razones y en contextos diferentes. Lo cierto es que la política del gobierno panista frente al sindicalismo obedece a una lógica en la cual depende del sapo la pedrada. A los aliados, petroleros y maestros se les tolera y se les canalizan recursos, sin que sean colectivos que propicien la modernización: la educación básica del país es una zona de desastre y los abusos en Pemex no terminan; sin embargo, hasta el momento esos liderazgos siguen intocados.
Sin una planeación, sin formar parte de una estrategia por parte del gobierno federal, la elección interna en el SME sirvió al Ejecutivo para una salida radical y quitar del camino a un sindicato particularmente combativo y con una vieja historia en materia de negociación laboral. En una investigación sobre el caso, Graciela Bensusán plantea la paradoja que el gobierno federal no se atrevió a resolver: sin el consenso del SME será imposible hacer los cambios en la empresa y, al mismo tiempo, sin esa modificación —que pasa por un ajuste al contrato colectivo de trabajo—, LyFC no puede ser un organismo viable (“El Sindicato Mexicano de Electricistas y la reestructuración laboral de Luz y Fuerza del Centro”, Revista Mexicana de Sociología, 2005/3).
El conflicto de LyFC tiene responsabilidades diversas; no era un problema sólo del sindicato, también los diferentes gobiernos tomaron decisiones equivocadas durante mucho tiempo y no tuvieron voluntad para resolver los nudos críticos de esa empresa. Así, LyFC se volvió una pesada carga para las finanzas públicas; el servicio se encareció; el personal rebasa las necesidades de la operación y los mecanismos de jubilación se volvieron insostenibles.
El conflicto tenía diversas salidas, pero el gobierno adoptó la más radical: cancelar la empresa y liquidar a todos sus trabajadores. Sin duda había posiciones encontradas sobre qué y cómo transformar el contrato colectivo y modernizar la empresa. No se pueden desconocer las posturas conservadoras en las filas sindicales que no quisieron abrir ninguna negociación para modificar los términos de su contrato. Pero, al mismo tiempo, el gobierno federal tampoco quiso seguir la ruta de la legalidad para hacer las modificaciones correspondientes.
En este conflicto existen al menos dos frentes o miradas, como lo señaló Miguel Ángel Granados Chapa: además del frente interno del SME, que reclamaba la toma de nota y los fondos que se canalizan al sindicato, está el frente externo, los usuarios. Para miles de consumidores del servicio que presta LyFC, las cosas no son positivas, las quejas por el mal servicio, la mala facturación, las constantes interrupciones de la luz, los recibos que llegan el mismo día o después de la fecha de pago, y una larga cadena de quejas en contra de un servicio deficiente cuya responsabilidad era de la empresa y del sindicato.
Antes de la liquidación había dos presupuestos válidos que era necesario cambiar, como indica la investigación de Bensusán: que los derechos adquiridos del sindicato eran inmutables y, por otra parte, que la única forma de mejorar la competitividad de la empresa es con un sindicato dócil y debilitado.
Ahora sabemos que el gobierno decidió borrar del mapa a la empresa y a sus 66 mil empleados. Resulta curiosa la generosidad y la prisa con la que el gobierno quiere liquidar a los trabajadores del SME; les ofrece hasta 2.5 años de salario. El monto que está dispuesto a erogar el gobierno es hasta de 20 mil millones de pesos. De ese tamaño es el costo de no haber emprendido la vía de la reestructuración de la empresa. En suma, este conflicto está al inicio. Falta recorrer la vía de los recursos legales y ver hasta dónde llega la resistencia sindical.
Investigador del CIESAS
El problema de fondo es la legalidad de la decisión. De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.
El gobierno aplica la ley en materia de sindicatos a sus adversarios, primero los mineros y ahora los electricistas, por distintas razones y en contextos diferentes. Lo cierto es que la política del gobierno panista frente al sindicalismo obedece a una lógica en la cual depende del sapo la pedrada. A los aliados, petroleros y maestros se les tolera y se les canalizan recursos, sin que sean colectivos que propicien la modernización: la educación básica del país es una zona de desastre y los abusos en Pemex no terminan; sin embargo, hasta el momento esos liderazgos siguen intocados.
Sin una planeación, sin formar parte de una estrategia por parte del gobierno federal, la elección interna en el SME sirvió al Ejecutivo para una salida radical y quitar del camino a un sindicato particularmente combativo y con una vieja historia en materia de negociación laboral. En una investigación sobre el caso, Graciela Bensusán plantea la paradoja que el gobierno federal no se atrevió a resolver: sin el consenso del SME será imposible hacer los cambios en la empresa y, al mismo tiempo, sin esa modificación —que pasa por un ajuste al contrato colectivo de trabajo—, LyFC no puede ser un organismo viable (“El Sindicato Mexicano de Electricistas y la reestructuración laboral de Luz y Fuerza del Centro”, Revista Mexicana de Sociología, 2005/3).
El conflicto de LyFC tiene responsabilidades diversas; no era un problema sólo del sindicato, también los diferentes gobiernos tomaron decisiones equivocadas durante mucho tiempo y no tuvieron voluntad para resolver los nudos críticos de esa empresa. Así, LyFC se volvió una pesada carga para las finanzas públicas; el servicio se encareció; el personal rebasa las necesidades de la operación y los mecanismos de jubilación se volvieron insostenibles.
El conflicto tenía diversas salidas, pero el gobierno adoptó la más radical: cancelar la empresa y liquidar a todos sus trabajadores. Sin duda había posiciones encontradas sobre qué y cómo transformar el contrato colectivo y modernizar la empresa. No se pueden desconocer las posturas conservadoras en las filas sindicales que no quisieron abrir ninguna negociación para modificar los términos de su contrato. Pero, al mismo tiempo, el gobierno federal tampoco quiso seguir la ruta de la legalidad para hacer las modificaciones correspondientes.
En este conflicto existen al menos dos frentes o miradas, como lo señaló Miguel Ángel Granados Chapa: además del frente interno del SME, que reclamaba la toma de nota y los fondos que se canalizan al sindicato, está el frente externo, los usuarios. Para miles de consumidores del servicio que presta LyFC, las cosas no son positivas, las quejas por el mal servicio, la mala facturación, las constantes interrupciones de la luz, los recibos que llegan el mismo día o después de la fecha de pago, y una larga cadena de quejas en contra de un servicio deficiente cuya responsabilidad era de la empresa y del sindicato.
Antes de la liquidación había dos presupuestos válidos que era necesario cambiar, como indica la investigación de Bensusán: que los derechos adquiridos del sindicato eran inmutables y, por otra parte, que la única forma de mejorar la competitividad de la empresa es con un sindicato dócil y debilitado.
Ahora sabemos que el gobierno decidió borrar del mapa a la empresa y a sus 66 mil empleados. Resulta curiosa la generosidad y la prisa con la que el gobierno quiere liquidar a los trabajadores del SME; les ofrece hasta 2.5 años de salario. El monto que está dispuesto a erogar el gobierno es hasta de 20 mil millones de pesos. De ese tamaño es el costo de no haber emprendido la vía de la reestructuración de la empresa. En suma, este conflicto está al inicio. Falta recorrer la vía de los recursos legales y ver hasta dónde llega la resistencia sindical.
Investigador del CIESAS
Alejandro Encinas Rodríguez
Sabadazo
Superando las peores prácticas del autoritarismo priísta y a la vieja usanza del MP, cerca de la media noche del sábado fuerzas federales asaltaron las instalaciones de LyFC, para después emitir un decreto para extinguir a esta empresa pública y terminar la relación laboral con sus trabajadores.
Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.
El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe.
Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios.
Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”.
Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario.
La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
Es una acción ilegal e irresponsable, ya que sin mediar orden judicial, estado de huelga para justificar la requisa de la empresa o declaratoria de quiebra, el titular de Gobernación —extralimitándose en sus atribuciones— requirió a la PFP ocupar las instalaciones. Acción de fuerza que muestra la debilidad y la incapacidad del Ejecutivo federal para construir acuerdos. Una medida desesperada que subordina el interés nacional a intereses particulares. A partir de una acción autoritaria se pretende acreditar una autoridad que no se tiene.
El golpe que se asesta a los electricistas fue largamente preparado. Más allá de los meses que requirió diseñar el operativo y preparar al personal que asumiera la operación del servicio, el debilitamiento deliberado de la empresa inició antes para, como con la telefonía o los ferrocarriles, justificar su privatización. Continuó con una campaña de descrédito a trabajadores y sindicato, a quienes se atribuye la ineficiencia de la empresa y el incremento de las tarifas o los cobros indebidos, sin considerar la responsabilidad de los directivos y la ausencia de una política de Estado para salvaguardar un área energética para el desarrollo. Y culminó con el aliento desde el gobierno a una disidencia interna, para desacreditar la renovación de la dirigencia y provocar un conflicto interno para favorecer el golpe.
Esta decisión tendrá un alto impacto político y económico, y evidencia el desprecio gubernamental hacia el Congreso y a los trabajadores. Al primero, porque apenas días antes la Cámara de Diputados convocaba a construir una solución institucional al conflicto sindical, a los segundos, porque al ser recibidos en Los Pinos se les ofertó una respuesta para ganar tiempo. Más aún, en el proyecto de presupuesto 2010 no está considerada la extinción de la empresa ni la liquidación de los trabajadores. Ahora resulta que se cuenta con un fondo de al menos 20 mil millones de pesos para pagar las liquidaciones, lo que significa que el secretario de Hacienda mintió al negar la existencia de recursos federales cuando se le requirió subsanar el recorte presupuestal a estados y municipios.
Resulta además absurdo que en plena recesión se lance al desempleo a más de 50 mil mexicanos, a quienes el secretario del Trabajo sugiere convertirse en esquiroles, con la oferta de una liquidación por encima del contrato colectivo para quienes acepten de inmediato su liquidación y con ésta “establezcan un negocio”.
Difícil es disociar este tipo de decisiones de hechos bochornosos que han impedido un sindicalismo autónomo y fuerte. Desde 1916, cuando Carranza reprimió a la Casa del Obrero Mundial, llegando al extremo de establecer pena de muerte para quienes reivindicaran mejoras salariales o en sus condiciones de trabajo. Tras su asesinato, en 1918, las mafias sindicales, representadas por la CROM de Luis N. Morones, combatieron al sindicalismo democrático de la CUT y controlaron por la fuerza y el apoyo del Estado a las organizaciones. Imperio que se mantuvo hasta el asesinato de Obregón, cuando el “desmoronamiento” culmina con la formación de la CTM en 1936, que jugó un papel importante en la expropiación petrolera y en la construcción del movimiento obrero, hasta la expulsión de las corrientes de izquierda y el surgimiento del “charrismo”, y hasta los 70, cuando dentro del SUTERM se propuso democratizar su sindicato y enfrentar al Estado en su apoyo a la dirigencia “charra”. Similar fue la requisa a las huelgas de telefonistas o la toma por la fuerza pública de CU para frenar al sindicalismo universitario.
La regla del Estado autoritario mexicano ha sido que cuando un sector obrero se “sale de control” utiliza toda su fuerza para su liquidación, cobijando a las mafias que le garantizan sometimiento. Ayer fueron Morones y la CROC, hoy son SNTE, petroleros, viejos y nuevos charros, y algunos gánsters como Ramón Gámez, prófugo de la justicia por corrupción de menores, con quien el secretario de Trabajo suscribe cada mes contratos de protección. Este golpe al sindicalismo independiente es una afrenta que exige la unidad y solidaridad de los movimientos democráticos para enfrentarla.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
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