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• Gastos abusivos de una burocracia inútil
• Privilegios de expresidentes y ministros
• Las pensiones de diez directores del IPN

Otra vez Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, pretenden que sean los mexicanos de menores ingresos quienes paguen más impuestos para mantener una burocracia inútil, corrupta y abusiva, en lugar de proponer disminuir los excesivos gastos de servidores públicos en secretarías de Estado y órganos descentralizados, en las cámaras de Diputados y de Senadores, y entre jueces, magistrados y ministros; además de funcionarios en organismos autónomos como el IFE y el IFAI.

Entres los gastos excesivos con dinero público destacan el despilfarro en los miles de fideicomisos creados en instituciones de los tres poderes de la Unión, para evitar que esos recursos sean fiscalizados; la compra de vehículos, el pago de viáticos, celulares, gastos de representación como comidas en restaurantes de lujo, la contratación de seguros médicos y de vida. En algunos casos hasta el absurdo, como en el IFE, en donde se pagan dotes matrimoniales a quien se casa o, en el caso de la Suprema Corte, una partida presupuestal para que los 11 ministros le otorguen un regalo a su madre el 10 de mayo. Otros gastos que deberían desparecer son las pensiones de salarios íntegros que se otorgan a los exministros de la Corte, a los expresidentes de la República, a los exfuncionarios de Banco de México y de la banca de desarrollo, a los exdirectores del Politécnico.

Lo anterior ha sido muy bien documentado por la prensa y lo ha confirmado la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo ni el presidente ni el secretario de Hacienda, así como tampoco los legisladores y muchos menos los ministros de la Corte hacen caso para eliminar ese despilfarro de recursos públicos. Cómo entonces pretende Calderón que le creamos cuando habla de austeridad sólo porque se le ocurrió eliminar tres secretarías de Estado y pretende que aceptemos el incremento de impuestos a los mismos causantes cautivos. La medida fiscal además de injusta es abusiva.

Sin embargo, Felipe Calderón reconoce hace unos días que otros 6 millones de personas se integraron a la pobreza extrema, que en cifras oficiales asciende a 20 millones, es decir uno de cada cinco mexicanos, quienes enfrentar serios problemas para alimentarse. Qué hace el gobierno para cambiar esta situación: cobrar más impuestos, lo cual tampoco se traduce una disminución de la pobreza, sino por el contrario en un mayor desvío de recursos públicos y un gasto excesivo de la burocracia.

Privilegios de los expresidentes

Estos abusos del gasto público han sido señalados puntualmente en la revista Contralínea, en donde la reportera Nancy Flores informó que son 178 personas, entre civiles y militares, quienes cobran un salario por estar al servicio de los cinco expresidentes vivos, fuera de los criterios de racionalidad y transparencia. Es decir que del erario se destinan casi 40 millones de pesos anualmente para el pago de esas personas.

Para la ASF, la asignación de personal civil al servicio de los expresidentes se encuentra “fuera de los criterios de racionalidad y transparencia” que deben regir la administración pública federal. Por ejemplo en 2006, Luis Echeverría tenía 24 civiles y dos militares a su cargo; Miguel de la Madrid 24 civiles y 22 militares; Carlos Salinas de Gortari 14 civiles y 19 militares; Ernesto Zedillo 11 civiles y 16 militares, y Vicente Fox 20 civiles y 16 militares, lo cual representó un gasto de 39 millones 936 mil pesos por salarios.


La Auditoría recomendó a la Presidencia de la República justificar la asignación de recursos humanos a los exjefes de Estado y explicar las necesidades reales de personal de apoyo en sus actividades administrativas. Lo anterior, con el objetivo de que el ejercicio del gasto por este concepto se apegue a los criterios de racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto.


Otro gasto abusivo son los pensionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales, es decir, 133 mil 300 pesos al mes. Los expresidentes de la República son cinco y cada año el pago de pensiones cuesta, en promedio, más de 1 millón 900 mil pesos por persona, aproximadamente 158 mil pesos al mes por sólo seis años de trabajo.

Los acuerdos de la impunidad provienen, uno, del 25 de noviembre de 1976, cuando por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez se dispuso que, al concluir su mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el máximo cargo público dispusiera, “a sus órdenes directas”, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para el desempeño de “servicios generales”.

El segundo fue de Miguel de la Madrid, quien mediante otro acuerdo fechado el 31 de marzo de 1987, formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Estado, y reguló el derecho del cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.


La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus ingresos.


Se calcula que entre la pensión y las prestaciones de las que gozan los expresidentes, cada uno de éstos termina costando al erario más de 10 millones de pesos al año, sin contar que en el caso de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo reciben otra pensión del Banco de México.

Los abusos de la Corte y sus ministros

Además de los altos salarios, que superan incluso al del presidente de la república, cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte se embolsan en forma discrecional más de un millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del Estado de Derecho”.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la Suprema Corte ejerció en uno año, 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005 la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por concepto de percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de uno a cuatro meses del sueldo bruto.

El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico Estado de Derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta un millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.

Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, en 2004 Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN y titular del Comité de Gobierno y Administración -encargado del manejo presupuestario- del tribunal, cobró una compensación del presupuesto público por un millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a cuatro meses de salario bruto de 309 mil pesos.

Ese año el “esfuerzo” de Azuela lo llevó a dar asesorías especiales sobre Estado de Derecho: en septiembre, época del desafuero, acudió a la residencia oficial de Los Pinos y, junto al presidente Vicente Fox, delineó la estrategia judicial que buscaba suprimir los derechos políticos del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Plan que finalmente fue frustrado.


Entrevistados por la reportera Nancy Flores, el ministro José Ramón Cossío Díaz pregunta: “¿el salario es dispendio?”. Al igual que los otros 10 ministros de la Suprema Corte, él recibió cuatro meses de la ambigua ayuda monetaria. Con excepción del presidente del tribunal, pues su compensación se maneja por separado, los ministros recibieron un total de 13 millones 377 mil 900 pesos por esta ayuda, monto que dividido en 10 equivale a un millón 337 mil 79 pesos por cada uno de los ministros.


La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos explica que la vigilancia al manejo de los recursos se da por medio de la Contraloría General. “Los recursos en el Poder Judicial tienen una Contraloría del propio Poder Judicial, aparte la Auditoría Superior de la Federación realiza la revisión de la cuenta pública cada año, y en un momento dado puede hacer observaciones a cualquier dependencia del Poder Judicial”.


La página de Internet de la SCJN descubre que además de los 165 mil 210 pesos que reciben cada mes como pago salarial fijo, los 11 ministros obtienen prestaciones económicas solventadas con recursos del erario público, que van desde una compensación económica por ser presidente de la Corte, hasta “ayuda para anteojos”.

Las nutridas prestaciones se dividen en mensuales -de previsión social, inherentes al cargo, prima quinquenal, compensación por presidencia, compensación por decanato, ayuda de aportación para el seguro de separación individualizado-, cuatrimestrales -apoyo al ahorro-, semestrales -prima vacacional: 50 por ciento de 10 días de sueldo básico otorgado para cada uno de los dos periodos vacacionales; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad y eficiencia administrativa- y anuales -aguinaldo: 40 días de sueldo básico, día de la madre y ayuda para comprar anteojos-.

Los salarios y la suma de las prestaciones resultan en altas mensualidades, como las que recibe el ministro presidente, Mariano Azuela, las cuales ascienden a, por lo menos, 649 mil 500 pesos; monto que equivale a 7 millones 790 mil pesos anuales y que excede hasta en cuatro veces el salario del presidente de la República. Los 10 ministros restantes obtienen alrededor de 536 mil pesos al mes, es decir, 6 millones 430 mil pesos al año.

Las pensiones en el Politécnico

Con menos privilegios por no por ello menos abusivos, son las pensiones que el Instituto Politécnico Nacional otorga a sus exdirectores generales. Este instituto de educación superior, uno de los pilares de la educación pública, ha entrado en su proceso de sucesión para cambiar a su director general, Enrique Villa.

Hasta ahora son tres candidatos que tienen la venia del director para buscar el nombramiento, pero también hay varios externos, entre ellos un hermano de quien fuera presidente de la República, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León.

Pues resulta que también en el Politécnico hay abusos con el uso de recursos públicos y es que los 10 exdirectores de este Instituto cobran desde hace muchos años un salario de aproximadamente 100 mil pesos mensuales, lo que significa casi un millón de pesos por mes en estos tiempos de aguda crisis, lo que nos lleva a considerar que estos privilegios deben acabar, sobre todo ahora que el cambio en el IPN es inminente.

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