guerra al crimen organizadolanzada por el gobierno fe
deral no sólo ha creado la espiral de la violencia y la represión ilegal, que ha sido madre de las guerras sucias, sino que empieza su proceso de autonomía y articulación nacional, como ha sucedido en los lugares donde ha surgido como decisión oficial contrainsurgente.La actual reforma en el Senado sobre las funciones del Ejército, en vez de cerrar, abrió la puerta y justificación al paramilitarismo, como vínculo oscuro entre la acción policial y las fuerzas de origen militar, con misiones ilegales para la limpieza de pandillas, sicarios y narcomenudistas, y que ha arrojado más de 22 mil muertos en los últimos años.
Aplicando la violencia fuera del ámbito constitucional –como hizo el Estado mexicano contra la subversión
en las décadas de 1950, 1960 y 1970, que ocasionó cientos de desaparecidos y asesinados por los organismos del Estado y que permanecen impunes–, el gobierno de Felipe Calderón ha desatado una fiera difícil de meter nuevamente en la jaula: el paramilitarismo.
A los brotes de paramilitarismo regional ya existentes bajo el mando de cacicazgos o políticas contrainsurgentes con objetivos locales y precisos, como en Chiapas, la sierra Triqui y Guerrero –por citar tres ejemplos–, la “guerra contra el narco” une las formas de paramilitarismo local con lo nacional y, por esencia, inicia su proceso de autonomía en mandos, financiamiento, armamento y procedimiento, pues lo une el haber surgido de la impunidad y los códigos de protección mutua, incluso contra el poder oficial que le dio origen. Así sucedió en Colombia.
La acción paramilitar en Oaxaca cercana a San Juan Copala contra activistas protectores de derechos humanos y periodistas, tiene raíces muy antiguas ahí, aplicada en contra de los movimientos indígenas contra los cacicazgos priístas. Esta fuerza había permanecido latente, de alguna forma aislada o contenida, pero ahora es respaldada y motivada por el paramilitarismo que se asoma tras las ejecuciones masivas en los estados de la frontera norte, el Golfo, Michoacán, Baja California y Sinaloa. Lo que eran prácticas acotadas a conflictos y regiones, ahora es un proceso nacional en marcha, y ahora tienen un mensaje fuerte y claro: está prohibido asomarse a la realidad.
La violencia paramilitar por eso es invisible y oculta la mano. Actúa organizada y efectiva, para dejar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita y por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales. Frente a ello, ni los organismos de derechos humanos se interesan o actúan, y hasta estudiantes y niños son, en primera instancia, catalogados como sicarios o narcotraficantes.
Explicada mayoritariamente como lucha entre bandas criminales
(más de 90 por ciento, según Felipe Calderón), el paramilitarismo se desboca y produce una espiral de violencia sin lógica y toma a todo el país bajo el fuego cruzado. Conforme a esta definición, la versión oficial de la violencia tiene una falla lógica, pues defiende los resultados como parte de su ofensiva y, ante los reclamos civiles, se niega a cualquier retirada, con lo cual acepta que los 22 mil muertos son el resultado de su estrategia.
Asomarse a la realidad es peligroso, como lo sucedido a Alberta Cariño, al activista finlandés y a los integrantes de la caravana que iba hacia San Juan Copala, Oaxaca. La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el lado oscuro del poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas de la democracia
.
¿Cuál es el origen de esto? En 1988, Luis H. Álvarez, Diego Fernández de Cevallos y Abel Vicencio Tovar justificaron su reconocimiento al gobierno de Carlos Salinas, con el argumento falaz de que los gobiernos se legitiman con hechos
, para proteger al gobierno del calificativo de usurpador. Bajo esta idea, desde el poder se reformó la Constitución contra el ejido, se abrió la puerta a la acción política de la Iglesia, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se concretó la gran privatización de empresas del Estado.
Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido
, llegó a la Presidencia y, más allá de la acusación, lo más sorprendente es que actúa como un gobierno usurpador y golpista; él es el primero en no creer en su legitimidad, pues el centro de su discurso promueve salidas autoritarias, imprecisión, justificación del terror paramilitar y descomposición de las instituciones. Su guerra se extiende contra toda la sociedad y la justifica como una medida de orden.
Calderón y sus opositores perdieron la brújula de la transición
y han creado como única alternativa la restauración del viejo régimen.
Si el secuestro implica privación ilegal de la libertad es eso lo que está haciendo el gobierno federal en contra de cientos de ciudadanos mexicanos. Se les detiene ilegalmente, se les acusa ilegalmente, se les procesa ilegalmente y se les encarcela ilegalmente. Son los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.Por eso ahora el gobierno calderonista anda con la cola entre las patas a causa de este gigantesco ridículo judicial y mediático. Se les advirtió una y otra vez, pero nunca hicieron caso. Pudieron más la soberbia del poder temporal y la arrogancia típica de los nuevos ricos. Esas que impiden dos actos de grandeza tan simples como profundos: me equivoqué y me propongo enmendar.
El problema es que en los casos de estas tres mexicanas otomíes no había equivocación alguna. Desde siempre, todos —gobierno, policías y juez— supieron que no había delito, que se trataba de una venganza en contra de tres alzadas que se les pusieron al brinco. Un escarmiento aterrorizante para que los pinches indios de Mexquititlán y alrededores aprendan a respetar el poder y las pistolas. Por eso nadie con medio gramo de inteligencia puede creer que se tardaron 5 meses en investigar los hechos del tianguis dominical; en cambio ahora cuadra la versión de que en ese lapso fabricaron la acusación escogiendo como víctimas propiciatorias a tres mujeres a las que creyeron poder pisotear y triturar, sin que hubiera la mas mínima consecuencia. Como ocurre con miles de casos similares a lo largo y ancho de este país agraviado.
Por eso, luego de festejar legítimamente la liberación de Alberta y Teresa tenemos todo el legítimo derecho a plantearle al gobierno federal: ¿Qué van a hacer ahora? ¿De verdad creen que es suficiente con reconocer —qué generosos— el fallo de la Corte? No. Contundentemente no. Si algún rasgo de dignidad quieren rescatar de todo este desastre deberán empezar por ofrecer una gran disculpa pública. Luego intentar la reparación del daño a Alberta, Teresa y sus familiares, aunque nada les devolverá los 4 años de vida en que —ellas sí— estuvieron secuestradas. Pero sobre todo, debiera castigarse a los responsables de ese secuestro de estado. Ahí están: Medina Mora, que era procurador cuando aquellos hechos; el juez —con larga cola de corrupto— Rodolfo Pedraza Longi y, por supuesto, los mentirosos y transísimas seis agentes de la AFI Juan Francisco Melo Sánchez, Jorge Evaristo Preda, Luis Eduardo Nache, Antonio Guadalupe Romero, Antonio Bautista y Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas. Sólo entonces se hará justicia.
Diminutas, consternadas, fuertes, atavadiadas con sus hupiles rojinegros, las mujeres triquis que cargaron por tramos el ataúd café de Beatriz Cariño Trujillo hasta su última morada en el camposanto de su natal Chila de las Flores, Puebla, escucharon las palabras que a los dolientes les dedicó su hermana Carmen, entre consignas, rezos y llantos.“Mi hermana –dijo Carmen el pasado 30 de abril– luchó por ustedes y por los derechos de los pueblos y mixtecos, por lo que nos sentimos orgullosos de tener una mujer como ella, de haber compartido cada momento. Despidámosla con todo el amor, cariño, coraje y terquedad que la caracterizaba, ya que mi hermana siempre fue una mujer fuerte, por eso nosotros hay que luchar también”.
Al entierro de Beatriz asistió una multitud similar a la que participa en las fiestas patronales del pueblo. Camaradas y amigos suyos de varios estados de la República se trasladaron cientos y hasta miles de kilómetros para asistir a las exequias. Más de 100 triquis de San Juan Copala viajaron durante horas para acompañar los restos de su compañera. En su casa fue colocada una ofrenda floral que decía: Recuerdo Sitio Nu Savi
, junto a una corona de flores con la frase: San Juan Diquiyu está contigo, Bety
En el panteón, uno de los dolientes le gritó a Omar Esparza, su viudo y padre de su hijo de ocho años y su hija de cinco: Que te quede claro, a Alberta no la vas a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto
.
Beatriz Cariño Trujillo perdió la vida el martes 27 de abril, cuando integrantes de la organización paramilitar priísta la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada en el paraje Los Pinos, de La Sabana Copala, a la Caravana de observación por la paz, que llevaba ayuda humanitaria a San Juan Copala. Allí falleció también el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento).
Al ser asesinada, Beatriz tenía 37 años y una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios. Nació en el seno de una familia de campesinos, indígenas, mixtecos. Estudió primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de la UABJO, en Huajuapan de León, y la carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán, Puebla.
Dotada de gran inteligencia, enorme sensibilidad y capacidad de comunicación, Beatriz comenzó su trabajo de promoción social desde muy joven, de la mano del sacerdote Gerardo Mora Paz, vinculado a la Teología de la Liberación. Se formó en la idea de que la pobreza y la injusticia existen no porque Dios así lo quiera. Con el paso de los años, sin romper con esta corriente de pensamiento, se comprometió con expresiones de lucha político-social laicas, como la otra campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos.
Este origen religioso quedó de manifiesto en la misa de cuerpo presente que el coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, ofició a la difunta, en la iglesia de Santa María de la Asunción. “Ahora contamos –dijo– con una interventora delante de Dios, alguien que conoce de la pobreza y tristeza de los pueblos (...) la lucha sigue, porque la vida no se detiene, ni el sepulcro la detiene. La muerte de Bety es el inicio de un camino, sólo pasa a otra vida, desde donde seguramente estará interviniendo por todos nosotros como lo hizo en la tierra”.
Beatriz trabajó activamente en las comunidades del valle de Tehuacán, afectadas por la contaminación de sus aguas por parte de las granjas industriales avícolas y las fábricas de mezclilla, y en los pueblos pobres de la sierra Negra. Organizó a mujeres vendedoras de tortillas, promovió la formación de cajas de ahorro, desarrolló proyectos de economía solidaria, fundó centros de apoyo a migrantes e impartió programas de salud reproductiva.
En 2000 se trasladó a su región de origen. Tiempo después de vinculó a la lucha contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad; la destitución del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; la resistencia a la construcción de grandes presas; la autodeterminación de los pueblos; la promoción de radios comunitarias indígenas, y el apoyo al municipio autónomo de San Juan Copala.
Beatriz fundó, junto a su esposo Omar Esparza, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), asociación civil que trabaja en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y derechos de la mujer. En 2008 comenzó a operar la radiodifusora independiente La Rabiosa, con el objetivo de difundir los derechos humanos entre los habitantes de la mixteca. Sin embargo, el 29 de agosto de ese año policías federales les decomisaron su equipo de transmisión, porque no contaban con el permiso correspondiente. Colaboró activamente con la radio triqui La voz que rompe el silencio y promovió la formación de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.
Activista incansable, solidaria con las luchas contra la devastación ambiental, días antes de su muerte acababa de regresar de un encuentro en apoyo a la lucha contra la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. El 3 de diciembre de 2009, participó en las protestas frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, contra el asesinato de Mariano Abarca, luchador social opuesto a la acción depredadora de las mineras a cielo abierto en Chicomuselo, Chiapas. Su participación en esa movilización quedó consignada en
Beatriz Cariño formó parte de una generación de activistas sociales que promueven, desde abajo, otra política; una camada de militantes que ha logrado sobrevivir a la descomposición ética que atraviesa amplias franjas de los afiliados a la izquierda partidaria; un grupo de luchadores sociales amenazado por gobernadores como Ulises Ruiz y políticos tradicionales de todas las siglas. Sus compañeros la sembraron el pasado 30 de abril.
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