Arizona: lo vimos venir
En noviembre de 2004, los ciudadanos de Arizona votaron a favor de una ley que exigía a las personas que para poder recibir los beneficios que concede el Estado tales como salud, ayuda alimentaria, vivienda y educación debían presentar pruebas de residencia legal. En enero del año siguiente, un juez de la corte federal de Tucson decidió que a pesar de las protestas e impugnaciones de los grupos de derechos civiles, esa ley se debía poner en práctica.
Esto para decir que la ley recientemente aprobada no nació de la nada, ni es cosa sólo de una gobernadora o de un congreso local, sino que echa raíces en la sociedad. No olvidemos la historia: hace siglo y medio México perdió más de la mitad de su territorio que pasó a formar parte de EU. Ya desde entonces, ellos se consideraban elegidos por la Providencia para un gran destino, parte del cual consistía en aumentar su territorio a costa de indios y mexicanos, ambos considerados inferiores.
Desde entonces los abusos por parte de empleadores y autoridades fueron cosa de todos los días, pero apenas a mediados de los años 70 del siglo XX se los empezó a documentar.
A principios de los 90, un señor llamado Jim Gilchrist llevó a su madre vieja a que le dieran el subsidio federal a que tenía derecho. “Me dijeron que no se lo podían dar porque los 200 millones de dólares que les habían asignado para ese propósito, ya se habían gastado en los muchos ilegales que llegaban para pedir ayuda. ¿Qué pasa en este país? ¿No es América para los americanos?, me pregunté. Lamentablemente vi que no lo era y decidí que hay que sacar de aquí a cualquiera que no sea de los nuestros, legal o no”.
Para cumplir con ese propósito, se juntó con otros rancheros que formaron un grupo armado llamado Minutemen, cuyo objetivo es cazar ilegales. En el anuncio de internet con el que invitan a sumarse a la causa, aparece el Tío Sam apuntando su dedo índice sobre un letrero que dice: “Estados Unidos te necesita. ¿Te interesaría ser parte de un grupo de voluntarios que impida la entrada de ilegales a nuestro territorio?”
Arizona es el estado por donde más indocumentados cruzan a Estados Unidos. Del más o menos un millón de personas que son detenidas por la Patrulla Fronteriza en un año, una de cada cinco cruzó por allí. A muchos arizonianos les desagrada esa inmigración, no les gusta el dinero que les cuestan los ilegales, sea porque les tienen que dar servicios o porque los tienen que mantener en la cárcel. Cuando era gobernadora, Janet Napolitano (que ahora trabaja para Obama, quien dice estar en contra de estas leyes) le pidió al gobierno federal que le devolviera los millones de dólares que le costaban al estado los ilegales delincuentes y lo mismo que todos los gobernadores, pidió más elementos y más presupuesto para la Patrulla Fronteriza. Hasta Hillary, considerada liberal y amiga de México, apoyó la construcción del muro fronterizo.
En una encuesta del Washington Post a principios del 2005, se preguntó a los ciudadanos sobre si se debería legalizar a los inmigrantes. Un 61% respondió que sí y 36% dijo que se les debía deportar. Los porcentajes sin embargo no son iguales en todas partes. En una columna de opinión en el principal diario de Arizona, un señor llamado JD Hayworth escribió que hacer eso “sería una burla” porque significaría “adaptar la ley a una conducta ilícita”. Y muchos ciudadanos dicen —y lo dicen también sus representantes locales— que hay que mandarle “mensajes a Washington”, para que “sepan allá lo que queremos acá”.
Por supuesto, hay muchos que no están de acuerdo con este tipo de leyes y se han manifestado en contra, pero por lo visto son minoría porque de otra manera la ley no habría pasado. Y lo peor: Arizona no es el único estado que hace esto. Ya Texas y California habían endurecido las medidas para evitar el paso de los indocumentados y tanto este último como Arkansas presentaron propuestas de ley similares a la de Arizona del 2004. De modo pues, que estamos frente a una situación difícil de revertir.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Esto para decir que la ley recientemente aprobada no nació de la nada, ni es cosa sólo de una gobernadora o de un congreso local, sino que echa raíces en la sociedad. No olvidemos la historia: hace siglo y medio México perdió más de la mitad de su territorio que pasó a formar parte de EU. Ya desde entonces, ellos se consideraban elegidos por la Providencia para un gran destino, parte del cual consistía en aumentar su territorio a costa de indios y mexicanos, ambos considerados inferiores.
Desde entonces los abusos por parte de empleadores y autoridades fueron cosa de todos los días, pero apenas a mediados de los años 70 del siglo XX se los empezó a documentar.
A principios de los 90, un señor llamado Jim Gilchrist llevó a su madre vieja a que le dieran el subsidio federal a que tenía derecho. “Me dijeron que no se lo podían dar porque los 200 millones de dólares que les habían asignado para ese propósito, ya se habían gastado en los muchos ilegales que llegaban para pedir ayuda. ¿Qué pasa en este país? ¿No es América para los americanos?, me pregunté. Lamentablemente vi que no lo era y decidí que hay que sacar de aquí a cualquiera que no sea de los nuestros, legal o no”.
Para cumplir con ese propósito, se juntó con otros rancheros que formaron un grupo armado llamado Minutemen, cuyo objetivo es cazar ilegales. En el anuncio de internet con el que invitan a sumarse a la causa, aparece el Tío Sam apuntando su dedo índice sobre un letrero que dice: “Estados Unidos te necesita. ¿Te interesaría ser parte de un grupo de voluntarios que impida la entrada de ilegales a nuestro territorio?”
Arizona es el estado por donde más indocumentados cruzan a Estados Unidos. Del más o menos un millón de personas que son detenidas por la Patrulla Fronteriza en un año, una de cada cinco cruzó por allí. A muchos arizonianos les desagrada esa inmigración, no les gusta el dinero que les cuestan los ilegales, sea porque les tienen que dar servicios o porque los tienen que mantener en la cárcel. Cuando era gobernadora, Janet Napolitano (que ahora trabaja para Obama, quien dice estar en contra de estas leyes) le pidió al gobierno federal que le devolviera los millones de dólares que le costaban al estado los ilegales delincuentes y lo mismo que todos los gobernadores, pidió más elementos y más presupuesto para la Patrulla Fronteriza. Hasta Hillary, considerada liberal y amiga de México, apoyó la construcción del muro fronterizo.
En una encuesta del Washington Post a principios del 2005, se preguntó a los ciudadanos sobre si se debería legalizar a los inmigrantes. Un 61% respondió que sí y 36% dijo que se les debía deportar. Los porcentajes sin embargo no son iguales en todas partes. En una columna de opinión en el principal diario de Arizona, un señor llamado JD Hayworth escribió que hacer eso “sería una burla” porque significaría “adaptar la ley a una conducta ilícita”. Y muchos ciudadanos dicen —y lo dicen también sus representantes locales— que hay que mandarle “mensajes a Washington”, para que “sepan allá lo que queremos acá”.
Por supuesto, hay muchos que no están de acuerdo con este tipo de leyes y se han manifestado en contra, pero por lo visto son minoría porque de otra manera la ley no habría pasado. Y lo peor: Arizona no es el único estado que hace esto. Ya Texas y California habían endurecido las medidas para evitar el paso de los indocumentados y tanto este último como Arkansas presentaron propuestas de ley similares a la de Arizona del 2004. De modo pues, que estamos frente a una situación difícil de revertir.
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
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