Hay hechos tan emblemáticos que determinan cambios históricos. Recordemos el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 
Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La opinión internacional sugiere que la desaparición de Diego Fernández de Cevallos es un suceso que obliga al gobierno de México a replantear su estrategia de seguridad. A repensar el camino sin salida en que ha enrumbado a la nación.
Hace tiempo que un acontecimiento no suscitaba tal unanimidad de la prensa. Todos los periódicos nacionales encabezaron al día siguiente sus ediciones con el relato de la agresión. La sensibilidad ciudadana calibró la magnitud del acontecimiento: confirmó la extrema vulnerabilidad de los poderes públicos y la indefensión que extingue potencialmente la vida de todos los mexicanos.
El discurso oficial corrió en sentido opuesto a la gravedad del atentado. El “apagón informativo” como resorte autodefensivo. El Ejecutivo y sus socios ratificaron la existencia de un estado de sitio. Decidieron encubrir sus debilidades por medio del silencio decretado, del mismo modo que lo hizo Bush en la guerra de Irak. Suprimieron el derecho a la información y abolieron el debate público sobre acontecimientos significantes.
Tapar el sol con un dedo fue la consigna. Los argumentos de Televisa son pueriles: para proteger a la víctima se suspendería toda información “hasta el desenlace”. Además, que no hay “hechos nuevos” que comunicar. La doble virtualidad en que se funda la televisión mexicana: la sobredimensión de acontecimientos banales y el ocultamiento de las realidades profundas.
El mayor vicio de la comunicación “factual” es la clausura de la perspectiva y la reflexión. Un atentado contra una personalidad política es un hecho político mientras no se demuestre lo contrario. Merece análisis y discusión sobre sus posibles causas y consecuencias. Trascender del “hecho diverso” al tejido de las relaciones que lo determinaron. Saltar de la anécdota a la categoría.
Con independencia del juicio que cada quien tenga sobre la personalidad de Diego y su papel en la transición, se trata de un miembro por demás prominente del partido en el gobierno. También de un hombre de enlace con personalidades del antiguo régimen, intereses privados y la judicatura. Por ello, la tesis propalada de que fuese además contacto con dirigentes del crimen organizado debiera cuando menos ser explorada.
Toda represión informativa alienta la especulación en vez de disuadirla. Las cuatro pistas de la investigación abierta por la Procuraduría carecen de seguimiento. La del secuestro por motivos económicos es poco plausible: los expertos coinciden en que el atentado a un político genera reverberaciones que frustran la operación. Las relacionadas con venganza personal, laboral o profesional no pueden ser descartadas, aunque se resuelven generalmente por un balazo; hipótesis que Manuel Espino manejó, aunque luego se retractara.
Los datos disponibles y la cronología de los acontecimientos hacen pensar en un acto perpetrado por el narcotráfico, a título de represalia o moneda de cambio. Comentaristas subrayan la coincidencia del levantón del barón de la droga Nacho Coronel con la desaparición de Fernández de Cevallos. Zapatero, después de hablar con Calderón, la califica como “secuestro”, condena la “criminalidad” y aplaude la “lucha ejemplar” del gobierno mexicano, aumentando la sospecha.
La reacción del Ejecutivo es particularmente confusa; rechaza la evidencia del secuestro, afirma que se trata de un “misterio” y termina con un llamado deportivo: ¡Vamos a encontrar a Diego Fernández! Podría haber otorgado al hecho tintes heroicos, aceptando su vinculación con la guerra que ha desatado, pero ha optado por la ambigüedad y el ocultamiento para ganar tiempo y dejar abiertos los espacios del intercambio.
Calderón sostiene que los criminales le “mandan mensajes por otras vías”. Habría que saber cuáles. A la sociedad le han enviado uno muy claro: su capacidad de desafío al Estado y tal vez su decisión de copar los procesos políticos. La advertencia es en extremo amenazante.
Diputado federal del PT
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