MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- En medio de fuertes críticas por la opacidad del sistema de justicia militar, el próximo jueves 27 el gobierno de México será sometido a un nuevo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), ahora por la agresión sexual de que fue objeto la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército Mexicano, en febrero de 2002.
En aquel entonces, Valentina tenía 17 años y vivía en la comunidad de Barranca Tecuaní, municipio de Acatepec. Mientras lavaba ropa en el río, ocho soldados del Ejército la sometieron, la interrogaron sobre la supuesta presencia de guerrilleros en la zona, y dos soldados la violaron sexualmente mientras el resto resguardaba la escena del crimen.
Este caso es el segundo en su tipo que llega hasta la Coidh –el otro es el de Inés Fernández Ortega-- luego de que el Estado mexicano ignorara las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2009, la CIDH demandó al máximo tribunal interamericano que declarara responsable al Estado mexicano por “la violación y tortura” de Valentina Rosendo Cantú; por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables”; por remitir el caso al fuero militar, así como por “las dificultades que enfrentan personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud”.
En conferencia de prensa, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que representa a Valentina, denunció amenazas y actos intimidatorios en contra de familiares, de defensores y de las agrupaciones indígenas que han respaldado la denuncia de Rosendo Cantú.
“Mientras se ha ido acercando la fecha para que se lleven a cabo las audiencias en la Coidh han aumentado los actos de intimidación –explicó--; el fin de semana la hija de Inés Fernández, de 12 años, fue interceptada por hombres que la amenazaron de muerte a ella y a su familia bajo la advertencia de que dejaran de denunciar lo ocurrido a su mamá.
“Estos hechos son gravísimos, tomando en cuenta que el caso de Inés fue desahogado por la Coidh el 15 de abril pasado, en Lima, Perú, y que, supuestamente, cuenta con medidas provisionales dictadas por ese tribunal; por supuesto que el mensaje va más allá, es un intento de intimidar a Valentina y su defensa, a unos días de que su caso sea ventilado en San José, Costa Rica”, resaltó Barrera Hernández.
El activista informó que hasta diciembre del año pasado, Tlachinollan había presentado siete denuncias por agresiones contra miembros de organizaciones indígenas; pero en lo que va del año se presentaron 11 más por las amenazas y actos de intimidación “que buscan dejar en la impunidad a militares que participaron en los abusos contra las mujeres indígenas”.
Mario Patrón Sánchez, abogado de Tlachinollan, informó que en México, el caso de Valentina “fue arrebatado” al fuero civil por el fuero militar, luego de que ésta identificó a algunos de sus agresores, todos militares, en un álbum fotográfico que le presentó el agente del Ministerio Público del Fuero Común.
La violación sexual de la indígena Rosendo Cantú, en febrero de 2002, “se dio en un contexto de lucha contrainsurgente, pues Valentina fue interrogada por los militares sobre presuntos integrantes de grupos guerrilleros o ‘encapuchados’; es decir, se trata de un caso de violación sexual como método de tortura, pues a Valentina se le presentó una lista y fotografías de presuntos guerrilleros”.
Entre las peticiones de los representantes de Valentina no sólo está la sanción y castigo para los culpables de la agresión, así como la reparación del daño, sino también que “se den garantías de que hechos como ese no volverán a repetirse; que se tomen medidas para acabar con la discriminación de las mujeres indígenas para el acceso a los servicios de salud y de justicia, así como reformas legislativas en materia del fuero militar y la ley de amparo”.
A la exigencia de justicia se sumó la actriz y miembro del consejo consultivo de Tlachinollan, Ofelia Medina; el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela; el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón; y el director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Pulido.
En un comunicado de prensa también se solidarizaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todos y Todas” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vtttoria, Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
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