TIEMPO DE MUJERES

Deuda y purgas a la europea

Luis Linares Zapata

El discurso de José Luis Rodríguez Zapatero para recibir al señor Calderón a su llegada a Santillana del Mar (España) no tiene desperdicio. Al darle la bienvenida pugnó por la participación de las empresas de su país en los procesos privatizadores que, con tesón irresponsable, lleva a cabo el michoacano. Los sectores donde los ibéricos quieren una mayor tajada son, ni más ni menos, el eléctrico, las telecomunicaciones y el trasporte. Estratégicos campos que se les han ofrecido a precios de remate. En todos ellos tienen ya un pie adentro, pero quieren meter toda la bota. En cada uno tienen su quinta columna (Gil Díaz es la principal en Telefónica, pero Alfredo Elías, de CFE, no se rezaga) y una caterva adicional de cómplices voraces.

En compensación por tan generosa acogida en esos ámbitos, y otros bajo asedio (eólicas, bancos y gas, por ejemplo), el dirigente español colaboró para entregarle el premio por el buen manejo de la economía y, en especial, por la cohesión social lograda en el México de hoy que padece sus desatinos. Un eco resuena, sin embargo, desde la actual semicolonia española. Es un sonoro aullido compuesto por 60 por ciento de angustiadas voces que todavía sostienen que el panista no ganó, en buena lid, las elecciones que lo encumbraron. La profunda polarización que aquí se vive es efecto directo del atraco cometido a la voluntad popular.

Pero eso no arredra a los europeos. Saben que llevan en la buchaca un saldo en su favor en el intercambio comercial (TLC) con México por unos 25 mmdd anuales. Y, por incrementar esa cuenta, están dispuestos a otorgar premios al por mayor y forzar a sus reyes a que hagan gráciles actos de presencia ante los incautos visitantes. Las fotos de ocasión se trasmutan entonces en material difundible y no pocos mandatarios latinoamericanos las usan, además, para su egoteca. Latinoamérica, para los europeos, es un inmenso solar de donde al menos los españoles planean obtener 50 por ciento de su bienestar y, por desgracia para los neoconquistados, lo están logrando.

Pero el viejo continente ha entrado en tribulaciones de gran envergadura y explosiva trascendencia. Y busca quién, o quiénes, serán los coadyuvantes que alivien sus pesares. Varios oficiosos vuelan ya presurosos al rescate. Recibirán, a cambio de su colaboración, alguna corcholata, pergamino o estrellita por cuestionadas valentías varias. Lo cierto es que, cinco de los países periféricos de la unión (Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia; PIGS, en inglés) se han endrogado por cerca de 4 billones de dólares, bastante más allá de lo que producen y trafican en un año (PIB). Unas cuatro veces el PIB de México. Los PIGS, además, concentran sus deudas en tres naciones centrales, Alemania, Francia y Gran Bretaña (FAB). A los bancos del FAB los PIGS les deben un tanto más de 2 billones de dólares, 52 por ciento de su deuda total. Es por eso que la alarma ha sonado en los famosos mercados y los especuladores se soban las manos apostando a cesación de pagos y otros filones donde sacar raja.

Las condiciones impuestas a Grecia para que refinancie su enorme deuda son tan amargas y prolongadas que no podrán ser absorbidas en el tiempo por el grueso de su sociedad. El castigo se ha recargado, como usualmente sucede, sobre los trabajadores, los pensionados y los pequeños empresarios. Y todas esas penurias tienen un propósito: salvar a los bancos franceses, alemanes y británicos que son los acreedores bajo escrutinio. Algo similar a lo sucedido a México bajo la administración de Zedillo, el último (por fortuna) de los priístas en Los Pinos y por ahora trasnacionalizado. Bill Clinton le prestó, de una cuenta especial, 20 millones de dólares para que se le pudiera pagar a los hedge funds de Wall Street, titulares de los tristemente famosos tesobonos. El PIB mexicano se fue a pique y, al día de hoy, la hacienda pública sigue pagando el desaguisado (IPAB) para regocijo de los bancos locales.

Pero con los griegos no acaban las tribulaciones de los europeos: simplemente empezaron con ellos. Cualquiera de los adicionales manirrotos endeudados que se tambalee podría desatar una cadena indetenible de quiebras y pánico ante la cual el fondo anunciado a las carreras, por 720 mil millones de euros (mmde), poco podrá detener. Sería una debacle mucho más espectacular que la ocurrida cuando quebró el primer banco (LB) en Estados Unidos que originó la reciente crisis global.

El caso español, sin embargo, es bastante singular. La enorme deuda externa no la ha contraído el gobierno en su totalidad. La mayúscula porción la tomaron particulares (grandes empresas), ciertamente con avales públicos. Los españoles y sus consorcios con aspiraciones imperiales tuvieron su frenesí expansionista a costa de apalancar sus aventuras. El teatro escogido para sus correrías fue Latinoamérica. Ahora han comenzado a pagar las consecuencias. Pero, en lugar de elevar impuestos al gran capital, controlar el dinero negro, reducir gastos militares o castigar a los bancos que han salido beneficiados en extremo, Rodríguez Zapatero ensaya su plan de austeridad recargándose, como enseña el FMI, en los beneficios sociales y el bienestar de los trabajadores.

En la España bajo el socialismo, el programa de recortar 15 mmde al gasto fiscal para 2010, recién anunciado, lleva una ruta de confrontación con sustantiva parte de la sociedad de ese país. El contenido de la propuesta fue lanzado de manera apresurada y en contra de los postulados del PSOE, partido en el poder. La presión desatada por los acreedores, el mismo Barack Obama y los feroces especuladores de gran tamaño fue demasiado para el asediado gobierno español. Pero sus problemas no terminan o se agotan en lo económico. Su entramado de justicia ha entrado en un túnel de descrédito (juez Baltasar Garzón) mundial y su democracia parece incapaz de zanjar el turbio pasado franquista. Los crímenes del fascismo español no serán tocados mientras una coalición reaccionaria maneje los hilos del poder en esa nación que se pensaba una democracia madura.

EU: justicia militar e hipocresía

Editorial La Jornada

David Johnson, subsecretario estadunidense de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional, dijo ayer, en el contexto de una comparecencia ante el subcomité de Derechos Humanos del Senado del vecino país, que la justicia militar mexicana debe avanzar en la transparencia y señaló, a renglón seguido, que el Pentágono ha brindado asesoría a sus contrapartes en esa materia.

Las declaraciones del funcionario estadunidense tienen como inevitable telón de fondo el crecimiento exponencial de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en el curso de la guerra contra la delincuencia emprendida por la administración actual: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 las quejas contra abusos del Ejército se incrementaron 300 por ciento, en tanto las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones graves a las garantías individuales aumentaron 400 por ciento. Tales cifras apuntan a una situación indignante e inaceptable que, por añadidura, coloca a las fuerzas armadas y a los mandos civiles, responsables últimos de la decisión de desplegar a los efectivos castrenses en tareas que les son constitucionalmente ajenas –como el combate a la delincuencia organizada–, ante la mirada y el juicio internacionales: ayer mismo, la organización Human Rights Watch llamó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a presionar al gobierno calderonista para que cumpla con los requisitos de derechos humanos previstos en la Iniciativa Mérida, puesto que virtualmente todos los abusos militares contra civiles (cometidos en México) quedan impunes.

Lo anterior evidencia la necesidad de avanzar a un sistema de justicia militar que permita esclarecer los atropellos de uniformados contra la población y castigar a los responsables. Por ello, es preocupante y desalentador que en el dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional recientemente aprobado por el Senado de la República se haya omitido establecer con toda claridad que los abusos militares contra civiles deben ser sancionados por cortes civiles: como han señalado diversos críticos, dicha omisión hace posible que los involucrados en esos episodios sean juzgados por tribunales castrenses –pese a que la Constitución, en su artículo 13, restringe claramente el fuero de guerra a casos de delitos y faltas contra la disciplina militar– y deja intactos los actuales espacios para la impunidad.

Al margen de la exasperante situación mexicana en materia de violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos castrenses, los llamados a transparentar las investigaciones en torno a tales atropellos provienen de un Estado cuyo expediente en ese ámbito ha estado marcado por incontables tropelías y crímenes gravísimos, entre los que destacan los campos de concentración de Abu Ghraib, en Irak; Bagram, en Afganistán, y Guantánamo, en Cuba; las redes de secuestro y vuelos clandestinos de la CIA, y los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra las poblaciones afgana e iraquí. En casi todos esos casos, la actuación de la justicia militar estadunidense se ha traducido en impunidad total para los responsables intelectuales y materiales.

Hasta ahora, los propósitos del viraje de la administración Obama en éste y otros terrenos no han pasado de ser –salvo en algunos casos aislados– buenas intenciones, y ello debe atribuirse a las resistencias del aparato gubernamental de ese país, empezando por los departamentos de Defensa y de Estado, a abandonar las viejas prácticas intervencionistas, belicistas y hegemónicas de Washington, que se traducen, a fin de cuentas, en masivas violaciones a garantías.

En suma, México tiene mucho que avanzar en materia de justicia militar y respeto a los derechos humanos, pero el gobierno de Estados Unidos carece hasta ahora, con el campo de concentración de Guantánamo aún abierto, de autoridad moral para erigirse en referente y ejemplo.

El mundo aparente es la mentira

Alejandro Nadal

La mejor metáfora de la crisis está en el derrame de petróleo en el Golfo de México. En las profundidades del mar se desplazan gigantescos ríos submarinos de crudo, amenaza invisible que tarde o temprano, al igual que los activos tóxicos, llegará a la superficie. British Petroleum, la compañía que se ufanaba de estar a la vanguardia de la tecnología de perforación submarina, es como Goldman Sachs, la firma de Wall Street que estuvo siempre en la frontera de la innovación financiera. Ambas mintieron, ocultaron y especularon con una confianza prefabricada artificialmente entre el público.

Los derivados puestos en circulación por Goldman Sachs colocaron los activos chatarra en las hojas de balance de instituciones financieras en todo el mundo. El derrame de BP no tiene fronteras. Y los accidentes industriales en sus instalaciones configuran una larga lista. Incluye la explosión en la refinería en Texas City en 2005 (15 muertes). Al igual que el sector financiero, BP y las grandes corporaciones petroleras han estado trabajando al amparo de la desregulación aplicada por el dúo Bush-Cheney: nosotros sabemos lo que estamos haciendo.

El derrame de BP contamina ecosistemas del Golfo de México y pronto entrarán en la corriente del golfo. Al igual que los activos tóxicos, acabará por llegar a las costas de Europa.

Tanto Goldman Sachs como BP han mentido una y otra vez sobre los efectos negativos de sus actos. Goldman Sachs ayudó a disfrazar el monto de la deuda griega y en el fondo del mar de cifras de los mercados financieros yace oculta la amenaza de más activos tóxicos. Por su parte, British Petroleum ha buscado engañar a la opinión pública sobre el volumen de crudo que escapa sin control desde que explotó la plataforma Deepwater Horizon.

No tenemos ninguna falla en la administración de nuestras instalaciones, dijo antes de ayer en el Senado el gerente general de BP en Estados Unidos. Extraordinaria declaración: 11 trabajadores muertos en la explosión y el peor desastre ambiental en la sucia historia de la industria petrolera y ¿no hay nada malo con la administración? Cara dura.

Goldman Sachs ha recibido sumas astronómicas para reactivar sus actividades desde que comenzó la crisis. Y debe sorprender a nadie. Esta firma ha recibido el sobrenombre de Government Sachs por la cantidad de ejecutivos que han salido de sus oficinas para ocupar altos puestos en Washington (Robert Rubin, Henry Paulson, por mencionar los más notorios).

Lo que el sector financiero ha hecho con los recursos fiscales recibidos es algo que muy pocos conocen. Y aquí también hay otro punto de comparación con el manejo que hace British Petroleum de su imagen. BP ha informado al gobierno estadunidense que ha usado 400 mil galones (1.5 millones de litros) de un dispersante químico llamado Corexit, fabricado por la compañía Nalco, cuyo consejo de administración incluye a ejecutivos de Exxon y de British Petroleum. El secreto a voces en Houston es que Corexit es un dispersante que fabrica la industria petrolera para vendérsela a sí misma. BP ha anunciado que ya compró otros 850 mil galones (3.2 millones de litros) de Corexit.

Según la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente (EPA), el Corexit es uno de los dispersantes más tóxicos y menos eficientes para enfrentar derrames de crudo como el de las costas de Luisiana. La realidad es que mientras los dispersantes ayudan a mantener las capas de crudo lejos de las playas y humedales, tienen efectos a largo plazo sobre los ecosistemas y la fauna marina. Cuando se usó el Corexit en el derrame del Exxon Valdez, varios voluntarios sufrieron infecciones y problemas de salud. Pero todo eso es irrelevante: BP necesita evitar a toda costa que la capa de petróleo suba a la superficie y manche su imagen. “Beyond Petroleum’’ (Más allá del petróleo), se anunciaba hace poco la compañía.

British Petroleum anuncia todos los días que se han desplegado cientos de miles de metros de barreras protectoras, que hay 400 barcos en operación y miles de trabajadores. Pero la historia de los derrames de petróleo enseña que en el mejor de los casos sólo se ha podido recuperar el 10 por ciento del crudo. Y este desastre es único por tratarse de un pozo a gran profundidad, dos factores que cambian todo. El derrame puede durar semanas o meses.

Todos los días aparecen nuevos titulares sobre los avances de BP en el control del derrame, sólo para ser desmentidos al día siguiente en una noticia escondida en las páginas interiores de los diarios. Algo parecido ocurre con la crisis económica: estamos viviendo la crisis económica y financiera más fuerte en 70 años. Quizás estamos entrando en la fase más peligrosa de la crisis. Pero gobiernos y corporaciones afirman que ha comenzado la recuperación.

Los medios electrónicos gustan afirmar en su propaganda que una imagen vale más que mil palabras. En verdad, las imágenes mucho ocultan. En su contorno desfila el mundo aparente, pero las causas y las consecuencias están ausentes. En la apariencia está la mentira.