Reforma que permite a padres irresponsables pagar una multa
Por Glad
is Torres Ruiz
México, D.F 21 may 10 (CIMAC).- Además de que el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, en Baja California, obliga a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado, el Congreso local aprobó una reforma con la que los “padres irresponsables” podrían evadir el pago de la pensión alimentaria, denunció la diputada federal Enoé Uranga Muñoz.
La legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó en entrevista telefónica que con esta reforma luego de que la mujer denuncia el incumplimiento de la pensión, el juez decide la multa que se le impondrá al acusado y “con el pago, el hombre queda liberado de toda responsabilidad”, ya que la mujer tendrá que llevar nuevamente a juicio la pensión cada vez que incumpla, “es un círculo que no tiene final”.
Ante ello, en una carta Uranga Muñoz, exhortó al gobernador de esa entidad, Osuna Millán, a no publicar la reforma, aprobada por el Congreso local, que adiciona un párrafo al Artículo 235 del Código Penal estatal para permitir que quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimentarias, de las y los menores de 18 años, evada esta obligación mediante el pago de 10 a 50 días de multa.
“Al publicar dicho decreto, usted se haría cómplice de una simulación tramposa con la que los padres irresponsables quedarían protegidos por su gobierno y el Congreso local para evadir el pago de la pensión alimentaria, como es el mandato de la Constitución Política”, enfatizó.
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, advirtió que de publicarse dicha reforma Baja California, se coronaría como “el baluarte del machismo y la misoginia que priva en el país”.
“Por un lado, le niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y las obligan a continuar un embarazo no deseado, incluso a riesgo de su propia vida, y, por otro, liberan a los hombres de su responsabilidad paterna. Son el aberrante retrato del atraso institucionalizado por políticos retrógradas con aspiraciones obtusas de sujeción de las mujeres y abandono de los hijos”.
El 23 de octubre de 2009, el Congreso de Baja California, aprobó la modificación el Artículo 7º de la Constitución local, para proteger la vida desde el momento de la concepción y criminalizar a las mujeres que se realicen un aborto aún en caso de violación.
La iniciativa fue presentada por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Encuentro Social (PES) nuevo partido de filiación cristiana, y Nueva Alianza (Panal), a través de la diputada panista Gloria Loza, quien es presidenta de la Comisión estatal de Equidad y Género.
Cabe destacar que la votación de la reforma que criminaliza el aborto, había sido pospuesta en seis ocasiones anteriores, pero ese día, denunciaron las organizaciones de mujeres, se aprobó de forma sorpresiva y sin haber consultado con la sociedad.
Enoé Uranga Muñoz, consideró que, en caso de concretarse la publicación, de la ley referente a pensiones alimentarias, el estado ahora también estaría retrocediendo gravemente en la defensa del interés superior de las niñas y los niños, que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Con lo que, también estaría violando los tratados internacionales signados por México, así como el Artículo 8º de la Carta Constituyente de ese Estado y, peor aún, del Artículo 4º. de la Constitución mexicana.
OTRO ALBAZO DEL PAN CONTRA LAS MUJERES
El 31 de julio del año pasado, la diputada Adriana Guadalupe Sánchez Martínez, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma y adición al artículo 235; fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación.
El documento fue aprobado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el 23 de abril de este año.
Posteriormente, el pasado jueves 13 de mayo, durante una jornada nocturna y sin realizar una previa consulta a la sociedad civil, ni a las mujeres bajacalifornianas, el Congreso de Baja California aprobó reformar el artículo 235 del Código Penal Estatal.
Con ella, se permitirá a quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimenticias, evada la obligación a través de una sanción alternativa como una multa económica menor de entre 10 y 50 salarios mínimos.
Lo anterior lo denunciaron en comunicado de prensa organizaciones de mujeres en el estado, mismas que precisan que el artículo que se aprobó da como opción “dos sanciones”: una que se refiere a la privación de la libertad que va de 3 meses a cuatro años o una sanción alternativa monetaria, la cual consiste en 10 a 50 salarios mínimos.
“El juez, al momento de sentenciar al inculpado por mandato constitucional tiene que optar por la sanción económica, por lo que si se cumple o no con las otras estipulaciones es intrascendente”, explicaron.
Mujeres por un Mundo mejor, Mujeres Unidas Olympia de Gouges, BC Libre, Consorcio por el Dialogo y la Equidad Parlamentaria, Gente Diversa de Baja California, entre otras, denunciaron que con esta nueva modificación quien retrase o se niegue a pagar pensión alimenticia, violentando los derechos de quien posee la tutela (por lo general mujeres) y de la o el menor de edad, sólo pagará una multa de entre 574 y 2 mil 873 pesos, cuando anteriormente tendría como repercusión la privación de la libertad.
Ante estos hechos la diputada Uranga Muñoz, advirtió que de ser necesario, apelará ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes para evitar que, mediante un “truco legal de padres irresponsables”, se pretenda dejar a las y los niños sin la protección establecida en la Constitución mexicana.
is Torres RuizMéxico, D.F 21 may 10 (CIMAC).- Además de que el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, en Baja California, obliga a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado, el Congreso local aprobó una reforma con la que los “padres irresponsables” podrían evadir el pago de la pensión alimentaria, denunció la diputada federal Enoé Uranga Muñoz.
La legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó en entrevista telefónica que con esta reforma luego de que la mujer denuncia el incumplimiento de la pensión, el juez decide la multa que se le impondrá al acusado y “con el pago, el hombre queda liberado de toda responsabilidad”, ya que la mujer tendrá que llevar nuevamente a juicio la pensión cada vez que incumpla, “es un círculo que no tiene final”.
Ante ello, en una carta Uranga Muñoz, exhortó al gobernador de esa entidad, Osuna Millán, a no publicar la reforma, aprobada por el Congreso local, que adiciona un párrafo al Artículo 235 del Código Penal estatal para permitir que quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimentarias, de las y los menores de 18 años, evada esta obligación mediante el pago de 10 a 50 días de multa.
“Al publicar dicho decreto, usted se haría cómplice de una simulación tramposa con la que los padres irresponsables quedarían protegidos por su gobierno y el Congreso local para evadir el pago de la pensión alimentaria, como es el mandato de la Constitución Política”, enfatizó.
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, advirtió que de publicarse dicha reforma Baja California, se coronaría como “el baluarte del machismo y la misoginia que priva en el país”.
“Por un lado, le niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y las obligan a continuar un embarazo no deseado, incluso a riesgo de su propia vida, y, por otro, liberan a los hombres de su responsabilidad paterna. Son el aberrante retrato del atraso institucionalizado por políticos retrógradas con aspiraciones obtusas de sujeción de las mujeres y abandono de los hijos”.
El 23 de octubre de 2009, el Congreso de Baja California, aprobó la modificación el Artículo 7º de la Constitución local, para proteger la vida desde el momento de la concepción y criminalizar a las mujeres que se realicen un aborto aún en caso de violación.
La iniciativa fue presentada por integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Encuentro Social (PES) nuevo partido de filiación cristiana, y Nueva Alianza (Panal), a través de la diputada panista Gloria Loza, quien es presidenta de la Comisión estatal de Equidad y Género.
Cabe destacar que la votación de la reforma que criminaliza el aborto, había sido pospuesta en seis ocasiones anteriores, pero ese día, denunciaron las organizaciones de mujeres, se aprobó de forma sorpresiva y sin haber consultado con la sociedad.
Enoé Uranga Muñoz, consideró que, en caso de concretarse la publicación, de la ley referente a pensiones alimentarias, el estado ahora también estaría retrocediendo gravemente en la defensa del interés superior de las niñas y los niños, que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Con lo que, también estaría violando los tratados internacionales signados por México, así como el Artículo 8º de la Carta Constituyente de ese Estado y, peor aún, del Artículo 4º. de la Constitución mexicana.
OTRO ALBAZO DEL PAN CONTRA LAS MUJERES
El 31 de julio del año pasado, la diputada Adriana Guadalupe Sánchez Martínez, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma y adición al artículo 235; fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación.
El documento fue aprobado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el 23 de abril de este año.
Posteriormente, el pasado jueves 13 de mayo, durante una jornada nocturna y sin realizar una previa consulta a la sociedad civil, ni a las mujeres bajacalifornianas, el Congreso de Baja California aprobó reformar el artículo 235 del Código Penal Estatal.
Con ella, se permitirá a quien tenga el deber legal de cubrir las pensiones alimenticias, evada la obligación a través de una sanción alternativa como una multa económica menor de entre 10 y 50 salarios mínimos.
Lo anterior lo denunciaron en comunicado de prensa organizaciones de mujeres en el estado, mismas que precisan que el artículo que se aprobó da como opción “dos sanciones”: una que se refiere a la privación de la libertad que va de 3 meses a cuatro años o una sanción alternativa monetaria, la cual consiste en 10 a 50 salarios mínimos.
“El juez, al momento de sentenciar al inculpado por mandato constitucional tiene que optar por la sanción económica, por lo que si se cumple o no con las otras estipulaciones es intrascendente”, explicaron.
Mujeres por un Mundo mejor, Mujeres Unidas Olympia de Gouges, BC Libre, Consorcio por el Dialogo y la Equidad Parlamentaria, Gente Diversa de Baja California, entre otras, denunciaron que con esta nueva modificación quien retrase o se niegue a pagar pensión alimenticia, violentando los derechos de quien posee la tutela (por lo general mujeres) y de la o el menor de edad, sólo pagará una multa de entre 574 y 2 mil 873 pesos, cuando anteriormente tendría como repercusión la privación de la libertad.
Ante estos hechos la diputada Uranga Muñoz, advirtió que de ser necesario, apelará ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes para evitar que, mediante un “truco legal de padres irresponsables”, se pretenda dejar a las y los niños sin la protección establecida en la Constitución mexicana.
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