TIEMPO DE MUJERES

Soberanía: claudicación creciente

Editorial La Jornada-

Ayer, en el contexto de su visita oficial a Estados Unidos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, depositó una ofrenda floral ante la Tumba del Soldado Desconocido, en el cementerio de Arlington, Virginia, en homenaje a los soldados mexicano-estadunidenses muertos en campañas militares de Estados Unidos. El gobernante rompió así el veto tácito, mantenido a lo largo de los sexenios anteriores, que impedía a un jefe de Estado mexicano visitar ese sitio. El motivo de esta reserva simbólica estuvo siempre a la vista: en Arlington están enterrados elementos militares estadunidenses que participaron en las diversas agresiones armadas perpetradas por el vecino país del norte contra el nuestro, incluidas aquellas por medio de las cuales Washington arrebató a México algo más de la mitad de su territorio, así como los criminales e injustificables ataque y ocupación del puerto de Veracruz (abril-noviembre de 1914).

Si bien es cierto que la geografía y la economía hacen pertinente y necesario, en el periodo actual, la construcción de una relación bilateral fluida, productiva y hasta cordial, no por ello debe olvidarse que Estados Unidos ha sido, desde hace dos siglos, la principal amenaza a la seguridad nacional y el más prominente responsable de agravios contra la soberanía y la integridad mexicanas.

Una visita de Estado a Arlington equivale, pues, a aceptar ofensas por las cuales nunca se ha expresado una disculpa ni ofrecido compensación. Para colmo, el gesto era innecesario si se considera que durante las pasadas cinco décadas ha sido posible desarrollar vínculos cada vez más estrechos con el gobierno del país vecino sin recurrir a la concesión realizada ayer por Calderón.

Tan improcedente como ese acto protocolario es la determinación de rendir homenaje a los soldados de origen mexicano caídos en las guerras estadunidenses, toda vez que, con ello, el gobierno de México da su aprobación a tales empresas bélicas, invariablemente contrarias al derecho internacional, violatorias de las soberanías nacionales y de los derechos humanos. En Arlington están enterrados los soldados estadunidenses muertos en Panamá, en Afganistán y en Irak, por mencionar sólo las más significativas aventuras militares de décadas recientes, todas ellas tan teñidas de atrocidad y de espíritu de rapiña como las lanzadas por Washington contra nuestro país en los siglos XIX y XX.

Por lo demás, es inevitable ver en la presencia de Calderón en Arlington un episodio más de claudicación a la soberanía, el más reciente en lo que constituye una pauta claramente definida: la firma de la Iniciativa Mérida, por medio de la cual se dio potestad a agencias y cuerpos militares estadunidenses a inmiscuirse en asuntos internos, así fuera por medio de asesorías, trabajo de inteligencia y suministro de armas, pertrechos y vehículos; el empeño calderonista por entregar partes sustanciales de la industria petrolera, que por mandato constitucional es propiedad y actividad exclusiva de la nación, a empresas trasnacionales, muchas de ellas estadunidenses, y la deplorable decisión, anunciada en marzo pasado y vigente desde mayo, de renunciar a la visa mexicana como requisito para ingresar al territorio nacional y aceptar, en su lugar, el documento análogo emitido por el gobierno de Estados Unidos. Además, anteayer, cuando Calderón se encontraba en Washington, las autoridades mexicanas pidieron el auxilio de la DEA y la FBI en la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad sufrida por Diego Fernández de Cevallos. Con esa petición, los funcionarios mexicanos encargados de la procuración de justicia y de la investigación de delitos no sólo admiten en forma tácita su incapacidad, sino subrayan la actitud clasista y discriminatoria que los gobiernos federal y queretano han mantenido en torno al plagio del político panista: hasta ahora, semejante cesión de soberanía no se había realizado por ninguna de las víctimas inocentes de la descontrolada violencia en la que ha desembocado la guerra contra la delincuencia organizada.

Ombudsman del migrante: una urgencia nacional

Jaime Martínez Veloz

La complejidad propia del problema migratorio y, particularmente, las situaciones relacionadas con la defensa de los derechos de los migrantes, requieren que, independientemente de los distintos tratados y convenciones internacionales existentes en la materia, en México se adopte un marco jurídico particular y especializado que los atienda en forma institucional.

La protección a los migrantes está garantizada en la Constitución, la cual específicamente se refiere al caso de los indígenas. Esta garantía consagrada en forma expresa en la Carta Magna para los indígenas migrantes debe ser extendida a todos los mexicanos, sin importar sexo, edad y clase social. En un marco de igualdad de derechos, los beneficios deben ser para todos. Habría que agregar que varios estados de la República ya cuentan con leyes de apoyo y protección a los migrantes y sus familias, sin referirse expresamente a migrantes indígenas, lo cual propicia la necesidad de una ley federal regulatoria en la materia.

También existen disposiciones internacionales que protegen a los migrantes; por ejemplo, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que entró en vigor en julio de 2003. Sin embargo, esta convención sólo ha sido ratificada o firmada por una minoría de países, entre los que se encuentra México, pero no Estados Unidos.

Debe terminarse con la desconexión entre lo legal y lo real, revisando, perfeccionando y actualizando las normas jurídicas que garantizan el reconocimiento de los derechos inalienables del individuo y del ciudadano, se encuentre donde se encuentre y provenga de donde provenga. Es una realidad que las migraciones, aun cuando sigan siendo estigmatizadas, perseguidas y reprimidas, habrán de continuar mientras existan las condiciones que las provocan.

Una alternativa institucional viable es la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que, perteneciente al Estado mexicano, unifique la acción de las instituciones que los atienden y tenga como principal objetivo la protección de los migrantes del país.

La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura gubernamental, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos, y de los extranjeros que transitan por nuestro país. Por ello, también debe terminar el abuso de autoridad contra extranjeros de paso por nuestro territorio –y legislarse en la materia–, quienes principalmente provienen de Centro y Sudamérica.

Dentro de nuestro propio país, los migrantes requieren la asistencia para la defensa de los derechos que les otorgan las leyes mexicanas; por desconocimiento de éstos, llegan a sufrir atropellos y violaciones. Fuera del territorio, los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele sus derechos y los que les conceden las legislaciones de las naciones donde se encuentran internados.

En consecuencia, es urgente la creación de una comisión o procuraduría de protección al migrante, como organismo autónomo que se encargue de la defensa de los migrantes nacionales dentro y fuera del territorio nacional. Esta instancia sería un complemento importantísimo a la labor que realiza hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual, por sus múltiples actividades, no presta atención particular específica a la problemática de la población migrante; ésta sería la misión fundamental que tendría el nuevo organismo.

La creación de esta comisión tendría otro argumento en favor a la luz del boletín Nº 27/09 del 21 de octubre de 2009, emitido por la Secretaría de Gobernación, en el cual se afirma que, según estudios del Consejo Nacional de Población, 41 de los 50 estados del país vecino promulgaron leyes relativas a la migración en 2008; y que en ese año siete de cada 10 leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo.

La lucha y el debate político deben ser en todos los frentes. Considerando la viabilidad de que pueden tener la doble nacionalidad, los migrantes deben luchar por la obtención de la ciudadanía estadunidense, y con ello tener la posibilidad, mediante su voto, de influir en las decisiones, y acceder a los derechos económicos, sociales y políticos de que disfrutan los ciudadanos de ese país.

La organización política de los migrantes es un imperativo. Si el mundo global requiere de una democracia global, los migrantes deben tener voz y voto en la discusión de todo aquello que les afecte. Y sin que se considere una injerencia en asuntos de otro país, deben ser respaldados política e institucionalmente en ambos lados de la frontera en la defensa de sus justos derechos.

El organismo que se cree habrá de ser una instancia que constituya una firme defensa de los migrantes; que atienda y canalice sus necesidades específicas; que genere y coordine iniciativas en ese sentido; que proponga un proceso de diálogo político con la sociedad para identificar con mayor precisión la problemática migratoria, y aliente experiencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de soluciones.

Considerando que la migración es un fenómeno continental, este organismo podría incluso promover el diseño de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el desplazamiento interno y el refugio, con la idea de generar propuestas para resolver las problemáticas que son comunes en la materia a los países americanos.