La única razón por la cual existe el ejército es para la protección del bienestar de la ciu
dadanía y en cambio se comporta como una amenaza que amedrenta, humilla y asesina a personas indefensas.
Esto se entiende por los bajos niveles de preparación, desde el reclutamiento hasta la vida en los cuarteles. Evidentemente no es un ejército bien entrenado y menos aún dirigido o controlado, como corresponde al brazo armado de una república democrática y soberana. Es más, en estos momentos las fuerzas armadas constituyen un factor de riesgo para las libertades y los derechos humanos de los mexicanos, ya que pudiera llegar en el corto plazo el momento en que se acaben de transformar en una maquinaria represora, que anule cualquier tipo de iniciativa legal que acuse algo distinto a lo que la hegemonía mantiene como su orden conveniente.
Cada día son más frecuentes las noticias donde aparecen los soldados como victimarios de gente inocente y no sabemos realmente si les falta disciplina, logística o sentido común, Lo más probable es que les falta todo, inclusive racionalidad, pues actúan con excesiva brutalidad y eso es muy preocupante. La sociedad civil, utilizando las vías constitucionales como el Congreso, debiera responder de inmediato, pues se juega la poca tranquilidad y estabilidad de la nación.
El pueblo mantiene con sus impuestos al ejército, costea sus salarios, equipos, armamento, absolutamente todo; desde la construcción de cuarteles, hasta el entrenamiento y la manutención que, aún siendo una de las naciones que menos gasta en ese rubro en América Latina (2, 900 millones de dólares anuales) no deja de ser una cifra considerable. Por tanto, es inadmisible que el ejército actúe en contra de los derechos y de la vida de esos ciudadanos que pagan para mantenerlo.
Pagamos, quienes trabajamos, por tener seguridad y en cambio le damos vida a una amenaza, ya que no se ve al ejército actuar contra los verdaderos delincuentes que están identificados, inclusive como ex gobernantes: Llámense, Salinas, Zedillo, Fox y demás ladrones, junto con sus familias e innumerables amigos y socios. Todos ellos han comprometido y comprometen hoy en día, los bienes de la patria y el futuro de varias generaciones de mexicanos. Es vergonzoso y humillante ver que esas lacras se burlan, gozando sus mal habidas fortunas, de los que más padecen la pob
reza,.
¿Sirve acaso el ejército para proteger a esta delincuencia? ¿Les pagamos para que, en lugar de evitar el desastre en que los verdaderos pillos han sumido al país, maltraten, violenten y asesinen a inocentes?
¿Por qué la disciplina, la capacitación de las fuerzas armadas, no sirve para poner un alto a los latrocinios y constantes atropellos de la Constitución, de la ley y del orden, y en cambio se utilizan par castigar al pueblo? ¿No tienen inteligencia y sentido común los altos mandos militares? ¿Están coludidos con el crimen que simulan combatir, porque les es más redituable apoyar la infamia que cometen los usurpadores y espurios que dizque gobiernan? ¿Se encuentran nuestras fuerzas armadas doblegadas ante el hampa local y los yanquis? ¿No aprendieron de la historia? ¿Vendieron el patriotismo y la dignidad?
Mexicanos: es posible que hayamos perdido nuestro ejército, porque se puso al servicio de la vileza, según lo que vemos todos los días.
Los militares nos infunden temor porque no sabemos a ciencia cierta en qué bando se encuentran, ya que todo parece indicar que las tropas están comprometidas para defender únicamente a la escoria del país. Esas élites que llevan años amamantándose del trabajo y del esfuerzo de los mexicanos. ¿Dónde está el honor de los militares? ¿Por qué no defienden al pueblo que les da todo?
No es posible aceptar que los militares renuncien al patriotismo y a los principios que todo ser humano que se dice honesto y coherente debe respetar, en primer lugar la vida de los semejantes que no han cometido ningún delito. Han asesinado hasta niños, por miopía o exceso de sangre fría, lo cual es deplorable y únicamente sirve para sembrar más odio entre la sociedad. ¿De qué se trata?
Que no le suceda al ejército una vez más lo que tantas veces ha mostrado el clero, que se ha puesto invariablemente, históricamente, de parte de los usurpadores, de los explotadores, de los que mancillaron la patria, como sucedió en la Guerra de Independencia, en la Reforma, en la Revolución mexicana y sigue sucediendo en cualquier avance progresista o emancipador del pueblo.
Vimos hace cien años al ejército alinearse bajo las órdenes del efímero gobierno del sanguinario y traidor, Victoriano huerta, el asesino de Madero, el mismo que se vendió a
los norteamericanos que ambicionaban, como ahora, el petróleo y los bienes de México. Afortunadamente vencido ese ejército por los revolucionarios Villa, Obregón y Carranza, se transformó, según el curso de la historia, en un ejército que supuestamente defendería los principios de la Revolución: la tierra y la libertad, del grito de Zapata, lo mismo que la soberanía de la nación y los derechos y dignidad del pueblo.
Creímos en un ejército capaz de doblegar a los grupos del hampa y finalmente fue subordinado a los jefes de las mafias, desde EU, hasta Sinaloa. ¿Quién permanece realmente recto e intachable en el ejército mexicano? ¿Es verdad que los soldados vigilan cargamentos de droga, según el grupo o cártel favorecido? Esto es lo que se dice popularmente, inclusive en el exterior. Es importante llegar a la verdad, encarar los hechos como son. ¿Qué tan cierto es que Secretarios de la Defensa Nacional, como el general Cervantes Aguirre en el gobierno de Zedillo, operaban y aún lo hacen los actuales, junto con los “Zares antidrogas de EU”, para controlar el trasiego de estupefacientes y armas entre ambos países? Es poco convincente la “guerra” contra estos delitos, toda vez que los capitales, como producto de este negocio, se invierten impunemente en cualquier actividad económica de la “libre empresa”.
Es momento de que la sociedad reaccione, comprenda, despierte ante esta realidad amenazante. Más vale ahora porque así nos daríamos la oportunidad de salvar el destino.
En 1968 el ejército disparó contra la multitud inerme que se reunía en un mitin pacífico en la Plaza de Tlatelolco y según lo que se averiguó o salió a la luz años después, el ejército cayó en una trampa tendida por individuos sin escrúpulos que convocó a los militares a una lluvia de fuego cruzado y por tanto accionaron su armas. ¿Por qué lo hicieron contra la gente indefensa? ¿No les funcionaban los ojos, los oídos y los cerebros?
Se convirtieron de cualquier forma en asesinos y no ha aparecido nada que los absuelva.
El peligro ahora es que ese tipo de hechos se vuelva a repetir. Ojala que el próximo 16 de septiembre los militares se queden en sus cuarteles, puesto que no merecen el honor de que el pueblo los acompañe a desfilar. ¿A quién le apetece aclamar verdugos? Los mexicanos unidos deseamos que nuestro ejército demuestre que puede recuperar el respeto que tanto orgullo nos daría tener. Tal vez así los acompañaremos en el desfile en el 2011.
Espero que para entonces no se encuentre el país en manos del ejército, mediante un golpe militar como el que le costó a Argentina 30 mil víctimas, muchas de ellas hasta hoy desparecidas.
Ahora son esqueletos fríos que descansan en el lecho del mar o bajo capas de tierra de algún paraje perdido. No conformes ni satisfechos de tanta infamia, esos criminales mentalmente deformes, asesinos de gente que defendía ideales, les arrebataron sus hijos recién nacidos para entregarlos a familias o quien sabe a qué manos que se mancharon de lágrimas y tremendo dolor.
¿Eso hará el ejército mexicano?, ¿mutilará esfuerzos, segará vidas, acabará con anhelos de libertad, con generaciones de talentos?
Según lo que vemos ocurrir diariamente, hacia allá enfilan sus baterías, apuntan con sus armas. Por tanto, nuevamente, mexicanos, hagamos valer la razón. Este año, por todo lo que representa históricamente, es decisivo.
www.carlosvilaguzma.blogspot.
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El doctor José Luis Camba Arriola es egresado de la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó estudios en Sociología y Ciencias Políticas, especializándose en Sociología Política (Sociología del Poder: redes y mecanismos formales e informales). Actualmente es consultor político y analista. Después de una temporada fuera por motivos personales, volverá a enviar sus análisis sociopolíticos de forma periódica, a través de Difunet.
s Camba Arriola.México, D. F., a 17 de mayo de 2010
La verdad es que para lo mismo que en 1810 y en 1910 respectivamente. Centenar y bicentenar de ocasiones lo confirman. Las personas se están acostumbrando tanto al absurdo de que los militares se ocupen de cuestiones civiles que los políticos (al fin personas también, un poco extrañas, pero personas) buscan la manera de legalizarlo con el aplauso generalizado de los comunicadores. Nos dicen que para proteger los derechos fundamentales y castigar a los miembros de las fuerzas armadas que los violen. Por su parte, algunos militares (también personas, menos extrañas que los políticos, pero también extrañas) han propuesto que mejor los dejen trabajar con más holgura y reduzcan un poquito los derechos fundamentales, mientras acaban con tanto delincuente de ambos fueros.
Postura a la que los comunicadores, lógicamente se oponen, pues están de acuerdo con la de que se mantengan los derechos y se castiguen los abusos. Por último, estamos algunos otros que consideramos que ambos están equivocados pues parten de un punto de vista común, erróneo de origen. A saber, que los militares deben combatir al “Crimen Organizado” (a mí me parece que tanto matadero parece harto desorganizado). Volvamos un momento a los orígenes.
Seamos prácticos, teoricemos:
“Artículo 129.- En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” No deja lugar a dudas: en tiempo de paz, los militares solamente pueden dedicarse a cuestiones relacionadas con su disciplina. Ahora bien, que yo sepa, y aunque a veces parezca lo contrario, vivimos tiempos de paz.
Entonces, si esto es así, las fuerzas armadas se encuentran imposibilitadas, constitucionalmente, para tomar el control de asentamiento humano alguno, sin importar el número de asesinatos que se cometan en éstos, los quilos de droga que se merquen o la cantidad de dinero que se lave, riegue o reparta.. Y es que en 1917, cuando se redactó nuestra Constitución, los autores ni siquiera tuvieron que discutir las funciones de los militares. Lo tenían muy claro, sobre todo porque la Carta Magna que se estaba reescribiendo marcaba el fin de la más grave guerra popular que México hubiese vivido hasta entonces. El papel de los militares en tiempos de paz no debía interferir, bajo ningún pretexto, con la vida civil. Demasiados ejemplos de ello nos había dejado la historia de la política decimonónica. El riesgo de que el mayor monopolio de fuerza del Estado se corrompiera con tentaciones de poder tenía que ser suprimido. La sociedad debía resolver sus conflictos con medios civiles.
El papel de los militares debía circunscribirse a inhibir, con su existencia y continua profesionalización, las amenazas a la soberanía. Sólo en esos casos debía actuar con toda la autoridad que le confería su papel constitucional. Las fuerzas armadas de nuestro país no debían sobajarse dedicándolas, tampoco, a funciones menores. La defensa a la soberanía es lo que, como también hoy, justificaba e informaba su existencia. A ese fin, que en última instancia nadie más puede proteger, debía dedicar sus recursos. A prepararse para estar en condiciones de combatir a quienes, con medios violentos, amenazaren el orden constitucional. Para ninguna otra cosa. Pero tan claro estaba para los constituyentes de 1917 que el 25 de enero de ese mismo año, después de haber tomado al pie de la letra, el contenido del artículo 128 de la Constitución de 1857, aprobaron, sin discusión alguna, la inclusión de este artículo en nuestra Carta Magna vigente bajo el número 129.
Claro que algunos dirán, que la previsión constitucional que acabamos de comentar, se refiere a que los militares no ocupen cargos civiles simultáneamente. Pues no. Este precepto se especifica, a lo largo de toda la Constitución, cuando se hace referencia a los impedimentos para ocupar el amplio catálogo de cargos públicos con que cuenta el Estado. Pero eso no es todo, para que no cupiera la duda, el artículo 89 constitucional le informa al Presidente de la República del destino único del trabajo de los militares.
Veamos lo que dice: “Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. …;
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación;” Aclaremos: “Preservar la seguridad nacional,” o sea, “la seguridad interior y” la “defensa exterior de la Federación”. En una palabra: soberanía.
Ahora, hasta donde yo me quedé, los asesinatos de inocentes o de delincuentes: de la naturaleza que sean, no implican una amenaza exterior alguna ni tampoco una cuestión de seguridad interior. Una revuelta, un levantamiento armado de insurgentes, como el del EZLN; o una declaración de guerra de una entidad federativa a otra sí son asuntos de seguridad interior y tal como lo manda este artículo de la Constitución, requieren de la intervención del ejército para preservar la seguridad nacional. Los asesinatos o el tráfico de estupefacientes, no.
Como, en mi opinión, tampoco la custodia y traslado de boletas electorales, o los desastres naturales son causales de intervención militar. No, las fuerzas armadas no deben dedicarse a estos asuntos. Ya contamos con nefastas experiencias de corrupción que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, han manchando el nombre de las instituciones militares antecalderonianas. Estas tareas no son propias de militares. Ningún país civilizado se las asigna. Tampoco debíamos hacerlo nosotros. La incapacidad de los funcionarios civiles para realizar sus tareas no justifica la intervención militar; lo único que hace es poner en evidencia esa incapacidad. Por ello sostengo que los militares sirven para resguardar las soberanías. Para ninguna otra cosa. Deben concentrarse en ello y en nada más.
Recordemos que por alguna razón, nos guste o no, históricamente, el ejército oficial mexicano nunca ha ganado una guerra. Las ha perdido todas. Desde la Conquista española hasta la Revolución Mexicana, pasando por la Independencia, los ejércitos oficiales del poder en México, han perdido todas las guerras. Que no nos vuelva a pasar. Recuerdo que hace algunos años, ante estos argumentos, un General del Ejército, tratando de justificar la presencia militar por sustitución de la corrupción policíaca me preguntó enérgicamente (militar, claro está) “¿para los ciudadanos, cuál es la institución más honorable del país?”: a lo que contesté: “los bomberos”. Y claro que eso no justifica que los pongamos a combatir narcos o asesinos.
Entonces, tal como le aclaré al General, lo sostengo ahora: si en opinión de quienes mandan o deciden, los militares están ocupando espacios civiles por ser imposible confiar en las policías; dos son las soluciones: primero, destituir a todos los policías (sino es una doble pelea: contra los delincuentes y contra los delincuentes policiales); segundo, dar de baja a la mitad de los “efectivos” de las fuerzas armadas (alrededor de 150,000 ciudadanos) y recibirlos con los brazos abiertos (rango, mando y antigüedad incluidos) como nuevos miembros sustitutos de los policías corruptos.
De ese modo, se lograría mantener intachable la reputación de los militares. Lo demás seguiría igual, pero los militares estarían mejor y los derechos humanos serían violados por individuos sujetos a las leyes y códigos de los fueros común y federal. Sin regímenes especiales. Insisto que tampoco solucionaría el problema original, pero lo que están haciendo ahora y lo que pretenden hacer, tampoco.
Por eso, señores políticos, dejen que las fuerzas armadas se dediquen a lo suyo y ustedes dedíquense a lo que les toca. Si no pueden: simplemente renuncien, pero mientras tanto, procuren respetar la Constitución o aún mejor, los principios que la informan.
joseluis@camba.ws
P.D.: Gran parte de este artículo fue plagiado de otro mío publicado en el periódico “La Crisis” el 10 de enero del 2005. Otro contexto, mismos argumentos: propios y ajenos.
CONTACTO: Renato Consuegra Difunet (difunet@gmail.com) 04455-3578-0345; 5521-4229; 3093-1623 Nextel: 1043-4492 ID: 72*14*5774
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