Con su desdén, gobierno permite impunidad: Andrea Medina
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 2 mar 11 (CIMAC).- Durante los últimos cuatro años el gobierno federal ha mostrado su desdén por los Derechos Humanos (DH), y aunque se ha visto obligado a incluir este tema en su discurso oficial, las amenazas y hostigamiento contra defensoras y activistas refleja la falta de voluntad política para crear un mecanismo de protección que les garantice seguridad.
Así lo señala la abogada Andrea Medina Rosas, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien litigó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos el feminicidio del Campo Algodonero y posteriormente realizó un análisis jurídico feminista de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano por este caso.
Medina Rosas expone que las defensoras de DH son un importante referente en cualquier Estado que se precie de ser democrático, ya que mantienen viva la memoria de la sociedad, difunden la exigencia de justicia, ayudan a develar la verdad y, además, asumen la defensa y atención de las víctimas de la delincuencia y de la inacción de las autoridades.
En entrevista con esta agencia, asegura que en México, al igual que en toda la región mesoamericana, las defensoras corren mayores riesgos para ejercer su labor y cuentan con menos recursos para protegerse, por lo que el próximo 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, organizaciones civiles mexicanas, de Guatemala y Honduras denunciarán esta situación ante Naciones Unidas.
Las organizaciones se reunirán con la relatora especial sobre la situación de los defensores de DH de la ONU, Margaret Sekaggya, en Ginebra, Suiza, a quien le presentarán el informe “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, un diagnóstico que elaboraron a partir de entrevistas, testimonios y reflexiones de activistas y defensoras de DH de esta región que han recopilado desde 2006.
--¿Qué reflejan los asesinatos de defensoras de DH como Josefina Reyes, Marisela Escobedo y Susana Chávez?
--Primero la impunidad de los ataques iniciales. La impunidad es una responsabilidad del Estado mexicano y el hecho de que no se hayan investigado y sancionado anteriores ataques va haciendo una bola de nieve en la que no sólo las demás defensoras entramos en mayor riesgo, sino que los agresores adquieren confianza para generar estos niveles de violencia.
Otro punto importante es que no hay un reconocimiento del valor y el aporte del trabajo de las defensoras en el proceso de democratización del país y de la región mesoamericana. El propio gobierno y muchos medios de comunicación difunden que las activistas atacan al Estado. En Ciudad Juárez, por ejemplo, plantean que nos interesa minar el desarrollo económico del país y construyen campañas de difamación en contra del trabajo que realizamos.
--De acuerdo con la ONU, México es el segundo país más peligroso para las mujeres defensoras. ¿A que atribuyes esto?
--La violencia estructural de género nos afecta de manera particular a las defensoras. Hay una tendencia a analizar los ataques o la situación de defensores en general, pero nosotras hemos hecho un análisis donde resaltamos la importancia que tiene esta estructura de desigualdad.
En el diagnóstico “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, encontramos que defender el derecho a una maternidad libre y voluntaria, la denuncia del feminicidio y la defensa de los derechos laborales, ponen en mayor riesgo a las mujeres porque son derechos que abren fisuras en la estructura de opresión contra las mexicanas.
La piedra angular de la construcción de las libertades fundamentales tiene que ver con el derecho al cuerpo y a la maternidad libre y voluntaria. No es coincidencia que sea uno de los derechos que más resistencia tiene socialmente y desde el Estado.
--En sólo cinco años, de 2004 a 2009, México acumuló 27 casos de amenazas contra defensoras, ¿esto se debe a la violencia del narcotráfico?
--Cuando se incrementa la violencia social es de manera generalizada, pero en una sociedad con una fuerte estructura discriminatoria contra las mujeres, son ellas quienes se llevarán una carga mucho más grave. Argumentar que el narcotráfico es la causa de estas agresiones puede llevarnos a no ver el impacto diferenciado que tienen estas formas de violencia.
--En este contexto, ¿consideras que hay una política de seguridad para las y los defensores de DH?
--Los derechos humanos no han sido un aspecto prioritario y transversal para el gobierno mexicano en esta administración. Tal vez lo incluye en el discurso, pero evidentemente no en las acciones. Un ejemplo es Todos Somos Juárez, un programa que canceló la mesa de trabajo sobre derechos humanos.
También es interesante que en este plan no hay medidas de acceso a la justicia, lo que demuestra que no se están planteando medidas de seguridad desde un enfoque de derechos humanos ni desde una perspectiva de género. Esto trae como consecuencia el ataque a la sociedad civil, del cual somos testigos.
--Hay promesas para generar un mecanismo de protección para defensores, ¿desde la sociedad civil cuáles son las propuestas?
--No hay un mecanismo efectivo de protección a defensoras y defensores debido a la falta de voluntad política del gobierno. Hay propuestas, las necesidades están planteadas, pero sólo se implementarán si el gobierno quiere.
La seguridad de las defensoras implica varios elementos y acciones que van desde las medidas de prevención, hasta aquellas de emergencia, pero se requiere de una respuesta ágil, oportuna y efectiva por parte de las autoridades.
En algunos de los casos que hemos tenido en los últimos meses se presentan las solicitudes de medidas de protección a las instancias de derechos humanos y su respuesta es que ellos, a su vez, las solicitarán. Al final el Estado no responde, no hay una coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Para Medina Rosas, es claro que la democracia no sólo es el voto, ni la alternancia de partidos, también significa que la ciudadanía puede ejercer sus derechos y contar con libertades fundamentales. Afirmó que si continúan la persecución y asesinatos de quienes defienden y promueven esos derechos México no tendrá condiciones mínimas de democracia.
Para alertar sobre este tema, Medina Rosas, junto con las organizaciones Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS), Feministas en Resistencia de Honduras y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas se reunirán este 8 de marzo con la relatora de la ONU, Margaret Sekaggya.
Para la abogada es importante visibilizar el problema porque estos tres países se han convertido en los más violentos e inseguros del continente americano, con un clima de corrupción e impunidad que hacen poco o nada efectivos los mecanismos de protección y procuración de justicia para la población en general, y para las defensoras de derechos humanos en particular.
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