Juan Manuel Portal, titular de la ASF.
John M. Ackerman
Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo.
Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante.
Hoy nos encontramos en medio de una profunda crisis económica y política similar a la vivida hace tres lustros. En los últimos años los mexicanos hemos sufrido una franca reducción de nuestros niveles salariales y poder adquisitivo. Asimismo, cada día la política se encuentra más desprestigiada y la legitimidad de las instituciones está en un nivel similar al de los años noventa.
A la mayor parte de los políticos y funcionarios públicos esta situación los tiene sin cuidado. En lugar de tomar medidas contundentes para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción e imponer el estado de derecho, los cargos públicos se siguen utilizando para servir intereses particulares. Los casos de la licitación 21, la guardería ABC, las constantes fugas de reos, las explosiones de los ductos de Pemex y el secuestro de migrantes son apenas un botón de muestra de la gravedad de la situación actual. La total inefectividad de las secretarías de Educación, de la Función Pública, de Gobernación, de Economía y de Seguridad Pública, entre muchas otras, abona en el mismo sentido.
En contraste, una institución que ha logrado destacar en medio de este mar de mediocridad es la ASF. Con un presupuesto que apenas llega a una fracción del recurso otorgado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado la ASF realizó casi mil auditorías que nos ilustran sobre los entretelones de la debilidad institucional del Estado mexicano.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que el auditor Juan Manuel Portal presentó el pasado 16 de febrero, contiene mucho más que auditorías contables sobre las compras de gomas, lápices y papel por las dependencias federales. Este fascinante documento nos presenta los detalles de la opacidad del gasto de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, las graves irregularidades en el monitoreo de los medios de comunicación por el IFE durante las elecciones federales de 2009, la reducida eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, las problemáticas adquisiciones en los preparativos para el Bicentenario y la preocupante falta de cobertura universal y calidad en la educación básica, entre otros numerosos temas.
Lo más fácil para cualquier auditor es abocarse a revisar asuntos menores que no generen polémica, así como prestarse a la simulación a la hora de comprobar el gasto y el desempeño gubernamentales. Pero una vez más la ASF ha demostrado que no rehúye la polémica, sino que está comprometida a cumplir con su mandato de limpiar las finanzas públicas. A raíz de la revisión de la cuenta pública de 2009, la ASF reporta recuperaciones y/o resarcimientos por más de 7 millones de pesos y ha recomendado la aplicación de sanciones administrativas en mil 374 casos, así como sanciones penales en 34 más.
Sin embargo, la ASF alcanza a revisar solamente una pequeña fracción del total del gasto federal. Falta tomar medidas contundentes para convertir a la ASF en el nuevo estandarte de la institucionalidad democrática. Haría falta, por ejemplo, aumentar su presupuesto de manera importante y dotarla de mayores facultades legales de sanción directa y de auditoría “concomitante” durante el ejercicio presupuestal. También urge recuperar la calidad vinculatoria de las auditorías al desempeño y caminar hacia un organismo verdaderamente autónomo de fiscalización.
Si la clase política no fortalece lo poco que hay todavía de rescatable en las instituciones federales, se generarán las condiciones para el surgimiento de una gran ola de repudio social hacia todos los políticos e instituciones por igual, que peligrosamente podría terminar echando por la borda al bebé junto con el agua sucia. l
twitter: @JohnMAckerman
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