La Palabra del Agua), por ejemplo, ha sido emblemática en el proyecto de autonomía del pueblo nanncue ñomndaa (amuzgo), en el municipio de Suljaa’, Xochistlahuaca, Guerrero.
La Palabra del Agua, precisamente por su valor político, ha sufrido la persecución del poder caciquil personificado en Aceadeth Rocha Ramírez, sus familiares y aliados, y toda la fuerza de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De manera paralela y concertada, se ha utilizado el aparato represivo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del propio Ejército Mexicano, para hostigar e intimidar, integrar acusaciones falsas, obsequiar órdenes de aprehensión e, incluso, golpear gravemente y detener a dirigentes comunitarios connotados que trabajan en la radio, y pretender que purguen sentencias condenatorias de varios años. Este acoso ha incluido, en más de una ocasión, la presencia de elementos castrenses, la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, así como intentos de asalto directo a la modesta cabina de transmisiones para desmantelar sus aparatos, y vuelos de avionetas militares a muy baja altura sobre la comunidad y, en particular, sobre las instalaciones de La Palabra del Agua. En estas ocasiones fue la presencia masiva de la población en apoyo a su medio de comunicación lo que impidió que los represores lograran sus propósitos.
Este apoyo a la radio comunitaria ha ido de la mano de la organización, desde 2004, de un autogobierno por usos y costumbres, respuesta al poder corrupto que durante décadas ha mantenido el PRI, concentrado en la familia de Rocha Ramírez, quien ha sido en dos ocasiones presidenta municipal, y representante popular
elegida en múltiples elecciones amañadas, mientras parientes suyos se preparan activamente para ocupar su lugar.
La radio fue concebida como un instrumento al servicio de las comunidades de la región para difundir, en su propia lengua, su cultura, y la defensa de sus derechos, y es ampliamente conocida en los ámbitos nacional e internacional, ya que sus integrantes son organizadores de fructíferas reuniones en las que se ha debatido sobre la autonomía en general, y en torno al problema del monopolio corporativo-estatal de las frecuencias radiales, entre otros temas importantes.
Actualmente están abiertos varios procesos jurídicos en contra de representantes agrarios, autoridades tradicionales y fundadores de la radio comunitaria. El 27 de septiembre de 2010, el juzgado mixto de primera instancia, con sede en Ometepec, Costa Chica de Guerrero, emitió sentencia condenatoria de tres años y dos meses de cárcel y el pago de una multa de mil 753 pesos a Silverio Matías Domínguez, Genaro Cruz Apóstol y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Suljaa’, quienes están sujetos a un proceso visiblemente amañado como presuntos responsables del delito de privación de la libertad en agravio de Narciso García Valtierra, acusaciones infundadas que se vienen montando desde 2004, pero que se remontan a 2002, cuando en una asamblea general de ejidatarios de Xochistlahuaca, se solicitó a Narciso García dejar de invadir y poner a la venta 12 hectáreas de tierras de uso común del ejido, reaccionando éste con insultos y amenazas, por lo que la asamblea decidió encarcelarlo, según los sistemas normativos comunitarios, y quedando bajo la custodia de las autoridades tradicionales por 24 horas. Luego de reconocer su falta, García fue liberado, previo acuerdo de la asamblea para que el infractor pudiera hacer uso de tres hectáreas de tierra.
Violentando estos acuerdos firmados, y con la protección de Aceadeth Rocha Ramírez, García denunció el hecho ante el Ministerio Público de Ometepec, ya tipificado como delito
. Después de más de seis años de proceso y a pesar de las múltiples pruebas aportadas por la defensa, entre ellas peritajes antropológicos, las sentencias dictadas en contra de los acusados fueron condenatorias, criminalizándose de nueva cuenta las prácticas de justicia comunitaria y, por ende, el propio ejercicio de la autonomía del pueblo nanncue ñomndaa.
Las sentencias dictadas también muestran el uso faccioso del Poder Judicial, que sigue constituyendo un mecanismo funcional para obstaculizar los esfuerzos de organización comunitaria y violentar los derechos de los pueblos indígenas amparados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aun en el artículo 2 constitucional (no obstante violentar éste los acuerdos de San Andrés), ya que en los hechos se impone el derecho positivo del Estado y no se están reconociendo los sistemas internos de resolución de conflictos.
Este caso muestra una política –desde el Estado– de criminalización similar en todo el país, en la que luchadores sociales, defensores de derechos, activistas, rebeldes que resisten las injusticias, son procesados y/o sentenciados por delitos comunes; en realidad, son presos y perseguidos políticos. Genaro, Silverio y David han presentado una apelación que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en estos días. Dada esta situación, llamamos a una mayor solidaridad nacional e internacional con quienes luchan por una ciudadanía participativa, por el derecho a contar con un medio de comunicación como La Palabra del Agua, por la autonomía del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca.
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