Eduardo Ibarra Aguirre
Cuando le quedan menos de 19 meses como inquilino principal de Los Pinos, Felipe Calderón pone en marcha iniciativas como la de convertir a México en una de las cinco potencias turísticas para 2018 que, evidentemente, trasciende con mucho a su sexenio, y supone que por involucrar protocolariamente a 29 gobernadores en la suscripción del proyecto, ya puede hablar de una política de Estado.
Cierto es que desde la campaña de Las manos limpias y de Presidente del empleo –sin más ironía que la terca realidad--, propuso en una de esas muy raras entrevistas de fondo que llegan a hacerse en El canal de la estrellas, al turismo como apuesta estratégica.
Relanzada la apuesta por y para el turismo, secretaría que encabezó un político profesional panista como Rodolfo Elizondo, el tío de la aún muy influyente Patricia Flores Elizondo, Calderón arrancó una campaña contra la corrupción a partir del “uso intensivo de la denuncia ciudadana”, la protección del informante, un paquete de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar conductas contrarias a la ley, para lo cual también firmó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Por limitada o demagógica que sea cualquier iniciativa, es bienvenida en un país donde los cañonazos de 50 mil pesos tienen centenaria historia al abrigo de Álvaro Obregón, también donde el arquitecto de la Renovación moral, Miguel de la Madrid, teorizó sobre el papel que juega la corrupción como aceite de la maquinaria del sistema político --intocado por una década de panismo-- y el sucesor, Carlos Salinas, multiplicó a 24 los multimillonarios que aparecían en la lista de Forbes, con 24 millones de mexicanos en pobreza extrema, en base a que el sector estatal de la economía entró a remate, pero con fabulosas comisiones y acciones cobradas por El hermano incomodo.
El 10 por ciento en las compras del gobierno federal, incluido por supuesto el actual, y en los otros dos niveles, es una vigorosa práctica que sólo popularizo Raúl Salinas de Gortari con el caso IBM y el abuso de ese mecanismo cuasi institucional, pues los proveedores lo contemplan en sus costos y si no lo acepta por simple discreción o reparto de tareas el funcionario número uno, entre los escalones descendentes de la escalera burocrática aparecerá quien lo reciba. La ilegal como sólida práctica se institucionalizó en la mayoría de las direcciones de comunicación social bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, el plurinominal ejecutivo de trasnacionales estadunidenses que tanto las favoreció.
Llama la atención la puesta en marcha de las socorridas prácticas de la delación y los pagos económicos a los participantes que, al parecer, dieron cierto resultado en la guerra que ahora se llama lucha contra el narcotráfico, y que fueron copiados del gobierno de Álvaro Uribe, el presunto homicida de cuatro jóvenes universitarios mexicanos, y que ahora encabeza Juan Manuel Santos, entonces secretario de la Defensa. Mas son ámbitos distintos.
El “uso intensivo de la denuncia ciudadana” por medio de la compra, no sólo estimula la conversión de la ciudadanía en delatora, sino ignora que en una sociedad saturada de necesidades insatisfechas y polarizaciones de orden político e ideológico, se abrirían puertas a las venganzas y ajustes de cuentas de corte laboral y hasta de grupo.
Con las profundas convicciones religiosas del titular del Ejecutivo --íntimas, privadas, aunque las ventila pública y hasta oficialmente--, sería dable esperar que estimulara otros resortes, que no fueran sólo los económicos
Acuse de recibo
Güicho Winchester escribe en el número de marzo de Colibrí: “No ha sido novedad el boicot publicitario a las revistas impresas Forum y La Carpeta Púrpura (ya desaparecidas), Proceso, Contralínea, El Sur de Acapulco, La Jornada, Fortuna, a.m. y Al Día de Guanajuato”... Ricardo Ravelo Galo, autor de Osiel. Vida y tragedia de un capo (Grijalbo Mondadori. 2009); Virginia Jaramillo Flores, presidenta de Vanguardia por la Justicia y la Felicidad, asociación civil; y Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, son los últimos invitados a comer y conversar con el Grupo María Cristina, respectivamente sobre la libertad de expresión, Proceso, el narcotráfico y el Estado; la participación ciudadana y el rezago social; así como los problemas de la joven generación en el DF… Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, encabezó una ceremonia religiosa para rememorar a Fernando Franco, Verónica Velázquez, Soren Avilés y Juan González, asesinados por un bombardero colombiano en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008. El propio aparato de seguridad e inteligencia de Washington ya reconoció, en un cable divulgado por Wikileaks, que los asesinados y la sobreviviente Lucía Morett no pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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