En
su primera declaración como secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida dijo dos cosas interesantes. En primer lugar, que la reforma
laboral no fue hecha al vapor, lo que es cierto. Tiene claros
antecedentes. En segundo lugar, que las juntas de Conciliación y
Arbitraje tendrán que trabajar con toda limpieza y con toda celeridad
para no retrasar la justicia pronta y expedita, lo que se supone es un
principio procesal fundamental lamentablemente incumplido.
Yo sí admito que la reforma laboral no fue hecha al vapor. Están los proyectos de Carlos Abascal y de Javier Lozano y, entre otros, aunque no le hicieron caso, el presentado el 12 de julio de 1995 por los senadores del PAN Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro, que fue ignorado y no se le dio trámite alguno, en el que, entre otras cosas, se propuso sustituir a las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces de lo social, para cortar de una buena vez su dependencia evidente de los poderes ejecutivos, federal y estatales. Tal vez la negativa a darle trámite haya derivado de que dicha iniciativa había sido preparada por Carlos y Néstor de Buen, y se notaba.
Es difícil, ciertamente, que se produzca la eliminación de las juntas, pero cabe recordar que están calcadas de la Magistratura del Trabajo vigente en Italia durante la dictadura de Mussolini, reproducidas en España durante la dictadura de Franco y desaparecidas a partir de la democracia que no sin dificultades se presentó en ambos países. Hoy el gobierno español del Partido Popular se muere de ganas de rescatar la vieja fórmula franquista, pero afortunadamente los sindicatos españoles no lo permitirán, por el conservadurismo de Rajoy.
Propone Navarrete Prida que no se le escatimen los beneficios al movimiento obrero porque sus sindicatos han dado paz y estabilidad laboral al país en tanto que en España se producen serios paros laborales.
Me permitiría poner en duda que hayan sido los sindicatos corporativos los que han dado paz y estabilidad laboral a nuestro país. Nuestro movimiento obrero difícilmente se mueve, y basta ver, por lo reciente, las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Calderón contra el sindicato minero, y en particular contra su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, y de manera especial en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, víctima de un despido general totalmente arbitrario e infundado. En cambio la CTM y otras de las centrales corporativas mantienen el silencio, prueba evidente de su complicidad con el gobierno. Esa paz y estabilidad aparentes tienen su origen en la complicidad de la CTM y de otras centrales que anteponen el interés de sus dirigentes a los de los trabajadores que supuestamente representan.
Confieso que me han agradado las declaraciones de Navarrete Prida a propósito de que nuestro país corre a dos velocidades, por lo que se requiere el trabajo y el esfuerzo de todos los sectores para superar atrasos, pobreza, hambre y marginación. Estoy convencido de que habrá que emparejar la marcha de los trabajadores con los empresarios para que no haya esa diferencia. La fórmula no es tan complicada: que eliminemos de la ley todas las reglas que violentan la libertad sindical y el derecho de huelga; que nos sometamos a las disposiciones del Convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que suscribimos en su tiempo (ratificado el primero de abril de 1950 y publicado en el Diario Oficial el 16 de octubre de 1950. Nos tardamos un poquito, desde luego), y que olvidemos a las juntas de Conciliación y Arbitraje para que los juzgados sociales dependan del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Lo preocupante es que se dice por sus autores que la reforma propuesta y publicada mejorará la condición económica del país, y en particular permitirá reducir el desempleo. ¿Cómo se va a reducir el desempleo si la ley aprobada, como sus antecedentes evidentes, facilita los despidos y disminuye sin vergüenza las indemnizaciones? Ese ha sido el propósito de la reforma con un claro sabor a Coparmex.
Ojalá que Navarrete Prida haga lo necesario para ponerle remedio a estas amenazas. No será fácil, salvo que nuestros sindicatos corporativos se desprendan de su sumisión al Estado tradicional y se acuerden que representan a los trabajadores. De otro modo estaremos en riesgo de una huelga general de hecho, que son las que más duelen.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/09/opinion/017a2pol
Yo sí admito que la reforma laboral no fue hecha al vapor. Están los proyectos de Carlos Abascal y de Javier Lozano y, entre otros, aunque no le hicieron caso, el presentado el 12 de julio de 1995 por los senadores del PAN Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro, que fue ignorado y no se le dio trámite alguno, en el que, entre otras cosas, se propuso sustituir a las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces de lo social, para cortar de una buena vez su dependencia evidente de los poderes ejecutivos, federal y estatales. Tal vez la negativa a darle trámite haya derivado de que dicha iniciativa había sido preparada por Carlos y Néstor de Buen, y se notaba.
Es difícil, ciertamente, que se produzca la eliminación de las juntas, pero cabe recordar que están calcadas de la Magistratura del Trabajo vigente en Italia durante la dictadura de Mussolini, reproducidas en España durante la dictadura de Franco y desaparecidas a partir de la democracia que no sin dificultades se presentó en ambos países. Hoy el gobierno español del Partido Popular se muere de ganas de rescatar la vieja fórmula franquista, pero afortunadamente los sindicatos españoles no lo permitirán, por el conservadurismo de Rajoy.
Propone Navarrete Prida que no se le escatimen los beneficios al movimiento obrero porque sus sindicatos han dado paz y estabilidad laboral al país en tanto que en España se producen serios paros laborales.
Me permitiría poner en duda que hayan sido los sindicatos corporativos los que han dado paz y estabilidad laboral a nuestro país. Nuestro movimiento obrero difícilmente se mueve, y basta ver, por lo reciente, las arbitrariedades cometidas por el gobierno de Calderón contra el sindicato minero, y en particular contra su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, y de manera especial en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, víctima de un despido general totalmente arbitrario e infundado. En cambio la CTM y otras de las centrales corporativas mantienen el silencio, prueba evidente de su complicidad con el gobierno. Esa paz y estabilidad aparentes tienen su origen en la complicidad de la CTM y de otras centrales que anteponen el interés de sus dirigentes a los de los trabajadores que supuestamente representan.
Confieso que me han agradado las declaraciones de Navarrete Prida a propósito de que nuestro país corre a dos velocidades, por lo que se requiere el trabajo y el esfuerzo de todos los sectores para superar atrasos, pobreza, hambre y marginación. Estoy convencido de que habrá que emparejar la marcha de los trabajadores con los empresarios para que no haya esa diferencia. La fórmula no es tan complicada: que eliminemos de la ley todas las reglas que violentan la libertad sindical y el derecho de huelga; que nos sometamos a las disposiciones del Convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que suscribimos en su tiempo (ratificado el primero de abril de 1950 y publicado en el Diario Oficial el 16 de octubre de 1950. Nos tardamos un poquito, desde luego), y que olvidemos a las juntas de Conciliación y Arbitraje para que los juzgados sociales dependan del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Lo preocupante es que se dice por sus autores que la reforma propuesta y publicada mejorará la condición económica del país, y en particular permitirá reducir el desempleo. ¿Cómo se va a reducir el desempleo si la ley aprobada, como sus antecedentes evidentes, facilita los despidos y disminuye sin vergüenza las indemnizaciones? Ese ha sido el propósito de la reforma con un claro sabor a Coparmex.
Ojalá que Navarrete Prida haga lo necesario para ponerle remedio a estas amenazas. No será fácil, salvo que nuestros sindicatos corporativos se desprendan de su sumisión al Estado tradicional y se acuerden que representan a los trabajadores. De otro modo estaremos en riesgo de una huelga general de hecho, que son las que más duelen.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/12/09/opinion/017a2pol
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