Raúl Vera López*
Tlaxcala, conocido por ser un estado donde nacen y se reproducen
redes familiares de tratantes de mujeres y niñas en diferentes estados
del país, así como de Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo, ante
la exigencia ciudadana, las autoridades han pretendido evadir su
responsabilidad de implementar políticas públicas para erradicar el
delito.
Aun con la apatía gubernamental, los logros sociales pueden
contarse: la tipificación en el estado del delito de la trata de
personas; la creación de una ley en el estado que promueve acciones de
prevención y del delito y de protección de las víctimas; y el diseño de
la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas, así como su Plan
Sexenal, que prevé acciones de prevención, atención, sanción y
reparación del daño. Sin embargo, la realidad muestra que los logros
siguen siendo insuficientes.
La operación de las redes no se detiene: en Tlaxcala los corredores
de explotación sexual siguen tan activos como antes, particularmente el
que va de la ciudad de Puebla a Santa Ana Chiautempan; los casos de las
mujeres desaparecidas a manos de tratantes es una constante; tan sólo
de enero de 2011 a la fecha se presentaron 120 denuncias de trata en la
Procuraduría General de Justicia del estado (un número significativo
considerando el delito), de los cuales sólo se lograron tres
sentencias, una recientemente revocada por el Tribunal Superior de
Justicia, alegando la indebida integración de la averiguación previa.
La pugna entre la procuraduría y el tribunal, en su pretensión por
justificar su ineptitud dejando en libertad al tratante, da muestra de
las deficiencias en la persecución del delito y la procuración de
justicia en el estado.
Es
evidente entonces que las autoridades tienen incapacidad institucional
para implementar una política integral de prevención y persecución del
delito, a pesar de estar obligadas por ley; o bien, la realidad muestra
la mediocridad de las y los servidores públicos responsables, pasando
por una posible colusión de las autoridades con las redes de trata,
hasta quedar actualizada la hipótesis de ser las mismas autoridades
quienes se benefician del delito, sea a través de la extorsión o
directamente como dueños de los lugares de explotación sexual.
Lo que el gobierno del estado ha argumentado es que hasta ahora las
instituciones públicas no cuentan con recursos públicos para operar las
acciones contra la trata de personas; momento es entonces de hacer un
llamamiento a la legislatura del estado de Tlaxcala, que se encuentra
definiendo el Presupuesto de Egresos para 2013. La bolita está en su
cancha y le toca actuar con responsabilidad frente al pueblo que
representa, garantizando el recurso suficiente para que las
autoridades, sin pretexto alguno, encaminen sus acciones para erradicar
el delito, dando un trato digno a las víctimas y un camino de justicia
que les repare el daño vivido y ponga tras las rejas a los tratantes.
Si ante el llamado legítimo de la ciudadanía, en el Legislativo no
se garantiza el presupuesto para las acciones gubernamentales contra la
trata de personas, quedará claro que hay una simulación de los tres
poderes de gobierno en Tlaxcala para actuar, lo cual los hace
responsables directos de la persistencia y expansión del delito; y de
la violencia extrema que estén viviendo mujeres y niñas, sobrevivientes
al dolor de la explotación sexual.
* Obispo de la diócesis de Saltillo
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