Infiltración y provocación deliberada

John Saxe-Fernández

Como Peña Nieto (PN) anunció que instruiría al gabinete de seguridad a combatir y evitar la violencia y transitar de la campaña anticrimen calderonista, bajo auspicio de la Iniciativa Mérida –IM– de Estados Unidos (un diseño repleto de dólares para crear y nutrir clientelas de seguridad, hundido bajo el peso de 120 mil cadáveres) hacia un enfoque integral y de paulatina desmilitarización, es necesario analizar la inusitada violencia policial y callejera que se desató en el Distrito Federal y en otras ciudades del país el primero de diciembre durante la toma de posesión de PN, a la luz de un contexto de contradicciones entre esos objetivos y los hechos.

El principal problema de seguridad nacional viene del fracaso, para el 99 por ciento de la población mexicana, de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) del FMI-Banco Mundial-BID, que por 30 años han asolado al país con sus corruptas privatizaciones, ofensiva anti-popular, desregulación a ultranza y apertura comercial unilateral, que han gestado más pobreza, polarización social, desempleo y desarticulación de vitales ejes de acumulación. De ahí la enorme informalidad económica, el crimen organizado y los vacíos de Estado en funciones vitales a la paz social y a la protección de territorio y mar patrimonial.

El endoso de PN a la regresión laboral anunció otra ronda de PAE en materia fiscal y más privatización de Pemex, con efectos sociales y políticos explosivos en el México en llamas que deja Calderón, una devastación descrita al detalle por Anabel Hernández (Grijalbo, 2012). Ello porque ante situaciones de desborde social y violencia, real o provocada, que afecta a terceros, como ocurrió días atrás, se desatendieron los protocolos vigentes para el uso de la fuerza pública, cuyos niveles y secuencias son: 1) presencia disuasiva, 2) persuasión verbal, 3) control físico de movimientos, 4) uso de fuerza no letal y 5) uso de fuerza letal, éstos dos últimos sólo en última instancia (La Jornada (LJ) 7/12/12 p.3). Antes del primero de diciembre se acordonó el Palacio Legislativo de San Lázaro y calles aledañas y se cerraron varias estaciones del Metro.

¿Cómo explicar el uso en San Lázaro de escudos policiales con planchas de acero de 5 mm, como para enfrentar a grupos con armas de alto calibre? ¿Quiénes son los responsables de los informes de inteligencia que inducían escenarios para el nivel máximo?

Durante el combate de siete horas en San Lázaro y Bellas Artes/Alameda se reportó (LJ/2/12/12 p 6) que jóvenes con pasamontañas se sumaron a la Convención Nacional contra la Imposición y al movimiento #YoSoy132. Los encapuchados ¿o halcones? ya que hay fotos de algunos en el lado policial de los escudos, llegaron bien pertrechados para neutralizar los gases, armados con palos, tubos, bombas molotov, cadenas y piedras. Fueron eje de los choques con la Policía Federal y la del DF que, afirman testigos, les dejó campo libre para que destruyeran comercios, cafés, hoteles, bancos, mobiliario urbano, etcétera, para luego regresar a encapsular y detener a manifestantes pacíficos, en su mayoría jóvenes. Como en Estados Unidos, donde se despliega una campaña de infiltración, provocación y represión contra los ocupa y comunidades opuestas a la fracturación hidráulica para extraer gas de esquisto, también caracterizada por la brutalidad policial y arrestos con penas máximas, en México fue un operativo no para minimizar la violencia, sino para enfrentar y disuadir, con daño a inocentes por el uso de armas no-letales (balas de goma en directo, reportándose su uso en ráfaga). No hubo salidas de escape. La policía cerró el frente y no permitió movilidad. Encapsuló a quienes protestaban en paz o iban de paso, acentuando la confrontación cuerpo a cuerpo. Pero no con los que, bajo paga, lucían vestimentas o claves de identificación.

Los analistas apuntan que cuando no se usa cañón de agua (o perros y caballos) para dispersar, es que se intenta provocar un choque violento y directo con civiles. Otro elemento nodal fue el traslado de detenidos, a quienes nunca se les acarrea sin inmovilizarlos. Personas que iban de paso fueron arrastradas hacia el transporte, cuando el protocolo indica que el transporte se acerca al detenido. Se procedió así para que se resistieran y declararlos en desacato. Buscaban detenciones numerosas, arbitrarias, con uso excesivo de fuerza y con acusaciones con penas de cinco a 30 años. Fue un operativo riesgoso e inútil para inhibir futuras movilizaciones de resistencia civil pacífica, criminalizándolas y con intención de afectar la base social de movimientos como el #YoSoy132.

Esto ocurre cuando Peña se acopla al ultra-secreto Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) que penaliza países que protejan trabajadores, consumidores y medio ambiente, cuando anuncia más regresión fiscal, el despojo de la renta petrolera y las clientelas de seguridad se aferran a la IM: el brutal diseño oligárquico-imperial, paralelo al ajuste estructural.

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