9. diciembre, 2012 Rogelio Velázquez
Enclavado en el corazón de la Selva Negra chiapaneca, el
municipio de Sitalá se ubica en el noveno lugar de pobreza en el país y
en el primero en grado de marginación, según dependencias
gubernamentales. La muerte por enfermedades curables es una tragedia
constante que padecen los indígenas tzeltales de la región. La gente
sabe que un dolor de estómago o una fiebre pueden terminar con la vida:
la lejanía del hospital “más cercano” y la falta de recursos para el
traslado y los medicamentos hacen que, resignados, esperen el alivio o
el fallecimiento. Al tiempo, otra enfermedad los asola: el alcoholismo.
Los niños, desde los 7 años, se convierten en adictos mientras
trabajadores empeñan sus herramientas para conseguir el trago. Algunos beben a diario hasta por 3 meses
Sitalá, Chiapas. A lo lejos, sostenido con dos postes de acero
gris, un letrero verde –recién pintado– con el nombre del municipio, en
color blanco, avisa la entrada a uno de los lugares más pobres del
país. La carretera es una de las pocas calles pavimentadas de la
localidad.
Poco a poco, la humedad del ambiente se fusiona con el calor del
mediodía. Producto del bochorno que se intensifica con el paso de los
minutos, en las banquetas, jóvenes levantan sus playeras descubriendo
su abdomen. Todos sudan a pesar de ser un día nublado. Es la Selva
Negra chiapaneca.
A media hora de distancia del lugar se ubica la comunidad
Guadalupe Jagualá. Es día de fiesta en el pueblo y la prueba de sonido
comienza. El eco de los timbales empieza a resonar en la accidentada
geografía del lugar y se mezcla con el cacareo de los gallos. Alonso
utiliza una piedra como asiento en el patio de su casa. Tiene 25 años y
trabaja para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos:
levanta encuestas. Su salario no es fijo, le pagan 300 pesos por cada
sede encuestada. Hay meses en los que sólo lo llaman para trabajar en
una sede.
“Aquí en la comunidad no tenemos servicios de salud, no hay
clínicas ni doctores. Cuando alguien se enferma tiene que ir hasta
Ocosingo para ser atendido”, explica con nerviosismo, debido a las
miradas curiosas de sus familiares y vecinos que han salido de los
caseríos para escucharlo.
Infografía
Infografía estática
El trayecto a Ocosingo implica, por lo menos, dos horas, y la
mayoría de habitantes de la comunidad no tiene dinero para cubrir los
costos del pasaje. “La gente se enferma de calentura [como le llaman en
muchas zonas del país a la fiebre], tos y diarrea, pero no tenemos
recursos para comprar pastillas y la enfermedad avanza hasta que [la
gente] se muere”.
—¿Esperan que la enfermedad se cure sin atención médica?
—Sí. Pero a veces no se cura –responde, mientras clava su vista en el suelo. Se traga su indignación.
Su casa tiene piso firme debido a que recibieron apoyos de un
programa de gobierno; no obstante, sólo alcanzó para ponerlo en una
habitación y ya se empezó a destruir. Los vecinos caminan con cuidado
para no tropezar con las varillas oxidadas que emergen.
Alonso comenta que la falta de acceso a servicios de salud es el
problema más grave de Guadalupe Jagualá. “La muerte por enfermedades
curables es cotidiana”, señalaba el subcomandante Marcos a los pocos
días del alzamiento zapatista. Hoy en algunos lugares sigue siendo una
ignominiosa realidad.
De piel morena, corte de cabello tipo militar –disimulado por el
gel– y ataviado con una camisa beige fajada en un pantalón de vestir
humilde, pero con la línea del planchado perfectamente marcada y unos
tenis maltratados pero limpios, Alonso explica que un campesino gana
aproximadamente 50 pesos al día, por lo cual, las familias no tienen
recursos para recibir una atención médica de calidad.
“Yo soy pobre. El gobierno tiene que vernos; esto se tiene que dar a conocer”, comenta.
Los olvidados
En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) ubicó al municipio selvático en el noveno
lugar nacional en pobreza y sexto en el nivel estatal.
De acuerdo con el organismo, al menos 11 mil 839 de las 12 mil 269
personas que habitan Sitalá son pobres. Lo anterior equivale al 96.5 de
su población.
El estudio del Coneval toma como base las dimensiones económicas y
sociales que señala la Ley General de Desarrollo Social; es decir,
ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos
en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
De acuerdo con la ley, el organismo tiene que medir la pobreza
estatal cada 2 años y la municipal cada 5; para lo cual tiene que tomar
en cuenta la información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
En Chiapas, Sitalá se ubica debajo de Aldama, con 97.3 por ciento
de su población en pobreza; San Juan Cancuc, también con 97.3 por
ciento; Chalchihuitán, con 96.8 por ciento. San Andrés Duraznal y
Santiago el Pinar comparten, al igual que Sitalá, la decadente cifra de
96.5 por ciento.
“Contar con estimaciones de pobreza a nivel municipal contribuye a
fortalecer la rendición de cuentas en el país y a mejorar la planeación
de la política de desarrollo social”, señala el Coneval.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
Sitalá no sólo es uno de los municipios más pobres de la entidad, sino
también el más marginado. En diciembre de 2011, la Secretaría publicó
en el Diario oficial de la federación el Decreto de la
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2012. En ésta
se precisa que el municipio tiene un grado de marginación “muy alto”,
por lo cual ocupa el primer lugar a nivel estatal y el séptimo a nivel
nacional en esa categoría. El municipio chiapaneco que le sigue es
Chalchihuitán, en el lugar 16.
La cabecera municipal de Sitalá cuenta con pocas calles
pavimentas, la mayoría son estrechas. Las casas están hechas con adobe
y techos de teja, las ventanas con marcos de madera. No alcanza para
más.
Antonia Gómez mira con cierta desconfianza a los caxtlanes
(como denominan los indígenas tzeltales a los mestizos). Su rostro,
además de cansancio, refleja tristeza. Tiene 40 años y seis hijos. Es
regidora del municipio y originaria de Golonchán Viejo, comunidad en la
cual fueron asesinados por el Ejército Mexicano 12 indígenas que
reclamaban sus tierras en 1980.
La regidora explica que la falta de agua potable en la cabecera
municipal es constante. El sistema para que llegue ésta a las viviendas
funciona a través de una bomba que pocas veces sirve. “Cada tercer día
reparten el agua en las casas. Pero para los que no tienen un tanque
Rotoplas no es suficiente. Esto ha traído enfermedades a la población”.
Antonia viste una falda larga en color negro, adornada con líneas
de varios colores y una blusa blanca con un cuello morado en forma
semicircular. Completa su atuendo con un collar ámbar y listones azul
pastel en su cabello trenzado. Actualmente vive en San Joaquín, donde
al igual que en Guadalupe Jagualá, la gente se enferma mucho de tos y
fiebre. “Tenemos que ir hasta Altamirano para atendernos, pero hacemos
cuatro horas de camino”.
Para llegar a Altamirano, los habitantes de San Joaquín tienen que
caminar una hora en subida el monte hasta Golonchán. Ahí abordan una
camioneta que les cobra 700 pesos hasta Altamirano. Una vez ahí, tienen
dos opciones: atenderse en el centro de salud local o en la clínica de
las monjas. Ya atendidos, tienen que contar con 700 pesos más para el
pasaje de regreso.
A diferencia de las que se encuentran en la cabecera municipal,
las viviendas de San Joaquín son todas de barro: una mezcla de lodo y
carrizo. “El gobierno no da apoyos para construir las casas”, señala
Antonia.
Hasta hace unos meses, San Joaquín podría asemejarse a los pueblos
del siglo XIX: utilizaban candiles para alumbrar en la oscuridad de la
noche. Apenas la Comisión Federal de Electricidad está instalando el
sistema que Thomas Alba Edison inventó en 1879.
Cobertura en salud, según el gobierno
En 2009, el Congreso chipaneco aprobó una reforma para garantizar
el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, impulsado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); entre éstos destacan:
erradicar la pobreza y el hambre y lograr la enseñanza primaria a nivel
universal.
La Secretaría de Desarrollo y Participación Social de Chiapas, en entrevista con Contralínea, señala que dichos objetivos se han convertido en la principal estrategia para erradicar la pobreza.
“La Agenda ONU-Chiapas se basa en la promoción de la salud, la
educación y el ingreso. La ejecución de dicha agenda ha provocado que
se inyecten mayores recursos para sistemas de agua potable y
saneamiento; también se ha logrado la ampliación de la red de
infraestructura de salud, con ello se ha garantizando el abasto de
medicamentos; así como la cobertura y la oferta educativa”, explica la
dependencia.
En materia de salud, “se ha hecho un esfuerzo extraordinario en
los 28 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), entre
los que se encuentra Sitalá, para ampliar la infraestructura física de
los servicios”, agrega.
Según la dependencia, “se crearon tres hospitales básicos
comunitarios de 12 camas en las cabeceras municipales de Chamula,
Larráinzar y Chalchihuitán; y tres más están en proceso de construcción
en las cabeceras municipales de Salto de Agua, Oxchuc y Chalchihuitán”.
También informa que se crearon centros de salud con servicios ampliados en cuatro municipios, uno de ellos en Sitalá.
En 2005, explica la Secretaría, sólo nueve de cada 100 personas
eran atendidas por alguna institución pública o privada en los 28
municipios; ahora son 60 de cada 100.
Alcoholismo, la enfermedad silenciosa
El alcoholismo está acabando con la comunidad, explica Santiago,
esposo de Antonia. “En Sitalá, mucha gente está muriendo por la
cirrosis a causa del alcohol. Tan sólo en la cabecera [municipal] hay
por lo menos 40 lugares donde se comercializa el alcohol; donde quiera
hay: aquí, allá, por mi casa, en la bodega”, comenta, mientras señala
con el dedo índice distintas direcciones.
En el municipio, el aguardiente no se vende por litro, sino por
costales. Los habitantes compran por mayoreo. Pacientemente, juntan los
800 pesos para poder comprar 50 litros. Los vendedores no tienen
descanso. La demanda por el trago hace que nunca cierren sus
locales: funcionan las 24 horas del día. En contraste, el hospital sólo
tiene servicio de lunes a viernes. En tono sarcástico, Santiago comenta
que tratan de no enfermarse los fines de semana.
Recientemente un grupo de pobladores –Santiago y su esposa entre
ellos– propusieron una medida que autorizara el consumo y venta del
aguardiente sólo de las 09:00 a las18:00 horas. Sin embargo
fracasaron: la comunidad rechazó la propuesta y todo siguió como antes.
“Hay muchos conflictos por el alcohol, mucha violencia. La gente
roba para poder comprar el vicio; después, con los efectos, la gente
hace daño; hace 3 años violaron a dos estudiantes del Colegio de
Bachilleres y a una de la secundaria”, comenta Santiago, mientras su
esposa lo observa atenta.
Los bolos, como se les nombra a los borrachos, ingieren
aguardiente sin descansar un sólo día hasta por tres meses. Uno de
ellos es el suegro de Santiago. El señor de 59 años bebió durante dos
meses completos. “Mi suegro ahora está inflado de la panza, en Altamirano nos dicen que tiene agua en varios lados del estómago, y la tiene que ir desechando con la orina”.
—¿Por qué bebió tanto durante todos esos días??–se le inquiere en espera de una razón. Pero la respuesta es tajante.
—Pues así… Nada más por el puro gusto –Santiago reflexiona un
momento–. Esto ya es un vicio, acá [en Sitalá] hasta las mujeres y los
estudiantes se embriagan. Antier vi a un chamaquito de 7 años
perdido por el alcohol: iba por las calles perdido, sin saber por dónde
caminar, iba en dirección contraria a su casa, estaba bañado de lodo.
Por suerte no se le perdió la vida.
El alcohol es traído de San Cristóbal de las Casas. En cada viaje,
los vehículos transportan 1 mil 500 litros de aguardiente para vender
entre la población del municipio más pobre del estado.
Manuel Cruz, colaborador del Centro de Derechos Indígenas, AC,
considera que el alcoholismo en Sitalá es un problema cultural. Explica
que en el siglo pasado la gente del municipio vivía en situación de
esclavitud en los ranchos: los rancheros pagaban con alcohol y no con
dinero.
Además, “no toda la gente lo bebe, también sirve para uso
medicinal. Se mezcla con plantas y es muy bueno para el espanto. Los
abuelos lo utilizan mucho para el dolor de hueso o de cabeza. Los bebés
son bañados con aguardiente cuando salen a otro lugar fuera de su
comunidad, de lo contrario se cree que su alma se quedará allá. En las
fiestas de los pueblos el licor se vacía en los manantiales. Y cuando
un novio va a pedir la mano de su novia, lleva un poco de alcohol”,
señala Manuel.
“No sé si pueda haber una solución a este problema. El gobierno
estatal dice que no se puede prohibir el alcohol porque su venta genera
ingresos; y el gobierno municipal es sobornado por los vendedores para
que no tengan dificultades”, indica Santiago.
Otra propuesta para inhibir el alcoholismo y que resultó un
fracaso fue tratar de cobrar un impuesto a los vendedores. Sin embrago,
algunos indígenas no cejan en sus esfuerzos por erradicar el mal
que llega de San Cristóbal. Ahora planean cobrar una indemnización a
los expendedores para las familias de quienes mueren a consecuencia de
ese vicio.
“No sé si exista un mecanismo para erradicar el alcohol, me da
mucha tristeza por Sitalá; hay mucha gente que ya no trabaja, los
albañiles ya no tienen ni herramientas ni casa. Nada. Todo lo han
perdido por la bebida”, expresa el esposo de la regidora.
Educación marginal
Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, AC (Frayba), explica a Contralínea
que en la agudización de la pobreza se encuentra el origen a otros
problemas en los que se violan los derechos humanos: la disputa por el
territorio, la migración, la ocupación ilegal de tierras, la creación
de proyectos sin el consenso de las comunidades…
El director del Frayba señala que la pobreza es, ante todo, una
violación flagrante a los derechos humanos. Los más pobres, indica, no
sólo en el estado sino en todo el país, son desde hace siglos los
pueblos indígenas.
“Mucha gente está migrando por la pobreza en el campo y en la
productividad. La gente no tiene acceso a la salud, al agua potable, a
la luz eléctrica, ni a la educación. Hay una pérdida de esperanza entre
la población para que el Estado les brinde lo necesario.
“En materia de justicia, muchos indígenas, por ser pobres, están
en la cárcel: algunos piden 500 pesos en una caja de ahorros o a
Elektra y al no poder pagar los intereses terminan ahí. Además, no
tienen dinero para agilizar los trámites ni para un abogado, y el
juicio no es traducido a su lengua”, explica el defensor de derechos
humanos.
Víctor Hugo López comenta que Chiapas es un estado rico en
recursos naturales: se tienen represas, lagos, ríos; pero,
contradictoriamente, no se cuentan con los servicios básicos.
Además, explica que la Sedesol ha impulsado fines
contrainsurgentes. Los programas, como Oportunidades, dividen a las
comunidades, pues se les entregan a unos cuantos. Así planean tener un
control social para que los pueblos no se organicen y no resuelvan con
sus propios recursos su situación de pobreza.
José Santíz Gómez ha sido maestro de primaria por más de 27 años.
Tiene 53 años de edad. Hace 1 año que da clases en Guadalupe Jagualá a
46 niños. Es el único maestro en una escuela que consta de tres aulas
pequeñas, de tabique con techos de lámina de aluminio. Uno es usado
como cuarto para que viva el maestro, los otros dos fueron
acondicionados como salones. Ahí, casi a diario, son amontonados los
niños de entre 6 y 13 años de edad.
“En la década de 1980 los maestros tenían que atender, en
promedio, a 25 o 30 alumnos; ahora son 60 alumnos para un solo maestro.
Esto implica un problema: el alumno de primer grado necesita más
atención y los demás se van abandonando por la política del gobierno”,
explica el profesor.
Santíz Gómez es originario de Oxchuc, municipio que se encuentra a
2 horas de distancia de la escuela. Al mes gana 4 mil 100 pesos,
insuficientes debido a los traslados que hace a su hogar cada semana.
Más que su economía, al profesor le preocupan sus alumnos. “No
tenemos salones adecuados, ni préstamos del gobierno para servicios
educativos de la comunidad. Queremos gestionar apoyos para un
mejoramiento de la escuela, pero desgraciadamente no sueltan el
dinero. Fuimos a pedir un botiquín de emergencias a Sitalá porque los
niños llegan con temperatura alta y dolor de cabeza y estómago, pero la
licenciada dijo que no había.”
Lodoso, el patio de la escuela acumula montones de arena no
utilizada. Ahí mismo se observa un trazo rectangular que supuestamente
servirá algún día para instalar una cancha de basquetbol.
Santíz Gómez no guarda esperanza de cambio con los nuevos
gobiernos estatal y federal. “La corrupción en los dos [niveles] no ha
terminado. Dicen que quieren a los indígenas y que entregan viviendas,
¿dónde están las viviendas? No hay recursos”.
Hacinados
La Secretaría de Desarrollo y Participación Social de Chiapas
señala que, a partir de 2005, más de 500 mil chiapanecos que no tenían
acceso a agua potable, en sus 28 municipios pobres, cuentan con el
servicio. En ese sentido, el agua entubada llega al 71.6 por ciento de
las viviendas particulares.
Asimismo, explica que el incremento en la cobertura de drenaje
entre 2005 y 2010 en esos municipios fue de 13.6 por ciento, lo que
significó que 350 mil personas obtuvieran el beneficio. Esto significa
el 50.4 por ciento del total de las viviendas.
De acuerdo con cifras del Coneval, en 2008 el 36.6 por ciento de
la población chiapaneca se encontraba en pobreza extrema;?y, para 2010,
el porcentaje bajó a 32.8; es decir, al 2.8 por ciento de la población
del estado se le dejó de incluir en ese rubro.
“El avance en desarrollo humano ha sido más acentuado en los
municipios más pobres de Chiapas; el progreso se ha logrado en un
periodo corto, debido al esfuerzo sin precedentes del gobierno federal
y estatal. Con la estrategia de focalización del gasto, la inversión
estatal en los 28 municipios con menor IDH tuvo un importante cambio,
al pasar de 391 millones de pesos en 2006 a 3 mil 55 millones de pesos
en 2010; es decir, casi nueve veces lo que se invertía en el pasado”,
explica la Secretaría.
En 2011, el gasto de inversión que se destinó a los 28 municipios
con menor IDH ascendió a 1 mil 256 millones de pesos, cifra que incluye
recursos de los gobiernos federal y estatal, además de subsidios,
fideicomisos y otros. “Un hecho que refleja una vez más la lealtad de
colaboración y suma de voluntades”, señala la dependencia.
Víctor Hugo López explica que, en cuestión de vivienda, los techos
de lámina en muchas comunidades son un lujo: “hay gente que vive bajo
techos de nailon; la mayoría de casas se edifican con lodo y no hay
interés del estado para que la gente tenga una vivienda digna. No sólo
[se trata de] poner el piso, sino por lo menos poner las cuatro paredes
y el techo.
“Cada que se cambia de gobierno se cambian de color las paredes:
hace 6 años se pintaron de verde, este gobierno las pintó de
anaranjado, el próximo veremos de qué color las pinta; es literalmente
un maquillaje. Es peligroso que [el gobierno] no garantice una vida
digna: la delincuencia, al menos, garantiza la sobrevivencia”, indica
el director del Frayba.
Escondida entre la vegetación selvática se encuentra la casa de
Abelardo Pérez Martínez, campesino que gana 50 pesos al día por
trabajar milpas ajenas. No siempre puede hacerlo. También tiene que
cultivar la suya, pero esos días no recibe pago.
Tiene 36 años de edad y siete hijos. El mayor tiene 14 y va en la
secundaria. Todos los días invierte 20 pesos para el pasaje de su
primogénito.
Abelardo no dispone de suficiente terreno para sembrar. En su
localidad, cada familia tiene una hectárea y media, que sólo es
utilizada para el autoconsumo. Hasta ahora, el hombre no ha recibido
apoyos para comprar materiales de construcción o para reparar su casa,
afectada por las fuertes lluvias.
Su vivienda, construida con madera, sólo tiene un cuarto de 2 por
4 metros, con piso firme (único apoyo que le ha dado el gobierno). Ahí
cada noche, hacinados, duermen los nueve integrantes de la familia en
un catre improvisado con maderas y telas que fungen como colchón.
Ropa roída cuelga de unos frágiles tendederos; botes de plástico y
una pala son todo su patrimonio. Sus hijos no conocen otra forma de
vida: alegres, juegan entre la madera y los botes.
No obstante, si uno de ellos se enferma, Abelardo gasta por lo menos 200 pesos entre medicamentos y pasajes.
Su esposa recibe cuatro becas de 800 pesos cada dos meses. Se
trata del programa federal Oportunidades a favor de igual número de
hijos de la pareja que estudian primaria y secundaria.
“Ha habido algunos apoyos del gobierno estatal en alimentación.
Nos dan a veces leche. Pero los niños no están acostumbrados a
consumirla. Sólo comen arroz o avena”, dice la esposa de Abelardo.
Además, la despensa que reciben es incompleta; por ejemplo, no
incluye azúcar. A veces, aunque los niños quieren consumir lo que
reciben, no pueden: sus padres no tienen idea de cómo prepararlo.
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