Una de las propuestas del Pacto por México que más debate ha suscitado ha sido la de unificar la legislación penal. Se trataría, en caso de que prospere la propuesta, de tener un único código penal y un único código de procedimientos penales para todo el país.
Me parece que es una idea del todo plausible, la cual había sido ya defendida por profesores de la UNAM desde los años 40 del siglo pasado y que generaciones posteriores de académicos hemos retomado, dado que entendemos que la existencia de 33 códigos penales (32 en cada entidad y uno federal) y 33 códigos de procedimientos penales no se justifica. No se trata de razones vinculadas con el federalismo mexicano, sino con argumentos de puro sentido común.
No parecen existir razones válidas para que lo que es considerado como delito en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina. Tampoco se entiende por qué motivo una conducta delictiva puede merecer una pena de 10 años en un estado y 40 en otro: ¿será que la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas merecen una mayor protección dependiendo del lugar en el que se encuentren?
Por lo que hace a la unificación de los códigos de procedimientos penales, la idea que propone el Pacto por México para unificarlos es también encomiable y puede resultar estratégica en un momento de profundo cambio en nuestro sistema de justicia penal. Nos encontramos a muy pocos años de que entre en funcionamiento, en todo el país, el nuevo sistema de juicios orales, con procedimientos acusatorios plenamente transparentes y dotados de una serie de reglas que los harán mucho más modernos.
Para poder realizar una puesta en práctica eficiente de nuestro sistema de juicios orales, serviría de mucho tener un único código, en el que se unifiquen criterios y se compartan conceptos. La necesidad es tan imperiosa que todos los tribunales del país diseñaron desde hace un par de años un “código tipo”, que recomendaron fuera aprobado por todos los órganos legislativos locales. Los jueces fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de contar con reglas uniformes, para evitar confusiones y ser más efectivos en el combate a la impunidad.
Desde que fue dado a conocer el pacto se han planteado dudas legítimas sobre la pertinencia de unificar las leyes penales y aplicarlas a todo lo largo y ancho del país. Por ejemplo, algunas personas se han preguntado qué va a pasar con el tema del aborto, que está parcialmente despenalizado en el DF pero no en otras entidades. También se preguntan qué va a pasar con los delitos que son importantes en las regiones rurales, pero no tienen ninguna relevancia para quienes habitamos en las grandes ciudades (es el caso del delito de “abigeato”, que castiga el robo de ganado). Finalmente, hay quienes preguntan qué va a pasar con las reglas que hoy aplican hacia su interior los pueblos y comunidades indígenas, con base en la autonomía que les reconoce la Constitución para que se rijan por sus propios usos y costumbres.
Se trata de cuestiones relevantes sobre las que habrá que ir generando puntos de acuerdo, pero no creo que supongan obstáculos fundamentales para poder avanzar en la positiva propuesta avalada por el presidente Peña Nieto y por los tres principales partidos políticos. En el tema del aborto podemos pensar en un marco jurídico que respete el avance logrado en el DF, el cual ya fue avalado por la SCJN. En todo caso podría pensarse en sanciones que no obligaran a encarcelar a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo, algo en lo que están de acuerdo la mayor parte de los partidos.
Respecto de las preocupaciones para conservar como delitos aquellas conductas que tienen una incidencia muy localizada geográficamente, pienso que se puede ser sensibles a esas necesidades y preverlas sin problema en el código penal único. Lo mismo puede decirse de los usos y costumbres indígenas, los cuales podrían ser regulados en el código único de procedimientos penales, tal como se hace actualmente en varias entidades federativas.
Ojalá avancemos con rapidez en esta propuesta, que requiere de una modificación constitucional y debe ser avalada por una mayoría calificada en el Congreso y al menos 16 congresos locales. Si lo logramos, estaremos avanzando en una senda de mayor seguridad jurídica que nos permitirá combatir mejor a la criminalidad.
@MiguelCarbonell
Investigador del IIJ de la UNAM
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