Armas y estado de derecho

Carlos Fazio

Stuttgart. La víspera del primero de diciembre, día de la violenta provocación-represión policial que inauguró la gestión de Enrique Peña y sancionó el regreso del viejo PRI a la administración gerencial del país –seguida de un linchamiento mediático y la criminalización de más de medio centenar de estudiantes disidentes, víctimas de agentes estatales, federales y del gobierno saliente de Marcelo Ebrard–, tuvo lugar en Berlín, Alemania, el encuentro México: ¿Estado de derecho?

Convocado por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, dos de los ejes principales fueron exigir al Estado alemán el cese de la exportación de armas de guerra y tecnología militar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la suspensión de los convenios de seguridad y colaboración policial existentes entre ambos países.

La guerra de Felipe Calderón a las drogas convirtió a México en un apetitoso mercado para las compañías armamentistas y de seguridad, que hacen pingües y lucrativos negocios con los conflictos bélicos, bajo la fachada de aportar material, tecnología y herramientas contra el crimen a gobiernos, presuntamente, sujetos al Estado de derecho. Son los casos, por ejemplo, de la empresa germana Heckler & Koch, que en 2006 obtuvo un permiso para exportar 8 mil rifles de asalto G-36 al Estado mexicano, en particular a la Dirección General de la Industria Militar (entidad encargada también de comprar armas para la policía), y el de la corporación francesa-alemana Eurocopter, que el año pasado suscribió un acuerdo para vender una docena de helicópteros de combate EC725 a la Sedena.

En enero de 2000 el gobierno alemán aprobó una serie de regulaciones que rigen la exportación de armas. Una señala que el país receptor debe poner especial atención en el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos. Debido a ello se impusieron una serie de reservas, por ejemplo que no se podía armar con fusiles G-36 a las policías municipales de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. No obstante, ese tipo de armas fueron entregadas a la policía municipal de Chihuahua y existe una denuncia contra la firma Heckler & Koch por ese hecho, que fue también ventilado por la televisión pública alemana.

A su vez, en diciembre de 2008 la Unión Europea adoptó unas normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (2008/944/PESC), mediante las cuales los estados miembros se comprometieron a detener las ventas de armas cuando sea evidente que las herramientas exportadas son utilizadas con fines represivos en los países receptores.

Como represión interna se entiende la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias y toda violación grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los estados de la Unión Europea se comprometieron, también, a denegar licencias de exportación de tecnologías o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final. De allí que a la luz de las profusas y documentadas violaciones a los derechos humanos cometidas en las operaciones conjuntas de militares y policías en México, la coordinación alemana no se explica por qué las reservas en armar a las policías locales, están limitadas a esos cuatro estados de la República.

Por otra parte, los helicópteros de combate EC725 pueden transportar hasta 29 personas y es posible equiparlos con dos ametralladoras (7.62 mm), dos cañones (20 mm) y dos lanzacohetes. Según el gobierno mexicano los helicópteros adquiridos por la Sedena son para el transporte y cuidado de civiles. No se sabe a ciencia cierta si los aparatos están artillados ni si son utilizados por tropas de élite aerotransportadas. Pero la coordinación alemana piensa que debido al uso de helicópteros en las áreas de conflicto donde se han presentado prácticas inhumanas –entre ellas detenciones ilegales y arrojar cadáveres en zonas deshabitadas–, los aparatos de la Eurocopter, con o sin armamento, pudieran ser herramientas útiles para la represión interna.

El mismo secretismo oficial de los gobiernos alemán y mexicano reina sobre los convenios en materia de seguridad y policial, anunciados en mayo de 2011 por el ex presidente germano Christian Wulff. Según fuentes parlamentarias alemanas, el convenio incluye el intercambio de información sobre grupos criminales y redes delincuenciales, lavado de dinero, organizaciones terroristas, escenas y horas del crimen, infracción de normas y operaciones de colaboración conjunta, eventualmente con apoyo de personal y/o material por parte de Alemania.

El 30 de noviembre, en el contexto de la conferencia México: ¿Estado de derecho?, el jefe de la Unidad Crimen Organizado del Ministerio del Interior alemán, Sven Berger, dijo que a su gobierno no le consta que en México se practique la tortura y definió al país como una democracia joven. Su posición concuerda con anteriores argumentaciones de las autoridades germanas en el sentido de otorgar al gobierno mexicano el beneficio de la duda. Bussines are bussines.

La coordinación humanitaria alemana exigió a su gobierno la suspensión de los convenios de seguridad, policial y de ventas de armas; la sujeción a las cláusulas sobre el respeto a los derechos humanos del acuerdo comercial de la Unión Europea con México (TLC), y verificar su cumplimiento in situ y a partir del diálogo con representantes de la sociedad civil mexicana y el testimonio de víctimas de la violencia oficial.

En ese contexto, la brutalidad policial del primero de diciembre exhibió los protocolos de la mano dura en la joven democracia de Peña y Ebrard, pero también la incoherencia entre los hechos, los convenios firmados y los negocios de su contraparte alemana.