La deslegitimación: las leyes secundarias de educación

Hugo Aboites

Ahora que el Congreso discute las iniciativas de leyes secundarias es posible ver el proceso de deslegitimación de los principales actores políticos en el terreno de la educación a partir de esta desafortunada reforma. 

Primero, porque en el proceso de construcción de las propuestas, los funcionarios federales excluyeron deliberada y sistemáticamente los puntos de vista de los actores claves de la educación: maestros y estudiantes.

 A la basura o al archivo (que para el caso es lo mismo) se enviaron la enorme cantidad de argumentaciones, testimonios, críticas, debates, acuerdos con legisladores y detalladas propuestas que generaron maestros, estudiantes, padres de familia y académicos en lo que fue algo cercano a un diálogo nacional, en el que, a regañadientes, incluso participaron la Secretaría de Gobernación y legisladores. 

Los maestros le apostaron no sólo a las movilizaciones en las calles, sino también a un monumental y prolongado esfuerzo de reflexión, análisis y propuestas que ofreció al país y a la reforma una vía de legitimidad fincada en el diálogo y la razón. Al despreciar esta vía, el Ejecutivo no sólo presenta iniciativas que no tienen más sustento que su autoridad, sino que, al mismo tiempo, se deslegitima a futuro como conductor de la educación: desde el arranque habrá demostrado su vocación conflictiva.

Segundo, porque también el contenido mismo de las iniciativas deslegitima a la reforma y a sus conductores. Es un error entender la calidad como vigilancia, y más cuando se arma todo un sistema nacional específicamente diseñado para detectar conductas y actitudes sancionables. De seguro que entre los más de un millón de maestros se encontrará a decenas de miles que deben ser sancionados o amenazados con despido. Se creará así un problema laboral y constantes conflictos a lo largo y ancho del país, pero además a tal punto se enrarecerá el clima de escuelas y regiones que se hará mucho más difícil crear y mantener los acuerdos que requiere una profunda reforma de la educación. Hasta la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, manifestó su preocupación ante la posible aplicación de estas leyes y atentamente ha pedido que quede exento pues se trastocaría la vida interna y las relaciones laborales del instituto (Elizabeth Velasco, La Jornada, 15 de agosto, página 33). Si fuera patente que la reforma contribuirá a la calidad, ¿no habría demostraciones de entusiasmo en lugar de solicitudes de exención?

En tercer lugar y en concreto, la directora del IPN no quiere la evaluación, y con razón, porque ésta y la reforma se han venido presentando con un discurso confuso y contradictorio que, como lo acepta la junta directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), genera mucha incertidumbre (Ballinas y Becerril, La Jornada, 16 de agosto, página 13). Y también confusión: el INEE es autónomo pero en la iniciativa de ley aparece como una especie de ayudante cómplice de la SEP, pues le toca “supervisar el diseño y aplicación de instrumentos de medición para las evaluaciones de los componentes procesos o resultados… que realicen las autoridades educativas” (artículo 27). Se dice que no habrá pruebas estandarizadas para los maestros sino encuestas a directores y padres de familia, portafolios, videograbaciones, pero arriba se habla precisamente de medición, es decir, un test estandarizado. 

En otra parte, además (artículo 28), la SEP es quien decide y al INEE le corresponde completar la tarea, autorizar para la educación básica y media superior los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas, para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Por cierto, aunque se repite que la evaluación no será punitiva, en ese artículo es claro que se incluye la permanencia, el despido de maestros. La confusión y contradicciones, en el fondo, son sólo un juego de sombras que oculta la realidad: serán la junta directiva del INEE, las autoridades y los legisladores pactistas los que definirán lo que será la evaluación, como si no hubiera más de un millón de maestros allá afuera que no fueron ni consultados, ni informados. Un desdén que tiene un costo altísimo en legitimidad: los maestros nunca verán la evaluación como propia y, menos, como el camino para mejorar la educación.

* Profesor/investigador de la UAM-X