Lydia Cacho
Oaxaca se ha convertido en uno de los estados con más altos índices de feminicidio y el gobernador prohibió que se decrete la Alerta de Género para abordarlos adecuadamente. Por todo el país la sangre de las mujeres se derrama mientras los políticos se niegan a admitirlo. Parece que los gobernadores y procuradores que tanto temen a que el feminicidio sea castigado y perseguido como delito específico, sienten gran temor a que grupos masculinos de poder, y los hombres en general, crean que se han traicionado los principios patriarcales que dictan un absurdo antagonismo entre hombres y mujeres. Como si fuera cierto que admitir jurídica y socialmente que hay hombres que violan, torturan y asesinan a niñas y mujeres por que son del sexo femenino, es tanto como admitir que todos los hombres son potencialmente asesinos violadores de todas las mujeres.
El ex procurador de Quintana Roo me dijo en entrevista que si insistíamos en evidenciar la violencia “iba a parecer que todos los hombres son o golpeadores, o violadores o pederastas”. Le pregunté si era el abogado del estado para proteger la vida y seguridad de la gente, o si había sido nombrado para proteger el poder de la masculinidad arcaica y agresora. Me respondió que algunas mujeres merecen ser violadas por cómo visten, y que las maltratadas por su pareja debían resolver sus problemas de violencia en privado. No es el único que piensa así.
La violencia contra las mujeres es una práctica social normalizada; ha llevado siglos lograr que el aparato de impartición y administración de justicia la vea no como usos y costumbres de las relaciones entre hombres y mujeres, sino como un delito inaceptable.
Sólo en diez años más de 14 mil mujeres fueron asesinadas con crueldad y violencia sexual en México. Catorcemil mujeres asesinadas no para robarles la casa o el auto; no porque se atravesaron en una balacera. Murieron porque el asesino quería controlar su vida, dignidad, profesión, su manera de vestir o actuar. Porque las querían cautivas y ellas se negaron, porque las consideraron objetos sexuales y ellas se rebelaron. La mataron por ser mujeres desobedientes, mujeres que no se someten al tipo de hombre que se cree dueño de las vidas de sus mujeres. Nunca se han documentado homicidios sistemáticos de hombres perpetrados por mujeres que los quieran controlar, poseer o violar. Si así fuera de inmediato habría alerta de género por homicidio.
La Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es federal. Fue integrada a todos los estados y no es una ley opcional (aunque algunos procuradores y jueces así la consideren). Creer que su adecuada implementación depende del caso sería como creer que algunos procesos de secuestro probado no deben considerarse porque la víctima conocía al secuestrador. Nadie dice “sí, claro… pero algo debió haber hecho el hijo del empresario para que lo secuestraran y torturaran”. No, porque si se cumplen los criterios es secuestro.
La hostilidad de políticos y funcionarios públicos para admitir la especificidad de los feminicidios, así como la negación de la gravedad de esa violencia cruel, sádica y despiadada nos hace sospechar de ellos, de los gobernadores que se niegan a aceptar al Alerta de Género porque le va a dar mala fama a su estado; sospechar del secretario de gobernación, de presidente de la República, porque resulta incomprensible que ante esta creciente ola de odio criminal hacia mujeres y niñas, ellos prefieran la dignidad de los asesinos, de los torturadores. Por eso es pertinente preguntar ¿a qué le tienen miedo los gobernadores, el Secretario de Gobernación y el Presidente? ¿No temen más a que la sociedad comprenda que en el fondo ellos, y sus huestes de hombres y mujeres machistas, avalan la opresión de la violencia para mantener a las mujeres a raya?
La Corte Interamericana, dictaminó que el Estado mexicano es culpable de no garantizar la vida de las víctimas de feminicidio y su acceso a la justicia. Y cuando dicen el Estado se refieren a cada gobernador, procurador de justicia, juez y ministerio público. A cada persona que por su posición de poder, estando en posibilidades de proteger a las víctimas, de promover masculinidades no violentas y detener a los victimarios elige informadamente no hacerlo. Decretar la Alerta de Género permite a toda las sociedad involucrarse para prevenir, atender y castigar la violencia contra mujeres, bloquear ese decreto es hacerse cómplice de feminicidio, ¿no cree usted?
@lydiacachosi
Periodista
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