En
Aquila, Michoacán, la situación tiende a complicarse. El 20 de agosto
fueron asesinados dos integrantes de la guardia comunitaria de la
localidad por agentes policíacos, mientras en Morelia, capital del
estado, era quemada una camioneta de comuneros aquilenses que
participaban en una marcha por la libertad de sus compañeros presos.
Estos hechos son continuación directa de los acontecimientos del pasado
14 de agosto, cuando con un gran despliegue de fuerza, 700 miembros del
Ejército, la Marina Armada y el Grupo de Operaciones Especiales de la
administración estatal agredieron a la población del municipio de San
Miguel Aquila, desarmaron y detuvieron a 45 policías comunitarios, en
tanto los capos de la droga hacen y deshacen en la entidad, sin la
intervención de los órganos del poder judicial. En resumen, el
narcotráfico crece, se desarrolla y controla extensas regiones
michoacanas De conformidad con la explicación del gobierno, las
fuerzas armadas y de seguridad intervinieron a solicitud expresa de las
autoridades judiciales para ejecutar órdenes de aprehensión contra
cinco compañeros de la guardia comunitaria, con el líder Agustín
Villanueva Ramírez como principal detenido.
Los delitos por los que fueron obsequiadas las órdenes de aprehensión son: violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificado. Por cierto, la campaña contra los comuneros la encabeza directamente Jesús Reyna García, gobernador interino del estado de Michoacán, quien ha planteado más de una vez que en Aquila no existe una policía comunitaria, sino un grupo armado que pelea con otros comuneros las regalías por la concesión de tierras para la explotación de las minas de hierro de la compañía Ternium.
La realidad es otra. La administración federal de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Michoacán persiguen el objetivo de liquidar los órganos de autogobierno indígenas, en especial las guardias o policías comunitarias, que en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Guerrero han alcanzado un desarrollo y consolidación considerables, a la vez que han obtenido y obtienen grandes logros en la seguridad de todos los habitantes. Empero, la represión contra los indígenas no puede ocultar el hecho de que el narcotráfico sigue creciendo al mismo tiempo que avanza gravemente la inseguridad en la patria chica de Lázaro Cárdenas.
Los indígenas bajo órdenes de aprehensión fueron internados en una cárcel moreliana, en tanto que los demás han sido enviados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la capital federal, acusados de los delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
Después de la represión gubernamental, el 15 del mismo mes fue reinstalado el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, cuadro del Partido Revolucionario Institucional. Desde entonces, las fuerzas armadas ocupan la cabecera municipal, que, por las declaraciones oficiales, parece ser que buscan establecerse de manera permanente.
La represión contra la comunidad de Aquila significa un claro aviso contra el proceso de reconstrucción, formación, consolidación y desenvolvimiento de las guardias y policías comunitarias de todo el país, incluidas las del estado de Michoacán. El trato violento contra estas expresiones de la auténtica autonomía indígena a nivel de comunidades étnicas, se anuncia, en forma clara, como política oficial del Estado mexicano a partir de agosto de 2013.
Como en otras partes, la guardia comunitaria de Aquila nació como una respuesta democrática y una decisión adecuada a los expolios, secuestros, saqueos, violaciones de mujeres y niñas, homicidios y otras acciones de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, ante la incapacidad del Estado de cumplir con la obligación de ofrecer seguridad a la población en general.
Cansados de los latrocinios de los Caballeros Templarios, los campesinos aquilenses constituyeron el 23 de julio pasado su propia guardia comunitaria, celebraron un mitin en la localidad, se posesionaron de las instalaciones de la alcaldía, privaron de sus armas a la policía municipal y, de hecho, destituyeron al presidente municipal y demás miembros del cabildo. En pocas palabras, se avanzó en el terreno de la autonomía indígena.
No hay que pecar de ingenuidad. En la represión contra los nahuas de Aquila no se descarta que la empresa Ternium tenga metidas las manos, pues sus intereses se ven afectados por el proceso de construcción de las policías comunitarias. Tanto para el capital extranjero como para el gran capital mexicano, es mucho más fácil y conveniente tratar con representaciones priistas y panistas que con representantes democráticamente elegidos por los mismos indígenas.
Paralelamente a las medidas de fuerza contra los comuneros nahuas de Aquila, el gobierno prosigue la militarización del estado de Michoacán, sin que ello implique el debilitamiento y eliminación del control de extensas zonas por el narcotráfico y el crimen organizado.
La militarización no significa otorgar seguridad a los habitantes de la entidad. No, de ninguna manera. Significa, sí, la destrucción del movimiento social ascendente, una de cuyas expresiones es la reconstrucción, formación y desarrollo de las policías comunitarias.
Con la implantación del programa neoliberal, se ha desenvuelto y se desenvuelve un rosario de abusos regulares contra los derechos étnicos, económicos y sociales de las comunidades originarias. Los monopolios mineros, las empresas eléctricas y las madereras, entre otras, despojan a los pueblos indios de sus tierras y sus recursos naturales, devastan sus territorios y bienes culturales y religiosos. A ello se aúnan las acciones de las bandas delincuenciales, los talamontes, las guardias blancas y cuerpos francos al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores y jefes de la derecha y la ultraderecha, ante quienes las autoridades permanecen pasivas y permisivas, al mismo tiempo que golpean al movimiento indígena, campesino y sindical.
En extensas regiones de nuestra patria la violencia forma parte del panorama social actual. La Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan son parcial o totalmente violadas por los grupos de la delincuencia organizada, que pelean por el dominio de la fabricación de narcóticos, las rutas para el envío de estupefacientes al gigantesco mercado de Estados Unidos y los centros de consumo a nivel nacional.
Es de sobra conocido que en Michoacán prevalece una situación ideada por los gringos y concretada por Calderón y sus sucesores, que se caracteriza por los siguientes fenómenos: los gobiernos federal, estatal y municipales han perdido el manejo del territorio ante el narcotráfico y la delincuencia organizada; el incremento de la violencia ejecutada por el cártel de los Caballeros Templarios, y la evidente fragilidad política del gobierno michoacano, agudizada por la separación prolongada del Ejecutivo local, Fausto Vallejo Figueroa. Justamente por ello existe una grave irritación popular frente a las acometidas del crimen organizado y una pérdida de confianza en los gobernantes y las instituciones del Estado.
Sin embargo, no estamos ante un callejón sin salida. La solución al conflicto está al alcance de la mano: respetar las formas de autogobierno que decidan democráticamente las comunidades indígenas, liberar a todos los presos políticos de Aquila y otras comunidades de Michoacán, mantener al Ejército en sus cuarteles, y, junto a lo anterior, enfilar la represión no contra los indios, campesinos, maestros, estudiantes y obreros, sino contra los expositores principales de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Así y sólo así sería actuar de manera democrática. Emplear la represión violenta contra el movimiento social sólo puede generar más violencia.
Este artículo está basado en Cambio de Michoacán, La Jornada Michoacán, El Sur (Acapulco), La Jornada Guerrero y La Jornada. Para entender el fenómeno de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, se recomienda la lectura de La Jornada del campo, número 68, del 18 de mayo de 2013.
Los delitos por los que fueron obsequiadas las órdenes de aprehensión son: violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificado. Por cierto, la campaña contra los comuneros la encabeza directamente Jesús Reyna García, gobernador interino del estado de Michoacán, quien ha planteado más de una vez que en Aquila no existe una policía comunitaria, sino un grupo armado que pelea con otros comuneros las regalías por la concesión de tierras para la explotación de las minas de hierro de la compañía Ternium.
La realidad es otra. La administración federal de Enrique Peña Nieto y el gobierno local de Michoacán persiguen el objetivo de liquidar los órganos de autogobierno indígenas, en especial las guardias o policías comunitarias, que en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Guerrero han alcanzado un desarrollo y consolidación considerables, a la vez que han obtenido y obtienen grandes logros en la seguridad de todos los habitantes. Empero, la represión contra los indígenas no puede ocultar el hecho de que el narcotráfico sigue creciendo al mismo tiempo que avanza gravemente la inseguridad en la patria chica de Lázaro Cárdenas.
Los indígenas bajo órdenes de aprehensión fueron internados en una cárcel moreliana, en tanto que los demás han sido enviados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la capital federal, acusados de los delitos de crimen organizado y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.
Después de la represión gubernamental, el 15 del mismo mes fue reinstalado el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, cuadro del Partido Revolucionario Institucional. Desde entonces, las fuerzas armadas ocupan la cabecera municipal, que, por las declaraciones oficiales, parece ser que buscan establecerse de manera permanente.
La represión contra la comunidad de Aquila significa un claro aviso contra el proceso de reconstrucción, formación, consolidación y desenvolvimiento de las guardias y policías comunitarias de todo el país, incluidas las del estado de Michoacán. El trato violento contra estas expresiones de la auténtica autonomía indígena a nivel de comunidades étnicas, se anuncia, en forma clara, como política oficial del Estado mexicano a partir de agosto de 2013.
Como en otras partes, la guardia comunitaria de Aquila nació como una respuesta democrática y una decisión adecuada a los expolios, secuestros, saqueos, violaciones de mujeres y niñas, homicidios y otras acciones de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, ante la incapacidad del Estado de cumplir con la obligación de ofrecer seguridad a la población en general.
Cansados de los latrocinios de los Caballeros Templarios, los campesinos aquilenses constituyeron el 23 de julio pasado su propia guardia comunitaria, celebraron un mitin en la localidad, se posesionaron de las instalaciones de la alcaldía, privaron de sus armas a la policía municipal y, de hecho, destituyeron al presidente municipal y demás miembros del cabildo. En pocas palabras, se avanzó en el terreno de la autonomía indígena.
No hay que pecar de ingenuidad. En la represión contra los nahuas de Aquila no se descarta que la empresa Ternium tenga metidas las manos, pues sus intereses se ven afectados por el proceso de construcción de las policías comunitarias. Tanto para el capital extranjero como para el gran capital mexicano, es mucho más fácil y conveniente tratar con representaciones priistas y panistas que con representantes democráticamente elegidos por los mismos indígenas.
Paralelamente a las medidas de fuerza contra los comuneros nahuas de Aquila, el gobierno prosigue la militarización del estado de Michoacán, sin que ello implique el debilitamiento y eliminación del control de extensas zonas por el narcotráfico y el crimen organizado.
La militarización no significa otorgar seguridad a los habitantes de la entidad. No, de ninguna manera. Significa, sí, la destrucción del movimiento social ascendente, una de cuyas expresiones es la reconstrucción, formación y desarrollo de las policías comunitarias.
Con la implantación del programa neoliberal, se ha desenvuelto y se desenvuelve un rosario de abusos regulares contra los derechos étnicos, económicos y sociales de las comunidades originarias. Los monopolios mineros, las empresas eléctricas y las madereras, entre otras, despojan a los pueblos indios de sus tierras y sus recursos naturales, devastan sus territorios y bienes culturales y religiosos. A ello se aúnan las acciones de las bandas delincuenciales, los talamontes, las guardias blancas y cuerpos francos al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores y jefes de la derecha y la ultraderecha, ante quienes las autoridades permanecen pasivas y permisivas, al mismo tiempo que golpean al movimiento indígena, campesino y sindical.
En extensas regiones de nuestra patria la violencia forma parte del panorama social actual. La Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan son parcial o totalmente violadas por los grupos de la delincuencia organizada, que pelean por el dominio de la fabricación de narcóticos, las rutas para el envío de estupefacientes al gigantesco mercado de Estados Unidos y los centros de consumo a nivel nacional.
Es de sobra conocido que en Michoacán prevalece una situación ideada por los gringos y concretada por Calderón y sus sucesores, que se caracteriza por los siguientes fenómenos: los gobiernos federal, estatal y municipales han perdido el manejo del territorio ante el narcotráfico y la delincuencia organizada; el incremento de la violencia ejecutada por el cártel de los Caballeros Templarios, y la evidente fragilidad política del gobierno michoacano, agudizada por la separación prolongada del Ejecutivo local, Fausto Vallejo Figueroa. Justamente por ello existe una grave irritación popular frente a las acometidas del crimen organizado y una pérdida de confianza en los gobernantes y las instituciones del Estado.
Sin embargo, no estamos ante un callejón sin salida. La solución al conflicto está al alcance de la mano: respetar las formas de autogobierno que decidan democráticamente las comunidades indígenas, liberar a todos los presos políticos de Aquila y otras comunidades de Michoacán, mantener al Ejército en sus cuarteles, y, junto a lo anterior, enfilar la represión no contra los indios, campesinos, maestros, estudiantes y obreros, sino contra los expositores principales de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Así y sólo así sería actuar de manera democrática. Emplear la represión violenta contra el movimiento social sólo puede generar más violencia.
Este artículo está basado en Cambio de Michoacán, La Jornada Michoacán, El Sur (Acapulco), La Jornada Guerrero y La Jornada. Para entender el fenómeno de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, se recomienda la lectura de La Jornada del campo, número 68, del 18 de mayo de 2013.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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