No a la ley del servicio profesional docente

Ricardo Raphael

La reforma educativa no merece ser aplastada por el peso del reloj previsto para la reforma energética. Sin embargo, la prisa que trae el Ejecutivo para aprobar la legislación secundaria en materia de educación, durante el brevísimo periodo extraordinario del Congreso, solo puede explicarse por la gran importancia que hoy tiene el tema energético y el segundo plano al que están destinados todos los demás asuntos.

La semana pasada la SEP presentó oficialmente las iniciativas de reforma a la ley general de educación, y las propuestas de Ley General del Servicio profesional docente (LGSPD), así como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Asumen los promoventes que su contenido está suficientemente discutido y que por tanto solo queda a los legisladores levantar la mano para aprobar los textos. Es una falta de respeto hacia el Poder Legislativo suponer que sus integrantes pueden examinar, dictaminar y sancionar, en tan breve lapso, las piezas que transformarán al sistema educativo mexicano de los próximos treinta o cuarenta años. Tanto o más grave es pedir a senadores y diputados que suscriban piezas legislativas lastradas por defectos importantes.

Cabe aquí hacer una distinción a propósito de la ley del INEE. De las piezas presentadas ésta es la única que muestra síntomas de madurez: recoge la opinión que los expertos, la sociedad, las autoridades y los maestros han sostenido durante los últimos diez años. En cambio, las iniciativas de reforma a la ley general de educación y la propuesta de ley del servicio profesional son todavía construcciones en obra negra.

Los errores de la primera derivan de las carencias de la segunda, por tanto vale la pena centrar el análisis en la LGSPD.

Tres son los argumentos que me llevan a expresar una opinión crítica:

1) la necia confusión que considera como sinónimos a la profesionalización y a la evaluación docente;

 2) la imprecisión de responsabilidades y competencias entre las autoridades federales y locales y,

3) la ausencia de un sistema nacional para el servicio profesional docente que asegure un piso mínimo y homogéneo en la calidad de las y los profesores.

Sin ánimo de repetir lo que se ha publicado previamente en estas páginas, cabe reaccionar en contra del argumento que supone que, para mejorar la práctica profesional de los educadores, basta con evaluarlos y punto. La profesionalización va más allá de esta herramienta; implica ofrecer al profesor, de principio a fin, una carrera que asegure certidumbre en el puesto a partir de criterios basados en el mérito y el esfuerzo profesional. En revancha, la iniciativa presentada no menciona una sola vez el término “carrera docente” y decenas de veces la palabra “evaluación.”

La segunda deficiencia de esta iniciativa es la ambigüedad que prevalece entre las responsabilidades asignadas a las autoridades federales y aquellas relativas a las autoridades locales. Por haber utilizado una técnica jurídica rebuscada y por ampararse en un modelo inacabado para la gestión del servicio profesional, las facultades entregadas por la iniciativa a cada ámbito de gobierno son un galimatías imposible de descifrar. Qué le toca a cada quién es una pregunta sin respuesta que va a potenciar la actual ineficiencia del sistema educativo. (Una prueba de este desorden lo exhibe la mención, en la exposición de motivos, sobre un órgano desconcentrado de la SEP responsable del servicio profesional que no vuelve a aparecer nunca más en el cuerpo del texto sometido al Congreso).

Finalmente, y quizá más grave que cualquier otra cosa, es haber concebido una gestión para el servicio profesional docente que terminará creando 32 sistemas distintos, uno para cada entidad federativa. Contrario a los principios plasmados en la Constitución, los autores de la iniciativa no imaginaron un sistema nacional de profesionalización para los maestros, sino un servicio responsable de administrar las plazas docentes en cada estado. Esto va a agravar la actual manifestación diferenciada de la calidad educativa.

Por los motivos expuestos cabe exigir que la aprobación de la iniciativa de ley relativa a la profesionalización docente, así como de reforma a la ley general de educación, se trasladen al próximo periodo ordinario de sesiones. Con calma podrían conjurarse los errores que la prisa política está imponiendo sobre este proceso legislativo, el cual es más relevante que la reforma energética.

Analista político