By Zósimo Camacho @zosimo_contra
El
gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa. Les urge una
Ley de Seguridad Interior que contenga a la sociedad y,
particularmente, a la serie de movilizaciones que se esperan para este
año. Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones
defensoras de derechos humanos, especialistas y militares retirados
coinciden: no es el narcotráfico el destinatario de un nuevo marco
jurídico que legalice el despliegue de tropas en el territorio mexicano,
sino las acciones de resistencia y protesta que se avecinan en el
convulso panorama político de la República.
Aprobar “cuanto antes”
una Ley de Seguridad Interior, como anunció el diputado priísta César
Camacho Quiroz, es la encomienda de los legisladores de los tres
partidos políticos dominantes en el Congreso federal: Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD), los mismos del Pacto por México que hizo posible las
llamadas “reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios
sectores de la población.
Para ello, las tres organizaciones
políticas han presentado sendas iniciativas que ya se analizan en la
Comisión Permanente del Poder Legislativo y, se ha anunciado, ya
encontraron “coincidencias” que les permitirá legislar con rapidez. La
iniciativa priísta será el documento base.
Los especialistas consultados por Contralínea
mantienen posiciones encontradas sobre si es necesaria en estos
momentos una Ley de Seguridad Nacional para el país. Pero sí están de
acuerdo en que se estará cediendo a los militares un poder que
difícilmente soltarán después. También reconocen que se estará
militarizando, aún más, la vida cotidiana de los mexicanos. Y que poco
incidirá la militarización para ganar y terminar la “guerra” contra el
narcotráfico.
Para Raymundo Díaz Taboada, coordinador de Colectivo
contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), la población mexicana no
necesita en estos momentos una Ley de Seguridad Interior.
Quien la
necesita es la alianza entre políticos y grandes empresarios, temerosa
de las movilizaciones sociales, dice el médico de profesión y activista
de los derechos humanos.
Díaz Taboada señala que la Ley de
Seguridad Interior viene a profundizar “un estado que va limitando
derechos sociales, humanos, civiles y políticos”. Esta ley tiene como
objetivo contener a la población en un contexto en que “los salarios no
han aumentado de manera real; la seguridad social se ha ido perdiendo,
hay un trabajo precario cada vez más extendido. No es raro que venga una
Ley de Seguridad Interior cuando vivimos en un proceso de
empobrecimiento de la población mexicana”.
La Ley de Seguridad Interior coadyuvará en “el control de la masa empobrecida. Por un lado está la mano dura para la creación de terror, inmovilización, romper el tejido social; y por otro lado está todo el manejo de pan y circo”, observa.
México
sí necesitaría una Ley de Seguridad Interior; pero siempre y cuando,
antes, se establezca una nueva de Seguridad Nacional y, antes aún, una
doctrina de seguridad nacional, considera Guillermo Garduño Valero. A
decir del especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, se
debería de definir, primero, qué valores son los que la nación mexicana
desea preservar.
Agrega que, a la fecha, la seguridad nacional
sigue enfocándose contra los movimientos sociales y se sigue
confundiendo a la seguridad nacional “con la seguridad del presidente de
la República”.
Precisamente
por ello, “la población tiene un enorme disgusto con respecto de la
autoridad”. Que la actual Ley de Seguridad Nacional ha fallado lo
demuestra que la nación está “al garete, sin liderazgo y sin ningún
elemento que unifique una posible convocatoria a la nación”, dice el
sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista
en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.
Para el
general retirado Jesús Ernesto Estrada Bustamante, México sí necesita
una Ley de Seguridad Interior. Podría constituir una oportunidad para
establecer con claridad los límites de actuación de las Fuerzas Armadas
Mexicanas en asuntos de seguridad pública.
El problema, dice el
general de división diplomado de Estado Mayor, son los legisladores:
“Salvo honrosas y raras excepciones”, ignoran todo en la materia y sólo
buscan aprobar al vapor un marco jurídico que haga legal lo que
hoy están haciendo fuera de la ley los efectivos de las secretarías de
la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar): combatir a las
delincuencias, tanto las organizadas como la de tipo común.
Para
que se cuente con una Ley de Seguridad Interior que realmente funcione, a
decir de Estrada Bustamante, se necesita de “una discusión amplia, que
involucre a especialistas en seguridad, juristas, defensores de derechos
humanos, en fin, que sea fruto de una gran participación”. Algo que no
se está haciendo. Una Ley al vapor –dice el general que desde
que pasó a situación de retiro en 2008 ha hecho carrera en la seguridad
pública– podría ser contraproducente para las propias Fuerzas Armadas.
“Cualquier método” podrán usar los militares
Tres
propuestas de Ley de Seguridad Interior ya se analizan en las cámaras
del Poder Legislativo federal. Una fue presentada por Jorge Ramos,
diputado del PAN, en noviembre del 2015. La otra, por los diputados del
PRI César Camacho y Martha Tamayo a finales de octubre pasado. La
tercera, por el diputado del PRD Miguel Barbosa este 12 de enero.
Ocho
comisiones ordinarias de las cámaras son las encargadas de analizar y
preparar el documento que se someterá a votación del pleno, se espera,
en los primeros días del próximo periodo de sesiones. Se trata de las
comisiones unidas de Seguridad Pública; de Gobernación; de Defensa
Nacional; de Marina, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara
de Senadores; y de Gobernación y de Seguridad Pública, con opinión de la
de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
Las
similitudes entre las tres iniciativas han permitido que panistas y
perredistas acepten como base la presentada por los priístas y, en el
periodo ordinario de sesiones, se apruebe con agregados de las bancadas
de “oposición”.
Los legisladores destacan que buscan clarificar la
participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y,
también, establecer que sea sólo por periodos estrictamente
establecidos. Señalan que se impondrán límites a la actuación de los
elementos castrenses.
Pero lo que no dicen es que prácticamente
los efectivos de la Sedena y la Semar podrán salir a las calles por
cualquier asunto y para combatir no sólo a delincuencia organizada.
Según el texto que se busca aprobar, y del cual Contralínea
posee copia, la intervención de las Fuerzas Armadas estará justificada
cuando ocurran “actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad
de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la
Federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo
el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes, o cuando
haya fenómenos de origen natural o antropogénico”.
Además, prevé
que el Ejecutivo ordene la actuación de los militares cuando lo
considere necesario y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sólo
será “informada” por la Secretaría de Gobernación, sin que el Poder
Legislativo tenga injerencia en tal determinación.
En la propia
exposición de motivos de la iniciativa se enlista a la pobreza como una
de las causas que vulneran la seguridad nacional: “La pobreza extrema y
la exclusión social de amplios sectores de la población, que también
afectan la estabilidad y la democracia”.
En el párrafo III del
artículo 7 de la iniciativa se considera amenaza a la seguridad
interior “cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad,
seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas
geográficas específicas del país”. En una interpretación amplia que
quedaría a criterio del presidente de la República, las protestas
cabrían en estos supuestos para sacar a las Fuerzas Armadas a las
calles.
Aunque
se señala que se deberá establecer un periodo para la declaratoria de
protección a la seguridad interior, en el artículo 14 se establece que
dicho periodo puede estar sujeto a las “prórrogas que se consideren
necesarias” mientras subsistan las causas que dieron origen a dicha
declaratoria. En los hechos, es por periodo indefinido.
El
artículo 25 dice: “Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Orden
Interno y de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un
delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de
la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito
de sus atribuciones”.
Por su parte, el artículo 28 señala que:
“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades
de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus
respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y
operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de
decisiones en materia de seguridad interior. Al realizar tareas de
inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso
de cualquier método de recolección de información”.
Así, “cualquier método” será válido para la Sedena y la Semar para investigar y prevenir asuntos de seguridad pública.
Legalizar lo ilegal
Por
ello, la Ley de Seguridad Interior es en realidad un marco legal que
vendrá a otorgar mayor impunidad de la que ya existe. Todo sin tomar en
cuenta que elementos de las Fuerzas Armadas ya están involucrados en
crímenes o violaciones de derechos humanos, dice Raymundo Díaz Taboada.
El
activista, quien junto con la organización de la que es
coordinador –el Ccti– ha brindado apoyo a víctimas de tortura y otras
agresiones cometidas por militares, señala que los soldados y marinos
podrán ahora con mayor libertad entrar a una casa, intervenir teléfonos y
demás tipos de comunicaciones.
“De hecho, el estado de excepción
en muchas partes de la república está vigente de facto. Pasas por un
retén [militar] y te bajan. Y si no te bajas, te maltratan, te torturan,
al apuntarte con armas, al jalonearte, al amenazarte, al no permitir
que se graben los abusos. Y eso es suspender garantías, suspender la
libertad de tránsito.”
Precisamente esos retenes son la muestra de
la no sujeción de los militares al poder civil: ahí ellos interrogan y,
como ha ocurrido y se ha documentado, pueden juzgar y ejecutar
extrajudicialmente.
Díaz Taboada sabe de lo que habla. La sede del
Ccti, en Guerrero, ha acompañado casos de este tipo desde antes de
2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició supuestamente
una lucha contra el narcotráfico, mandó a las calles de todo el país a
soldados y marinos fuera de las normas constitucionales. Hizo en toda la
República lo que desde finales de la década de 1960 los sucesivos
gobiernos federales habían ordenado para Guerrero.
“Desde entonces
todo esto ha sido ilegal. Y ahora lo que el Estado mexicano pretende es
legalizar una acción inconstitucional que, en todo la República, ha
durado 10 años.”
Con la Ley de Seguridad Interior “lo único que se
va a legalizar es la ilegalidad”, dice el doctor Guillermo Garduño.
También ejemplifica con los retenes: “Los retenes, para comenzar con lo
más elemental, son anticonstitucionales porque impiden la libertad de
tránsito. Y definitivamente ahora los van a legalizar. Otro ejemplo es
que la Armada de México no está protegiendo nuestras costas, que abarcan
el doble del territorio nacional terrestre, sino que están
interviniendo en la detención de delincuentes”.
Garduño agrega que esta situación está deteriorando a las dos secretarías: la Sedena y la Semar.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
A
decir del general, el actual problema de México es de seguridad
pública; “pero si se sigue descuidando como hasta ahorita, se volverá de
seguridad nacional”. El militar ve dos escenarios que podrían hacer que
el problema de seguridad pública devenga en seguridad nacional.
El
primero sería un pacto entre el terrorismo internacional y la
delincuencia organizada mexicana para realizar ataques contra
instituciones mexicanas e intereses de Estados Unidos en México, o
preparar desde este país atentados en ciudades estadunidenses.
Un
segundo escenario serían los levantamientos populares ante la
incapacidad del Estado mexicano de brindar la mínima seguridad a su
ciudadanía. “Algo que podría ya empezar a ocurrir”.
Según el general, la seguridad en México está fallando porque no existe una estrategia definida. “Ahorita nada más están dando lamparazos: surge un problema por aquí y ¡pum!, mandan gente; surge otro problema por allá y ¡pum!, mandan gente”. Pero no hay una estrategia definida.
Pero
la seguridad de la población no es un asunto policiaco, dice el doctor
en sociología y especialista en seguridad nacional Guillermo Garduño. No
es con más policías como se garantiza la seguridad de las personas. Por
lo tanto, no será tampoco con la incorporación de los miliares a las
labores de seguridad pública como se abatirán los índices de
inseguridad. Será fortaleciendo a la sociedad.
“La seguridad
pública supone, fundamentalmente, la participación ciudadana, algo que
en México está prácticamente ausente. Por lo tanto, la seguridad
interior tiene que garantizarse no a partir de más policías, sino a
partir de una sociedad más organizada”, con la claridad de cuáles son
las amenazas y los riesgos que enfrenta.
La guerra ya fracasó… y la siguen alimentando
Las
Fuerzas Armadas no deberían estar combatiendo delincuentes, pero no
tienen otra opción, según el general Estrada Bustamante. “Si sacas a la
Defensa Nacional y a la Marina de esta lucha contra la delincuencia, qué
pasaría; todo se va al garete”.
Reconoce, además, que ante la
incapacidad de la Policía Federal, de las policías estatales, de las
municipales y del mando único, las Fuerzas Armadas actualmente ya están
combatiendo no sólo al narcotráfico y a las otras formas de delincuencia
organizada, sino “también a la delincuencia común”.
Sobre la
necesidad de que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan que enfrentarse
al crimen, Garduño se muestra de acuerdo en que todas las corporaciones
policiacas son corruptas. Ninguna –federales, estatales o municipales–
es confiable.
Pero las Fuerzas Armadas no están capacitadas para
actuar como policías en las calles. La Constitución y las leyes vigentes
señalan claramente que pueden intervenir en tres escenarios: los planes
DN1, DN2 y DN3. El primero, ante una situación de agresión externa; el
segundo ante un asunto de insurgencia interna, y el tercero para auxilio
de la población ante una situación de desastre.
Las diferencias
entre los militares y los policías no son retóricas. Garduño explica que
una fuerza policiaca “tiene una primera función preventiva; otra de
intervención en casos específicos y bajo ciertos procedimientos; también
de conducción, o de colocar frente a la autoridad judicial
correspondiente evidencias y actores para emprender las primeras
investigaciones; para dar apoyo; además, realiza también servicios de
atención a la ciudadanía”.
Mientras, el aparato militar tiene una
sola función: “la destrucción del enemigo. Y ésa es una cuestión
totalmente diferente. De manera sencilla podemos decir que la misión
central de las Fuerzas Armadas es la guerra”.
Militares no son mejores que policías
Nadie
duda que las Fuerzas Armadas, en términos generales, cuenten con mayor
capacidad de fuego ante los cárteles del narcotráfico. La supuesta
guerra no ha mermado las capacidades de la delincuencia organizada.
Incluso, las ha potenciado.
Pero también, y luego de 10 años de
“guerra”, los militares no son los mismos. El Ejército Mexicano, la
Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana han adquirido mayores
destrezas.
Iñigo Guevara Moyano es un prestigiado analista de
seguridad nacional. Es maestro en seguridad internacional por la
Georgetown University. Ha sido analista de seguridad nacional en la
Oficina de la Presidencia de la República.
“Hoy en día México
cuenta con unas Fuerzas Armadas mucho más capaces en términos de
tecnología y doctrina para realizar operaciones en contra del crimen
organizado, específicamente en contra de grupos paramilitares equipados
con armamento y equipo de grado militar”, señala Guevara Moyano.
Agrega
que “las capacidades de movilidad, inteligencia, vigilancia y
reconocimiento han mejorado sustancialmente en calidad”, en comparación
con lo que eran las Fuerzas Armadas en 2006.
Destaca que esto ha
sido posible sin que hayan aumentado en número de tropas. Asimismo, “el
presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas no ha experimentado un
incremento real sustancial”.
Luego de 10 años, las capacidades de
los cuerpos militares han mejorado, pero no han sido suficientes para
ganar la “guerra”. Y Las policías no se han preparado.
En 2006,
cuando el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón,
sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas, se dijo entonces que los
militares combatirían al narcotráfico mientras se capacitaba y se
depuraba a las corporaciones policiacas.
A más de 10 años, las policías de todos los tipos y niveles siguen siendo corruptas e incapaces.
Las
corporaciones policiacas, luego de 2 lustros de guerra contra el
narcotráfico, “no han preparado nada”, dice el general de división en
retiro Jesús Ernesto Estrada Bustamante. No son capaces de enfrentar el
problema. “Para empezar, no hay una carrera policial; no hay una
profesionalización de la policía”.
“Hoy las policías son
simplemente administradoras de la delincuencia, no tienen otra función”,
dice el especialista Guillermo Garduño, quien también ha sido
conferencista en el Colegio de la Defensa de la Sedena. “Qué vamos a
lograr con la entrada del Ejército. Pues que haya nuevos administradores
de la delincuencia”. Y con la legalización de su estancia en las
calles, las Fuerzas Armadas van a participar finalmente en procesos de
corrupción. “Es lo único que se va a lograr con esa nueva Ley”.
Para
Raymundo Díaz Taboada, está comprobado que la militarización no
soluciona los problemas de inseguridad: desde que salieron los militares
a las calles “ni hay una baja de la delincuencia ni hay una lucha
efectiva contra el narcotráfico, contra el crimen organizado; y no hay
resultados en función de un bienestar social de la mayoría de los
mexicanos porque las Fuerzas Armadas estén patrullando las calles”,
explica Raymundo Díaz Taboada.
Las policías están mal capacitadas,
pero también están militarizadas: “cualquier corporación que se quiere
certificar y pasar controles de confianza es mandada a campos militares
para entrenarse y pasar pruebas; y ahí las tácticas que aprenden son
tácticas militares”. Por ello es contrasentido que se reconozca que los
militares no están capacitados para perseguir delincuentes, pero se les
otorga “el poder de decir esta policía es confiable y esta no”.
Ahora
bien, la corrupción no es privativa de las policías. Los vínculos entre
elementos militares y el crimen organizado están perfectamente
documentados. No se trata sólo de aislados soldados cooptados por el
narcotráfico sino de batallones enteros (como el “desintegrado”, en
2002, 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, Sinaloa) o de
generales “prestigiados” antes de caer en desgracia, como Jesús
Gutiérrez Rebollo (quien murió de cáncer cuando cumplía una condena de
40 años de prisión por delincuencia organizada), Francisco Quirós
Hermosillo (sentenciado por ser parte del Cártel de Juárez; murió
mientras purgaba una condena de 16 años de cárcel) y Mario Arturo Acosta
Chaparro.
A este último se le recuerda por haber encabezado la
lucha contra los grupos guerrilleros. Organizaciones sociales y
familiares de las víctimas lo acusaron de violaciones a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad, pero nunca fue juzgado por ello.
Por lo que sí fue sentenciado fue por narcotráfico, aunque fue
rehabilitado por el panismo en el poder, quien lo liberó, lo consideró
inocente y le devolvió su rango de general. Fue asesinado cuando
cumplía las tareas que el gobierno de Felipe Calderón le asignó al final
del sexenio: “apaciguar” el sureste del país.
A lo anterior deben
sumarse las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en contra del Estado mexicano por crímenes cometidos por el
Ejército. En todos los casos, los hechos ocurrieron en Guerrero.
Destacan los casos de la desaparición forzada del campesino Rosendo
Radilla en 1974, y las violaciones sexuales cometidas contra las
indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo, atacadas por
separado por soldados en 2002. Recientemente la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha aceptado una nueva denuncia. Ésta por la
ejecución extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en
un retén militar en Guerrero.
Tampoco puede ocultarse el
cuestionamiento al Ejército por su actuar durante el ataque y la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
Más poder a
los militares sin que haya contrapesos. “Los militares quieren una Ley
de Seguridad Interior, pero no trasparentan sus archivos, no rinden
cuentas”, observa Raymundo Díaz.
Contra comunidades
México
vive un proceso de militarización, y una ley de seguridad interior
viene a reforzar ese proceso. De facto, y por momentos con mayor
rapidez, la militarización de todo el país inició a finales de la década
de 1990.
“Hay que recordar que se quitó el uniforme militar a una
brigada de la Policía Militar para transformarla en la Policía Federal
Preventiva, ahora Policía Federal.”
La primera encomienda de esos
militares vestidos de policía, en febrero de 2000, fue ocupar los campus
de la Universidad Nacional Autónoma de México y detener a más de 1 mil
alumnos para romper la huelga estudiantil. Entonces los universitarios
se oponían a la instauración de cuotas en la llamada máxima casa de
estudios del país.
“Pareciera que el proceso de militarización va a
seguir avanzando y que las violaciones a derechos humanos van a seguir
incrementándose”, explica el coordinador del Ccti, Raymundo Díaz.
“La
población mexicana empobrecida” es la destinataria de esta ley de
seguridad interior. Requieren de esa ley “porque saben los gobernantes
que en un momento dado esos mexicanos empobrecidos pueden exigir
derechos”.
Esta ley será usada, más que contra criminales, contra
comunidades organizadas. “Sobre todo pensando en los megaproyectos que
tienen que ver con minería, con zonas económicas especiales, con
mantener a la población como un recurso que le sirve a la economía
global.
“Y es que la población empobrecida, en un momento dado, sí
puede reclamar derechos, un mejor nivel de vida, un mejor acceso a la
salud, a educación, trabajo, salario. Pero pues para eso está la mano dura y el terrorismo de Estado”.
El
general de división retirado Estrada Bustamante reconoce que las
Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir a las delincuencias,
“pero las policías tampoco lo están”. Menos aún en materia de derechos
humanos.
“Si queremos respetar los derechos humanos, pues vamos a
preparar a las policías, vamos a darles todos los medios operativos,
administrativos, materiales y la capacitación. Eso no se les da
actualmente. No están ni preparados ni adiestrados, no tienen equipo; no
saben cómo conducirse respetando derechos humanos.”
Zósimo Camacho
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