El primer encuentro fue algo informal, para dar a conocer la iniciativa y charlar con comunicadoras y conocidas al son de un café. Kika Fumero, Cristina Fallarás o Luciana Peker explicaron la importancia de lo que estaba por venir. Era Madrid a principios de primavera. Y lo que vino después fue un arsenal de ruedas de prensa, presentaciones, jornadas y actos por distintos puntos del Estado español para compartir una iniciativa comunitaria gestada durante meses.
El objetivo que persigue el movimiento internacional Mi voz, mi decisión es conseguir un millón de firmas antes del 5 de junio. Quieren adelantarse a los posibles resultados ultraderechistas en las elecciones europeas y aunar fuerzas para lograr que todas las mujeres que vivan en la Unión Europea puedan tener la posibilidad de abortar de forma segura, libre y accesible. Asociaciones, colectivos, organizaciones y activistas de ocho países están implicadas en este objetivo: Francia, España, Irlanda, Austria, Croacia, Finlandia, Polonia y Eslovenia. Esta última fue la que tomó la iniciativa de proponer la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que se presentará en la Comisión Europea. A partir de entonces, la institución tendrá un plazo máximo de seis meses para ofrecer una respuesta al respecto, con conclusiones jurídicas y políticas que justifiquen la decisión y una lista oficial con las medidas que se proponga adoptar.
En abril se aprobó incluir el reconocimiento del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pero no es vinculante
La iniciativa continúa visibilizando un tema de largo recorrido. El Parlamento Europeo, a petición del grupo liberal, la izquierda y los socialdemócratas, ha debatido en varias ocasiones sobre el derecho al aborto. En el mes de abril se aprobó, con 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, incluir el reconocimiento del derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Aunque no es vinculante, en el texto se solicita a los Estados miembros que reformen los tratados de la Unión Europea para que la Carta incluya en su artículo 3 el derecho de toda persona “a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.
A efectos prácticos no ha cambiado nada. Para reformar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE e incluir el aborto se necesita el acuerdo unánime de todos los Estados miembros. Algunos apoyos son incuestionables, como el de España o el de Francia -que el 4 de marzo de 2024 se convirtió en el primer Estado de la Unión que incluye el derecho al aborto en su Constitución-. Pero también hay países que nunca darían luz verde a este cambio, como Malta, Italia o Hungría, entre otros.
Se calcula que en la Unión Europea más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado el acceso al aborto
“Es una forma de adelantarnos a lo que va a venir: un movimiento de derechas y ultraderechas que atentará contra los derechos de las mujeres”, explica Cristina Fallarás, una de las coordinadoras del movimiento. Y añade: “Ya lo estamos viendo en Argentina, pero llegará también a Estados Unidos y a Europa. Y los primeros derechos contra los que atentan son los que tienen que ver con nuestros cuerpos y, particularmente, el aborto”.
Se calcula que, en toda la UE, más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado el acceso al aborto. Esta iniciativa plantea cuatro situaciones en las que las mujeres podrían seguir avanzando. La primera es la de aquellos países en los que la interrupción voluntaria del embarazo está directamente prohibida, como Malta y Polonia. También está enfocada en aquellos como Austria o Alemania en los que la interrupción del embarazo está permitida con condiciones previas, es ‘legal’ pero no libre. El tercer caso es el de los países en los que, pese a ser legal, el aborto no es accesible en muchas regiones, como Croacia e Italia, por una extendida ‘objeción de conciencia’. Por último, la iniciativa contempla el caso de mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad o pertenecientes a comunidades en las que el acceso al aborto cuenta con dificultades específicas, como las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, para quienes la interrupción voluntaria del embarazo a menudo no es accesible ni segura.
“Queremos que mediante programas dotados de presupuesto, la UE asegure y garantice que todas las mujeres que viven en Europa, aunque estén en un país donde el aborto no sea legal, puedan desplazarse a otro y tengan acceso gratuito al aborto. Que donde es legal y no gratuito, lo sea. Que si en España la interrupción voluntaria es hasta las 14 semanas y una mujer está en la 15, pueda ir a Francia y allí sea gratuito el derecho al aborto. Y, por supuesto, que las compañeras que están en situación de vulnerabilidad puedan desplazarse y acceder al aborto gratuito y seguro. Y aquí ‘seguro’ significa que las instituciones europeas garanticen que rompen esas barreras, ese temor a ser deportadas o repatriadas”, explicaba Kika Fumero, otra de las coordinadoras de Mi voz, mi decisión, durante la presentación de la iniciativa en Valencia.
Normas con rango constitucional
Blindar el aborto con normas de rango constitucional supondría dificultar la toma de decisiones tras las elecciones europeas ante una posible nueva composición parlamentaria poco amiga de ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También implicaría controlar de forma más exhaustiva la financiación proveniente de Europa y destinada a acciones de los llamados grupos pro-vida. Recientemente, el Parlamento de Italia aprobó un plan para “incentivar la maternidad” con una batería de propuestas, lideradas por su la presidenta Giorgia Meloni, entre las que se incluía facilitar los permisos pertinentes a grupos antiabortistas para entrar en las clínicas donde se realizan interrupciones del embarazo y “ofrecer alternativas al aborto”.
“Los fascistas de todo el mundo están conectados y trabajan juntos, son parte de lo mismo. La única manera que tenemos de derrotarlos es permanecer unidas, a través de las fronteras”
Hasta ahí, y aunque se abre la puerta a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, Europa tendría que mantenerse al margen, pues las medidas de sanidad, incluida la salud sexual y reproductiva, es competencia nacional. Lo que ocurre es que este paquete forma parte un proyecto financiado con cargo a los fondos de un plan de recuperación post-pandemia de 2020 provenientes de la Unión Europea, los Next Generation. Meloni ha abierto la puerta a financiación de grupos antiabortistas -o “grupos que apoyan la maternidad”, como ella los llama- en todo el país. La presidenta italiana ha sido criticada, entre otros cargos políticos, por la ministra de Igualdad del Estado español, Ana Redondo, quien escribió en la red social X: “Permitir el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es socavar un derecho reconocido por ley. Es la estrategia de la ultraderecha: amedrentar para revertir derechos, para frenar la igualdad entre mujeres y hombres”.
Tejer una red solidaria de alianzas es un paso importante para elaborar estrategias en común y seguir protegiendo los derechos sexuales y reproductivos. Recientemente, durante la visita del presidente argentino Javier Milei a Madrid, junto a otros representantes ultraderechistas, el verde primaveral se desplegó y activistas de distintas nacionalidades respondieron entonando al unísono su mensaje. La eslovena Nika Kovač, coordinadora de My voz, my choice a escala internacional fue contundente: “Los fascistas de todo el mundo están conectados y trabajan juntos, son parte de lo mismo. La única manera que tenemos de derrotarlos es permanecer unidas, a través de las fronteras”. Aún quedan días para firmar y dar el apoyo a esta iniciativa.
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