"El 6 de abril, la Corte validó la constitucionalidad en el bloqueo preventivo de cuentas por parte de la UIF como medida cautelar de carácter administrativo".
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que como medida preventiva bloqueó las cuentas a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por supuestos vínculos con el narcotráfico.
La acusación formal que las autoridades estadounidenses hicieron contra los hoy exfuncionarios se abrió en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Incluye a Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa; también a quien era su Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega; al Secretario de Seguridad Pública, el General Gerardo Mérida; además de el Senador Enrique Inzunza, y otras seis personas. Se les acusa de supuesta colusión o protección a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, y de recibir sobornos a cambio de facilitarles información de índole de seguridad pública y militar para su operaciones ilícitas, entre otras imputaciones.
Para este momento dos de los acusados: Díaz Vega y el General Mérida se encuentran en Estados Unidos, ya que se entregaron a las autoridades de ese país y en una comparecencia inicial se declararon no culpables. Lo que sigue es que enfrenten el juicio o negocien con las autoridades estadounidenses que les imputan los cargos; de ello se conocerá en futuras audiencias como la que se les programó para el 1 de junio.
En tanto, la UIF los puso en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter preventivo, congelándoles las cuentas, como una medida que deriva de los convenios internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Y es que, los bancos que operan en México, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
La acción de la UIF en este caso resulta pertinente para recordar la importancia de la decisión que, apenas en abril, la Suprema Corte tomó respecto a las atribuciones que la UIF tiene en materia de prevención al lavado de dinero.
El 6 de abril, la Corte validó la constitucionalidad en el bloqueo preventivo de cuentas por parte de la UIF como una medida cautelar de carácter administrativo, cuyo objetivo es prevenir riesgos en el sistema financiero, y le reconoció a la UIF las facultades que tiene de congelar cuentas sin la necesidad de una orden judicial previa, y garantizando el derecho de audiencia.
Y es que se trata de una de las herramientas centrales de la UIF en su tarea de prevenir y frenar las posibles operaciones financieras ilícitas en tiempo real, o cuando hay indagatorias de índole penal incluso a nivel internacional, como es el caso de los exfuncionarios de Sinaloa.
Vale la pena subrayar que, en abril, cuando la Corte emitió su resolución sobre dichas atribuciones de la UIF, en parte de la prensa y de la esfera política, se generó una andanada de descalificaciones y voces alarmistas. Pero queda claro que dicha facultad es básica también para el cumplimiento que México tiene en materia de prevención al lavado de dinero, según los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que México forma parte desde el año 2000.
El GAFI es el organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Precisamente, como parte de su integración a ese organismo, hace 22 años, en mayo de 2004 en México se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita al sector hacendario, con la función principal de coadyuvar en la prevención y combate al lavado de dinero; sin embargo, por muchos años estuvo prácticamente como un elefante blanco.
Fue a partir del año 2019 que se iniciaron los primeros operativos relevantes para combatir el lavado de dinero de delincuentes de cuello blanco y de grupos del crimen organizado, mediante el trabajo de la UIF.
Pero esas primeras acciones se toparon con dos enormes obstáculos: una Fiscalía que no actuaba con la celeridad requerida, en tiempos de Alejandro Gertz Manero, y con la añeja corrupción en el Poder Judicial, porque cuando la UIF detectaba operaciones “inusuales” o ilícitos en casos donde ya había carpetas de investigación en la FGR y hasta órdenes de aprehensión, y la UIF inmovilizaba las cuentas como medida preventiva, pero no faltaba Juez que de inmediato otorgaba algún amparo.
Más tardaba la UIF en echar a andar indagatorias, que los jueces corruptos en su festín de amparos.
Incluso eran los mismos integrantes de la vieja Corte quienes con sus resoluciones obstaculizaban el trabajo de la UIF, particularmente exministros como Eduardo Medina Mora y Norma Piña emitieron polémicas resoluciones que ataban de manos a la UIF, y que favorecieron a delincuentes de cuello blanco, factureros y lavadores de dinero de origen ilícito.
Para muestra está el caso de Juan Collado y sus transferencias en paraísos fiscales como la Banca Privada de Andorra, donde fue la Suprema Corte de Norma Piña la que impidió el trabajo de la UIF.
También el caso de Genaro García Luna y su esposa Linda Pereyra, a quienes la UIF había congelado sus cuentas al detectar indicios de lavado de dinero en el entramado de multimillonarios contratos que junto con sus socios empresarios contratistas, de manera ilegal recibieron durante el calderonato.
En el mismo periodo en que en Estados Unidos a García Luna se le había encontrado culpable de cargos criminales, incluido el tráfico de drogas y de recibir sobornos de grupos criminales, en México un Juez federal le ordenaba a la UIF que le descongelara las cuentas bancarias a la esposa de García Luna, a pesar de que ella ya estaba también imputada por parte de la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Está también el caso de personas físicas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes de lavado de dinero, a las cuales la UIF indagaba en su Operativo Agave Azul.
El Operativo Agave Azul se puso en marcha en el año 2020, y mediante éste la UIF realizó el bloqueo de activos de mil 939 sujetos vinculados al CJNG, de éstas mil 770 eran cuentas de personas físicas, 167 de empresas y dos fideicomisos mediante los cuales la organización criminal realizaba transacciones para blanquear sus ganancias ilícitas utilizando el sistema financiero.
El bloqueo de esas cuentas era clave porque la UIF había identificado –mediante trabajo de inteligencia financiera– a operadores financieros, familiares, empresas, abogados, además de funcionarios de diversos niveles, cómplices de las actividades criminales del CJNG, pero luego también hubo jueces que comenzaron a entregar amparos contra el trabajo de la UIF, y a obstaculizar ese operativo.
Otro de los casos es el de la pareja facturera Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont: la UIF les encontró millonarias transacciones irregulares y tras identificar el movimiento de recursos de procedencia ilícita, los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
El caso se judicializó e incluso se emitieron órdenes de aprehensión contra la pareja por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; ellos se fugaron al extranjero, y evadidos de la Ley, también encontraron jueces que les dieron amparos y que le ordenaron a la UIF que les descongelara las cuentas.
En 2023 comenzaron a recibir amparos y en marzo de 2025 una Jueza en materia administrativa le ordenó a la UIF que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas. Así, por orden judicial, la UIF se vio obligada a desbloquearles las cuentas.
Los Álvarez Puga-Gómez Mont prófugos de la justicia mexicana están en Estados Unidos. Es uno de los casos de personas de quienes se ha solicitado al gobierno estadounidense que los extradite para que enfrenten las indagatorias judiciales que hay en su contra, pero que el gobierno estadounidense se ha negado a extraditarlos.
Hay también otros casos en que, sin obstáculos de jueces cómplices, el trabajo de la UIF ha podido dar pasos en el combate al lavado de dinero, desde el dar seguimiento de los movimientos financieros de un criminal en fuga para lograr su detención, como ocurrió con Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, cuyo seguimiento financiero por parte de la UIF primero para congelarle las cuentas y activos, y luego para ubicarlo mediante el seguimiento a las transacciones con tarjetas de crédito que hacía desde Paraguay, fue clave para su detención.
En el caso de los exfuncionarios de Sinaloa a quienes les congeló las cuentas, en las revisiones y análisis que la UIF hace a sus operaciones financieras y sus redes y vínculos familiares y empresariales, en aquellos casos que compruebe operaciones “inusuales” que resulten injustificadas, la UIF tendrá que dar vista al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes que serían competencia de la FGR.
Aún y cuando el caso contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa inició en Estados Unidos, es necesario que, en un afán de legalidad y transparencia, las autoridades mexicanas realicen también indagatorias puntuales respecto a cada uno de los señalados, y es la UIF el órgano técnico que tiene facultades para ese mapeo financiero que derive en indagatorias a profundidad, como las que requiere este caso.
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