La intervención de baja intensidad y sus colaboradores

Víctor M. Quintana S.

Más allá de las contradicciones internas y de las intrigas palaciegas en Chihuahua, emergen con claridad tres conclusiones del “ Affaire CIA en Chihuahua”: la primera, que en el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal hubo presencia de cuatro agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés). La segunda, que esa presencia se da en el marco de colaboración del gobierno del estado con esta agencia y otras de Estados Unidos durante al menos cuatro años. Tercera, que el gobierno de María Eugenia Campos Galván no informó al gobierno federal, ni en lo general ni en lo particular, de esa cooperación. Cuarta, que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, estaba perfectamente enterado de las actividades de los agentes de la CIA en Chihuahua (por lo menos), aunque no lo reconozca explícitamente.

Luego de la declaración de la licenciada Wendy Chávez, titular de la Unidad Especial de Investigación sobre lo sucedido el 18 y 19 de abril en los municipios de Morelos y Batopilas, se reconoce plenamente la presencia de los cuatro agentes de la CIA en el operativo, aunque se le carga toda la responsabilidad al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, pues él no habría reportado a sus superiores de la presencia de los agentes estadunidenses. Desgraciadamente, Oseguera ya no podrá corroborar el hecho, pues falleció en el accidente de la madrugada del domingo 19. El hasta el lunes 27 fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia luego que el informe de Chávez contradijo las dos versiones, a su vez también contradictorias, que él mismo ofreció sobre la presencia de los agentes de la CIA en el convoy del operativo y reconoció las fallas y omisiones en el control de la información.

Todo este montaje es para concentrar la responsabilidad de la intromisión de la CIA en el director, ahora occiso, y hacer control de daños sobre todo para la gobernadora, y en menor medida para el fiscal. Sin embargo, la colaboración del gobierno de Chihuahua con agencias estadunidenses data cuando menos de abril de 2022, cuando la titular del ejecutivo chihuahuense firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador de Texas, Gregg Abbot, para poner a su disposición los datos que recabe el costoso –para los contribuyentes chihuahuenses– dispositivo de la Plataforma Centinela sobre el tránsito de migrantes indocumentados de Chihuahua a Texas. Esto se reafirmó la semana pasada, cuando el Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, dijo que en la Torre Centinela de Ciudad Juárez habrá un piso completo para las agencias estadunidenses como la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras. El periodista Steven Fisher de Los Ángeles Times reportó el 22 de abril que en lo que va del año, agentes de la CIA ya han participado en tres operativos en la entidad norteña. El gobierno de Chihuahua nunca informó de esta colaboración con las agencias estadunidenses en las reuniones semanales de la Mesa de Seguridad con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.

Es muy entendible el interés de la CIA por Chihuahua: es una entidad con 760 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con vasto espacio para el cruce y tráfico de migrantes. Es de los pocos estados donde, además del trasiego de drogas a través de la frontera, hay producción de mariguana, amapola y ahora, drogas sintéticas. Es el asiento del cártel de Juárez o La Línea, que, aunque no ha sido declarado como “terrorista” por el gobierno de Trump, es de las organizaciones criminales más fuertes de México, con una cabeza desconocida desde que falleció Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, en 1997. Además, Chihuahua está gobernado por el PAN y su gobierno varias veces ha mostrado distancia o desacuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es muy explicable que al darle Trump más protagonismo a la CIA en el combate a los cárteles de droga haya nombrado a un ex miembro de la agencia, Ronald Johnson, como embajador en México, y se integren a la embajada varios agentes sin pedir la autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto lo sabía Johnson, quien reconoció que los dos estadunidenses fallecidos estaban adscritos a la embajada. Su actitud en este asunto, y las veladas amenazas que vertió la semana pasada refiriéndose a la corrupción en México, revelan que la estrategia de Trump es realizar una “intervención de baja intensidad” para conformar nuestro país a sus planes.

Ante la firme defensa de la soberanía nacional que realiza la presidenta Sheinbaum, Trump y su fuerza subrepticia de intervención buscan –y encuentran– quien colabore en otros órdenes de gobierno ligados a la oposición. El que ahora tengan que tratar comedidamente a Claudia Sheinbaum no les impide ir preparando una “Mexican Corina” o alguien por el estilo que se pliegue a sus intereses y acciones intervencionistas (ver el tuit de Federal Investigation International https://n9.cl/vvvgc).

Por eso es crucial que todo este asunto no quede impune. No se defiende la soberanía conformándose con explicaciones rabonas y tramposas.