Juan Becerra Acosta
El 13 de agosto de 1521, los españoles acompañados de sus aliados, totonacas, texcocanos y tlaxcaltecas, entre otros, capturaron a Cuauhtémoc, último tlatoani gobernante mexica, quien lideró heroicamente la resistencia contra Hernán Cortés.
Aquella lucha jamás habría sido ganada por los invasores, 800 europeos aproximadamente, si no se hubiesen sumado a ellos 75 mil indígenas enemigos de Tenochtitlan.
Hasta 1836, Texas fue mexicano, su efímera independencia de menos de 10 años para terminar anexada a Estados Unidos tuvo como principales operadores a residentes locales que apoyaron al movimiento separatista, entre ellos Lorenzo de Zavala, político mexicano que se convirtió en el primer vicepresidente de la República de Texas.
Tras la Independencia, Yucatán se unió a México de forma voluntaria bajo un pacto federal que garantizaba su autonomía interna, pero más tarde, en 1841, las élites políticas y militares de la península, encabezadas por Miguel Barbachano, Santiago Méndez y Santiago Imán, se opusieron a la ley que impedía a los estados elegir a sus propios gobernantes y buscaron separarse de México. Ello en medio de la Guerra de Castas.
El entonces gobernador Santiago Méndez solicitó a Estados Unidos su ayuda militar a cambio de la soberanía de la península.
“La raza blanca –la clase civilizada de este Estado– es ahora atacada de manera atroz y bárbara por la raza aborigen que levantada simultáneamente en insurrección, con instinto de ferocidad, nos hace una guerra salvaje y de exterminio”. Escribió Méndez al entonces secretario de Estado estadunidense –y posteriormente presidente de esa nación– James Buchanan.
“Viendo, como ya he declarado con entera franqueza a vuestra excelencia, que Yucatán no tiene más esperanza de salvación que la determinación de una potencia extraña de favorecerlo con su auxilio tan pronto como sea posible”, rogó el gobernador de Yucatán por la intervención de Estados Unidos, país que en ese momento, a través de su presidente James K. Polk decidió dejar “en visto” la petición, debido a que su país estaba demasiado ocupado en su propia guerra de intervención contra México.
Durante aquella ofensiva, entre 1846 y 1848, hubo facciones y regiones que colaboraron en ciudades ocupadas como Veracruz o la Ciudad de México, donde algunos sectores comerciales y políticos cooperaron con las fuerzas invasoras para intentar mantener sus privilegios
El ejemplo más claro para referirse a los vende patrias en México es aquella tristemente celebre “Comisión de Miramar”, grupo de conservadores que, opositores a las leyes liberales de Benito Juárez, viajó a Europa para pedir a Maximiliano de Habsburgo aceptar ser emperador de México.
José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte –hijo de Morelos–, Antonio Suárez de Peredo, y Joaquín Velázquez de León, entre otros, convencieron a Maximiliano a aceptar el trono asegurando que el pueblo mexicano deseaba un imperio. El joven Max terminó engañado y fusilado.
En 1913, Victoriano Huerta conspiró con el embajador estadunidense Henry Lane Wilson para derrocar al presidente Francisco I. Madero, facilitando una intervención diplomática y política extranjera. La intervención de Estados Unidos durante la Decena Trágica fue decisiva para el asesinato de Madero y Pino Suárez
Wilson reunió en la sede de la embajada de Estados Unidos a los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz, con quienes acordó el derrocamiento de Madero para que Huerta asumiera la presidencia. El embajador utilizó la amenaza de una invasión de tropas estadunidenses para presionar a políticos y militares mexicanos a aceptar el golpe de Estado.
La participación de agentes estadunidenses durante un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Chihuahua hace apenas 10 días no es menor. Se llevó a cabo sin el conocimiento ni autorización del gobierno federal en clara violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
El reclamo y exigencia de transparencia sobre estos hechos no es un asunto de guerra sucia ni politiquería, sino de defensa de la soberanía.
La renuncia del fiscal César Jáuregui responde a un acto de autoridad política y moral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es triunfo suyo y, por lo tanto, de su defensa a la soberanía, sobre todo ante los embates de Donald Trump. Pero el caso no queda ahí, ahora la gobernadora de Chihuahua deberá explicar porqué en su estado se actuó al margen de la Ley de Seguridad Nacional.
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