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9/05/2026

Inundaciones en Nepal: 43 mil mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria urgente

 

Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que golpearon Nepal han dejado 987 personas muertas y 4 mil 247 desaparecidas, mientras las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas.

Pero el desastre no está afectando a todas las personas de la misma manera. Unas 43 mil mujeres y niñas necesitan asistencia humanitaria inmediata, de acuerdo con ONU Mujeres, que advirtió sobre el incremento de las dificultades para acceder a alimentos, agua potable y servicios de protección.

La emergencia también amenaza con profundizar desigualdades que ya existían antes de las inundaciones, particularmente en comunidades donde las mujeres tenían que recorrer largas distancias para conseguir agua.

Mujeres y niñas enfrentan una emergencia dentro de la emergencia

Christine Arab, directora regional de ONU Mujeres para Asia y el Pacífico, señaló que las organizaciones que trabajan en las zonas afectadas han advertido que algunas mujeres sobrevivientes se están quedando sin alimentos, mientras el acceso al agua potable se vuelve cada vez más difícil.

La destrucción de sistemas de abastecimiento, carreteras y puentes ha interrumpido por completo el suministro de agua en algunas comunidades.

La situación resulta especialmente grave en el distrito de Rasuwa, donde antes de las inundaciones las mujeres y las niñas ya dedicaban varias horas al día a recorrer largas distancias para conseguir agua.

Ahora, la infraestructura que permitía acceder a este recurso quedó destruida o severamente dañada.

La emergencia también representa un riesgo particular para mujeres embarazadas y madres lactantes, quienes se encuentran entre las personas que requieren asistencia humanitaria y atención sanitaria prioritaria.

ONU Mujeres señaló además que algunas mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con discapacidad fueron arrastradas por las aguas al no poder llegar a terrenos más elevados.

“Esto es lo que ocurre cuando un desastre se encuentra con la desigualdad: las personas que ya habían quedado atrás suelen ser las primeras en ser arrastradas”, afirmó Arab.

Aumenta el riesgo de violencia de género y trata

La emergencia no se limita a la pérdida de viviendas o infraestructura.

La ONU advirtió que los desastres pueden incrementar los riesgos de violencia de género, explotación y trata de personas, especialmente cuando las comunidades quedan aisladas, se interrumpen las comunicaciones y disminuye el acceso a servicios de protección.

Para las sobrevivientes de violencia, estas condiciones pueden dificultar todavía más la posibilidad de pedir ayuda o acceder a atención especializada.

La destrucción de carreteras, puentes y sistemas de comunicación también puede dejar a mujeres y niñas en condiciones de mayor aislamiento, particularmente en las comunidades rurales y de montaña afectadas por las inundaciones.

Por ello, la respuesta humanitaria requiere considerar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas y garantizar que puedan acceder de manera segura a alimentos, agua, salud y mecanismos de protección.

Mujeres deben participar en la reconstrucción

ONU Mujeres también alertó sobre otro riesgo: que las mujeres queden excluidas de las decisiones sobre la respuesta a la emergencia y la posterior recuperación.

La participación de las mujeres resulta fundamental para identificar las necesidades de las comunidades y evitar que la reconstrucción reproduzca las desigualdades que existían antes del desastre.

“La respuesta humanitaria debe reconocer las experiencias de las mujeres y las niñas”, afirmó Arab, quien subrayó que la ayuda debe llegar hasta ellas y reconocerlas como protagonistas de la recuperación de Nepal.

El llamado adquiere relevancia en un contexto en el que las necesidades más inmediatas son alimentos y agua, pero también existen riesgos relacionados con la protección y la violencia de género.

Servicios de salud, también afectados

El acceso a la atención sanitaria representa otra preocupación para la población afectada.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis establecimientos de salud resultaron dañados o destruidos y otros dos permanecen inaccesibles.

La interrupción de estos servicios puede tener consecuencias particularmente graves para mujeres que requieren atención relacionada con el embarazo, el parto, la salud sexual y reproductiva o la atención de lesiones y violencia.

La OMS mantiene vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas para detectar posibles incrementos de enfermedades transmisibles, entre ellas dengue y tifus de los matorrales, ante las condiciones generadas por las inundaciones, los desplazamientos de población, el hacinamiento y el agua estancada.

La organización también trabaja en la identificación de medicamentos, kits de diagnóstico y otros suministros esenciales, además de brindar orientación para la prevención de infecciones.

Una emergencia que profundiza desigualdades

Las inundaciones fueron provocadas por el colapso de un glaciar en el Himalaya, en la frontera con China, y han afectado especialmente a comunidades aisladas.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las organizaciones humanitarias enfrentan el desafío de llevar asistencia a las zonas que permanecen incomunicadas.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja advirtió que el monzón aún no termina y que persisten riesgos de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.

5/23/2020

Las 15 estrategias de ONU Mujeres para responder a la violencia de género durante la emergencia sanitaria




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Asegurar que los servicios de atención sean considerados esenciales y facilitar el acceso a través de mecanismos alternativos son algunas recomendaciones




Nueva York, 21 may. 20. AmecoPress.- El distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena se presentan como las medidas más eficaces para hacerle frente a la pandemia por el coronavirus, pero han traído como contrapartida graves consecuencias económicas, sociales e incluso políticas en países de todos los continentes. En ese mapa de la crisis, y como ha sucedido históricamente, las mujeres son las más afectadas.
La emergencia sanitaria profundizó las brechas de género económicas, un impacto que afectó más a las trabajadoras informales y precarizadas, así como a quienes integran los primeros sectores perjudicados por la pandemia, como los servicios o el turismo, en su mayoría feminizados. También dejó en evidencia, por si acaso había alguna duda, que las tareas de cuidados tienen cara de mujer. En ese sentido, el cierre de los centros educativos planteó para muchas mujeres el desafío de tener que compatibilizar en simultáneo el trabajo remunerado con el cuidado de las hijas e hijos.
Los datos de la realidad ya lo demuestran: en Uruguay, el número de llamadas a la línea de atención del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario; en Argentina, el aumento de las llamadas para pedir ayuda a la línea 144 fue de 40% en los primeros 40 días de cuarentena obligatoria. En ese país hubo 49 femicidios desde que se declaró la emergencia sanitaria hasta el 10 de mayo, según el relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Para muchas mujeres, quedarse en casa es la opción menos segura.

Los datos de la violencia

La semana pasada se cumplieron dos meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de covid-19. ¿Qué sabemos hasta ahora de su impacto en la violencia hacia las mujeres? En un intento por responder a la pregunta, ONU Mujeres recopiló algunos datos preliminares en el informe Prevención de la violencia contra las mujeres frente a covid-19 en América Latina y el Caribe, que buscar servir de guía para gobiernos, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil en el manejo de esta problemática.
El informe asegura que las medidas de prevención de la propagación de la covid-19 “exacerbarán” la violencia contra las mujeres en los hogares “porque las víctimas se encuentran encerradas con sus perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda”.
La experiencia de los últimos meses demostró que en algunos países las denuncias de violencia de género han bajado, pero esto no significa que haya menos violencia, sino que hay más dificultades para denunciar. “Es una consecuencia de que las mujeres no pueden salir de sus hogares o hacer llamadas porque están en contacto constante con el agresor y sus redes de apoyo son más limitadas por las medidas de cuarentena. A este aislamiento de hecho, se suma el miedo al contagio del virus al salir a buscar ayuda fuera del entorno familiar, que sería en este sentido un freno para pedir ayuda”, detalla el documento. Esto está pasando en Uruguay, donde las denuncias en el Ministerio del Interior descendieron desde que se decretó la emergencia sanitaria, pero las llamadas al servicio del Inmujeres aumentaron.
ONU Mujeres denuncia las “barreras adicionales” que la crisis ha generado para que las mujeres accedan a servicios esenciales, relacionadas con la restricción de movilidad y el aislamiento social, pero también porque las instituciones de salud, la Policía y la Justicia “están sobrecargadas y están enfocando sus operaciones en la respuesta a la pandemia”.
Otra “barrera adicional” es la económica, en el caso de que las mujeres en situación de violencia pierdan sus trabajos. “La evidencia sugiere que la pérdida de autonomía económica tiende a demorar las estrategias de salida de las situaciones de violencia de género. La incertidumbre sobre la economía en el mediano y largo plazo estaría de forma indirecta aumentando el poder de opresión de los perpetradores”, plantea en ese sentido el informe.
Los obstáculos para acceder a servicios esenciales o huir de las situaciones de violencia son todavía más grandes para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación, como mujeres con discapacidad, trans, que tienen VIH, migrantes, desplazadas y refugiadas, víctimas de conflicto armado, indígenas, afrodescendientes y rurales o que viven en asentamientos. En el caso de las personas trans y la comunidad LGBTI en general, dice el informe, se reportó un aumento de las tensiones en hogares donde sus identidades de género u orientaciones sexuales no son respetadas ni reconocidas, así como mayor exposición a la violencia de género, en particular la doméstica.
La organización internacional alerta sobre otros riesgos que pueden surgir en momentos de crisis, como por ejemplo el incremento de la explotación sexual y los matrimonios forzados –debido a la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de las familias– y de los casos de ciberviolencia, en la medida en que “el tiempo conectadas y la exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes en general aumenta por el teletrabajo, la teleeducación o el teleactivismo, además de los espacios de ocio”.
El documento también alerta sobre la situación de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde se reproducen episodios de violencia de género: “El aumento en la violencia contra las mujeres tendrá impactos negativos también en ellas y ellos en términos de violencia, estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos de largo plazo en su desarrollo”.

Estrategias y buenas prácticas

¿Qué deberían hacer gobiernos, sociedad civil e instituciones para prevenir y dar respuesta a la violencia de género en el contexto de la pandemia? En base a los datos preliminares recabados en América Latina y el Caribe, ONU Mujeres propone 15 estrategias:
1. Garantizar que las regulaciones de cuarentena o de restricciones de movilidad contengan excepciones para que las mujeres en situación de violencia y sus hijas e hijos puedan salir a buscar apoyo, reportar o denunciar sin correr el riesgo de ser arrestadas. Un ejemplo de práctica prometedora en este sentido es el de Argentina, que decretó en abril la excepción de la cuarentena obligatoria para mujeres y personas LGBTI en situación de violencia.
2. Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia hacia las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia. Esto incluye servicios de salud, centros de justicia, refugios, albergues, servicios de asesoría legal, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios psicosociales y otros servicios sociales.
3. Fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia para facilitar los reportes en casos de urgencia. Esto implica reforzar los servicios virtuales y de ayuda en internet (líneas telefónicas, mensajes de texto, web chats, aplicaciones móviles, botones de pánico), y establecer mecanismos alternativos de comunicación para facilitar los reportes de violencia para mujeres que no tienen acceso a internet, como puede ser alertas de emergencia en farmacias, hospitales, centros de salud o supermercados.
4. Fortalecer la identificación y la atención a la violencia de género por parte del personal de la salud. Para eso es necesario capacitar a las y los profesionales de la salud y a quienes atienden las líneas telefónicas de atención a la covid-19. En Uruguay, por ejemplo, el Inmujeres anunció a fines de marzo la elaboración, junto con el Ministerio de Salud Pública, de un protocolo específico para que los equipos de salud que visitan los hogares y están en las emergencias de los centros de salud puedan detectar posibles situaciones de violencia de género.
5. Garantizar que los servicios policiales y judiciales prioricen la respuesta a la violencia hacia las mujeres durante y después de la crisis y que sigan investigando, procesando y sancionando a los agresores y faciliten el acceso a la Justicia a través de mecanismos virtuales y alternativos. Una de las posibilidades puede ser prorrogar automáticamente las medidas cautelares para mujeres en situación de violencia durante la pandemia, como hizo Uruguay a pocos días de declarada la emergencia sanitaria.
6. Priorizar y reforzar el financiamiento de refugios, albergues y casas de acogida para mujeres que enfrentan alto riesgo de violencia. Una recomendación de ONU Mujeres es trabajar en colaboración con las redes comunitarias para poner en marcha alternativas para cuando se llenen los refugios, como alianzas con el sector hotelero, universidades, centros deportivos o escuelas para crear refugios o albergues temporales.
7. Garantizar acceso a servicios sociales, terapia, servicios psicosociales y asesoría legal gratuita mediante líneas telefónicas y canales virtuales gratuitos.
8. Aumentar la inversión en las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, así como las defensoras de derechos humanos, para que puedan desarrollar redes de apoyos locales, comunitarias y territoriales.
9. Implementar campañas de comunicación y difusión para mujeres que atraviesan situaciones de violencia con información sobre sus derechos, qué hacer en casos de urgencia, cómo desarrollar planes de seguridad, los servicios disponibles e información práctica sobre el proceso penal si deciden denunciar. Las estrategias y canales de difusión tienen que ser “inteligentes”, dice el informe, para que lleguen directamente a las mujeres sin alertar a los agresores (por ejemplo, vía Whatsapp, SMS o en espacios que suelen usar sólo las mujeres).
10. Elaborar campañas, guías y recursos dirigidos a familiares, amistades, vecinas y vecinos de las mujeres y otros testigos, para generar una “cultura de tolerancia cero”. La medida tiene que apuntar a asesorar a las comunidades sobre cómo identificar las señales tempranas de la violencia, qué hacer y qué no hacer para apoyar a las víctimas y cómo intervenir o reportar si ven o escuchan golpes, gritos u otras señales de violencia o abuso.
11. Elaborar campañas, mensajes e intervenciones dirigidos a varones para que no crean “que pueden actuar con impunidad durante la crisis”. La idea es “movilizar e involucrar a hombres no violentos en la prevención de la violencia para intervenir y no quedarse callados si conocen hombres que son perpetradores y promover masculinidades positivas e igualitarias”.
12. Integrar la prevención de la violencia contra las mujeres en los lugares de trabajo y la educación virtual. Es necesario elaborar políticas y protocolos de prevención y atención de violencia hacia las mujeres para asegurar que los procedimientos institucionales apoyen a las víctimas. También se debe ofrecer información a todo el personal sobre la violencia de género, los servicios disponibles y los derechos de las mujeres, y mantener contacto con el personal durante los períodos de teletrabajo para fomentar redes de apoyo y garantizar espacios de escucha para construir y estrechar vínculos que facilitan la identificación de casos de violencia.
13. Elaborar estrategias de prevención y de respuesta a la ciberviolencia y el ciberacoso
14. Recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia hacia las mujeres y niñas durante la crisis para orientar las soluciones, políticas, medidas de prevención y atención durante y después de la crisis. Ese trabajo, dice el informe, tiene que tener un enfoque interseccional “para fortalecer el conocimiento de las necesidades de las mujeres diversas durante la crisis”.
15. Poner en marcha medidas especiales que tomen en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres en la fase de recuperación de la crisis, con especial atención en las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad a múltiples formas de discriminación. Eso se logra con la promoción de medidas específicas de empoderamiento y recuperación económica de las mujeres que incluyan prevención de la violencia de género.
Fotos: Archivo AmecoPress. OnuMujeres.

3/31/2020

Hay más de 121 mil camas para infectados

Pandemia

Para la atención de personas enfermas de Covid-19 en México hay 121 mil 435 camas de hospitalización en servicios públicos y privados. Estos últimos cuentan con 30 mil 600 espacios, de los que poco más de mil están en unidades de alta especialidad.
En cuanto a espacios en cuidados intensivos para pacientes críticos, con insuficiencia respiratoria grave, se cuenta con 3 mil 420 en los estados de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con las estimaciones hechas por la Secretaría de Salud, 80 por ciento de las personas infectadas con el nuevo coronavirus tendrán síntomas leves, 15 por ciento requerirá hospitalización y 5 por ciento ingresará a unidades de terapia intensiva. Hasta ayer, con más de mil casos confirmados, había 117 personas internadas. De ellas, 65 por ciento (76) se encontraban estables, 30 por ciento (35) graves y 5 por ciento (seis) intubadas.
La cantidad de enfermos con el nuevo coronavirus dependerá del cumplimiento de las medidas de mitigación por parte de la población, sobre todo de que se atienda el exhorto a quedarse en casa. Se busca evitar el contacto con el virus, o si ya se es portador sin saberlo, prevenir el contagio a otras personas.
Sólo para la zona metropolitana del valle de México, donde se prevé se concentrará la mayor cantidad de afectados, está el plan de contar con 745 camas de terapia intensiva. Para una primera fase de avance de la pandemia ya están listas 117, aclaró Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
Explicó que el resto se van a ir agregando a la capacidad disponible conforme el avance de la pandemia, sobre todo de los casos graves y con alto riesgo de presentar complicaciones.
El funcionario presentó el pasado domingo el plan de reconversión hospitalaria, el cual prevé que haya un grupo de hospitales Covid, donde se ubicarán las camas de terapia intensiva.
Reyes Terán explicó que las 421 camas previstas para la fase dos se tienen de manera parcial. El resto, 324, para la fase tres, está en proceso de adquisición.
El gobierno tiene previsto comprar insumos de diagnóstico, de protección personal e higiene, así como equipos, con valor superior a 3 mil 469 millones de pesos.
Ahí están incluidos 2 mil 737 equipos de ventilación asistida.

Periódico La Jornada

Tenemos la segunda tasa de contagio más baja en el mundo, destaca AMLO



Frente a la pandemia del Covid-19, una de las ventajas con las que cuenta México es la reducida edad promedio de la población, que es de 28 años, en contraste con Italia, España o Estados Unidos, donde supera los 40, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La solidaridad familiar, agregó, también hace fuerte al país, pues ante un eventual desbordamiento de la epidemia que supere la capacidad de enfermeras, contamos con millones en los hogares mexicanos.
Al puntualizar sobre las fortalezas del país para hacer frente al Covid-19, el mandatario señaló que si bien en México hay altos niveles de obesidad y diabetes, también es una población joven; además están nuestras culturas, la importancia de mantener unida e integrada a la familia.
Insistió en que esta epidemia no se cura sólo en los hospitales, sino en la familia, con medidas preventivas, con el cuidado que tengamos todos. La fraternidad familiar, insistió, es un activo de México.
Explicó que por el número de contagiados en función de la población del país, México tiene la segunda tasa de contagio más baja en el mundo, después de India. Sin embargo, ante el escenario de reducir la movilidad, el mandatario descartó totalmente el uso de la fuerza pública para hacer cumplir las restricciones. No estado de sitio ni autoritarismo; todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, persuadir y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente, que nos escucha. Si no fuese así, entonces sería un desorden, un caos, pero la gente nos respeta, como nosotros los respetamos a ellos.
Adelantó que el próximo domingo, en su informe trimestral, dará a conocer el plan económico para enfrentar las consecuencias que tendrá la epidemia en la actividad productiva.
Sin embargo, en una nueva descalificación a los conservadores sostuvo: “cómo estarán de molestos los que se sentían dueños de México, que sus escribanos están planteando que ante la crisis se cancele la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Les contesto: ¿de qué quieren su nieve? Porque estoy muy atento a sus propuestas tan racionales, tan bien fundadas, con tantos argumentos. Ni un paso atrás, al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible.
Nada de repetir recetas
Reiteró que no se repetirán las recetas de los organismos financieros internacionales para enfrentar la crisis, ni se contratarán líneas de crédito para endeudar al país. Tampoco se apelará a cancelar los aumentos salariales o anular los programas sociales, como se hacía en el pasado.
Durante su conferencia, al preguntarle sobre la reducida respuesta de la población ante los llamados al confinamiento y las imputaciones de mensajes contradictorios en el gobierno respecto de la cuarentena, López Obrador respondió: la verdad, hay una campaña de los corruptos en contra nuestra; entonces, son capaces hasta de difundir noticias falsas, y no estoy inventando nada. ¿Que no habían dado a conocer la muerte de una persona que afortunadamente sigue viva?
Para López Obrador, no hay ninguna confusión, pues se ha informado constantemente y quienes distorsionan son los que quieren que nos vaya mal. Aseguró que su gobierno está con un ojo al gato y otro al garabato, porque el mal que más ha dañado al país es la corrupción. Esa es la campaña principal, porque por ese mal, por esa peste se produjo una grave crisis económica y de bienestar social, pobreza.
Informó que hasta ahora se han distribuido 30 mil millones de pesos de los 42 mil millones que corresponden a las pensiones para los 8 millones de adultos mayores de los próximos dos bimestres. Explicó que lo que falta por entregar corresponde a aquellos que carecen de tarjetas bancarias, por lo que se espera que antes del 10 de abril se complete.
Finalmente, sobre la eventual suspensión de sus giras en la fase 3, refirió: “no sabemos. Yo tengo que trabajar, porque es importante. Repito, lo que quisieran los conservadores es lo que querían después del fraude de 2012, bueno, desde 2006, pero después del 12 decían: ‘Ya que se retire, que se jubile, está enfermo, ya está chocheando’”.

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2020, p. 3

El país, en emergencia sanitaria



Refuerzan medidas de prevención; de no respetarse, la crisis económica durará más de un año, advierten
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▲ El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el canciller, Marcelo Ebrard, aclararon que las restricciones por la pandemia del Covid-19 no implican que se aplique en el país un estado de excepción ni toque de queda.
La declaratoria de emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 aprobada ayer por el Consejo de Salubridad General (CSG) es por causa de fuerza mayor; obliga a los sectores público y privado a suspender de manera inmediata todas las actividades no esenciales, así como respetar los derechos laborales de sus empleados, incluido el pago completo de sus salarios.
El acuerdo del máximo órgano de decisión del sector salud, el cual depende directamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhorta a la población a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Esto aplica de manera estricta para adultos mayores de 60 años, personas con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, con inmunosupresión provocada o adquirida y a las mujeres en embarazo y puerperio.
Está garantizado el pleno respeto a los derechos humanos, pues no hay un estado de excepción ni toque de queda, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
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Que la mayor parte de la población se mantenga en su casa durante un mes, hasta el 30 de abril –se alargó el periodo inicial, que concluía el 19 de abril–, contribuirá a reducir la velocidad de transmisión del virus, los hospitales no se verán rebasados en su capacidad de atención y el aspecto negativo en la economía se resarcirá en menos tiempo, explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.
De no aplicar las medidas de mitigación contenidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, la afectación a la economía del país podría durar un año o más, advirtió.
Al participar en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, y luego de dar lectura al acuerdo del CSG adoptado en la sesión –y publicado en el Diario Oficial de la Federación– que estuvo encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que sólo se convocó a los vocales titulares –no a los auxiliares que participan con voz, pero sin voto–, el canciller estimó que no hay oposición ni rechazo del sector privado a la adopción de las medidas.
Por el contrario, dijo, son solidarios y respaldan las acciones del gobierno federal. Saben que en el momento que se deban suspender las actividades, todos tenemos que cerrar filas, afirmó.
Para el anuncio de la declaratoria y lo que implica, también participaron en la conferencia los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda.
López-Gatell planteó la necesidad de ajustar y reforzar las medidas existentes a fin de que la mayor parte de las personas se queden en sus casas.
Comentó que el sistema de monitoreo de la Ciudad de México indica que en días recientes la movilidad bajó 60 por ciento, pero debe bajar más para no lamentar contagios incontrolables en la fase tres de la pandemia.
Insistió en que México se mantiene en la fase dos y que los contagios del nuevo coronavirus que tienen lugar hoy se verán en las cifras de los próximos 14 días. Por eso es importante actuar ahora, quedándose en casa. Así se evitará que haya una gran cantidad de casos en la primera semana de mayo.
Con las acciones, el crecimiento de la pandemia será lento y se prolongará a junio. Eso ayudará a que los servicios hospitalarios no se saturen.
Sobre la suspensión de actividades, el subsecretario explicó que sólo continuarán las consideradas esenciales, como la atención médica, seguridad pública y protección de la soberanía nacional, la impartición de justicia, la actividad legislativa federal y estatal, y las que garanticen el funcionamiento de la economía. También está incluido el trabajo de los medios de comunicación, que se mencionó cuando se dio a conocer la Jornada Nacional de Sana Distancia.
También son esenciales las actividades de las dependencias encargadas de la operación de los programas sociales del gobierno, las de conservación y mantenimiento de infraestructura crítica (agua, energía y saneamiento básico, entre otras).
No obstante, para su ejecución, los trabajadores deberán cumplir con reglas, como no participar en reuniones con más de 50 personas y adoptar las medidas de prevención (no saludar de beso y mano, toser y estornudar en la parte interna del brazo).
López-Gatell explicó que a partir del 30 de abril, cuando concluya la jornada de sana distancia, las secretarías de Salud, Economía y del Trabajo emitirán los lineamientos para un regreso escalonado y por regiones a las actividades laborales, económicas y sociales.
También anunció que a partir de hoy se posterga la aplicación de censos y encuestas que involucren la movilización de personas y el contacto cercano entre ellas.
Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional expusieron los avances de las acciones que les encomendaron para apoyar con la prestación de servicios médicos con instalaciones donde se atenderán pacientes, así como con la administración de nosocomios en el caso del personal de las fuerzas armadas.

Foto Jesús Villaseca

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2020, p. 2