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3/04/2017

Más dinero a “Ella Decide”, respuesta a “Ley Mordaza” de Trump


Cumbre de países por los Derechos de las Mujeres 

Los gobiernos de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia se reunieron ayer en Bruselas en la Cumbre por los Derechos de las Mujeres, para acordar medidas que apoyen política y financieramente la salud sexual y reproductiva, a través del apoyo a la iniciativa “Ella Decide”, con el fin de compensar los efectos de la llamada “Ley Mordaza”, aprobada en Estados Unidos en enero.
 
La “mordaza” fue firmada como orden ejecutiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 23 de enero, con lo cual se reactivó la llamada Política de la Ciudad de México (nombrada así porque fue instaurada en esta ciudad por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984), que prohíbe brindar ayuda económica a cualquier organización civil internacional que trabaje temas de salud sexual y reproductiva, principalmente el aborto. 
 
Con esto se restringen fondos de hasta 9 mil 500 millones de dólares, comúnmente destinados para la planificación familiar, también para salud materna e infantil, nutrición, tratamiento y prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
En mandatos anteriores, cuando la “Ley Mordaza” entró en vigor, también restringieron fondos estadounidenses pero únicamente los relacionados con la planificación familiar del país, cerca de 575 millones de dólares que destinaba al sector salud a nivel internacional.
 
Pese a que no es la primera vez que la orden ejecutiva entra en vigor, ya que los presidentes republicanos la aceptan y los demócratas suelen derogarla durante su mandato, organizaciones civiles de alcance internacional se han pronunciado porque, aseguran, la versión del gobierno de Trump impide que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero en los rubros de salud general. 
 
ELLA DECIDE
 
Ante la medida de Trump, la Ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Lilianne Ploumen, creó el 24 de enero de 2017 la iniciativa “Ella Decide”, que busca recaudar fondos para entregarlos a las organizaciones que trabajan en iniciativas de salud sexual y reproductiva y cuya incidencia peligra por la orden ejecutiva estadounidense.
 
La organización Human Rights Watch (HRW) instó a los gobiernos del mundo a comprometerse con brindar más apoyo a los programas de salud sexual para contrarrestar la “Ley Mordaza” a través de su adhesión a la iniciativa “Ella Decide”, como informó en un comunicado el primero de marzo pasado, en su  sitio web. 
 
El programa recibe donaciones de personas, fundaciones y empresas que posteriormente se envían a organizaciones que trabajan temas de salud sexual y planificación familiar. Con “Ella Decide” se busca que las mujeres y las niñas del mundo puedan ejercer su derecho a llevar a una sexualidad libre y responsable. 
 
HRW también destaca la importancia del trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos para contrarrestar la medida restrictiva de Estados Unidos y asegurar, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a realizar abortos seguros. 
 
Lo anterior resulta relevante ya que, según el estudio “Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias (2013)”, realizado por El Colegio de México, en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros y de ellos cuatro millones de ocurren en la región de América Latina.
 
HRW espera que durante la Cumbre de Bruselas más naciones se sumen a la iniciativa “Ella Decide”. Actualmente ya la apoyan Canadá, República de Cabo Verde, Finlandia, Luxemburgo y Noruega. 
   
CIMACFoto: César Martínez López, Por: la Redacción. Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

2/25/2017

Bajo la “Ley Mordaza”, multan a Plataforma Feminista 7N

Por marcha del 7 de noviembre


La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha multado a la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas en aplicación de la “Ley Mordaza”. A juicio de la Plataforma, “estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”.


En este sentido, la portavocía de la Plataforma recuerda que “la concentración celebrada el pasado 7 de noviembre fue totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno” y que “es responsabilidad de las fuerzas de seguridad garantizar el orden y que se respete el recorrido acordado”.

Agregó: “Nosotras no somos policías, ni tenemos los medios, ni es nuestra misión hacer que se cumpla lo autorizado. Por lo tanto, si se tiene que multar a alguien, que miren entre sus filas”.

LOS ARGUMENTOS

Eso es un extracto de la multa que ha recibido la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas a cargo de la Delegación del Gobierno de Madrid. Todo por una "infracción administrativa" de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza:

“A las 17.30 horas la concentración se inicia en el lugar previsto; si bien a las 18.50 horas los concentrados comienzan a invadir la calzada del Paseo del Prado (...) cortando la circulación (...) haciendo caso omiso a las instrucciones policiales (...) e incumpliendo lo acordado por esta Delegación del Gobierno”.

En un comunicado, la Plataforma señala: “Estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”. “La concentración fue para exigir medidas contundentes para luchar contra la violencia de género ante la pasividad del Estado”. Y recuerdan, fue “totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno”.

Y avisan: “No nos van a callar, la violencia institucional también es violencia de género, y vamos a seguir peleando hasta que consigamos que el terrorismo machista sea cuestión de Estado”. Si bien el hecho conduce a una reflexión sobre “la dificultad de hacer incidencia política”, como explicó Lidia Fernández en su intervención en el Segundo Encuentro Estatal de la Plataforma Cedaw Sombra, el pasado sábado.



Imagen retomada de 7nyovoymadrid.twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 

 

1/30/2017

Las decisiones de Trump amenazan a mujeres de todo el mundo

Trump & Derechos reproductivos de la Mujeres

eldiario.es

La 'Ley Mordaza Global' firmada por el presidente en su primer día de gobierno erradica la financiación para ONG que brindan servicios reproductivos en todo el mundo.

  • Para muchas mujeres, la "Ley mordaza global" significará la vuelta a prácticas que pueden matarlas.
  • Trump ya dijo una vez que habría que castigar a las mujeres por abortar. Ahora lo hace realidad.


En medio de la masa de manifestantes que acudió este sábado a la explanada del National Mall en Washington DC, una de las pancartas llamó mi atención. Una joven afroamericana con coletas sostenía una percha de alambre equipada con un cartón en el que podía leerse: "Nunca más". Resulta que, para las mujeres pobres en el extranjero, el 'nunca' se convirtió en este lunes.

Donald Trump utilizó su primer día como presidente para reinstaurar una orden ejecutiva de la era Reagan que tendrá un impacto devastador para aquellas personas que menos recursos tienen: mujeres y chicas en las zonas más pobres del planeta. Esta orden, más conocida como la 'Ley Mordaza Global', eliminará la financiación a cualquier ONG internacional que provea servicios abortivos o que incluso hable sobre el aborto con pacientes que buscan materiales didácticos o referencias.

Todos los estudios han demostrado que eliminar el acceso a los servicios abortivos no acaba con los abortos sino que simplemente fuerza a las mujeres a realizarlos de forma clandestina y a ponerse en peligro. Para un tipo al que se le ha catalogado como populista, quizás es sorprendente que el hecho de tener a casi medio millón de personas – tres veces más que el día de su toma de posesión– inundando las calles de Washington no haya alterado para nada su política.

Lo que sí han conseguido, sin embargo, es otra cosa: herir los sentimientos del presidente Según algunos de los biógrafos de Trump con los que he hablado, algunas de las cualidades que le definían en su niñez eran las propias de un matón de colegio. Y lo raro es que esto no haya cambiado. Por eso es por lo que el hecho de que haya dedicado una de sus primeras órdenes ejecutivas a menoscabar los derechos de las mujeres me parece algo que se acerca mucho a lo anterior. Porque Trump sí que ha hablado con franqueza sobre las otras órdenes ejecutivas que firmó el lunes –la congelación de contratación de funcionarios y la retirada de EEUU del acuerdo TPP. Pero no ha hablado sobre el acceso al aborto a menos que se le haya pedido.

Si bien es cierto que la implementación de esta orden ejecutiva históricamente se ha revocado siempre que la oposición llega a la Casa Blanca, los partidarios anteriores –Ronald Reagan y George W. Bush– gobernaron en escenarios de conservadurismo social. Con Trump era más difícil adivinar que fuese a suceder esto. Tal y como le dijo a Howard Stern sobre su actitud hacia el aborto en 2013: "Nunca ha sido mi gran problema". Trump parecía haber encomendado la pregunta a su compañero de candidatura Mike Pence, un firme defensor antiabortista.

 Para muchos, que Trump eligiera a Pence fue una ofrenda de paz para los votantes evangelistas escandalizados por el estilo de vida de Trump. La ofrenda de paz funcionó y Trump se hizo con los evangelistas por un amplio margen. Pero las ilusiones de que Trump, como insinuó en un fugaz gesto en la noche electoral, "va a ser el presidente de todos", simplemente se han esfumado. "El presidente, no es un secreto, siempre ha dejado claro que está a favor de la vida", aseguro su portavoz Sean Spicer en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca. "Quiere defender a todos los estadounidenses, también a los que todavía no han nacido".

Es la manera de destripar una política que, según se estima, ha salvado a 289.000 mujeres de muertes relacionadas con el embarazo o la maternidad, según la Organización Mundial de la Salud. No se trata solo del aborto. Los proveedores de estos servicios a los que se les deniega la financiación bajo la legislación mordaza podrían ser despojados también de su capacidad de llevar a cabo incluso la atención sanitaria más básica para las mujeres, tal y como ya informó el grupo global de planificación familiar Population Action International (PAI), dando como resultado un colapso de todas las redes sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se realizan un total de 21 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, que ocasionan cerca del 13% de todas las muertes maternas. Y la organización Marie Stopes International, el mayor grupo de planificación familiar a nivel mundial, estima que la pérdida solo de sus servicios podría significar 6,5 millones de embarazos no deseados, 2,1 millones de abortos de riesgo y 21.700 muertes maternas durante el primer mandato de Trump.

PAI lo describe con todavía más crudeza: "La única meta que la política conseguirá es castigar a las mujeres que ya se enfrentan a circunstancias difíciles bloqueando su acceso a los cuidados esenciales". Si el deseo de Trump de "castigar" a las mujeres suena familiar es porque, bueno, debe sonar así. En marzo del año pasado, dijo que aquellas que solicitan abortos deben sufrir " algún tipo de castigo" por hacerlo.

Y aunque es cierto que rebajó su tono intransigente tras su gran resultado en las elecciones, sus acciones resuenan más alto que sus palabras.

(Traducido por Cristina Armunia Berges )

Fuente:http://www.eldiario.es/theguardian/Trump-castigar-abortar-Ahora-realidad_0_605440152.html 

8/05/2014

Las enseñanzas de la Ley Mordaza


En lugar de establecer límites a excesos y prácticas irresponsables de las autoridades judiciales, la ley propone límites al trabajo periodístico.

El miércoles 30, las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Seguridad Pública y de Justicia del Congreso del estado de  Sinaloa dictaminaron dos iniciativas para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Las iniciativas habían sido presentadas por el diputado priísta César Freddy Montoya Sánchez (3 de junio) y por el gobernador Mario López Valdez (16 de julio), con el fin de poner en concordancia con el sistema procesal nacional al sistema de justicia penal acusatorio que empezará a aplicarse el 15 de octubre en la región centro norte.
Sin embargo, la inclusión del artículo 51 Bis en la Ley Orgánica de la PGJE puso en alerta a los periodistas, pues establece restricciones al ejercicio periodístico que quebrantan el derecho al acceso a la información consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y reducen a la discreción de un funcionario público (el Procurador de Justicia) la obligación institucional de rendir cuentas en asuntos de evidente interés público, como son la seguridad y la justicia.
El cuestionado artículo establece que:
  • Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
  • En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia.
  • Ningún funcionario de la PGJE podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia del Estado o de la unidad de acceso.
  • La víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.
Es decir, en lugar de establecer límites a excesos y prácticas irresponsables de las autoridades judiciales, como las presentaciones de detenidos ante la prensa, la ley propone límites al trabajo periodístico.
En lugar de concentrarse en la obligación de las autoridades para garantizar el debido proceso, proteger la identidad de las personas y preservar el lugar de los hechos, las reformas se traducen en una prohibición general para la actividad periodística.
En lugar de apostar por un aumento de credibilidad y confianza de las policías, ministerios públicos y servicios periciales, la reforma parece un intento de blindaje ante el escrutinio público del funcionamiento y capacidad de investigación estatal.
La presión que impulsaron los propios periodistas de Sinaloa, que dieron aviso a organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión, provocó una reacción inmediata del gremio contra lo que en las redes sociales se conoció como #LeyMordaza.
El jueves en la noche, la oficina del gobierno del Estado emitió un comunicado de 5 cuartillas en el que señala que “el gobernador del Estado, Mario López Valdez, se pronunció a favor de que el Poder Legislativo analice, y en su caso, modifique el contenido del dictamen de reforma (…) ante la inconformidad y observaciones emitidas por representantes de los medios de comunicación, particularmente al artículo 51 Bis”.
Al día siguiente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso anunciaron en conferencia de prensa que el próximo 21 de agosto se presentará una nueva iniciativa para derogar todo el texto del 51 Bis.
El coordinador de los diputados del PAN, Francisco Solano Urías, alegó que todos tenemos “el derecho humano a equivocarnos”.
A lo que los diputados no tienen derecho es a movilizar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso –que implica el uso de recursos públicos- para modificar una ley que, antes de ser aprobada por unanimidad, debió haber sido leída y discutida por los legisladores, que para eso cobran.
Peor aún, tratándose de una reforma que fue presentada por el Ejecutivo (y que debe tener un equipo jurídico calificado, al menos para enterarse de que la propuesta contraviene a la Constitución del país) y que, además, entraron en vigor de manera inmediata, pues el mismo día en que se aprobaron, por la tarde,  fueron  publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Con trampas así, no podemos ser ingenuos. Como dijo Gabriel Mercado, presidente de la asociación de periodistas 7 de Junio, al aclarar que, pese al anuncio de derogación, los periodistas promoverán un amparo directo que permita marcar un precedente para generar jurisprudencia y evitar otra tentación regresiva en materia de derechos humanos: “Tenemos que blindarnos”.