Las cosas de no creerse

Néstor de Buen

El horroroso crimen de Ayotzinapa es sorprendente y muy preocupante, porque sin la menor duda refleja el modo de ser de parte de nuestra población que creíamos razonablemente civilizada y que, por lo visto, conserva las peores tradiciones de nuestros antepasados, con total indiferencia frente a la vida ajena y una absoluta insensibilidad.

Trato de imaginar el proceso que condujo al crimen. Los autores de los hechos, que cabe suponer tenían autoridad formal, habrán procedido a detener a los estudiantes, supongo que aprovechando su presencia en su escuela y sin mayores argumentos probablemente los hayan puesto a disposición de los traficantes de drogas a los que se atribuye intervención fundamental en el acto. A partir de ese momento, los detenidos quedaron condenados a morir y probablemente ejecutados sobre la marcha. Mi imaginación no me permite suponer las circunstancias en que eso se produjo, ya que si las víctimas eran 43, los autores del asesinato tienen que haber sido muchos más, lo que hace presumir la existencia de una población criminal de números importantes.

Por supuesto que se habla de la entrega de los estudiantes a los denominadosGuerreros Unidos, aparentemente con intervención de la policía de Iguala al parecer a su servicio.

Me falta imaginación para presumir cómo fue el asesinato que supongo colectivo, bajo condiciones que hicieron imposible alguna resistencia de los normalistas. Tiene que haber sido un acto escalofriante con un público cómplice que con toda seguridad formaba parte de la población de Iguala, lo que tendría que facilitar las averiguaciones. Pero, además, cabe suponer que dada la edad de las víctimas, sus propios familiares habrán tenido la oportunidad de presenciar los hechos, aunque esto violenta la imaginación porque lógicamente, de haber sido así, no habrían adoptado una posición pasiva, salvo que hayan estado sujetos a amenazas suficientemente expresivas.

La segunda parte de los hechos: la incineración, el meter los restos en bolsas y arrojarlos al río tampoco puede imaginarse que hayan sido actos a escondidas.

Me cuesta trabajo aceptar la intervención culposa del alcalde de Iguala y de su mujer, aunque todo indica que así fue.

Detrás de todo el escenario está presente, sin la menor duda, el hecho de que tales actos habrán requerido la oportuna provisión de armamento y municiones a los asesinos que, lo más factible, forman parte de la población cercana. Ahí se hace evidente la eficacia del contrabando internacional, sin perjuicio de que la vía para lograr el armamento haya sido simplemente la complicidad de las policías, lo que con toda seguridad ocurrió.

Lo que es claro, como resumen, es que en este momento vive México una situación intolerable en la que juegan la indiferencia de los evidentes testigos, la absoluta falta de moral de las autoridades, particularmente policías y funcionarios públicos, la dolorosa ineficacia de los organismos superiores encargados de la seguridad y en particular de la fiscalización de las conductas delictivas.

La muy amarga conclusión es que el Estado mexicano, producto de una larga evolución iniciada en la Revolución de 1910 y asumida jurídicamente en la Constitución de 1917, carece hoy de la más elemental educación y sentido social.

El problema es de extrema gravedad.

El vergonzante intento de reforma petrolera

Néstor de Buen

La verdad que es para no creerlo. La propuesta, aparentemente con voto mayoritario en el Congreso, de ceder a empresas extranjeras la explotación del petróleo, me parece una de las traiciones más dolorosas en la historia del país. Comprendo que se invoquen razones económicas, pero no me convencen.

El problema personal de López Obrador, padeciendo un infarto aparentemente no tan grave, me ha llegado al alma. Ha sido la única fuerza que ha hecho patente la inconformidad de nuestro pueblo con esa medida indecente y ahora, naturalmente, no podrá seguir Andrés Manuel con su insistente campaña a favor de mantener la plena nacionalización del petróleo. Por razón natural, a Cuauhtémoc Cárdenas le tocará ahora hacer lo posible y lo imposible para que no se lleve a cabo la apertura al capital extranjero.

Convengo en que en mi caso, el problema lo veo como una ofensa indecente en contra de la memoria del mexicano más distinguido de nuestros tiempos, Lázaro Cárdenas. Como exiliado español me resisto a creer que México esté dispuesto a desconocer su principal acción como fue la expropiación petrolera, valiente y audaz, que aprovechó tiempos en los que el conflicto que venía entre los aliados y los nazis hacía pensar que no sería tan fácil una reacción violenta de la Gran Bretaña y de Estados Unidos en contra de la decisión de Cárdenas. Tenían problemas más serios que, a fin de cuentas, se resolvieron favorablemente.

Si México ha crecido en el siglo pasado, pese a los notables errores de los presidentes priístas en el manejo de la economía, se debe precisamente a la expropiación petrolera.

No dudo que en la administración de Pemex los problemas han sido mayores. Evidentemente que el problema sindical ha sido históricamente, y lo sigue siendo ahora, el obstáculo mayor, pero también creo que la corrupción tiene necesariamente dos protagonistas. Y no tengo dudas de que el principal culpable haya sido la inadecuada administración de las relaciones obrero-patronales.

Lo que me parece notablemente doloroso es la sensación de la inutilidad de nuestro Congreso. La posibilidad de que se produzca la mayoría mediante la alianza entre el PRI y el PAN dejando a un lado –el de la dignidad– al PRD, es dramática. Lo cierto es que reafirma lo que ya es un lugar común; el Partido Revolucionario Institucional ya no es revolucionario y difícilmente institucional, enfermedad que viene padeciendo ya desde hace mucho tiempo.

Tuve hace algunos años la oportunidad de tratar con Joaquín Hernández Galicia, la famosa Quina, que dirigió con maestría el sindicato petrolero. Nos hicimos amigos en una etapa en que tenía que actuar con prudencia e inteligencia para amortiguar los efectos de una notable presión en su contra. Me convenció de su manejo honrado, sin dejar de reconocer que muy cerca de él se encontraban dirigentes de notable corrupción, y sin duda La Quina debió desembarazarse de esas compañías y fue un error notable no llevarlo a cabo.

También hay que reconocer que la corrupción sindical se ha encajado en nuestra vida económica y jurídica no solamente en el ámbito petrolero, sino en muchos más. El corporativismo sindical, auspiciado y provocado por el sistema político, es sin la menor duda uno de los motivos, si no el principal, que ha detenido nuestro crecimiento.

Pienso finalmente en los diputados y senadores que, en su caso, tendrán que ser cómplices de la maniobra petrolera. Porque no dudo que muchos de ellos tendrán en el fondo de su ánimo la conciencia de que su voto a favor de la reforma violará su formación de origen, privándolos de un orgullo antiguo que seguramente no ha desaparecido del todo. Pero convengo que resulta difícil considerar que sean capaces de pasar por encima de las consignas de su partido y actúen conforme a su conciencia.

Como quiera que sea, la lista con sus nombres deberá darse a conocer, para que nuestra historia pueda calificar a los responsables de haber votado, en su caso, en contra del interés superior de México. Claro está que con la más espectacular mordida de la historia, que cancela el viejo dicho de Sufragio efectivo, no relección, empecemos a entender las razones de la actitud previsible del Congreso.

Entre tanto, manifiesto mi total simpatía y solidaridad con Andrés Manuel López Obrador y con Cuauhtémoc Cárdenas por su clara oposición a la maniobra. La historia los tendrá en cuenta.

El aborto, mal necesario

Néstor de Buen

Se discute en la Suprema Corte la constitucionalidad de unas leyes estatales que sancionan el aborto, al que convierten en delito.

Entiendo esa posición aunque no la comparta.

No participo de la tesis de que el aborto sea una especie de homicidio. Probablemente aceptaría que se estableciera un grado de desarrollo en el nuevo ser que fuere suficiente para considerar un delito el aborto, pero aun así, lo pongo en duda.

No hay que olvidar que el Código Civil atribuye la condición de sujeto de derechos a quien nazca vivo y viable, esto es, con capacidad de seguir viviendo. Antes de ello no tiene personalidad y si eventualmente es designado heredero, estará sometido a la condición de que cumpla el requisito de nacer vivo y con posibilidades de seguir viviendo.

El embarazo puede ser consecuencia de un acto de amor o resultado de una violación, de un acto de fuerza en contra de la voluntad de la mujer. Resulta absurdo que en ese caso esté obligada a mantener ese estado, a pesar de que puede ser un problema que echa a perder su vida.

La resolución de la Corte en el sentido de declarar constitucionales las disposiciones que sancionan el aborto, con base en un proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, ha sido superada por una votación mayoritaria que lo constituye en delito.

La impresión ha sido que el enfrentamiento de criterios ha obedecido a la ideología conservadora de algunos ministros de la Corte. Yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Me parece que la mujer, en determinadas circunstancias, debe tener el derecho de terminar, bien atendida, eso sí, con una situación derivada de un acontecimiento incómodo.

Curiosamente, en este caso la mayoría no es suficiente. Se requiere de una mayoría calificada que se alcanzó apenas, en medio de una expectativa notable. Creo que debe respetarse el criterio de la futura madre y si considera, por las circunstancias en que se produjo el embarazo, que no debe dar a luz, habrá que reconocerla como legítima decisión de quien lleva la carga principal.

No hay que olvidar que esta etapa de nuestra vida económica la procreación excesiva está provocando un incremento notable de la pobreza. La oferta de vida al recién nacido puede ser de miseria, hambre, falta de educación y un porvenir desastroso. Si la mujer está consciente de ello –y habría que analizar sus perspectivas–, el acto, por antipático que parezca, estará liberando al producto del embarazo de una vida de ignorancia y posiblemente delincuencia.

Esto tiene algo que ver, por lo que supone de poner en manos del legislador el futuro de la familia, con las formas de divorcio que se han puesto en vigor en el Distrito Federal.

El llamado divorcio exprés, absolutamente unilateral, ha sido objeto de críticas que no comparto, ya que mi experiencia profesional me indica que la tramitación de un divorcio contencioso es uno de los tragos más amargos que puede vivir un matrimonio.

En el divorcio sin causa la ley es generosa con las obligaciones que debe asumir el promovente del divorcio, tanto en el orden económico como en la custodia de los hijos, que deberá compartirse en lo posible.

Como quiera que sea, casi todas las reformas a las leyes crean inconformidades. Pero los legisladores deben tomar en consideración el interés dominante, obviamente con apego a la lógica y al bien común.

Lamento la decisión de la Corte. Creo que el proyecto de Fernando Franco era adecuado. No me extraña. Lo conozco desde hace muchos años y sé de su inteligencia y sentido común. Lo que no envuelve una crítica a sus opositores. El problema no era de fácil solución.

Una reforma para pensar en ella

Néstor de Buen

Mi amigo José Carlos Guerra Aguilar me hace el gran favor de informarme de algunas novedades legales o de jurisprudencia que siempre tienen importancia. Ahora lo ha hecho con motivo de la reforma al artículo primero de la Constitución que en lugar de atribuir las garantías a todo individuo ahora lo hace a las personas a las que reconoce que gozan de los derechos humanos. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 2 que persona es todo ser humano por lo que cuando entre en vigor la reforma constitucional, el próximo 4 de octubre, el juicio de amparo solo protegerá derechos humanos y en todo caso deberá ser iniciado por personas físicas que son los titulares de esos derechos, pero no por personas jurídicas colectivas, que suelen denominarse personas morales que se estima que carecen de derechos humanos.

Inclusive, en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece: Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

La conclusión inmediata es que al entrar en vigor la reforma, el juicio de amparo solo protegerá derechos humanos, por lo que sólo podrá ser iniciado por personas físicas, pero aparentemente no podrá ser intentado por personas morales, porque no tienen derechos humanos.

Desde un punto de vista procesal los entes colectivos podrán defender sus derechos en tribunales ordinarios, pero no tendrán legitimación en los juicios de amparo. El problema tiene mayor importancia en materia laboral, donde no se prevé una segunda instancia, por lo que la resolución que dicten las juntas se entenderá definitiva.

A partir de la escasa confianza que suelen crear las juntas de conciliación y arbitraje, la interpretación de la reforma resulta absolutamente preocupante, ya que si no cabe el juicio de amparo tratándose de sociedades y, en general, entes colectivos, las posibilidades de que sufran un asalto mediante cualquier reclamación laboral de imposible remedio son inmensas.

Es obvio que podrá alegarse una interpretación más adecuada a la realidad de las llamadas personas colectivas, considerando que el hecho de que se sustituyan las garantías individuales por derechos humanos puede generar todo tipo de injusticias que, en el caso, afectarían de manera exclusiva a la parte patronal de las relaciones laborales. Y no se puede negar que existen infinidad de patrones cuya condición económica no necesariamente es positiva.

Reconoce José Carlos Guerra Aguilera que estas ideas son debidas a un trabajo formulado por Germán Eduardo Baltasar Robles. Es un tema interesante.

No está de más recordar que el artículo 1º de la Ley de Amparo, en su fracción I, determina que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. No menciona los derechos humanos, aunque en mi concepto la adecuada interpretación, por sí misma, del concepto de derechos humanos no puede ser tan restrictiva que se refiera en forma exclusiva a las personas físicas. Una persona colectiva bien puede disfrutar de garantías individuales.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que ser humano es toda persona, pero nada podría impedir que se atribuya la condición de ser humano a una persona moral que bajo ningún concepto puede desprenderse de su estrecha vinculación con las personas físicas, dueñas por lo general del capital y encargadas de su puesta en movimiento. Tan es así que si una persona moral es miembro del Consejo de Administración de una determinada sociedad, resulta más que evidente que se tiene que identificar con los intereses particulares de sus socios a través de la persona física que asuma su representación.

Tiene razón José Carlos Guerra Aguilera en mostrar su absoluta preocupación por la reforma imprudente –en su texto– del nuevo artículo 1º constitucional. Bien sabemos que no faltará juez o representante ante una junta que siga esa interpretación excluyendo del juicio de amparo a las personas jurídico colectivas.

El problema está en el texto del artículo 1º. constitucional en cuanto sustituye el concepto de garantía individual por derechos humanos, pero, independientemente que sería recomendable una precisión de la reforma para evitar confusiones, con el nuevo texto de dicho artículo deberá ser suficiente para que no se merme el ejercicio del derecho de amparo. Haría muy mal cualquier juez federal que, con una interpretación restrictiva, negara el acceso al juicio de amparo a las personas morales.

La OIT y la libertad sindical en México

Néstor de Buen

Muy oportuna fue la publicación, en este diario, de la aceptación por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la queja presentada por diversos sindicatos y, en especial, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y diversas organizaciones mexicanas, entre las que se encuentran el sindicato minero y el SME.

He tenido oportunidad de leer el documento preparado por el Comité de Libertad Sindical –muy extenso, por cierto–, en el que reproduce los argumentos de las organizaciones quejosas y, lo que es más importante, los argumentos del gobierno que demuestran un cinismo notable.

Los contratos de protección que evidentemente no están regulados por la Ley Federal del Trabajo (LFT): simplemente, los provoca. El artículo 386 sólo exige, para la validez del contrato colectivo de trabajo (CCT), que sea firmado por el sindicato de los trabajadores y por la representación patronal, pero en ninguna parte plantea que en todo caso será necesaria la comprobación de la voluntad de los asalariados. Gracias a ello los patrones y los sindicatos corporativos celebran CCT sin que los trabajadores tengan noticia de ello. Es frecuente, incluso, que ese contrato se firme con una empresa que aún no tiene empleados.

Naturalmente que esa posibilidad alienta la firma de contratos de protección, cuyas características principales son repetir las condiciones básicas de la LFT sin ventaja alguna para los trabajadores. Éstos podrían ingresar a un sindicato para el efecto de reclamar, por la vía de un emplazamiento a huelga, la firma del CCT, pero en ese caso se aplica el artículo 923, que autoriza a los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje a no dar trámite a esos emplazamientos, previa certificación de que ya existe en la empresa un contrato firmado con otro sindicato.

Queda la expectativa de promover un juicio reclamando la titularidad del CCT por representar el sindicato demandante la mayoría de los trabajadores, pero, como se afirma en la resolución del Comité de Libertad Sindical, esa demanda debe cumplir exigencias que ponen en riesgo la estabilidad de los trabajadores.

Llamado al asunto, el gobierno de México expuso razones realmente infundadas: entre otras, hizo un elogio de las juntas de conciliación y arbitraje y afirmó que sus resoluciones se apegan a derecho, lo que es más que falso. Dijo además que las juntas buscan el equilibrio entre los factores de la producción, pero sin explicar en qué consiste dicho equilibrio, que ciertamente se inclina de un solo lado. Alegó también que la Confederación de Trabajadores de México manifiesta que los CCT se celebran cumpliendo lo ordenado por el Convenio 87 de la OIT, lo que la realidad demuestra que es mentira, ya que es fama que los contratos que firma esa central son, en su inmensa mayoría, de protección.

Es importante que el Comité de Libertad Sindical acepte lo irregular de la celebración de los CCT en nuestro país, aunque la solución que propone: un diálogo con todas las organizaciones sindicales que promovieron la queja, no haga despertar esperanza alguna, aun en el supuesto de que se realizaran esas conversaciones. El antisindicalismo es condición permanente de nuestro gobierno.

La única alternativa sería la reforma eficaz de la LFT, que en este momento parece una expectativa imposible. No porque no se vaya a reformar la ley, lo que parece muy posible ante la alianza indecente entre el PRI y el PAN, que han presentado proyectos de notable semejanza. Me temo que en un futuro próximo los principios de nuestra LFT vigente –estabilidad en el empleo, libertad y autonomía sindicales, derecho de huelga y otras instituciones fundamentales–, desaparezcan para dar lugar a un sistema totalmente proteccionista de los empresarios, aliados evidentes de un gobierno que ha perdido la pista de lo que fueron, en tiempos remotos, las bases de un sistema revolucionario y ejemplo evidente para muchos países.

Con esa nueva ley, que lamentablemente se aprobará en la alianza indecente del PRI con el PAN –que no es la única alianza indecente–, México dejará de ser un modelo de legislación laboral tutelar de los trabajadores y respetuosa de los principios defendidos en el artículo 123 constitucional. Por supuesto que habrá demandas de amparo contra esa ley pero, de acuerdo con los antecedentes recientes, es difícil que la justicia federal conceda esos amparos.

La respuesta final estará en la actitud de los sindicatos, que deberán entender, como en los viejos tiempos, que los derechos de los trabajadores no proceden de la esperanza sino de la lucha de clases, fenómeno cada vez más visible en nuestro país. Eso podrá significar huelgas no llevadas a cabo por las vías legales y permanentes movimientos de resistencia que habrán de afectar, como es lógico que suceda, la productividad. No hay que olvidar que nuestras juntas de conciliación y arbitraje, por su comportamiento, son claros descendientes de la magistratura del trabajo del fascismo italiano y del de España durante el franquismo.

Es indispensable vincular los tribunales de trabajo al Poder Judicial. Hoy dependen en plenitud de los poderes ejecutivos, como en la mejor época de Mussolini y Franco. Y eso no es posible soportarlo.

Carmen

Néstor de Buen

A Carmen Aristegui le tengo un gran afecto que se une a mi profunda admiración a su extraordinario papel en el difícil mundo de la prensa y la radio. Somos amigos de trato muy infrecuente, pero he tenido la oportunidad, me parece, de haber participado en algún programa con ella.

Su despido me causó una profunda impresión. Obviamente que lo vi desde la perspectiva laboral y me pareció que su patrón había cometido una barbaridad omitiendo los requisitos formales que se asocian al despido, particularmente la expedición de una constancia en la que se expresen los motivos, en la inteligencia de que omitir ese requisito formal hace por sí mismo injustificado el despido.

Sin embargo, después de leer el amplio mensaje que distribuyó Carmen, advertí que el problema no era obrero-patronal, para utilizar la expresión habitual, sino el resultado de una exigencia de la Presidencia de la República. Afortunadamente las cosas han cambiado y Carmen recuperará su puesto y nosotros su voz.

Al leer su mensaje, que una amiga me hizo llegar por correo, me llamó la atención el respeto y el afecto con el que Carmen se expresa de los socios de MVS, lo que lleva a la conclusión de que en esta historia hay otro culpable y, por lo visto, hubo presión política para la empresa, que se vio en riesgo de perder la concesión, lo que abunda en la tesis vigente de que en esa materia: televisión, radio y prensa, hay un conjunto de favoritos y otro de inconformes, que es abundante, por cierto, pero que sienten una dependencia incómoda del gobierno.

No hay que olvidar el texto del artículo séptimo constitucional, que declara inviolable la libertad de escribir o publicar artículos sobre cualquier materia. Bien cierto es que en el mismo artículo se reconoce la necesidad de respetar la vida privada, la moral y la paz pública. Pero lo que hizo Carmen fue, como tantos otros periodistas, comentar un hecho que ya era más que conocido por haber sido difundido de manera más que gráfica por la televisión.

Desde luego que con ello Carmen no violó derecho alguno ni se colocó en la condición de no respetar sus deberes como trabajadora de una estación de radio. No había motivo de despido, desde luego, ni tampoco de una reacción violenta en contra de la estación por parte del Estado.

Sin la menor duda, los hombres públicos están sujetos a todo tipo de críticas, independientemente de su jerarquía. No podríamos aceptar vivir en un régimen que prohibiera los comentarios desagradables sobre las costumbres privadas de los funcionarios públicos.

En todo caso, podría invocarse que lo que se produjo en la Cámara de Diputados fue un acto de mal gusto, pero hecho en el ámbito donde tienen su actividad principal los políticos, que lógicamente defienden los puntos de vista de sus partidos, y no se puede olvidar lo previsto en el artículo 61 de la Constitución, en el que se afirma que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Es más que evidente que la prensa –presente de manera permanente en los locales del Congreso de la Unión– tiene todo el derecho de dar a conocer cualquier acontecimiento que se produzca de manera pública, ya que esa es su función principal, de la misma manera que resultan válidos, por la misma razón, los comentarios que se puedan hacer públicamente sobre sus dichos.

En el caso especial podría invocarse que no es razonable afirmar que se produce en un funcionario una conducta indebida. Pero la estética de la actuación y, sobre todo, los comentarios públicos que se puedan hacer sobre ella, no puede ser sancionada de manera alguna.

Estamos en presencia, en todo caso, de un problema de mal gusto. A mí me parece que a los políticos se les debe criticar públicamente sobre su conducta política, pero no en la personal, salvo que tenga que ver con sus principales responsabilidades.

También es de mal gusto entrar a caballo en la sede de la Cámara de Diputados, aunque nadie puede dudar del efecto político que pueda tener y que notoriamente se busca.

Me alegra enormemente que Carmen esté de nuevo en su papel habitual, que ejerce de manera brillante. En México nos hace mucha falta contar con comentaristas de los sucesos políticos, y no hay que olvidar el principio fundamental de la libertad de expresión.

Las alianzas en contra del PRI

Néstor de Buen

Todos tenemos la impresión de que los horrorosos fracasos del PAN en sus dos administraciones presidenciales casi garantizan que no se produzca la clásica continuidad, como ocurrió a lo largo de los tantos años del PRI. Pero la conclusión es que el resultado de las elecciones presidenciales para dentro de dos años tendrán como vencedor al PRI, lo que evidentemente no garantiza que las cosas vayan a cambiar. De hecho el PAN ha sido el continuador de la política priísta de varias décadas en la que se ha hecho evidente el dominio de una derecha bancaria y prepotente y la represión en contra de las organizaciones sindicales que han demostrado hacer valer sus derechos constitucionales a la autonomía y a la libertad sindical.

Sin embargo, el extraño mecanismo de las alianzas entre el PAN y el PRD, entre otros partidos, ha traído como consecuencia el fracaso rotundo del PRI en las recientes elecciones y nadie podría pensar en este momento que esos mismos efectos no se puedan producir en la elección presidencial.

Yo estoy en contra de las alianzas de partidos políticos que son esencialmente contrarios. No imagino como va a ser la política de Oaxaca y ahora de Guerrero con respecto a los temas centrales que en este momento agobian al país. Quién va a decidir la política a seguir cuando las plataformas de los partidos hoy aliados no sólo son discrepantes, sino esencialmente antagónicas.

Es normal, por lo mismo, que la atención se fije en el estado de México gobernado hoy por el más viable candidato del PRI, pero que podría quedar desplazado si el sistema de alianzas sigue funcionando como hasta ahora.

La izquierda no parece tener dudas sobre quien podría ser el candidato a la presidencia. Marcelo Ebrard está destacando de manera notable, aunque no puede echarse en saco roto que Andrés Manuel López Obrador, cuyo carisma nadie puede poner en tela de juicio, lleva a cabo una campaña por todo el país, que en su caso tendrá una duración previsible de por lo menos ocho años.

En el PAN parece que se hace notable el interés de Josefina Vázquez Mota por ser la candidata y debo decir que no encuentro un prospecto mejor. Me haría mucha gracia que llegara a la Presidencia una mujer. En México no hemos tenido esa experiencia, que en otros países, Argentina, Chile y Brasil ahora parece pegar. Y curiosamente para el PRI no debe dejar de tenerse en cuenta a su antigua presidenta, Beatriz Paredes, cuya capacidad política y discursiva es notable, como lo ha demostrado sobradamente al contestar informes presidenciales y en su administración difícil del PRI.

Leo ahora y no deja de llamarme la atención que el gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, respalda la alianza de partidos y propone una con el PRD –que les ha salido bueno– con el propósito de apoyar la candidatura de Juan Ramón de la Fuente, antiguo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuya capacidad no puede ser discutida. Si así fuese, la campaña y sus resultados serían sorprendentes.

Como quiera que sea, el problema no es tanto la determinación de los candidatos, sino esa alianza entre partidos que plantean soluciones tan diferentes para los problemas del país. ¿Cómo se integrarían los gabinetes y, suponiendo que fuere posible, de que manera se inclinarían por una u otra posición? Naturalmente que el problema mayor parecería ser el de la elección de la cabeza visible que mereciera el respaldo de los votos de partidos tan encontrados y tan evidentemente rivales en temas fundamentales de nuestra existencia.

Es evidente que esas alianzas persiguen ahora un fin: impedir el triunfo del PRI. Pero esa posición no construye soluciones concretas que resuelvan los inmensos problemas que enfrentamos: violencia inaudita, narcotráfico, desempleo, crisis en la educación, sector al que se le restan recursos, y relaciones internacionales nada bien definidas.

Todo parece indicar que si estas alianzas llegan hasta el final, el futuro del país será una interrogante infinita. ¿Por quien votaría usted?

El mito de los derechos humanos

Néstor de Buen

En estos días se habla, con frecuencia, de los derechos humanos. Confieso que la expresión no me hace mucha gracia porque me resulta redundante. No conozco un derecho que no sea de una persona o varias, según el caso.

En materia internacional, el tema asume una importancia especial. Todas las naciones celebran convenios mundiales que tienen como objetivo listar los derechos humanos que, como consecuencia de ello, se convierten en normas de cumplimiento obligatorio. En nuestro país, para ello, el artículo 102 constitucional consagra la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados de establecer organismos que protejan los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Nadie ha puesto en duda la facultad de México de participar en las comisiones internacionales que se constituyan para esos efectos y la obligación de crear “organismos de protección de los derechos humanos, que ampara el orden jurídico mexicano (artículo 102 constitucional) que, en efecto, se han constituido de la misma manera que en el orden internacional.

Debo confesar que yo tuve el privilegio de ser designado miembro del Consejo de la primera Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal y, por tanto, no me falta alguna experiencia en la materia.

Dejando a salvo la observación de que la expresión me parece redundante, porque estoy convencido de que sólo las personas, físicas o morales, son acreedoras de esos derechos que, en caso alguno, corresponden también a los animales.

Hecha esa salvedad, otro tema que me preocupa más aún es el de la supuesta eficacia de esas comisiones en el mundo nuestro o de los convenios internacionales sobre el particular que México ha suscrito. Porque no tengo la menor duda de que esas garantías, listadas en la Constitución, se violan de manera reiterada y no parece que hayamos encontrado el remedio para hacerlas efectivas, independientemente de que en el mismo artículo 102 se establecen excepciones que no dejan de tener importancia.

Pensemos en los convenios internacionales. Todos los días vemos en los medios de comunicación que un determinado país viola sistemáticamente derechos humanos. Y no digamos, sobre todo ahora en que respecto de México las violaciones son casi permanentes, atribuibles a las fuerzas armadas o a las policías.

Pero la pregunta es: ¿Cuál es la sanción?

En el plano internacional se suele considerar que la guerra entre los países afectados puede ser la sanción que esas obligaciones provocan. Pero lo cierto es que en el derecho, la facultad de sancionar no corresponde a las partes interesadas y que, en definitiva, un sistema jurídico que no prevea castigos por la violación a sus normas, será la que se quiera (por ejemplo, un código moral), pero no una disposición jurídica. La guerra internacional no la impone un tribunal, por mucho que haya listado los derechos humanos que claramente se violan por algún país. Lo mismo puede decirse del orden interno. Si no hay un aparato legalmente constituido que haga efectivas las sanciones, los famosos derechos humanos se convierten en un mito.

Hay que recordar que en nuestro orden interno, cuando una comisión comprueba la violación de unos derechos humanos, su máxima facultad es hacer llegar a la autoridad responsable una atenta recomendación para que no se siga portando mal. Esa recomendación no puede ir acompañada de una amenaza de sanción, mucho menos de una condena.

De ello deriva que cuando el derecho no se cumple y no existen medidas coactivas que puedan hacerlo efectivo, la norma violada será lo que se quiera, menos una norma jurídica. Un derecho sin coacción no es derecho.

Hay, además, las excepciones que la propia Constitución establece y cuya importancia no es necesario destacar. Las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, que son más que frecuentes, no pueden dar motivo a recomendaciones. Pero, además, no hay competencia de las comisiones cuando se trata de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

Y quedándonos en lo laboral: ¿Cuántas veces no se ha violado descaradamente por el gobierno actual el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación? Y por muchas protestas presentadas ante la comisión especializada de la OIT, las autoridades siguen tan flamencas en su posición violatoria.

Lo que faltaba: crisis de los derechos humanos

Rolando Cordera Campos

Con el fin de la guerra fría y el desplome del sistema comunista soviético comandado por la URSS, los derechos humanos pudieron volverse el criterio mayor de evaluación del desempeño de los estados. Gracias a Amartya Sen y, más recientemente, a Stiglitz y otros de sus colegas, el desarrollo económico debe pasar ahora por la prueba de ácido del respeto y avance, fortalecimiento y diversificación de esos derechos como condición, sin la cual no puede hablarse de desarrollo humano o de Estado democrático y constitucional.

Con la globalización como pretenso régimen sustituto del bilatelarismo de la posguerra, se llegó incluso a pensar en un régimen universal de mercado unificado, democracia representativa y derechos humanos en expansión para todos.

La ruta así imaginada no contaba con las veleidades y compulsiones del desarrollo desigual, que la Gran Recesión volvió lugar común por lo menos durante unos meses. Para los mexicanos, al despuntar la nueva década del tercer milenio, estas disonancias tempoespaciales se han condensado, apenas entrado el año, en una auténtica crisis de derechos humanos que la democracia alcanzada y encarnada en el Congreso, la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo de la Unión no pueden evadir. El costo de hacerlo sería mayúsculo.

La primera manifestación de esta crisis fue la estridente negativa del secretario de Marina (Armada, se dice ahora) a aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) so capa de proteger a su gente. Dejo de lado las referencias del secretario Francisco Saynez a “los que amarran navajas” y vulgaridades similares, indignas de un militar de alto rango y, sobre todo, de un secretario de Estado. Lo que no puedo es dejar de citar el siguiente párrafo que debería llevar al gobierno y al Congreso a un serio examen. Dijo el secretario:

Continuaremos con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, actuando por cuenta propia o en coordinación y cooperación con otras dependencias del gobierno federal, incluso de países amigos. Que se sepa, nadie, más que el presidente, con la aprobación del Senado, puede coordinarse con países amigos para perseguir enemigos o sembrar árboles. Si así se ven las terribles cosas de la vida y la muerte desde la Marina Armada, poco o nada se puede pedir para que vea y haga sobre los derechos humanos (La Jornada, 19/01/11, p5).

La segunda muestra de la mencionada crisis encarna en el sacrificio inhumano de los inmigrantes centroamericanos, conocido por todos y llevado valientemente a cuestas por el padre Solalinde y sus compañeros de causa. Más que de una crisis, deberíamos hablar aquí de acontecimientos que nos llenan de vergüenza y que deberían abochornar sin clemencia a nuestra arrogante opinión pública, al gobierno, al Congreso y a todos los que presumimos de ser parte de la comunidad política nacional.

Los crímenes son conocidos, pero su secuencia y consecuencias no tanto. En noviembre de 2010, en Puerto Vallarta, se realizó el cuarto Foro Global de Migración y Desarrollo, organizado por el gobierno de México. El eje principal de sus discusiones fue el de las alianzas entre naciones emisoras, de tránsito y destino de emigrantes, para formular políticas más balanceadas e integrales. Es decir, para buscar una corresponsabilidad más activa y eficaz entre los estados.

No sobra reiterarlo: la migración es el fenómeno avasallador de nuestro tiempo global, cuestiona concepciones cerradas y racistas sobre la ciudadanía y pone en el centro desafíos abiertos a la validez universal de los derechos humanos. De aquí la necesidad de esas alianzas y de un entendimiento civilizado del tema.

Lejos de la playa, hemos de admitir que no hacemos honor a esa convocatoria cuando apelamos a la corresponsabilidad de Centroamérica y le echamos por delante la afirmación de que la criminalidad empieza con ellos, como hizo un subsecretario de Relaciones. Tampoco lo hacemos cuando el gobierno federal descalifica la información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la cantidad de inmigrantes afectados por los criminales y convierte el cálculo en litigio mediático. (Tantos muertos para ti, tantos para mí).

Menos aún cumplimos con nuestros dichos y compromisos internacionales al soslayar el origen de fondo de la migración masiva: la falta de desarrollo, empleo, justicia y civilidad. Todo se vuelve conjetura forense, cuando este reconocimiento elemental y firmado por el gobierno debería ser el principio de un diálogo mesoamericano para la corresponsabilidad y la cooperación, el desarrollo, respeto y cuidado irrestricto de los derechos humanos, que, o son universales o, simplemente, no son.

¿Tenemos gobierno?

Néstor de Buen

Yo me atrevería a afirmar que México vive una guerra civil. Ya se habla de territorios ocupados por los narcos, pero no es sólo eso. La falta de respeto por las autoridades es cada vez más notoria. El asesinato de una mujer enfrente del palacio de gobierno de Chihuahua, el robo descarado del petróleo, los asesinatos en toda la República, la fuga de presos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la notable incompetencia de las autoridades, hacen pensar que hay un poder superior al del gobierno, que hace lo que le da la gana sin que la autoridad formal encuentre la fórmula para remediarlo.

Por supuesto que detrás de todo está nuestra enfermedad endémica, la corrupción, que nos ha hecho perder, si es que la tuvimos, cualquier confianza en la policía, y que está provocando un sentimiento de que el Ejército no puede hacer nada.

Estamos en guerra civil, y todo indica que la hemos perdido. El problema es que no hay conflictos ideológicos, sólo la circunstancia de que los poderes de hecho hacen lo que les da la gana.

No es escasa la contribución de Estados Unidos, consumidor pertinaz de la droga que recibe por nuestro conducto y vendedor insistente de armas que hacen posible el dominio de los narcotraficantes.

Para el colmo de males, nuestra política está dedicada a un visible adelanto de la campaña presidencial, con alianzas absurdas entre la extrema derecha y la moderada izquierda. Hay candidatos interesantes, pero falta oficializar a alguno que represente un sentimiento nacional importante, por ejemplo, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Ramón de la Fuente. Creo que tiene problemas familiares muy serios, lo que lamento muchísimo, pero que ojalá no le impidan iniciar una campaña a la que mucha gente se adheriría. ¿Por qué no pensar en la creación de un partido universitario que pudiera respaldar su candidatura?

Hoy domina en México la inseguridad. Hay ciudades en las que la gente ya no se atreve a andar por las calles porque teme encontrarse con un tiroteo, que no respeta, como lo hemos visto de sobra, la identidad de las personas presentes.

Ha habido, sin embargo, una buena noticia. La liberación de Diego Fernández de Cevallos nos ha tranquilizado a sus amigos, por la terminación de la incertidumbre en que vivíamos. Y hasta es posible que su presencia visible le resuelva al PAN el problema de la candidatura presidencial. Los antecedentes tal vez no le sean muy favorables a Diego, pero la falta de personalidad de los presuntos candidatos puede superar esa falla. Aunque me parece que Josefina Vázquez Mota podría ser otro candidato con posibilidades.

No recuerdo que México haya vivido otra situación igual a la actual. Claro está que la lucha por el poder en lo que hemos llamado y celebrado como Revolución fue mucho más cruel, pero por lo menos el tema era mucho más definido. Por supuesto que la ambición personal, igual que ahora, dominaba los hechos, pero los efectos mortales se producían en el enfrentamiento directo de las fuerzas contrarias en lo que fue una verdadera guerra. Claro está que las soluciones fueron impactantes, aunque afectaban sólo a la cumbre. Los asesinatos de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Pancho Villa y Álvaro Obregón caracterizan a aquel periodo, en el que todos sabían a qué atenerse.

Paso revista a nuestros antiguos gobiernos y me quedo con el de Lázaro Cárdenas. Fue una época de definiciones y una posición de fuerza frente a enemigos internos y externos. Lo cierto es que sabíamos a qué atenernos. Ahora todo puede pasar.

La verdad es que México merece otro trato. Somos un país provisto de todo lo necesario. Costas, tierras de sembradío, bosques, mares, ríos donde hacen más falta y una tradición cultural relevante. Pero se queda uno con la sensación de que no sabemos aprovechar lo que tenemos y lo único que se nos informa es del desempleo, la crisis económica y nuestra falta de definición política con el exterior. Nos domina el pesimismo. Habrá que hacer algo.

Elecciones México

Las elecciones

Arnaldo Córdova

Atoro pasado parece que todo mundo sabía ya cómo iban a resultar las pasadas elecciones del 4 de julio. Yo debo confesar que me sorprendió que las coaliciones del PAN ganaran en Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Esa fue obra genuina de los electores de esas entidades. José Carreño dijo en su programa que estaba maravillado por ese electorado moderno de verdad que hoy tenemos y que es capaz de decidir el destino de unas elecciones. No fue, desde luego, obra de los partidos y no tienen siquiera para qué adornarse con ello. Aparte los electores, hay que decir que fueron los candidatos, Gabino Cué en Oaxaca, Rafael Moreno Valle en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa quienes derrotaron al PRI políticamente.

De los estados en que había elecciones, todos eran gobernados por priístas, menos Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas. Beatriz Paredes cacareó, pavoneándose, sus triunfos anticipados en Oaxaca, Puebla y Culiacán. Ganó los tres gobernados por sus oponentes, pero perdió esos importantísimos estados. Iba por naranjas y salió con tejocotes. Y, luego de las elecciones, siguió cacareando el poder arrollador del PRI, la mayor fuerza política del país, dijo. ¡Pobre señora de los huipiles!, esos tres chichones que lleva debajo de la trenza le van a durar un rato y tal vez sirvan para bajarle los humos triunfalistas.

Sí, hay que celebrar que los pueblos en México, cuando no son agachones y conservan su dignidad, son capaces de decidir el rumbo de las elecciones. Eso da esperanzas para el año 2012 y los priístas deberían tomarlo muy en cuenta. Creo que lo que más agruras debe haberle causado a Peña Nieto no fue que sus amigos de Puebla y Oaxaca perdieran tan claramente, sino el espantajo que Jesús Ortega y César Nava le restregaron en las narices de que podían ir juntos de nuevo en las elecciones del estado de México el año próximo. Hablando en plata, los priístas fueron los grandes perdedores de estas elecciones. Que ganaran los estados que ya gobernaban no es ninguna gracia. Fue mucho más lo que perdieron. Además, todavía está por verse lo que se resolverá en los tribunales.

¡Oh, sí! ¿No que las alianzas no funcionaban? Panistas y chuchos andan de verdad exultantes y Manuel Camacho debe vivir sus momentos de gloria (¡Ya era hora! ¿O no?). Pero se da el hecho de que, la verdad sea dicha, ninguno de ellos ganó un carajo. Ninguno de sus candidatos era panista ni, mucho menos, chucho. En Oaxaca triunfó un antiguo seguidor de Diódoro Carrasco que, además, es cercano a López Obrador y tuvo la galanura de reconocer su aporte a la campaña. Los otros son priístas reciclados, uno, el de Sinaloa, parte de un bando priísta que se oponía al gobernador saliente; el otro, un elbista declarado y confeso. Ya veremos si saben guardar alguna fidelidad a sus compromisos aliancistas.

El pequeño estado de Tlaxcala quiso dejar de ser priísta y se volvió momentáneamente perredista y luego panista. Ahora vuelve a ser priísta. Aguascalientes era panista, pero su gobernador panista se conjuró con los priístas locales para entregarles el poder. Ahora el CEN del PAN de seguro lo va a expulsar. Zacatecas se cuece aparte. En una alianza, fundacional en cierto sentido, entre el ex priísta Ricardo Monreal y la perredista Amalia García, se le arrebató al PRI esa entidad. Parecía para siempre. No fue así. Monreal y García comenzaron a jugar un idiota juego de poder que lo echó todo a perder. Monreal, a un cierto punto, dejó el camino libre a Amalia García. Ésta no le respondió con la misma lealtad.

A pesar de que me une con Amalia una vieja relación de afecto, nunca he podido entender lo que trae en la cabeza. Autoritaria y soberbia hasta el exceso, nunca ha podido confiar en nadie y hasta a sus propios camaradas los acorraló hasta que se fueron con el enemigo con muy poca dignidad. A su hija, la senadora Claudia Corichi, le dejó el manejo de lo que quedaba del PRD y acabó avasallándolo con sus caprichos y ocurrencias. Ella sólo ha tenido éxito ayudada por las circunstancias y por la suerte. Su derrota estaba anunciada irremediablemente. Y Monreal, por su parte, nunca tuvo el empaque para mantener su antiguo consenso entre los zacatecanos. Su figura fue disminuyendo y la medida de su poder real lo muestra la exigua votación que logró su hermano candidato.

Las coaliciones, lo dije aquí alguna vez, son una tarea indispensable para todos los partidos en la política moderna. Para triunfar hay que aliarse con alguien para tener mayor fuerza en el electorado. También para ampliar la fuerza de los gobiernos. Las alianzas de los chuchos asesorados por Camacho fueron un sinsentido. Uno no se puede aliar con sus enemigos más encarnizados. La izquierda con la derecha. Se menciona el ejemplo de Chile en las postrimerías de la dictadura. No vale. En Chile todos luchaban por la sobrevivencia y se sigue haciendo. Aquí no tenemos un Pinochet contra el que puedan ir unidas izquierdas y derechas. Entre nosotros la derecha y la izquierda militan en campos antagónicos. Hacer alianzas sólo para sacar al PRI (o a los caciques, como se dice) del poder de los estados no es razón suficiente para renunciar a la propia identidad.

Chuchos y panistas son lo mismo (así como sigue siendo cierto que, a niveles más altos, panistas y priístas son lo mismo). La izquierda no se merece ese liderazgo abominable que ha desvirtuado por completo los principios y la noción de izquierda que el PRD encarnaba hasta que esos logreros tomaron su dirección nacional. Ellos no sacaron nada de lo que puedan enorgullecerse. Sólo se ensuciaron todavía más de lo que ya andaban. Es verdad que los priístas salieron con el miedo en los huesos. Pero, nosotros, ¿qué sacamos con eso? Gabino Cué puede ser un gobernador excelente. De los otros dos no hay quien dé una pita. En todo caso, hay que ver cómo va a evolucionar el PRD, representado hoy en todo y por todo por los chuchos.

Creo que los perredistas deberían seguir en el ejemplo a los pueblos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa y, así como éstos lograron echar a los corruptos del poder, los perredistas sean lo suficientemente conscientes para arreglar cuentas con los oportunistas que se han apoderado de los órganos de dirección de ese partido. Que cada uno de ellos haga las cuentas claras: ¿qué sacaron de las recientes elecciones como organización política?, ¿a quién creen que esas alianzas beneficiaron de verdad? A los candidatos triunfadores, ni duda cabe; también a los propios ciudadanos que, con su voto, se liberaron de gobernantes sanguinarios y corruptos hasta la ignominia. ¿Al PRD, cómo o en qué?

De seguir en su política aliancista, el PRD está ya convirtiéndose en cola de ratón del PAN. Viene el estado de México. El PRD no tiene en ese estado ni un solo prospecto que pueda competir con los priístas. Tampoco el PAN. ¿Van a recurrir a un ex priísta descontento para tener una candidatura competitiva? Por lo visto, nuestros aliancistas de derecha (a la izquierda y a la derecha) no tienen otra perspectiva. Una vez más dependeremos de los ciudadanos.

Alianzas, ¿hasta dónde?

Néstor de Buen

Me declaro sorprendido por el resultado de las elecciones. Evidentemente, el PRI iba a ganar, pero no dejó de ser curiosa y, en mi concepto, alarmante la alianza tripartita de institutos notablemente contrarios, para impedir el triunfo total del Partido Revolucionario Institucional.

Como estrategia electoral ha demostrado ser eficaz. Pero uno se pregunta, como tantos nos preguntamos, qué es lo que va a ocurrir a partir de que tomen posesión los nuevos funcionarios.

Curiosamente, además, el antecedente priísta de alguno de los candidatos de los tríos es un dato que llama la atención.

Son muy diversas las preguntas que cabe hacer sobre lo que podrá ocurrir a partir del ejercicio de sus funciones. Habrá, por supuesto, la integración de unos gobiernos estatales necesariamente mixtos, pero me temo que la determinación de una política común no va a ser nada fácil salvo que, de antemano, se hayan producido pactos íntimos que justificaron las alianzas. Los cuales, cuando se pongan de manifiesto, van a generar no pocos conflictos al interior de cada partido.

No puede uno dejar de considerar la posición que habrán de adoptar los nuevos gobernadores. Porque para ser congruentes con las alianzas, da la impresión que, en particular, los titulares de los poderes ejecutivos van a tener, encima de ellos, una especie de consejo de administración de integración plural que habrá de discutir y acordar, en su caso, los pasos a seguir.

La imagen del gobernador, dueño y señor del estado que le corresponda, hoy necesariamente tendrá que acompañarse de la información, previa y precisa, de los acuerdos que justifiquen cada una de sus acciones. Con ello cada poder ejecutivo tendrá que reconocer que ganando las elecciones ha perdido el poder. El problema deberá empezar con la integración de cada gabinete. Nada me gustaría más que ser un testigo invisible de las reuniones previas a la toma de posesión en la que, a partir de opiniones políticas supuestamente diferentes, tendrán que adoptarse los acuerdos económicos y sociales que justificarían, en su caso, las promesas de campaña.

Por cierto, es previsible que el supuesto consejo de administración no llegue a acuerdos, en cuyo caso el titular del poder ejecutivo tendrá que asumir la responsabilidad de la decisión final y en ese momento, si esa decisión resulta contraria a la opinión de los otros partidos o de alguno de ellos, se podrá armar un desbarajuste monumental.

Pienso en cuatro temas fundamentales que difícilmente se podrán separar: la economía, la política, las decisiones sociales y, de manera especial, las relaciones con el titular del Poder Ejecutivo federal. Por otra parte, la población que votó por esa integración plural en cualquier momento se considerará autorizada para reclamar violentamente si la decisión del señor gobernador es contraria a sus puntos de vista. Y nadie puede suponer que entre panistas, perredistas y convergencionistas ¡vaya nombrecito!, supuestamente contrarios en sus planes de trabajo, se puedan alcanzar acuerdos que sean contrarios a su política. El tema lo veo más complicado cuando se trate de acordar entre PAN y PRD.

Hoy las decisiones políticas alcanzan todos los temas. Pensemos en la actitud de los gobernadores frente a los problemas del sindicato minero y del SME. Yo dudo mucho que los gobernadores puedan ser, como lo han sido en este sexenio, propicios a las intenciones y los actos del gobierno en contra de los trabajadores mineros y electricistas. Y desde luego veo casi imposible que un gobierno integrado por gente del PRD vaya a ponerse de acuerdo con el secretario del Trabajo, como ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, en Cananea.

De la misma manera, me parece que será muy difícil que el gobierno federal pueda tratar de imponer una determinada política en un estado en el que su partido represente sólo la tercera parte del poder.

Desde luego que con estas alianzas los partidos se la están jugando con sus propios afiliados. Si las cosas se llevaran como se deben llevar, imagino las broncas que tendrán que armarse en las asambleas de cada partido.

Claro que la alternativa, profundamente antipática, será la de una dictadura convencional, seguramente pactada ya en lo esencial, en la que el diseño habrá de implicar el sacrificio de los intereses sociales y económicos de los partidos. Pero, ¿hasta qué punto será eso posible?

De lo que no cabe duda es que el próximo trienio va a ser muy divertido. Los partidos aliados no la van a pasar tan bien

Las columnas de Sefchivich y del Buen...

Diego y callejerito

Sara Sefchovich.

En un artículo titulado “Simpatía por el crimen”, Héctor de Mauleón se refirió a quienes ven el secuestro de Diego Fernández de Cevallos como asunto de justicia social y sus simpatías no están con la víctima, sino con los criminales. Ese modo de pensar se justifica en base en dos argumentos: uno tiene que ver con que el personaje de que se trata hizo mucho daño y es ampliamente detestado. Otro tiene que ver con la dificultad de la vida de millones de mexicanos “robados, agraviados, aplastados, marginados.”

Ambas explicaciones apuntan a un mismo fondo: el agravio social.

Ahora bien: si la explicación pasa por allí, ¿cómo se explica el crimen atroz, cometido por pura diversión, contra un pobre perro callejero, indefenso totalmente, sin nombre siquiera, que no le había hecho ningún daño a nadie? Se trata de un caso opuesto exactamente al del político secuestrado y me pregunto: ¿se le puede dar también una explicación social? ¿y cuál sería ésta? ¿sería la misma que vale para el caso de Diego y que tiene que ver con las dificultades de la vida para millones de ciudadanos?

Responder a esta pregunta es un desafío. ¿Qué agravio social explica que adolescentes, estudiantes, hijos de familia, gente común pues, puedan cometer un asesinato como ese? ¿y qué nivel de agravio explica que además se enorgullecieran de sus acciones y las filmaran y grabaran y subieran a la red para presumirle su hazaña a todo mundo?, ¿y que todavía después, cuando se les entreviste no tuvieran conciencia de la aberración en que incurrieron?

Estamos frente a una cuestión significativa. Porque si vemos lo que se enseña en la escuela, en los discursos culturales y en los programas de televisión para niños, la naturaleza es lo más importante y hermoso. Siempre hay cielos azules y árboles verdes, siempre los animales son los personajes con los que se aprende y nuestros grandes amigos. ¿En qué momento esto se revierte y hace que los jóvenes actúen como actuaron?

Es mi opinión que nos estamos topando contra la pared si todo lo queremos atribuir a la pobreza y el malestar social, porque si bien la explicación social es útil e importante no es suficiente. Si lo fuera, todos nosotros seríamos criminales (al menos en potencia) porque todos vivimos en esta sociedad y todos estamos profundamente agraviados por la inseguridad, la economía, el modo de hacer las cosas y de comportarse de los que nos gobiernan, la desigualdad y carencia de oportunidades, la frustración y el miedo.

Y sin embargo no es así: no todos somos delincuentes, no todos torturamos a un animal indefenso, no todos secuestramos a una persona por mucho que nos desagrade, no todos vomitamos nuestro enojo a diestra y siniestra. Alejandro Herrera Ibáñez cuenta cómo el caso citado del perro suscitó una enorme reprobación social, que llegó incluso a convertirse en el motor para que muchos ciudadanos pidan leyes de protección a los animales y castigo severo para quienes los maltratan. Escribe el autor: “Ha resultado alentador constatar que el nivel de indignación surgida a raíz de este acontecimiento revela el surgimiento de una conciencia moral que hace algunos años habría sido impensable en la población de nuestro país.”

O sea que la misma explicación social que se da para explicar la delincuencia, se puede dar para explicar lo contrario: la indignación contra la delincuencia.

La conclusión no puede ser más que una: que no somos una sola sociedad y que por lo tanto, no hay la misma reacción de todos ante las dificultades de la vida: algunos vomitan su ira o cometen actos criminales, mientras que otros creen que el camino consiste en exigir leyes, crear instituciones y darle fuerza a sus reclamos para que las cosas mejoren.

Los que así pensamos estamos convencidos de que México es más que sus políticos y más que sus delincuentes y que el camino no consiste en volverse criminales o destilar inmundicia como modo de sacar agravios, porque como dice de Mauleón, “las simpatías por el crimen siempre terminan por ponernos un plato de sangre frente a la boca”.

sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM

Entre la economía y la violencia

Néstor de Buen

Leer todos los días los periódicos, lo que hago siempre a primera hora, alternando La Jornada y El País,

tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Busca uno la esperanza y lo más probable es que se encuentre con el desánimo.

Leo primero La Jornada para enterarme de lo que pasa en casa aunque, al mismo tiempo, me entero de lo que ocurre en España gracias al anexo de La Jornada que la ha convertido en un diario alterno. Lo mismo te sientes en el Distrito Federal o sorprendido por los acontecimientos criminales en cualquier estado de la República, que en medio de los conflictos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy o, si quieres entrar en detalles escabrosos, en la persecución indecente que se ha desatado contra Baltasar Garzón. Recuerdo tantas cosas de la guerra de España; los crímenes del franquismo cometidos durante la guerra civil y muchos años después de terminada. Y que ahora sea motivo para acusar a Garzón de prevaricación, me parece intolerable. El País me ratifica las mismas noticias, pero con acento español.

Hace años asistí a una conferencia de Garzón aquí, en México. Lo saludé, nos identificamos y sobre muchas cosas me pareció un conferencista de alta calidad. Por cierto que en esa ocasión saludé a Diego Fernández de Cevallos, con quien siempre he tenido una relación cordial, hoy matizada por la angustia de su secuestro. Nuestras evidentes discrepancias políticas no impiden mi admiración por Diego, excelente abogado y político de altura. Por supuesto que no coincidimos en muchas cosas, seguramente la mayoría de las que tienen que ver con la política y la práctica profesional. Pero lo admiro y le tengo mucho afecto.

El mundo está de cabeza, y como se da la casualidad de que también formamos parte de él, la inquietud, a veces la angustia, se ha convertido en el estado de ánimo habitual.

Hay una conclusión más que evidente: el PAN ha fracasado de manera estruendosa en el manejo de la cosa pública. Sus perspectivas a corto y mediano plazos: elecciones de uno y otro objetivo, se presentan fatales para un partido que no ha aprendido a gobernar. La economía anda de cabeza, y el empleo, que es un tema fundamental, igual. La corrupción, vieja herencia de la Colonia, sigue tan campante, inclusive sin matices ideológicos especiales, y el tema de la droga pone en evidencia que los soldados no nacieron para policías y que los policías nacieron para delincuentes.

Es preocupante la situación de nuestra relación con Estados Unidos. La decisión adoptada en Arizona, que legaliza la discriminación a los mexicanos, es una verdadera vergüenza. Pero tampoco hemos hecho nada para contrarrestarla.

Nos quejamos de que las armas para los narcos cruzan la frontera con entera libertad. Yo los invito a que hagan la experiencia, por ejemplo, de pasar del lado americano a Tijuana para que se den cuenta de la absoluta falta de control sobre lo que se lleva en los automóviles por parte nuestra. Puede entrar lo que les dé la regalada gana, así sean pistolas, rifles de alto poder, granadas de mano, bombas atómicas, para andar por casa, y cualquier otro instrumento parecido. Para los gringos es una oportunidad maravillosa para vender un producto que tiene amplio mercado y que, además, les garantiza la suficiente provisión de toda clase de drogas. Los narcos se arman felices y exportan con toda tranquilidad el producto que el mercado americano consume con entusiasmo desbordante. Todos ganan, menos nosotros, que padecemos inseguridad absoluta.

México merece otra suerte. Si nos olvidamos de la enorme extensión, empezando por Texas, que nos robaron los gringos y nos conformamos con nuestras actuales fronteras, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que tenemos un país maravilloso: costas, llanuras, montañas, minas, bosques, lagos y ríos. Tal vez la población no nos deja tan satisfechos. Pero puede mejorar. Es cuestión de decidirlo. Yo creo que es momento de hacerlo.

Es un problema de educación y de justicia social. No es tan difícil resolverlo

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