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9/04/2016

Lamentable, no hablar de violaciones a derechos: ONG



Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada

Organizaciones de derechos humanos lamentaron que en el cuarto Informe de gobierno estuvo ausente el tema de las violaciones graves a las garantías fundamentales. En redes sociales, se preguntaron dónde quedó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los casos de Apatzingán, de Tanhuato, de Tlatlaya y otras tantas violaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mencionó que no se habla de los más de 28 mil desaparecidos en el país, de las más de 150 mil personas asesinadas en menos de 10 años.

El Centro Pro cuestionó que no hay una propuesta de reforma a las instituciones civiles de seguridad y el retiro de las fuerzas armadas de éstas.

Resaltó que no se cuenta que 98 por ciento de los crímenes siguen impunes y no se precisan cifras sobre la tortura.

Amnistía Internacional México, en un video, indicó que el cuarto Informe debió tomar en cuenta que muchas personas han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad, que la tortura es una violación persistente y que 46 por ciento de los habitantes del país temen ser torturados.

Recordó que en México son asesinadas aproximadamente siete mujeres al día, y los migrantes que atraviesan el territorio nacional rumbo a Estados Unidos siguen siendo víctimas de extorsión, secuestro y desaparición.

Agregó que tan sólo en 2016 han asesinado a siete periodistas, mientras Artículo 19 afirmó que este año las agresiones a la prensa crecieron 115 por ciento. En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, 24 periodistas han sido asesinados. Los casos permanecen impunes, subrayó.

8/29/2016

Tanhuato: la barbarie y la impunidad



Carlos Fazio
La Jornada 
El pasado 18 de agosto, a casi un año y tres meses de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer sus conclusiones sobre el caso Tanhuato. El organismo confirmó que agentes de la Policía Federal (PF) ejecutaron de manera arbitraria a 22 de los 42 civiles muertos en el Rancho del Sol –localizado en el municipio de Tanhuato, Michoacán–, y que al menos 13 de los abatidos presentaban tiros en la espalda (presumiblemente se les aplicó la ley fuga); cinco fueron muertos por disparos desde un helicóptero artillado; uno fue herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida; tres fueron victimados, a pesar de que ya estaban sometidos; otro presentó lesiones similares a un atropellamiento. Dos cadáveres fueron quemados arbitrariamente y uno más estaba carbonizado. En 15 casos más la CNDH no pudo establecer técnicamente las circunstancias en que fueron privados de la vida, pues los policías y la Comisión Nacional de Seguridad dieron datos falsos sobre lo ocurrido.
La recomendación 4VG/2016 señala que la Policía Federal mintió al señalar que hubo un enfrentamiento previo en la carretera aledaña al inmueble, ya que los agentes entraron al rancho de manera sigilosa; no actuaron en flagrancia ni fueron recibidos a tiros, y la institución resguardó por más de cuatro horas el inmueble –impidiendo el ingreso de peritos y autoridades ministeriales–, lapso en que manipuló y alteró elementos y evidencias en la escena de los crímenes; modificó la posición inicial de varios cadáveres; colocó (sembró) armas de fuego y cartuchos junto a otros cuerpos, y torturó e infligió tratos crueles, inhumanos y degradantes a tres personas que se habrían salvado porque, por error, uno de los mandos policiales reportó a sus superiores que los habían detenido vivos. Diecinueve cuerpos estaban descalzos, algunos con el torso descubierto y otro sólo vestía trusa, lo que permite establecer que dichas personas se encontraban dormidas cuando se inició el operativo.
Durante el ataque, en el que habría perdido la vida un policía, intervinieron 100 agentes, incluidos los cinco que viajaban en el helicóptero artillado. La CNDH determinó que la Policía Federal hizo un uso desproporcionado de la fuerza y, como ejemplo de una demostración innecesaria de capacidad letal, señaló que el artillero del helicóptero que intervino en la acción disparó 4 mil proyectiles, tras recibir la orden del capitán de la aeronave, quien, a su vez, obedeció al comisario que estaba al mando desde tierra.
El mismo 18 de agosto, acompañado por el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, calificó de radical el informe de la CNDH y negó que los agentes hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, bajo el argumento de que en México no existe ese tipo legal. Según el comisionado, la PF actuó en legítima defensa, de manera racional y proporcional en un escenario hostil.
A pesar del proverbial negacionismo oficial, la matanza de Tanhuato exhibe la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos por fuerzas militares y policiales mexicanas. Remite al uso de una violencia desbocada; a una bestialidad y una saña ejemplares como fines en sí mismos. Desnuda la forma en que la necropolítica hace hoy del asesinato del enemigo (del Estado) su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la lucha contra la criminalidad. Tanhuato muestra que el régimen de Enrique Peña Nieto –como el de su antecesor, Felipe Calderón– funda su soberanía en el derecho de matar a quienes les venga en gana; de exterminar seres humanos considerados desechables y matables (Agamben), como parte de una dinámica de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte.
Privatizado lo público y prácticamente extinguida la política, el capitalismo criminal y militarizado de nuestros días se rige por el necropoder. Un necropoder en cuyo seno las fuerzas federales actuaron, en Tanhuato, como una máquina de guerra con derecho de matar igual que en la Alemania nazi o Estados Unidos en Vietnam, Afganistán e Irak. No se trata de un exceso, sino de un engranaje más de una tecnología represiva asesina adoptada de manera racional y centralizada. En Tanhuato, como antes en Ojinaga, Tlatlaya, Apatzingán y un largo etcétera –incluido Nochixtlán, donde el 19 de junio de 2016 las tropas de asalto de Enrique Galindo asesinaron a un mínimo de ocho lugareños– los federales no mataron personas, sino presuntos delincuentes, esos otros, considerados enemigos, peligrosos, amenazantes.
Según la Constitución, en México no existe la pena de muerte y, además, todo mexicano tiene derecho a un juicio justo, lo que incluye el derecho humano a la presunción de inocencia. Sin embargo, el mensaje de Tanhuato es nítido: el soberano puede matar a su antojo, en cualquier momento, de todas las maneras inimaginables posibles. Pero Tanhuato no es un hecho aislado: responde a una modalidad represiva del Estado. Es otro caso emblemático de un necropoder bestializado, deshumanizado y normalizado, que ha convertido el estado de excepción –con suspensión fáctica de garantías– en regla permanente contra enemigos identificados com
o presuntos delincuentes. En el fondo, el objetivo del necropoder y el terror estatal es el sometimiento social, la sumisión del Otro. Quien se resiste es desechable, exterminable. De tiempo atrás asistimos a una tonton-macutización del régimen como parte de una dinámica depredadora organizada, de desposesión y reterritorialización con fines de dominación económica al que sirve un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos, la misma elite corporativa que incita hoy a una represión generalizada contra la disidencia magisterial que se opone a la contrarreforma administrativa y laboral de Peña Nieto y Aurelio Nuño.

8/19/2016

En Tanhuato, PF ‘‘ejecutó de modo arbitrario’’ a 22 civiles: CNDH


La corporación alteró el lugar de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015

En el enfrentamiento hubo en total 42 muertos; se faltó a la veracidad, dice González Pérez

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El sitio del enfrentamiento entre cuerpos policiacos y grupos delictivos en Tanhuato, Michoacán

Elementos de la Policía Federal (PF) ‘‘ejecutaron de manera arbitraria’’ a 22 de los 42 civiles muertos en el enfrentamiento ocurrido en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Además, otros cuatro fueron muertos por ‘‘uso excesivo de la fuerza’’, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación 4VG/2016 sobre el caso señala que la Policía Federal (PF) manipuló y alteró la escena de los hechos, modificó la posición inicial de varios de los cadáveres, colocó armas de fuego en otros de los cuerpos, torturó e infligió tratos crueles e inhumanos, es decir, se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.
Incluso, la PF ‘‘faltó a la veracidad’’ en los informes proporcionados respecto de la forma en que se desarrollaron los hechos que derivaron en la muerte de 43 personas –42 civiles, pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, y un policía–, por lo que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, anunció que interpondrá una denuncia judicial.
En el documento de 696 páginas enviado a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y al gobierno de Michoacán, la CNDH determinó que de las 22 personas ‘‘ejecutadas arbitrariamente’’, 13 se encontraban de espaldas; en cinco casos fueron muertas por disparos hechos desde el helicóptero artillado usado en el operativo; uno más herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida, y los tres restantes fueron victimados a pesar que ya estaban sometidos.
En 15 casos más, el organismo ‘‘no pudo establecer técnicamente’’ las circunstancias en que fueron privados de la vida, pues los policías mintieron sobre las circunstancias de los hechos, los cadáveres fueron movidos de su posición original y se manipularon elementos balísticos, entre otras irregularidades que deben ser investigadas por la autoridad.
La víctima número 42 es una persona que presenta lesiones similares a un atropellamiento, donde no se cuenta con elementos para determinar las circunstancias en que murió, dadas las inconsistencias y contradicciones de la Policía Federal, y cuyo fallecimiento también debe investigarse.
Tras señalar que México atraviesa por una ‘‘situación difícil y compleja’’, derivada de los altos índices de delincuencia organizada, González Pérez aclaró que la CNDH ‘‘no se opone ni busca inhibir las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales su única opción sea repeler una agresión real, pero eso no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos’’, dijo.
Al final, cuando ya se sabía que Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, había rechazado las conclusiones de la CNDH sobre las ‘‘ejecuciones arbitrarias’’, el ombudsman calificó de ‘‘aventuradas’’ tales declaraciones, pues la amplísima recomendación había sido entregada apenas unas horas antes. ‘‘Sería deseable que primero revisara el documento completo’’, añadió.
Foto
Luis Raúl González Pérez, ayerFoto Luis Humberto González
En la presentación de los detalles de la recomendación, en algunos lapsos acompañados por croquis del lugar o fotografías, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, precisó que el sitio fue ‘‘manipulado’’ por la PF, que resguardó el escenario de los hechos durante más de cuatro horas, entre las 9:45, hora en que concluyó el enfrentamiento, y el inicio de la actuación del Ministerio Público estatal, a las 14 horas.
Tras presentar una larga lista de pruebas técnicas y científicas, y otros elementos de convicción, junto con declaraciones tanto de testigos como de detenidos, el visitador Eslava dijo que la CNDH acreditó fehacientemente la ‘‘falta de veracidad’’ –‘‘mentiras’’, dijo en otro momento el ombudsman nacional– de la Policía Federal sobre el desarrollo de los hechos, además de que alteró sustancialmente el lugar de esos acontecimientos.
En la larga lista de ‘‘falsedades’’ citó que no hubo un enfrentamiento previo en la carretera, sino que los agentes entraron al rancho de ‘‘manera sigilosa’’, asegurando a las personas que resguardaban la entrada; que su llegada al no fue a las 9 horas, sino entre 6 y 7, y que el enfrentamiento fue entre las 6:20 y las 7:30, hecho que también contradice la versión oficial.
Destacó también que seis de los cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, 11 más no tenían zapatos, uno estaba sin camisa, y otro sólo vestía una trusa, lo que evidencia que dichas personas se encontraban dormidas cuando se inició el operativo.
Como ejemplo del uso excesivo de la fuerza, la recomendación de la CNDH señala que el artillero del helicóptero disparó 4 mil proyectiles hacia la bodega y la casa que se encuentran en el interior del Rancho del Sol, en Tanhuato, lo que provocó un incendio en el local donde fue muerta una de las personas que ahí se hallaban.
La comisión consideró que los actos de tortura fueron cometidos contra dos de las personas detenidas, quienes presenciaron algunas de las circunstancias de la ejecución de tres personas.
Al gobierno del estado de Michoacán lo señala por violaciones ‘‘no graves’’ de derechos humanos, entre ellos por la comisión de irregularidades y faltas cometidas por médicos forenses, responsabilidad del Semefo en la entrega de uno de los cadáveres, así como varias inconsistencias en la identificación y errores en la descripción del lugar de los hechos.


Foto Ap José Antonio Román 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de agosto de 2016, p. 3

Tanhuato: sospechas confirmadas



La Jornada 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer sus conclusiones sobre el violento episodio ocurrido en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo del año pasado, cuando la Policía Federal (PF) tomó por asalto el sitio, en el que se encontraba un grupo de presuntos narcotraficantes, y dio muerte a 42 de ellos, a costa de una baja mortal en sus filas. De acuerdo con el ombudsman nacional, 22 de los supuestos delincuentes fueron ejecutados de manera arbitraria, otros cuatro murieron por uso excesivo de la fuerza, y de los restantes la CNDH no contó con la información técnica correspondiente para determinar las condiciones en las que perdieron la vida, porque los elementos policiacos formularon declaraciones inconsistentes. La institución que preside Luis Raúl González Pérez señaló, asimismo. que la PF manipuló el lugar de los hechos y las evidencias, torturó a civiles y les sembró armas y cartuchos, además de que dio un trato indigno a varios de los cuerpos.
El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, al informar de la recomendación girada a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), destacó que unos 20 de los caídos no llevaban camiseta o pantalones ni estaban calzados, lo que evidencia que estaban dormidos en el momento del asalto policial.
Se confirma, así, lo que la opinión pública, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y diversos especialistas sospecharon desde que se dieron a conocer las fotos de los cuerpos en el lugar de los hechos: que lo ocurrido en Tanhuato no cuadraba con la explicación oficial, según la cual los elementos policiales actuaron luego de que recibieron disparos desde el Rancho del Sol, lo que habría dado lugar a un enfrentamiento. Incluso después de conocer la recomendación del ombdusman, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, persistió en negar que los efectivos de la PF hubieran cometido ejecuciones, aunque dijo que acataría la instrucción de la CNDH en el sentido de sancionar a los culpables de los homicidios.
La postura del funcionario federal es paradójica, porque si no hubo ejecuciones no tendría por qué haber castigos. Pero el asunto va mucho más allá de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad: arroja luz sobre la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos en el accionar de las fuerzas militares y de las policiales de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia y, por ende, una sostenida ruptura del estado de derecho que se traduce en una crisis inocultable de derechos humanos en el país.
El episodio de Tanhuato obliga a recordar lo ocurrido en Tlatlaya, estado de México, en julio de 2014, y las muertes de civiles a manos de las fuerzas del orden en
Apatzingán, en enero de 2015, por mencionar sólo algunas de los actuaciones más injustificables y violentas de las fuerzas públicas en acción contra reales o supuestos delincuentes.
En esos casos y en otros las leyes han sido violentadas en nombre de la defensa de la legalidad y, doblemente grave, las autoridades han negado en forma persistente la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos y se han resistido hasta donde han podido a investigar en forma mínimamente verosímil, a procurar justicia y a identificar a los responsables.
El retierado quebrantamiento del orden jurídico por parte de quienes tienen la misión de preservarlo –que ciertamente no comenzó en el actual sexenio– es a todas luces insostenible, además de peligroso para la estabilidad del país. A la luz de las conclusiones de la CNDH sobre Tanhuato, resulta imperativo ir más allá de los discursos y de la negación de los hechos y poner un alto efectivo a atropellos tan graves como el perpetrado en ese municipio michoacano.

10/30/2015

Grupo de expertos que investiguen masacres en Apatzingán y Tanhuato, propone HRW en CNN


Human Rights Watch sostiene que hay evidencia de que la Policía Federal cometió ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles, en dos masacres distintas cometidas en Michoacán en 2015: una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en los límites entre Tanhuato y Ecuandureo.
cnn

Tras señalar las evidencias que apuntan a que en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, hubo ejecuciones extrajudiciales y “clarísimos abusos” por parte de la Policía Federal, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que propondrá al gobierno que un grupo de expertos indague y esclarezca ambos hechos, repitiendo lo que sucede en el caso Ayotzinapa, donde interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista para Aristegui CNN -programa en el que también fue entrevistada la periodista Laura Castellanos, quien investigó a fondo y reveló la masacre en Apatzingán-, Vivanco planteó:
“Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) es que se busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y que repitamos la experiencia de Ayotzinapa y que esos expertos puedan tener acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los testigos que existen, algunos protegidos, para dictaminar qué es lo que se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales”.
Recordó que en el informe de HRW, que dio a conocer esta semana, se expone el “fracaso, falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o realmente no quiere que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos que cometen”.
Por ello, “es que el próximo paso es proponerle tanto al gobierno federal como al estado de Michoacán que se conforme una comisión similar al grupo de expertos que evaluó el caso Ayotzinapa”.
Vivanco aseguró que “las evidencias que nosotros hemos podido recopilar, en Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que allí se cometieron ejecuciones extrajudiciales, por parte de policías federales, en estos dos casos murieron al menos 50 civiles y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales”.
Lo grave, dijo, “es que han transcurrido varios meses de la comisión de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por actuación indebida, por exceso del uso de la fuerza en relación con estos incidentes… (pese a que) las evidencias muestran que en estos 2 casos se produjeron clarísimos abusos”. 
El director de HRW expuso que han revisado “con mucho cuidado las versiones oficiales, hemos tenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal, por ejemplo en el caso de Apatzingán luego de ocurridos los incidentes”.
Rememoró cómo “apenas había arrancado la investigación oficial, el comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la Presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8 civiles que perdieron la vida habían muerto a raíz de fuego cruzado provocado por las armas de los mismos civiles, y mostró para ello un video que según afirmaba o demostraba que los policías habían sido atacados por civiles”.
Empero, “posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación, que pudimos revisar… lo cierto es que en el mismo video que se utiliza para justificar el argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no proporciona evidencia en ese sentido, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego, de tal modo que la famosa evidencia, que hasta ahora ha existido, que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno”.
El ex comisionado Castillo siempre ha negado la masacre en Apatzingán.
José Miguel Vivanco dijo lo que, en el sentido contrario de la versión oficial, se han encontrado: “Testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que dispararon a dos de ellos en la cabeza, mientras se encontraban en el suelo, intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos, son declaraciones que nosotros hemos recogido directamente, y otras que hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en Apatzingán y declaró a los medios de comunicación que algunos de los policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello habrían muerto”.


“Estos dos hechos (las masacres en Apatzingán y Tanhuato) sumados a las masacres anteriores, Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí pareciera que estamos ante otras  dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en este caso policías federales, pero si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente, de acuerdo a la ley en ambos casos los hechos, las evidencias con las que se cuenta, que han recabado Laura Castellanos y otras entidades, el trabajo periodístico y el trabajo nuestro y otras entidades, demuestra que estamos ante más violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos pueden quedar impunes”, alertó. 
En el caso de lo ocurrido en Tanhuato, en mayo pasado, “el sólo aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro, la desproporción, cuenta creer que allí se dio un enfrentamiento y lo cierto es que existe un informe elaborado por la procuraduría local, del estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha tenido acceso Carlos Loret de Mola, corrobora además lo que nosotros hemos conocido por fuentes independientes, y que demuestra que allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento”. 
Masacres merecen atención: Castellanos
La periodista Laura Castellanos reconoció la importancia de que “finalmente una organización internacional de derechos humanos visibilice estas 2 masacres porque desafortunadamente no han tenido la atención que merecen”. Mencionó que la ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos, y ellos decidieron no hacer público su informe.
“La gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de los padres de familia, de que se aclare el paradero de los normalistas, sin embargo en este país ha habido otras masacres, aparte de Tlatlaya, la de Apatzingán, Tanhuato-Villa Purificación (Ecuandureo) y no han tenido la misma atención o arropamiento, por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos”. 
Recordó que el gobierno dijo que investigaba presuntos abusos de la policía federal en Apatzingán, “eso se dijo en abril (horas antes de la investigación ‘Fueron los Federales‘) y no sucedió absolutamente nada. No hay un solo policía detenido“.
Además, mencionó lo que evidenció una investigación de Univision, sobre que la ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y actual diputada federal priista, Mariana Benítez Tiburcio, mintió al anunciar en enero pasado la destitución de Alfredo Becerril, delegado de esa dependencia en Michoacán, debido a su conducta irregular en la masacre de 16 civiles ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 16 de enero.
Un reportaje realizado por Peniley Ramírez para Univision Investiga muestra que Becerril no fue destituido, sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la PGR, y luego fue nombrado como fiscal para los Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE). Castellanos apuntó que este mismo funcionario como fiscal de delitos de alto impacto fue ratificado por el actual gobierno de Silvano Aureoles.
Escucha la entrevista con Vivanco y Castellanos en Aristegui CNN:

El gobernador de Michoacán,Silvano Aureoles Conejo, dijo el miércoles que respeta la investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en la que que asegura tener evidencia de que elementos de la Policía Federal ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.
Aureoles Conejo se pronunció a favor de que se deslinden responsabilidades, a la vez de que pidió que dichos sucesos no deben denostar a las fuerzas federales, quienes han coadyuvado al restablecimiento del orden y de la paz social del estado.
El gobernador michoacano mostró disposición de su administración para que la investigación se realicen de forma profesional, y remarcó que se debe combatir al crimen organizado con respeto a los derechos humanos.






10/27/2015

PRI-Verde impiden comparecencias de Arely Gómez y Andrade en el Pleno; los llevan a lo oscurito: oposición


    
PAN, aplanadora, Arely Gómez

(27 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Por primera vez, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados supo lo que es enfrentarse a la aplanadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de sus aliados cuando, en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), impidieron que Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y Virgilio Andrade, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comparezcan ante el Pleno y no “en los oscurito”, únicamente ante comisiones.
Marko Cortés, coordinador de la bancada del blanquiazul en San Lázaro, declaró –visiblemente molesto tras la reunión de la Jucopo en la que participaron los vicecoordinadores- que “el bloque gobiernista, del PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (NA), por mayoría de votos ponderados, se oponen a que los mexicanos, de cara a la nación y a horas adecuadas, puedan conocer lo que está pasando en materia de procuración de justicia y en materia de la Función Pública”.
El legislador narró que aunque la petición de que los servidores públicos rindan cuentas ante el Pleno fue respaldada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), los gobiernistas echaron mano de su mayoría para evitar que este acuerdo fuera signado, por lo que Gómez está citada para hoy a las 19 horas y Andrade para el próximo jueves a las 17.
“Es penoso que la hora de la comparecencia sea a las seis, siete de la tarde… es penoso que una mayoría simple haya evitado que los mexicanos, de cara a la nación, pudiéramos conocer temas como por qué no hemos encontrado la verdad en casos tan importantes y dolorosos como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o casos de corrupción como el que un jefe sea exonerado por un subalterno”, detalló el panista y agregó que los mexicanos estamos cansados de corrupción e impunidad.
De acuerdo a datos del Banco Mundial (BM), anualmente la corrupción cuesta a nuestro país 1.5 billones de pesos, lo que equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es una cuarta parte del total del presupuesto de egresos que se votará en los próximos días.
“Es una pena que si el tema de la corrupción es hoy una exigencia nacional de transparencia, el secretario de la función pública no venga al Pleno, sino que se lo lleven, ya en la tarde noche, a lo oscurito”, sostuvo el panista tras afirmar que los resultados de la investigación de la Función Pública respecto a la Casa Blanca de Peña Nieto, no pueden calificarse más que como una burla.
En tanto, Arely Gómez, dijo, debe aclarar temas de interés nacional e internacional como la fuga de El Chapo y la participación de agentes norteamericanos en las investigaciones para su recaptura.
“Una vez más vemos al PRI gobierno, al gobierno de la República, diciendo una cosa y haciendo otra. Es una pena que su ‘verdad histórica’, presentada por el anterior procurador de la República, fuera desvanecida por investigaciones de organismos interdisciplinarios internacionales y que a la fecha, el gobierno de la República no haya podido decirnos qué ocurrió”, dijo Cortés.
Ahí caben…
Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD en San Lázaro, declaró que el PRI y sus aliados consideraron que no era necesaria la comparecencia de los funcionarios ante el Pleno, con el argumento de que un espacio, llamado “Salón Verde”, es suficiente para albergar a los diputados y desahogar la comparecencia.
“Nosotros dijimos que si bien puede ser importante ese espacio, nada sustituye al Pleno; el Pleno es un espacio amplísimo de discusión, ahí está representado el Poder Legislativo… nos parece equivocada la resolución que se tomó, porque estamos viviendo momentos trascendentales en la vida de México; el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y tantos casos que se están dando cotidianamente en el país requieren necesariamente que quienes están fungiendo como responsables de los asuntos relacionados con la procuración de justicia, explique al país cuál es el trabajo que están haciendo”, sostuvo el diputado oaxaqueño.
Respecto a la comparecencia de Virgilio Andrade, el coordinador del sol azteca agregó que a su bancada le parece importante que la sociedad conozca las particularidades del trabajo en dicha dependencia, pues los asuntos que ahí se procesan son de alta importancia para el país.
Los dichos del PRI…
Flanqueado de los vicecoordinadores del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Álvarez Angli y de Nueva Alianza, Soraya Bañuelos de la Torre, Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, argumentó que las comparecencias de los titulares de Gobernación, Economía y Educación Pública ante comisiones han mostrado ser exitosas, ágiles y con una amplia participación de los diputados, “¿por qué cambiar ahora a la procuradora y a la función pública a otro formato?”, cuestionó.
Y aunque informó que los representantes de los demás grupos parlamentarios argumentaron que el contenido político de ambos encuentros daba para llevarlos al Pleno, en su opinión, esto no cuenta cuando se hace el análisis de la glosa del tercer informe de gobierno, pues según él, el objetivo es llegar a fondo en los cuestionamientos a los funcionarios.
“Llevamos a cabo una votación en función de la ratificación o no, de un acuerdo previo que existía respecto a la comparecencia de los dos funcionarios restantes…la votación se inclinó porque, efectivamente, las comparecencias se llevaran a cabo ante comisiones y no ante el Pleno”, dijo el ex secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

10/05/2015

Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, “casos gravísimos” de ejecuciones extrajudiciales: CIDH en CNN

CNN 1

"Brecha brutal" entre lo que México ha aprobado en reformas institucionales, leyes, planes nacionales... y la dificultad de acceso de justicia, señaló Emilio Álvarez Icaza.


En su visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el país pasa “por una grave crisis de derechos humanos”, sentenció James Cavallaro,  relator para México y primer vicepresidente de la CIDH, en entrevista para Aristegui CNN.
Expuso que “estuvimos en el Distrito Federal, nos reunimos con autoridades, sociedad civil y víctimas”, ”después nos dividimos en varios estados, en el norte Coahuila, Nuevo León. También Veracruz, Guerrero, Tabasco, cada equipo que fue a un lugar diferente, volvió muy impresionado con la gravedad de la situación”.
“En el tema de la desapararición forzada recibimos decenas de testimonios; con las ejecuciones extrajudiciales, casos gravísimos, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato; casos gravísimos de tortura…”, agregó.
Luego “volvimos a la capital con un impacto muy fuerte, no hay otra conclusión. La situación es muy grave, crisis grave describe la situación que vive el país”, subrayó.
Ante la postura del gobierno que dice no compartir que de manera generalizada haya una crisis grave en derechos humanos en nuestro país, señaló que “son cinco días (de visita), pero la Comisión se divide en grupos, fuimos a seis estados, con un grupo de profesionales que viene acompañando la situación en México de forma permanente, hace meses y años. Tenemos también los documentos y estudios que analizamos antes de venir. En el terreno lo que conseguimos hacer fue comprobar lo que estamos estudiando y analizando en semanas y meses previas”.
Además la Comisión “lleva décadas de hacer este tipo de visitas, pero otras entidades internacionales hacen lo mismo. Pudimos corraborar, y de hecho lo que obtuvimos en el terreno fue más contundente… muy impactante“.
En el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “se encontraron fosas con decenas de otras personas desconocidas, hay un total de 400 personas, los llamados ‘otros de Iguala’. Pero tan grave ha sido la situación, de tanto que no le han hecho caso a esas personas, una mujer nos contó que ‘cuando supimos del horror de Ayotzinapa, dijimos gracias a Dios, porque ahora nos van a a hacer caso. Estamos años buscando a nuestras familias…’, sin que las autoridades le dieran importancia”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la CIDH, aseveró que “hubo una agenda muy intensa, reuniones con más de 60 u 80 funcionarios, vimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, presidentes de las salas. Al Senado, Cámara de Diputados, vimos a seis gobernadores, organismos internacionales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil”.
Detalló que “por una parte se le pidió al Estado mexicano una serie de informaciones, para tener elementos de estadísitica. Información oficial que nos permitiera docuememtar de mejor manera. También se le pide a las organizaciones de la sociedad civil y  a las víctimas, no sólo testimonios, sino análisis y documentos. Hablamos con académicos y periodistas… de manera que tendremos elementos para hacer un foco específico en las violaciones graves a los derechos humanos”.
“En el ánimo de generar un documento que le brinde un horizonte de trabajo a México… bajo la hipótesis que se reconoce que el gobierno invitó a la Comisión, pero que tiene que tener un correlato en el seguimiento a las recomendaciones. Cuando venga el informe tendrá que haber un trabajo de como se cumplen las recomendaciones, de manera que no sólo el gobierno federal, sino los poderes de la República y los gobiernos estatales de manera principal, pongan condición y atención”, opinó.
Explicó que “preparar una visita de esta naturaleza, nos llevó por lo menos ocho meses de trabajo sistemático, hay un diagnóstico donde se dialoga por las audiencias, por la información recibida, hay todo un proceso de investigación previo. No fue este el único viaje, gente de la secretaría Ejecutiva vino antes a prepararla”.
Además de que “el fénomeno de un informe de esta naturaleza, tiene un calado, inclusive, de qué tipo de informe va a hacer. ¿Por qué vamos a trabajar estos temas?, porque ya hay un diagnóstico previo que se sustenta y se soporta”.
Lo que es evidente, comentó Álvarez Icaza, es que el fenómeno de las violaciones graves “está en una condición donde hay una distancia tan extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas institucionales, de leyes, de planes nacionales y la dificultad de acceso de justicia. La brecha es brutal”.
“En 15 de 32 estados no está tipificada kla tortura, ni siquiera puedes calificarlo como delito”, recordó.
“Hay un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad. Tienes la afectación del delito, pero también un fenómeno de permear las intenciones de seguridad, donde hay funcionarios públicos que participan en el delito”, aseguró.
Además, existe “un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera investigan y hay quienes reciben amenazas por buscar a su familia”.