Tras señalar las evidencias que apuntan a que en
Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, hubo ejecuciones extrajudiciales y
“clarísimos abusos” por parte de la Policía Federal, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de
Human Rights Watch, indicó que propondrá al gobierno que un
grupo de expertos
indague y esclarezca ambos hechos, repitiendo lo que sucede en el caso
Ayotzinapa, donde interviene la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
En entrevista para
Aristegui CNN -programa en el que también
fue entrevistada la periodista Laura Castellanos, quien investigó a
fondo y reveló la masacre en Apatzingán-, Vivanco planteó:
“Nuestra propuesta, y vamos a formulársela al actual gobernador de Michoacán (Silvano Aureoles) es que se
busque colaboración internacional, que exista la participación de un pequeño grupo de expertos y
que
repitamos la experiencia de Ayotzinapa y que esos expertos puedan tener
acceso a todas las evidencias, a todos las investigaciones, a los
testigos que existen, algunos protegidos, para dictaminar qué es lo que
se ha hecho hasta ahora, por qué no hay ningún policía consignado, qué
ocurre con la investigación, y hacer unas recomendaciones muy concretas tanto a las autoridades del estado de Michoacán como a las autoridades federales”.
Recordó que en el
informe de HRW, que dio a conocer esta semana, se expone el “fracaso,
falta de credibilidad del sistema de justicia en México, donde da la impresión de ser incapaz o
realmente no quiere que miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos que cometen”.
Por ello, “es que el próximo paso es proponerle tanto al gobierno
federal como al estado de Michoacán que se conforme una comisión similar
al grupo de expertos que evaluó el caso Ayotzinapa”.
Vivanco aseguró que “las evidencias que nosotros hemos podido recopilar, en
Apatzingán y Tanhuato, ambos en Michoacán y ambos ocurridos durante el curso de este año, nos permiten asegurar que allí se
cometieron ejecuciones extrajudiciales, por parte de policías federales, en estos
dos casos murieron al menos 50 civiles y no cabe duda alguna que hubo participación y responsabilidad en estos casos de policías federales”.
Lo grave, dijo, “es que han transcurrido varios meses de la comisión
de estos hechos y hasta ahora ningún policía ha sido consignado por
actuación indebida, por exceso del uso de la fuerza en relación con
estos incidentes… (pese a que) las
evidencias muestran que en estos 2 casos se produjeron clarísimos abusos”.
El director de HRW expuso que han revisado “
con mucho cuidado las versiones oficiales,
hemos tenido reuniones al más alto nivel con el gobierno federal, por
ejemplo en el caso de Apatzingán luego de ocurridos los incidentes”.
Rememoró cómo “apenas había arrancado la investigación oficial, el
comisionado para la seguridad de Michoacán, designado por la
Presidencia, el señor Alfredo Castillo, sostuvo que la mayoría de los 8
civiles que perdieron la vida
habían muerto a raíz de fuego cruzado provocado por las armas de los mismos civiles, y mostró para ello un video que según afirmaba o demostraba que los policías habían sido atacados por civiles”.
Empero, “posteriormente, la Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación, que pudimos revisar…
lo
cierto es que en el mismo video que se utiliza para justificar el
argumento de la legítima defensa por parte de los policías, no
proporciona evidencia en ese sentido, en el video no se ve que
civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan
armas de fuego, de tal modo que la famosa evidencia, que hasta ahora ha
existido, que consiste fundamentalmente en estos videos, no permiten
mínimamente siquiera avalar la tesis del gobierno”.
El ex comisionado Castillo siempre
ha negado la masacre en Apatzingán.
José Miguel Vivanco dijo lo que, en el sentido contrario de la versión oficial, se han encontrado: “
Testimonios de personas que nos señalan que se abrió fuego contra civiles que no estaban armados, que
dispararon a dos de ellos en la cabeza, mientras se encontraban en el suelo,
intentando resguardarse, y luego colocaron armas junto a sus cuerpos,
son declaraciones que nosotros hemos recogido directamente, y otras que
hemos podido recibir de testigos presenciales de los hechos, incluyendo
un médico que atendió a las personas heridas durante los incidentes en
Apatzingán y declaró a los medios de comunicación que algunos de los
policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y
por ello habrían muerto”.
“Estos dos hechos (las masacres en Apatzingán y Tanhuato) sumados a las masacres anteriores,
Tlatlaya y Ayotzinapa, muestran que aquí pareciera que estamos ante otras
dos graves atrocidades cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas,
en este caso policías federales, pero si bien el gobierno insiste en
que la policía actuó correctamente, de acuerdo a la ley en ambos casos
los hechos, las evidencias con las que se cuenta, que han recabado Laura
Castellanos y otras entidades, el trabajo periodístico y el trabajo
nuestro y otras entidades, demuestra que
estamos ante más
violaciones a derechos humanos, que si no existe atención y debate
público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estos hechos
pueden quedar impunes”, alertó.
En el caso de lo ocurrido en Tanhuato, en mayo pasado, “el sólo
aceptar que existan 42 civiles muertos de un lado y un policía del otro,
la desproporción, cuenta creer que allí se dio un enfrentamiento y lo
cierto es que existe un informe elaborado por la procuraduría local, del
estado de Michoacán, de más de 80 páginas con fotografías, al que ha
tenido acceso Carlos Loret de Mola, corrobora además lo que nosotros
hemos conocido por fuentes independientes, y que demuestra que
allí efectivamente se habría producido un ajusticiamiento y no enfrentamiento”.
Masacres merecen atención: Castellanos
La periodista Laura Castellanos reconoció la importancia de que
“finalmente una organización internacional de derechos humanos
visibilice estas 2 masacres porque desafortunadamente
no han tenido la atención que merecen”. Mencionó que
la ONU envió una misión a Apatzingán para conocer los hechos, y ellos decidieron no hacer público su informe.
“La gravedad del tema de Ayotzinapa ha llamado la atención de
organizaciones internacionales que han arropado esta exigencia justa de
los padres de familia, de que se aclare el paradero de los normalistas,
sin embargo en este país ha habido otras masacres, aparte de Tlatlaya,
la de Apatzingán, Tanhuato-Villa Purificación (Ecuandureo) y
no han tenido la misma atención o arropamiento, por eso es tan importante que este informe de esta organización internacional visibilice estas dos”.
Recordó que el gobierno dijo que investigaba presuntos abusos de la
policía federal en Apatzingán, “eso se dijo en abril (horas antes de la
investigación ‘
Fueron los Federales‘) y no sucedió absolutamente nada.
No hay un solo policía detenido“.
Además, mencionó lo que evidenció una
investigación de Univision,
sobre que la ex subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de
la Procuraduría General de la República (PGR) y actual diputada federal
priista,
Mariana Benítez Tiburcio, mintió al anunciar
en enero pasado la destitución de Alfredo Becerril, delegado de esa
dependencia en Michoacán, debido a su conducta irregular en la masacre
de 16 civiles ocurrida en Apatzingán, Michoacán, el 16 de enero.
Un reportaje realizado por Peniley Ramírez para
Univision Investiga muestra que
Becerril no fue destituido, sino que renunció con
un saludo de agradecimiento a la PGR, y luego fue nombrado como fiscal
para los Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Michoacán (PGJE). Castellanos apuntó que este mismo
funcionario como fiscal de delitos de alto impacto fue ratificado por el
actual gobierno de Silvano Aureoles.
Escucha la entrevista con Vivanco y Castellanos en
Aristegui CNN:
El gobernador de
Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, dijo el miércoles que respeta la investigación realizada por
Human Rights Watch (HRW)
en la que que asegura tener evidencia de que elementos de la Policía
Federal ejecutaron a civiles en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán.
Aureoles Conejo se pronunció a favor de que se deslinden
responsabilidades, a la vez de que pidió que dichos sucesos no deben
denostar a las fuerzas federales, quienes han coadyuvado al
restablecimiento del orden y de la paz social del estado.
El gobernador michoacano mostró disposición de su administración para
que la investigación se realicen de forma profesional, y remarcó que se
debe combatir al crimen organizado con respeto a los derechos humanos.