Foto: Canva / El SIPINNA estableció como una de sus prioridades avanzar hacia la erradicación del embarazo en menores de 15 años para 2030.
SIPINNA lanza la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No”.
En México, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres durante 2025, un promedio de 22 cada día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Ante esta realidad, considerada una emergencia, el organismo puso en marcha la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No. Por una vida libre de violencia y un futuro pleno”, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, así como avanzar hacia la erradicación del embarazo infantil.
La estrategia fue presentada en Iztapalapa, Ciudad de México, donde la titular del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, llamó a dejar de normalizar los embarazos en niñas menores de 15 años.
“No podemos normalizar este tipo de situaciones”, señaló, al advertir que cuando una niña de entre 10 y 14 años queda embarazada, esto no debe entenderse como resultado de una relación amorosa, sino como una situación vinculada con violencia, desigualdad o falta de protección por parte de las personas adultas y las instituciones.
Embarazo infantil, una forma de fecundidad forzada
El SIPINNA considera que los embarazos en niñas menores de 15 años deben abordarse como fecundidad forzada, debido a las condiciones de violencia y desigualdad que pueden estar detrás de estos casos.
Aunque entre 2018 y 2025 los nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años disminuyeron 24.9 por ciento, las autoridades consideran que el número continúa siendo una emergencia y que alcanzar la meta de erradicarlos requiere reforzar las acciones de prevención, detección y atención.
El problema tampoco se limita a las comunidades rurales. Datos presentados por el organismo muestran que en 2024, 53.8 por ciento de las niñas que tuvieron un nacimiento vivía en zonas urbanas, mientras que casi la mitad contaba únicamente con estudios de primaria.
La situación también revela profundas desigualdades entre entidades. La razón de fecundidad forzada se ubicó entre 0.66 y 3.19 por cada mil niñas, dependiendo del estado donde vivían.
La escuela como espacio de protección
La maternidad durante la infancia tiene consecuencias que van más allá de la salud. Puede interrumpir las trayectorias educativas, reducir las oportunidades laborales y profundizar condiciones de dependencia económica y desigualdad.
Durante la presentación de la estrategia, Villavicencio señaló que 80 por ciento de las niñas de 10 a 14 años que fueron madres no estaba estudiando, por lo que mantenerlas en la escuela constituye una medida fundamental de protección.
“Queremos niñas estudiando y decidiendo con libertad sus vidas”, planteó la titular del SIPINNA.
Para Liliana Chopitea, jefa de Política Económica y Social de UNICEF, el embarazo adolescente no es únicamente un asunto de salud, sino también un desafío de desarrollo y justicia social, debido a su impacto en las oportunidades educativas, laborales y en la autonomía económica de niñas y adolescentes.
Una estrategia que busca llegar a los municipios
“Niñas Sí, Madres No” plantea llevar las acciones de prevención y atención a los municipios del país mediante la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales.
Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la detección de casos de violencia sexual, garantizar atención integral y evitar que la maternidad o el embarazo oculten posibles delitos cometidos contra las niñas.
La estrategia también contempla la implementación de la Ruta NAME, mecanismo diseñado para coordinar la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas o madres entre instituciones de salud, educación, fiscalías y sistemas DIF.
El SIPINNA ha planteado que la respuesta institucional debe incluir no sólo la prevención de nuevos embarazos, sino también la identificación de las violencias que los originaron, la investigación de los posibles agresores, la atención sin revictimización y la restitución integral de derechos.
Fuente: Cortesía.- Ciudad
de México.- Norma, de 12 años pelea contra el Estado ecuatoriano;
Fátima de 13 contra Guatemala; Lucía y Susana, de entonces 7 y 13 años,
respectivamente, en contra del Estado Nicaragüenses; su vida ha estado
marcada por la impunidad y el síntoma de una región rezagada en materia
de una vida libre de violencia; hoy, sus nombres hacen eco, al
representar un litigio internacional para hacerles justicia y dejar un
precedente en América Latina y el Caribe: Las niñas no son madres.
Norma,
Lucía, Fátima y Susana, las cuatro niñas fueron obligadas a llevar su
embarazo hasta la etapa terminal, fueron violentadas obstétricamente y,
además, forzadas a maternar.
Cada caso denuncia la culpabilidad de
sus respectivos países y este paquete de casos ha sido llevado a la
par, pues hay que apuntar que resulta imposible representarlas en
conjunto, pues están sujetas a las legalidades de cada Estado, pero al
llevar el mismo rumbo ante El Comité, se habla de que se gestará una
resolución histórica a favor donde se señalará a 3 países de América
Latina por su complicidad en el embarazo forzado y violencia en contra
de estas niñas -actualmente, mujeres-.
Es por ello que se llevó a
cabo en la capital de México, el evento auspiciado por Amnistía
Internacional, el cual reunió al músculo feminista de las zonas
conurbadas, Estado de México y la CDMX para discutir el panorama de
violencias sistémica que atraviesa a las niñas de la región; las alarmas
están encendidas, el embarazo forzado, el abuso sexual revictimizado,
el avance de los grupos provida y los vacíos legislativos amagan los
derechos de las niñas.
América Latina y el Caribe representan la
segunda región a nivel global con las tasas más altas de partos de niñas
menores de 15 años, sin embargo, según proyecta el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, no existe una certeza sobre la cantidad de niñas
y adolescentes forzadas a gestar y dar a luz, pues aunado a los vacíos
informativos – de registro, esto se colude con la cantidad de países de
la región que son extremadamente punitivistas con la interrupción del
embarazo.
Fuente: Cimac foto
Así,
desde el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global,
Mujeres Transformando el Mundo, Observatorio de Salud Sexual y
Reproductiva y Surkuna Ecuador, organizaciones feministas por y para
mujeres, se prepara para darle un gancho a los países de Ecuador,
Paraguay y Nicaragua a través de un litigio presentado ante el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Norma vs Ecuador
Norma
vivía con su padre, un hombre que contaba con un historial de denuncias
al haber abusado sexualmente de su prima. Por este hecho, se supondría
que Norma sería puesta bajo protección bajo el Instituto Nacional de la
Niñez y la Familia de Ecuador; nunca pasó.
Así, a la edad de 12
años fue obligada a vivir con su padre y tras dos años de abuso sexual
reiterado, Norma quedó embarazada. Pese a sus severas afectaciones a su
salud mental e incluso, tentativas de suicidio, Norma fue forzada a
llevar su embarazo a pesar de haber pedido a las instituciones que no
quería saber nada del bebé; no quería ser madre.
Ecuador sólo
consideraba el aborto en casos específicos como que estuviera en peligro
la vida de la madre, sin embargo, como éste no representaba un riesgo
para Norma, se le fue negado su acceso al aborto.
Norma no pudo
volver a la escuela, pues no existía compatibilidad entre sus horarios
educativos y su trabajo de cuidados con su bebé. Su agresor murió años
después y Norma jamás recibió justicia por el abuso sistémico que
ejerció el Estado ecuatoriano en su contra.
Fátima vs Guatemala
La
madre de Fátima acudía a centros de cuidados con el objetivo de recibir
educación y seguridad. Ahí, un hombre identificado por ser docente y
miembro de la institución comenzó a violentar sexualmente a Fátima
quien, en ese entonces, tenía 13 años; edad en la que inició su periodo
de gestación.
La familia de Fátima inició un proceso de denuncia
en contra del hombre, quien era respetado en la comunidad, sin embargo,
comenzaron a amenazarles para que retiraran los cargos en su contra. El
agresor jamás fue detenido.
Al igual que en Ecuador, en Guatemala
no se contempla el aborto a causa de abuso sexual y sólo se accede a
este derecho cuando está en peligro la vida de la madre. Fátima fue
negada de obtener un amparo para la interrupción legal del embarazo.
Fátima, además, vivió revictimización por parte del personal médico quienes le decían que si le había gustado «abrir las piernas«, al momento de dar a luz, pues la niña de 14 años no soportaba el dolor.
Se
le forzó a cuidar de su bebé y hacerse cargo de él a pesar de señalar
explícitamente que no deseaba verlo, ni ser madre. Asimismo, al intentar
volver a su vida cotidiana y estudiar, la institución le negó el
acceso, refiriendo que no se le aceptaría porque ya tenía un hijo y
además, no estaba casada.
Las instituciones guatemaltecas
violentaron de forma reiterada a Fátima; desde sus espacios de
esparcimiento para las infancias, las instituciones educativas y sus
hospitales. Hoy se lucha para que el Estado de Guatemala reconozca su
culpabilidad en este caso, pero también, en los miles que se gestan en
total impunidad en el país.
Lucía y Susana vs Nicaragua
Lucía
tenía 13 años y participaba en el coro infantil de la parroquia cuando
iniciaron las agresiones sexuales por parte del sacerdote de su poblado.
El agresor, la abusó de forma reiterada en diversas ocasiones y a la
edad de 13 años, inició su periodo de gestación.
Tras enterarse
del embarazo, la familia de Lucía denunció al sacerdote, sin embargo, la
localidad les comenzó a revictimizar; Lucía era responsable de haber
«seducido» al religioso.
La policía sabía bien dónde vivía el
hombre, pues era bien conocido en el pueblo, sin embargo, a pesar de
existir una orden de aprehensión, nunca fue detenido, ni procesado por
su crimen.
En Nicaragua el aborto está penalizado bajo todas las
circunstancias y por ello, Lucía fue forzada a llevar su embarazo a
pesar de existir pruebas contundentes del abuso y sus intentos por
terminar con su vida a causa de las secuelas emocionales que este
proceso trajo consigo.
«Lucía
no sólo espera que compartir su caso genere reparaciones que le
permitan continuar con su proyecto de vida, sino también, que ninguna
otra niña sea obligada a interrumpir su infancia por cuenta de una
maternidad forzada», se señaló en conferencia.
Desde
los 7 años, Susana fue violentada sexualmente por parte de su abuelo,
un hombre temido en el pueblo por ser miembro de un grupo armado de la
región.
A la edad de 13 años, Susana inició su periodo de
gestación y a pesar de que su abuela denunció el caso en 5 ocasiones,
las comisarías rechazaban proceder. Así, Susana, sin ningún apoyo de
legalidad, fue forzada a llevar su embarazo y ejercer la maternidad.
Tiempo
después, Susana logró meter una denuncia penal, sin embargo, el Estado
la abandonó y no obtuvo ninguna respuesta, hasta 4 años después, que le
informaron: No se puede hacer nada a causa de los grupos armados de la
zona.
Su agresor sigue en libertad y teme de forma constante por
su vida, se mantiene a la expectativa y desea que el Comité haga
justicia en su caso, pero también, ponga la lupa en lo que está
sucediendo en Nicaragua.
México: Aún penalizando el aborto en Códigos Penales Locales y sin una estrategia clara contra el embarazo infantil
En
México, se registraron durante 2022 un total de 7 mil 255 nacimientos
que tuvieron como madres a niñas de entre 10 y 14 años, siendo
desglosado de la siguiente forma:
De 10 a 14 años: 15.5% De 15 a 19 años: 29.59% De 10 a 19 años: 45.10%
A
pesar de que, a comparación de otros países de la región, México ha
dado pasos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos,
como la despenalización del aborto a nivel federal como mandato de la
Suprema Corte de Justicia -y que aún, la mitad de las entidades siguen
sin acatar-, se demuestra que el Estado aún no blinda a las niñas y
adolescentes mexicanas.
Las niñas siguen maternando, el abuso sexual es una pandemia incontenible y los programas de educación sexual son endebles.
Este
fenómeno no debe ser observado desde lo particular, sino entendido como
un fenómeno sistémico e interseccional que atraviesa con más violencia a
las mujeres precarizadas o pertenecientes a comunidades indígenas –
afro.
“En términos globales, la cantidad de niñas, niños y adolescentes
atendidas por violencia sexual en México durante 2023 ( 9,802 casos) se
posicionó como la segunda mayor para un año desde que se tiene registro
(2010) y duplicó el promedio anual de casos observados en el país entre
2010 y 2023 (4,247)”. (Red por los Derechos de las Infancias en México)
En
ese sentido, el informe Violencia sexual contra la niñez y adolescencia
en México (2019-2021) también destaca que “En México, las víctimas de
violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas
representaban el 92.3% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por
esta grave violación a sus derechos a nivel nacional en 2023.
La
población adolescente también representa una proporción significativa de
las víctimas de violencia sexual de 1 a 17 años de edad: alrededor de
tres de cada cuatro casos de violencia sexual atendidos en el mismo
periodo correspondieron a personas de entre 12 y 17 años”. Los Estados
con mayor número de reportes fueron: Estado de México, Jalisco y
Veracruz.
“El
acceso al aborto en niñas menores de 15 años corresponde al 1.23% del
total de abortos. En México, en teoría, el acceso al aborto por
violencia sexual debería estar garantizado, pues la causal es legal en
todo el país y, de acuerdo a la Ley General de Víctimas (LGV) y NOM 046,
toda institución hospitalaria debe proporcionar a las víctimas de
violencia sexual atención inmediata, sin exigir ninguna condición para
su admisión. En ambos instrumentos legales la violación sexual se
cataloga como una urgencia médica”, Rebeca Ramos, Directora de GIRE.
Asimismo,
un punto importante en el debate gestado en Amnistía Internacional fue
recordar que la despenalización del aborto no es lo mismo que su
legalización; el camino para México aún es largo, pues que el derecho al
aborto esté contenido en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, aún es un trabajo que requerirá del cuerpo y el empuje de
millones.
Así, la sentencia en contra de estos 3 países
-Nicaragua, Ecuador y Guatemala- podría representar un antecedente
importante en la región que ajusticie a las niñas y adolescentes que han
sido atravesadas por el puño punitivista de sus Estados.
Pero
también, envía un mensaje de advertencia -o de resistencia, según quién
lo lea-: Las redes feministas y la colectividad de las mujeres se
mantiene vigilante sobre las opresiones que ejerce América Latina, los
litigios, las denuncias y su actuar, serán evidenciados ante la
comunidad internacional hasta transformar la realidad de las niñas,
adolescentes y mujeres de nuestra región.
«De
manera colectiva, elevamos este llamado a los Estados para que
garanticen el derecho inalienable de cada niña a vivir una vida libre de
violencia y discriminación, a que se les respeten las decisiones que
tomen para retomar su proyecto de vida luego de sobrevivir a la
violencia sexual, incluida la interrupción del embarazo, y a que
obtengan justicia”, Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para
América Latina de Planned Parenthood Global
