Foto: La Lupa Nicaragua.- En
el marco del Foro Centroamericano de Periodistas 2025(Forocap), un
grupo de periodistas y comunicadoras nicaragüenses alzó la voz para
denunciar la desaparición de la periodista, Fabiola Tercero detenida y
desaparecida desde el 12 de julio de 2024 tras el allanamiento de su
vivienda por la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La
exigencia de una prueba de vida y la libertad inmediata para Fabiola
Tercero, centró la acción de este sábado en el Centro Cultural España en
Antigua, Guatemala, donde además denunciaron que el periodismo en
Nicaragua “sobrevive desde la clandestinidad, el exilio o el silencio
forzado”.
“Alzamos
nuestras voces por nosotras, por las que persisten desde las sombras,
el destierro o las cárceles”, expresaron las periodistas y comunicadoras
en su pronunciamiento público.
Un país sin prensa libre
La
denuncia incluyó el silencio que hay en diez departamentos de Nicaragua
—incluida la Costa Caribe— donde ya no existen periodistas
independientes.
La clausura y confiscación de la totalidad de los
medios escritos, mientras los medios digitales -que continúan
informando- lo hacen bajo censura y amenazas permanentes.
Desde el
estallido de las protestas en 2018, el periodismo independiente
nicaragüense enfrenta un contexto de persecución sistemática:
allanamientos, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio,
vigilancia y amenazas de muerte. En muchos casos, las agresiones también
alcanzan a familiares de periodistas.
“Las
mujeres periodistas han vivido esta violencia con mayor dureza”, señala
el comunicado, recordando que más de ocho comunicadores fueron
desnacionalizados y más de 300 se encuentran en el exilio. Otros
permanecen en arresto domiciliario, convertidos sus hogares en
prisiones.
FLED: Nicaragua es un “desierto informativo”
Los
datos más recientes de la Fundación por la Libertad de Expresión y
Democracia (FLED) confirman el deterioro de la libertad de prensa.
En
su III Informe Trimestral de 2025, FLED documenta 31 casos de
agresiones y ataques contra periodistas y medios independientes, y
advierte que el 65 % del territorio nacional se ha convertido en un
“desierto informativo”, al no contar con medios autónomos en los
departamentos.
El informe también revela que entre 2018 y
septiembre de 2025 304 periodistas han sido forzados al exilio, mientras
que la vigilancia digital y las restricciones al trabajo informativo
siguen aumentando.
Solidaridad regional y llamado urgente
Durante
el Forocap, las periodistas nicaragüenses expresaron su solidaridad con
sus colegas del istmo. Exigieron la libertad inmediata de José
Zamora en Guatemala y alertaron sobre el deterioro de la democracia y la
libertad de expresión en El Salvador.
Asimismo, hicieron un
llamado a las organizaciones internacionales, gremios periodísticos y
ciudadanía regional a mantener la atención sobre las amenazas y
vulnerabilidad de quienes ejercen la comunicación y el periodismo,
especialmente las mujeres.
“En
tiempos de caos y crisis seguimos documentando, denunciando y
resistiendo. Defender la libertad de expresión es defender la vida”,
concluye el pronunciamiento.
¿Quiénes son Las Exiliadas?
«Las
Exiliadas somos una red de periodistas y comunicadoras feministas
nicaragüenses en condición de exilio, migración forzada y apatridia,
desplazadas por la represión dictatorial en nuestro país», explica Julia
Ortiz, integrante de la colectiva.
«Abrazamos nuestra diversidad
de orígenes y trayectorias, compartimos una lucha común por la libertad
de expresión y prensa», agrega Ortíz, mientras explica que las
integrantes estan residiendo en países como España, Costa Rica, Estados
Unidos y Centroamérica.
.- Ciudad
de México.- Este 2025, México perdió a diferentes feministas,
defensoras de derechos humanos y periodistas que dedicaron su vida a la
verdad, justicia y defensa de otras mujeres. Algunas fallecieron tras
años de trabajo incansable y una vida dedicada a los movimientos de
mujeres; otras en contextos de riesgo y violencia debido a su labor.
Hoy, las recordamos y nombramos.
Leonor Aida Concha
Dos
semanas atrás, el 17 de octubre, el movimiento de mujeres se despidió
de la feminista Leonor Aída Concha, una figura clave en la historia del
feminismo mexicano desde la teología de la liberación. Religiosa y
feminista, dedicó su vida a desafiar las estructuras patriarcales dentro
de la Iglesia Católica y a demostrar que la fe y el feminismo podían
caminar juntos.
Nació el 12 de noviembre de 1933 en Chihuahua, su
formación estuvo atravesada por ideologías distintas: la masonería y el
cristianismo, lo que forjó su vocación por la diversidad de
pensamientos.
Su vocación religiosa la llevó a unirse a
movimientos ecuménicos para unificar las distintas confesiones
cristianas y en espacios de reflexión teológica en América Latina. En
los años 70 se involucró con la teología de la liberación que se
caracterizaba por poner a las luchas sociales en el centro de la acción
cristiana. Esta perspectiva la llevó a cuestionar el papel subordinado
que la Iglesia les imponía a las mujeres y más tarde, construyó su
propio pensamiento feminista.
Leonor dejó huella en conferencias
mundiales, redes feministas y espacios académicos, donde fungió como
consejera, teóloga, editora, autora y colaboradora de materiales de
difusión y publicaciones sobre alfabetización, trabajo, economía y
migración, así como una figura referente para varias generaciones de
mujeres religiosas y feministas.
Además
de su labor como abogada y defensora, Teresa Colombia Ulloa Ziáurriz
fue una feminista que dedicó su vida a combatir la violencia contra las
mujeres y la trata de personas con fines de explotación sexual en
América Latina. Nació un 31 de diciembre de 1949. Desde muy joven
desarrolló un sentido de justicia que la llevó a involucrarse en
movimientos sociales y, más tarde, a especializarse en la defensa
jurídica de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos
sexuales.
Su compromiso con la justicia nació durante el
movimiento estudiantil de 1968 y se fortaleció en su paso por el
sindicalismo, donde identificó la discriminación hacia las mujeres
trabajadoras. Esto la motivó a fundar espacios jurídicos como el
colectivo «Compañera» y posteriormente Defensoras Populares
A.C. A lo largo de su carrera litigó más de 25 mil casos de violencia
sexual y diseñó mecanismos innovadores de atención a víctimas.
Además
de su labor jurídica, escribió artículos, libros y materiales
especializados, también impartió la docencia en derechos humanos y
dirigió dos reformas legislativas (1989 y 1990) las cuales endurecieron
las penas por violencia sexual y eliminaron mecanismos que permitían a
los agresores evitar la justicia mediante el pago de multas. También
participó en la tipificación del acoso sexual para que fuera considerado
un delito.
Resistiendo
desde la academia, Delia Selene de Dios Vallejo fue una destacada
socióloga, académica y feminista mexicana cuyo compromiso con la
igualdad para las mujeres marcó más de cinco décadas de trabajo
universitario, político y social. Nació el 5 de abril de 1937 y cuando
ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1955 fue para
estudiar Sociología. Desde la preparatoria ya militaba en el feminismo,
cuando a los 15 años fundó la Organización de Estudiantes
Universitarias, una de las primeras agrupaciones conformadas solo por
mujeres en la Universidad.
Posteriormente, fundó parte de
organizaciones como la Federación Mexicana de Universitarias y la Unión
Nacional de Mujeres Mexicanas, y con el tiempo se convirtió en una
figura clave del feminismo. Participó en numerosos foros nacionales e
internacionales con ponencias sobre sociología, feminismo y derechos
humanos. También fue parte de diversas redes intelectuales y de acción
feminista.
Autora de libros fundamentales como Sociología de Género y Guía metodológica para elaborar diseños de investigación social,
recibió múltiples distinciones por su labor docente, intelectual y
feminista, entre ellas la Medalla Omecíhuatl y el reconocimiento Juana
Belén Gutiérrez de Mendoza.
Pese a su fallecimiento, su legado
permanece vivo en generaciones de académicas, estudiantes y activistas
que continúan la lucha que ella inició.
El pasado 24 de abril de este año, la defensora, abogada, feminista y activista mixe,
Sandra Estefanía Domínguez Martínez, fue encontrada sin vida en la
terracería La Cebia en Santiago Sochiapan, Veracruz. Esto ocurrió luego
de 206 días en los que fue vista por última vez en San Juan de Cotzocón,
Oaxaca. La investigación de lo que le ocurrió y el acceso a la justicia
por su feminicidio continúan pendientes.
Sandra fue una figura
importante para las mujeres de su comunidad, nació en San Isidro
Huatapam, una comunidad ubicada en el municipio de Santa María Alotepec,
Oaxaca. Siendo la mayor de sus hermanas y hermanos, estudió la carrera
de derecho en la Universidad Indígena de México hasta Mochicahui, El
Fuerte, Sinaloa. Desde joven denunció grupos delictivos que tenían en la
mira a la comunidad estudiantil y desde entonces, emprendió una causa
por los derechos de las mujeres de la comunidad como su acompañamiento
en la desaparición de Alicia Delgado Alarcón en 2018 o en el feminicidio
de Fany Guadalupe en 2021.
La defensora no solo hizo frente a
funcionarios cuando denunció la existencia del chat Sierra XXX, en el
que se compartieron imágenes de mujeres ayuuk de índole sexual,
incluida ella, el cual era usado por 140 hombres. También emprendió una
lucha para que destituyeran a Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz Social
del Gobierno de Oaxaca. Pese al riesgo que corría, las autoridades
oaxaqueñas se niegan a investigar su feminicidio como consecuencia de su
labor afirmando que es un caso que podría estar relacionado con la
delincuencia organizada, criminalizando así a la defensora.
Berenice
Giles Rivera fue una joven fotoperiodista mexicana que dedicó sus
primeros años profesionales a documentar la escena cultural y musical de
la capital. Estudió Comunicación y Periodismo en la Facultad de
Estudios Superiores Aragón de la UNAM y, al momento de su fallecimiento,
estaba por concluir el diplomado que le permitiría titularse.
Su trabajo se desarrolló principalmente en el medio independiente Mr. Indie,
donde cubría conciertos y festivales. Ejercía en condiciones de
precariedad, sin seguridad social ni respaldo institucional, como ocurre
con muchas mujeres que inician su carrera en el fotoperiodismo y
enfrentan entornos laborales precarios, desiguales y sin garantías.
El
pasado 5 de abril, murió mientras realizaba una cobertura en el
festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario. Su vida y su trabajo
quedaron truncados en pleno ejercicio periodístico, recordándonos la
vulnerabilidad en la que siguen desarrollando su labor las mujeres
jóvenes en los medios de comunicación en México.
Este
año comenzó con el asesinato de la mujer buscadora, Teresa González
Murillo, en Guadalajara, Jalisco, quien se dedicaba a localizar a su
hermano Jaime, desapareció el 2 de septiembre de 2024. Además de ser
líder comerciante, volcó su vida a las labores de búsqueda y a la
organización colectiva junto con Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco,
donde acompañaba a otras familias en la misma lucha.
El 27 de
marzo de 2025, Teresa sufrió un ataque armado cuando un grupo de hombres
intentó privarla de la libertad en su domicilio, en la colonia San
Marcos. En el forcejeo recibió un disparo que la dejó gravemente herida.
Tras varios días de lucha en el hospital, falleció el 2 de abril,
convirtiéndose en la primera madre buscadora asesinada en 2025.
Su
muerte dejó en evidencia el riesgo que enfrentan quienes buscan a sus
seres queridos en un contexto de violencia que crece en la entidad.
Teresa fue recordada por su colectivo como una mujer valiente y
solidaria, cuya memoria permanece en la exigencia de verdad y justicia
para Jaime y para todas las personas desaparecidas.
Oaxaca, Oax. Al menos una centena de organizaciones
feministas y de Derechos Humanos, así como 460 personas, demandaron
frenar y sancionar la campaña de criminalización en contra de Anabel
López Sánchez, defensora de los derechos de las mujeres, actualmente
funcionaria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
A través de un pronunciamiento público, exigieron a la Fiscalía
General de Justicia una investigación sobre el origen de ésta, además de
intervenir de manera inmediata con acciones que conlleven a la solución
del conflicto de manera pronta y con el consenso del pueblo Ikoots de
San Mateo del Mar, “respetando los Derechos Humanos, la seguridad y la
integridad de la población, con especial atención de las mujeres, niñas y
niños, y personas en situación de vulnerabilidad”.
A la par, tras recordar que el pasado 5 de mayo, se desató una serie
ataques en contra de López Sánchez, inculpándola de ser la autoría
intelectual de los hechos violentos ocurridos en San Mateo del Mar el
pasado 2 de mayo, instaron al gobierno federal para que inicie una
investigación de manera urgente sobre los actos de violencia, y sobre
todo, contra los cometidos en contra de las mujeres indígenas en
Huazantlán del Río, San Mateo del Mar.
En rueda de prensa a las puertas de la Defensoría Pública de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el grupo de mujeres
originaria de Huazantlán del Río, denunciaron haber sido víctimas de
violencia física, sexual y verbal.
“Por ello, condenamos totalmente todos los hechos de violencia
cometidos en San Mateo del Mar, contra las mujeres indígenas de este
municipio y contra Anabel López Sánchez. Bajo ninguna circunstancia se
puede atentar contra la integridad personal, física, psicológica o
sexual de las mujeres, por el contrario, el gobierno del estado y todas
sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar y proteger a
las mujeres de cualquier forma de violencia”, expusieron.
De la misma manera pidieron que la Fiscalía General de la República
investigue y finque responsabilidad penal en contra de las personas
armadas que atentaron contra la comunidad de Huazantlán del Río, San
Mateo del Mar y se inicie una carpeta de investigación en contra William
Méndez García, quien en conferencia de prensa el día 5 de mayo de 2020,
señaló de manera falsa a Anabel López Sánchez como la responsable de
los hechos.
“Anabel López Sánchez es una defensora de los Derechos Humanos y de
las mujeres. Cuenta con una trayectoria histórica que proviene de la
sociedad civil. Fue la sociedad civil, particularmente el movimiento
feminista y amplio de mujeres, quien la propuso para ocupar el cargo que
desempeñó como titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Actualmente
es servidora pública del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Es una mujer comprometida con las causas sociales y luchadora incansable
por la igualdad entre mujeres y hombres”, destaca el comunicado.
Desde
inicios de este año el gobierno saudita ha detenido de manera
arbitraria a diversas defensoras de los derechos de las mujeres, las
cuales podrían ser sentenciadas hasta con 20 años de prisión debido a la
campañas de difamación que se han emprendido contra ellas.
A propósito de que ayer se cumplieron 100 días de la detención
arbitraria de las defensoras Lojuan al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza
al Yousef, la organización internacional de Derechos Humanos (DH),
Amnistía Internacional llamó a organismos de DH nacionales e
internacionales a iniciar protestas en las embajadas sauditas de sus
países con el fin de exigir la libertad de éstas y de todas las y los
presos “de conciencia”.
La organización internacional explicó que estas activistas fueron
detenidas el pasado 15 de mayo de este año por supuestamente formar
parte de “una célula de terroristas” que atenta con la seguridad del
Estado, delito por el cual –aseguró- pueden ser presentadas ante el
tribunal antiterrorista y sentenciadas hasta con 20 años de prisión.
Esclareció que las defensoras en realidad fueron detenidas por su
participación y activismo en la campaña, que inició hace un año, por el
derecho de las mujeres a conducir y por la “abolición del represivo
sistema de tutela masculina”, dijo.
Cabe recordar que desde 1990 las mujeres sauditas tenían prohibido el
derecho a conducir, sin embargo, fue gracias a la campaña que el pasado
24 de junio fue aprobado. Ante ello, dijo que este es “pequeño paso”
que debe ir acompañado de más reformas que pongan fin a las “leyes
discriminatorias” hacia las mujeres y niñas sauditas.
La organización destacó que estas campañas de difamación son una
técnica que el gobierno saudita, a cargo de Salmán bin Abdalaziz, ha
gestionado desde mayo de este año, junto con medios de comunicación
afines a éste para callar las voces y disuadir los grupos de protesta.
Resaltó que Arabia Saudita, es un país donde las mujeres y niñas
sufren discriminación sistemática en la legislación y en la práctica de
ésta. “Las mujeres no pueden viajar, tener trabajos remunerados, cursar
estudios superiores o casarse sin el permiso de un tutor varón”,
declaró.
En suma, los DH se han ido deteriorando desde el nombramiento, en
2015, de Mohammed bin Samán Saud como príncipe heredero de Arabia Saudí,
a pesar de que éste ha impulsado en los últimos meses una campaña
internacional de relaciones públicas a favor de “la igualdad de derechos
para las mujeres”.
AI dijo que hasta marzo de este año registró la detención arbitraria
de ocho defensoras de derechos de las mujeres, reconocidas feministas e
intelectuales, entre ellas: Nouf Abdalaziz, Mayaa al Zahrani, Nassima
al Sada, Samar Badawi y Hatton al-Fassi,
Por su parte, la directora de Campaña de Amnistía Internacional para
el Medio Oriente, Saham Hadidad, dijo que estas campañas de difamación
han tenido un efecto desestabilizador en la “ya terrible situación” que
se encuentra la libertad de expresión, pues el gobierno saudita ha
demostrado que cualquier opinión discrepante con su agenda no será
tolerada.
La organización internacional pidió a las autoridades saudíes y a
países con una gran influencia en el suyo como Estados Unidos, Reunido
Unido y Francia, no apartar la mirada de Arabia Saudita mientras siga
esta situación hacia las defensoras y demandar la liberación de éstas.
Violencia institucional en detenciones, dice ProcuVIn
Las mujeres detenidas por la policía durante las acciones el Primer Paro
Internacional de Mujeres, el #8M, recibieron balas de goma, gas
pimienta en los ojos, gases lacrimógeno, revisiones vejatorias,
manoseos, insultos y maltratos, actos de violencia institucional; sin
embargo 15 están siendo procesadas por “daño agravado”, “atentado a la
autoridad” y “lesiones”. Ningún policía detenido.
Mientras, los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de
Violencia Institucional (PROCUVIN) juntan pruebas para demostrar que las
detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el
accionar de la Policía de la Ciudad; cómo se desató la cacería desde el
día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar
mujeres.
La madrugada anterior al Paro, que reunió a más de 50 países en
simultáneo, un grupo de seis jóvenes -en su mayoría lesbianas- fueron
perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia
de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas
en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron
una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de
doce horas.
El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires y recrudeció esta imagen:
veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas,
vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de
la Ciudad. Tanto en la Comisaría Novena, como en la Primera, la 30 y la
Comuna Cuarta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas
hubo vigilias hasta que las liberaran.
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos
por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y
“lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los
organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26
personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su
contra.
La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se
trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una
velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de
investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de
protección para víctimas de violencia machista.
LAS PAREDES ESTÁN BIEN
En el caso de las jóvenes del 7 de marzo, la causa recayó en la Fiscalía
Penal, Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad de Buenos
Aires, a cargo de Juan Rozas. Hay tres denunciantes –los defensores de
las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando
por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al
servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos
aerosoles de las calles.
Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las
sendas peatonales, ya que solo había pintadas convocando al paro, que
figuran como imágenes en el expediente. Pero ellos actuaron casi como un
grupo parapolicial, por lo que la abogada de las jóvenes, Gabriela
Carpinetti, pidió por escrito la nulidad de la causa.
A partir de la declaración de una de las detenidas, el fiscal Rozas
resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que
habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar
la eventual comisión de delitos de acción pública, es decir, si hubo
violencia institucional al momento de la detención y durante las horas
que duró el encierro.
De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos
rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús
Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales
abiertas.
LAS DETENIDAS EL 8
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se
bifurcó en dos caminos. El primero, tiene como imputadas a las víctimas
detenidas, mujeres y 5 varones, imputados por “daño agravado”,
“atentado a la autoridad” y “lesiones”.
El expediente está en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la
Fiscalía en lo Penal Número 8, a cargo de Fernando Fiszer. Actúan
distintos abogados en defensa de las víctimas: la Defensoría General de
la Nación, la Defensoría General de la Ciudad -dos de las detenidas son
trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), entre otros particulares.
El segundo es un conjunto de expedientes que se tramitan en el Juzgado
de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. Ahí, gracias a un habeas
corpus presentado la madrugada de la represión la abogada Luciana
Sánchez, todas las detenidas en las comisarías y estas fueron
liberadas,
La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, sorteó la denuncia y fue
recayó al Juzgado de Instrucción 59. Ahí se tramita una denuncia penal
hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra
funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad,
José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y
el Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la PROCUVIN, basado en 20
declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación,
Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), a partir del cual se
elaboró un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de
violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las
responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas
vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por
las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20
horas, en plena desconcentración.
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al
hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos
impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno
de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los
golpes y la paliza que recibió de los agentes armados.
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la
detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las
detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y
la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros
insultos.
Todas las detenidas en la Comisaría 30, por ejemplo, eran mujeres
lesbianas y de tez morocha (morena), por lo que la PROCUVIN concluyó que
“la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la
particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser
subsumidos en los tipos penales vinculados a la violencia
institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por
razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias,
violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida.
Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los
testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las
intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
Dice el dictamen, firmado por el titular de PROCUVIN, Félix Crous, y por
el fiscal Maximiliano Medina: “Los elementos hasta ahora incorporados
permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte
aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo
policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el
ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se
encontraban manifestándose en forma pacífica”.
Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro,
quien abrió una investigación administrativa, pero no separó de su cargo
a ningún elemento, dijo a los medios que “actuó en función de la
escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos
violentos” que arrojaron “bombas molotov”. Nada de esto se observa en
los vídeos y fotos.
