Mostrando las entradas con la etiqueta protocolo contra violencia politica. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta protocolo contra violencia politica. Mostrar todas las entradas

3/17/2018

Demandan a la UNAM revisar el protocolo de violencia de género

Alumnos de varias facultades realizaron tres movilizaciones


Foto
Alrededor de 200 estudiantes (las mujeres al frente) marcharon de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la rectoría de la UNAM
Luego de una jornada en la que estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) se unieron a las protestas que desde el miércoles realizaron alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) en demanda de que se actúe contra el acoso y la violencia de género, la administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestó abierta a revisar y mejorar el Protocolo para la atención de casos de violencia de género de la institución.
Ayer se realizaron en Ciudad Universitaria (CU) tres protestas con la demanda común de revisar ese documento. La primera fue el paro de labores impulsado por alumnas y activistas de la FFyL. A ellas se unieron alumnas de la FCPyS, que impidieron la apertura de la escuela por la mañana y declararon un paro de labores de 24 horas en respaldo a sus compañeras de filosofía.
Una manifestación más fue impulsada por otros estudiantes de ciencias políticas y sociales, que al llegar al plantel y encontrarlo cerrado, celebraron una asamblea y marcharon a la rectoría.
Alumnas y alumnos se movilizaron a las 11 de la mañana por Ciudad Universitaria en un contingente de alrededor de 200 personas, en el que las mujeres iban adelante. Al mediodía leyeron en la explanada de la rectoría un pliego petitorio acordado por la asamblea.
La primera demanda fue la revisión y redición del protocolo exclusivamente por una comisión de mujeres feministas, pues el documento y su aplicación han dificultado la solución de las denuncias de las alumnas por acoso, violencia de género o violación. Dijeron que la atención es lenta y con frecuencia las acusaciones son desestimadas.
También pidieron solución rápida a todos los casos de acoso y violación en la universidad y que se trate con dignidad a las denunciantes. Solicitaron que se hagan públicas las versiones íntegras de los videos de la noche del 3 de mayo del año pasado, cuando Lesvy Berlín Osorio perdió la vida en CU, por lo que su novio está acusado de feminicidio.
Alumnas consultadas indicaron que el pliego petitorio no fue entregado a las autoridades durante la manifestación, porque nadie salió a recibirlo, pero en los próximos días lo harán llegar a la rectoría por otras vías.
Luego de la marcha, la administración de la UNAM manifestó en un comunicado que tiene la convicción de que la violencia de género debe ser totalmente erradicada de nuestra casa de estudios. Explicó que en 2016 la UNAM se adhirió al programa de la Organización de las Naciones Unidas para tal efecto y emitió el protocolo, que –según las autoridades– ha sido un instrumento fundamental para visibilizar esta inadmisible conducta, permitir la denuncia y dar cauce legal a la solución de conflictos de esta naturaleza, pero concedió que puede ser mejorado.
La administración universitaria indicó que, sin embargo, rechaza la interrupción de la vida académica como vía de solución de inconformidades y exigió la vuelta a la normalidad de las actividades.

Foto Alfredo Domínguez
Arturo Sánchez Jiménez 
Periódico La Jornada

5/11/2016

Más de 200 protocolos son inútiles contra acoso sexual en APF



   Ni siquiera están homologados con recientes reformas legales

Al interior de la Administración Pública Federal (APF) hay más de 200 protocolos en distintas dependencias, para la atención e investigación del acoso y hostigamiento sexual contra las trabajadoras, lo que impide la procuración de justicia para quienes enfrentan este delito, informó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
 
A pesar de que desde 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a México garantizar la implementación efectiva de un protocolo contra el hostigamiento sexual en la APF, el Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún no presentan el “Protocolo para la prevención, actuación, sanción y seguimiento del acoso y el hostigamiento sexual al interior de la APF”, en el que presuntamente las dependencias están trabajando desde 2015 para crear un mecanismo único que atienda el delito.
 
María de la Paz López Barajas, directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Inmujeres, informó en entrevista que como parte de la creación de este protocolo se detectó que la APF cuenta con más de 200 protocolos para atender e investigar el acoso y el hostigamiento sexual, y algunos de ellos, sostuvo, no llegan a constituir un mecanismo real para prevenir, atender y sancionar estos delitos.
 
López Barajas detalló que algunas dependencias de la APF tienen protocolos y mecanismos de atención para víctimas de acoso y hostigamiento sexual, que ni siquiera están homologados con las nuevas disposiciones tras las reformas a las leyes Federal del Trabajo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como al Código Penal Federal.
 
La ausencia de un protocolo capaz no sólo de atender las denuncias de las víctimas, sino de prevenir esta violencia y de garantizar sanciones administrativas, laborales y penales, es un reto pendiente para la SFP y para el Inmujeres, reconoció la funcionaria.
 
Para sancionar el acoso y el hostigamiento sexual, la SFP informó por escrito que se guía conforme a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, que establecen que se vulnera la actuación pública cuando se hostiga y acosa a personal subordinado o compañeros de trabajo.
 
El documento ordena dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) de las conductas que puedan constituir responsabilidad administrativa, y que la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Interna lleve a cabo la recepción de la queja o denuncia, así como las investigaciones del caso.
 
La duración de los procedimientos de investigación varían caso por caso, dijo la SFP, ya que depende de los elementos que se logren y sea necesario recabar, los cuales son: documentales públicas, documentales privadas, testimoniales, confesional, dictámenes periciales, fotografías y en general todos aquellos elementos aportados por los “descubrimientos de la ciencia”.
 
La SFP señaló que todas las investigaciones están sujetas a lo que dice la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece que el contralor interno o titular del área de responsabilidades tiene hasta tres años para imponer las sanciones.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el primer semestre de 2014 se presentaron 153 denuncias ante los OIC y las Unidades de Igualdad de Género de cada dependencia por acoso y hostigamiento sexual.
 
Las secretarías de Educación Pública y de la Defensa Nacional, así como la Conavim fueron las instancias con más denuncias, según la CNDH.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

3/15/2016

Crean protocolo contra violencia política hacia las mexicanas



Después de contabilizar 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, elaboró el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Como el Poder Legislativo –integrado por 212 diputadas federales de un total de 500 curules, y 46 senadoras de un total de 218– se ha dilatado para estipular la violencia política de género en la ley, diversos organismos oficiales presentaron hoy un protocolo para prevenir y atender a las víctimas de conductas violentas durante procesos electorales o en el ámbito político.

“La violencia política de género –según la definición del protocolo– son todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Durante la presentación, en la sede del TEPJF, la magistrada electoral María del Carmen Alanís Figueroa explicó que en las elecciones de 2015 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), documentó 38 casos de violencia política de género, pero advirtió que no son todos, pues hay casos que no se denuncian.

Ante la falta de una ley al respecto y de cara a los comicios en 13 entidades en junio próximo, el protocolo establece que la violencia política de género puede ser desde registrar a las mujeres como candidatas en distritos perdedores; inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión en campañas; u obstaculizar su participación en las elecciones regidas por “usos y costumbres”.

Como ejemplo, Alanís Figueroa citó casos que fueron públicos el año pasado, como el que ocurrió en Hermosillo, Sonora, donde aparecieron dos mantas con mensajes misóginos; una de las cuales decía: “las mujeres como las escopetas: cargadas y en el rincón”, aludiendo al estereotipo de que una mujer no debe involucrarse en asuntos políticos.

Otro hecho de violencia se perpetró en marzo de 2015 en el municipio de Centro, donde se asienta Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, donde la candidata a la alcaldía por la coalición PRI-PVEM-Panal, Liliana Madrigal Méndez, fue víctima de agresiones porque apareció una manta en la que con groserías se llamaba a no votar por ella.

En febrero pasado, la síndica del municipio guerrerense de Pungarabato, Rosalva Rendón Andrade, se vio obligada a renunciar al cargo y es que al parecer un grupo criminal que ya la había amenazado, la obligó a solicitar licencia por tiempo indefinido luego de que el 28 de enero su esposo fue secuestrado.

Como ejemplo de las amenazas, la magistrada y también representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), destacó que el pasado 25 de febrero la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

Alanís Figueroa expresó que el protocolo busca facilitar la identificación de la violencia y la coordinación entre las distintas instancias para tomar acciones, por ejemplo, suspender la candidatura de un agresor; aunque aseguró que siguen pendientes políticas públicas y un marco jurídico que resuelvan los obstáculos que enfrentan las mujeres para ser candidatas o ejercer cargos públicos. 

Con esta herramienta se busca facilitar la coordinación entre el TEPJF, la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral (INE), la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

El presidente del TEPJF, Constancio Carrasco, dijo que este protocolo –que explica qué es la violencia política, quiénes son las víctimas y qué instituciones pueden brindar atención– responde a la violencia que viven miles de mexicanas, y que puede llegar al homicidio como en el caso de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, asesinada el pasado 2 de enero, un día después de asumir el cargo. 

El magistrado consideró que con esta herramienta cada dependencia y organismo actuarán desde el ámbito de sus competencias, y podrán tomar acciones para resguardar a las mujeres, tales como ordenar medidas de protección.

El magistrado coincidió con Alanís Figueroa en que aún es un reto llevar este tema al ámbito penal a fin de tipificar la conducta, que advirtió, es muy parecida al feminicidio, para así tener un marco legal que responda a la violencia en el ámbito político y participación pública.

Imagen: Cortesía TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-