5/28/2016

¿Discriminan las multinacionales de países emergentes a las mujeres?


Pensilvania EE.UU, 17 may. 16. AmecoPress/Red de Mujeres LAC.- Romper el techo de cristal… equilibrar la vida profesional y familiar… salarios iguales por el mismo trabajo… parece que no hay escasez de debates públicos acerca de las mujeres y la vida corporativa. Libros como “Presencia”, de Amy Cuddy, y Lean In, de Sheryl Sandberg, entraron en la lista de los más vendidos. Muchas grandes empresas han establecido programas de mentoring y de promoción en el trabajo para las mujeres. (La eficacia de este tipo de programas, por supuesto, es otra historia).


Gran parte de este debate se ha centrado en torno a las mujeres que trabajan en los EE.UU., Europa y otros países desarrollados. Sin embargo, ¿qué está sucediendo en las empresas multinacionales emergentes en los mercados de desarrollo?
Para Mauro Guillen, profesor de Gestión de Wharton y director del Lauder, es evidente que las multinacionales emergentes deberían esforzarse para incluir a las mujeres en su plantilla. Teniendo en cuenta el hecho bastante comentado de que gran parte de los estudiantes de MBA y universidades son mujeres, él declaró Guillén que “si no se involucran, atraen y retienen a ejecutivas […] estarán obviando al 50% de los profesionales que se están formando en las escuelas de negocio”.
Para Branka Minic, tener un mayor número de mujeres en puestos administrativos pueden añadir valor a las multinacionales emergentes. Minic es la fundadora de Future Work, consultora de Miami y miembro del antiguo Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre el desempleo entre los jóvenes. Ella cita un estudio reciente realizado por Harvard Business Review según el cual los equipos formados por mujeres tienen una mayor inteligencia colectiva y toman decisiones mejor elaboradas que los equipos compuestos exclusivamente por hombres.
Sin embargo, la igualdad de género en la fuerza de trabajo global continúa despegando lentamente. El informe del Foro Económico Mundial (FEM) de 2016, “La desigualdad de género en la industria” analizó 371 empresas líderes en todo el mundo y llegó a la conclusión: “El talento femenino sigue siendo uno de los recursos más infrautilizados de las empresas, ya sea por el desperdicio derivado de la falta de progreso de este grupo en la empresa, ya sea por el hecho de que su potencial no se aprovecha desde el comienzo”. El informe indicó que aunque las mujeres están mejor educadas que los hombres en todo el mundo, sus posibilidades de ascender a posiciones de liderazgo son de sólo el 28% en comparación con los hombres. Además, las mujeres representan un contingente más pequeño de la fuerza laboral general y continúan recibiendo salarios más bajos que los hombres.
Del mismo modo, un informe de 2015 de McKinsey informó que la desigualdad de género “no es solamente cuestión moral y social, sino que también es un reto económico de la mayor importancia”. Se estima que se podrían añadir US$ 12 billones al PIB mundial en el año 2025 con el avance de la igualdad de la mujer.

Diferentes zonas geográficas, culturas complejas

Los mercados emergentes, en particular, parecen lentos a la hora de despegar. Otro informe del FEM —informe de la desigualdad de género global en 2015— establece una clasificación de los países basados en la participación económica de las mujeres y en las oportunidades que se les da, así como en los niveles de educación, salud y poder político de las mujeres. Aquí, las economías BRIC, por ejemplo, no han obtenido buenos resultados. Rusia tan sólo aparece en el lugar 75 de un total de 145 países. Brasil y China han tenido aún peores resultados, ocupando los puestos 85 y 91, respectivamente. La India, que muchos consideran hoy el BRIC con las perspectivas más prometedoras, está cerca de los peores resultados, con el número 108.
“En el mundo occidental […] hay muchas tecnologías y beneficios que las mujeres ya dominan y que les permite equilibrar una serie de oportunidades”, dijo Minic. “Además, los hombres han cambiado drásticamente en la última década”, añadió, citando el aumento de la participación de los hombres en la crianza de los hijos y las tareas domésticas. “En las economías emergentes, sin embargo, estos cambios no han ocurrido todavía, salvo en algunas ciudades muy modernas. Por lo tanto, creo que las mujeres se enfrentan a un mayor número de retos en este momento en que se disponen a trabajar en multinacionales emergentes”.
En algunas regiones, las barreras son bastante obvias. “En Oriente Medio y, posiblemente, en el norte de África, hay varios países en los que no se considera bueno que las mujeres trabajen, y trabajen junto a los hombres […] está incluso prohibido en algunas regiones”, señala Minic. En otras regiones, las barreras son más insidiosas: en el informe sobre la desigualdad de género en la Industria, el sesgo inconsciente de los gestores y la falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal aparecieron entre las dos principales barreras que impiden la igualdad de género en todas las industrias.

Una estadounidense en Corea

Una estadounidense que prefiere no utilizar su nombre real —llamémosla Sarah— fue contratada por una gran multinacional coreana hace aproximadamente cinco años después de completar una maestría en estudios internacionales y un MBA en una institución de élite. “Fue gracioso porque cuando llegué a la escuela de negocios, dije a mis amigos: “No importa lo que hagas, pero nunca trabajes en una empresa coreana””. La razón es que el país destaca por tener un horario laboral muy largo, de hecho, es el tercero más largo (después de México y Costa Rica) de un total de 40 países miembros de la OCDE. (Estados Unidos aparece en el lugar 16). “Existe, básicamente, la certeza de que no tendrás un buen equilibrio entre la vida personal y la vida profesional allí, y a nadie le importa”, dice.
Después de trabajar más de tres años como gerente en la sede de la empresa en Corea, Sarah es ahora empleada en una de las oficinas de la compañía en EEUU. Ella dice que “está muy contenta de trabajar allí, pero en Corea la situación era muy diferente”.
Para ella, la cultura coreana es “muy jerárquica, paternalista y muy tradicional en muchos aspectos”, también señala que la situación de la mujer, en general, es “bastante pobre teniendo en cuenta el buen desarrollo del país según la mayoría de las variables métricas”. Hay poca flexibilidad en el lugar de trabajo, dice, y las largas jornadas laborales hacen que sea muy difícil la posibilidad de que ambos cónyuges puedan trabajar. “De hecho, rara vez ves parejas en Corea en que ambos cónyuges trabajen en una gran empresa […] y hay esta idea tradicional acerca de los hombres y su posición en la familia, por lo que no encontrarás un padre que se quede en casa”.
Trabajar desde casa es algo prácticamente desconocido, dice Sarah. “La gente no trabaja en su casa en Corea”. Ella señala que cuando su compañía introdujo un programa piloto de trabajo a distancia para miles de empleados en la ciudad de origen de la empresa, sólo diez personas estuvieron dispuestas a participar.
Sarah hace hincapié en que su empresa contrata a muchas mujeres, muchas de las cuales acaban de salir de la universidad, pero la cuestión, de hecho, es la retención y promoción de las mismas. “La idea que prevalece es que, con el tiempo, estas mujeres van a progresar dentro de la empresa […] pero se necesita algo más que la contratación de mujeres para puestos iniciales en la empresa para que haya posteriormente ejecutivas. “Muchas mujeres lo dejan cuando se casan o, a lo sumo, cuando tienen el segundo hijo”, señala.
Durante el tiempo que Sarah pasó en la oficina de Corea, la compañía anunció que había aumentado el porcentaje de mujeres ejecutivas de alrededor del 1% al 2%. “Una amiga coreana que trabajaba en otro equipo me dijo, ‘Si esto fuera nuestra cuota de mercado, sería motivo de gran vergüenza …” Nadie puede presumir de tener un 2% de mujeres en puestos ejecutivos”.

Una americana en Sudáfrica

Rachel Balsham también es americana y trabaja para una multinacional emergente, aunque mucho más pequeño que el conglomerado donde Sarah trabaja. (Balsham describe su empresa como un “start-up madura”). Ella es la consejera delegada de MFS África con sede en Johannesburgo. La empresa realiza la conexión de los sistemas financieros móviles en diferentes países y facilita las transferencias en tiempo real entre los teléfonos móviles. “Es algo fantástico porque las remesas entre los países africanos constituyen una industria de alrededor de US$ 12.000 millones”, dice.
Para Balsham, su empresa tiene una “excelente representación de géneros”. Ella comenta que el consejero delegado y director de tecnología (CTO) son hombres, pero el responsable de las cuentas más importantes es una mujer. Además, “yo trabajo allí, el desarrollador de software de alto nivel es de sexo femenino. Somos alrededor de 30 personas y casi dos tercios de ellas se encuentran en el sector de la tecnología”. Ella dice que también vio a muchas mujeres en posiciones de liderazgo en los clientes comerciales de MFS, que forman parte de las principales compañías de telefonía móvil como Orange, MTN y Vodacom.
Ella describe la cultura dominante como “adaptable y muy pragmática […] Tres personas tomaron el permiso de maternidad en los últimos 18 meses, dos en servicio al cliente y una en tecnología […] No fue nada que provocara sorpresa, comentarios en voz baja o que exigiese un grupo de trabajo”. Añadió que el consejero delegado y muchos otros hombres de negocios son también padres.
Para Balsham, empresas más nuevas como MFS y los sectores nuevos pueden ser lugares más fáciles para las mujeres que trabajan en el mundo en desarrollo. Ella observa que cuando se encontraba en una empresa de servicios de consultoría de primera clase en Sudáfrica, donde trabajó antes de ir a MFS en 2014, escuchó hablar de colegas mujeres con clientes en industrias extractivas. Estas industrias, dice, tienden a ser mayores y más dominadas por los hombres en los mercados emergentes. “Sé que algunas colegas del área de consultoría no eran tratadas como personas de posición senior en la sala cuando en realidad lo eran, o se asumía que eran secretarias o encargadas de tomar notas para sus clientes sudafricanos bastante tradicionales”.
“No creo que nadie nacido después de una fecha determinada sea menos machista, pero creo que las reglas están cambiando”, dice. “Si el ambiente está tomando una nueva dirección, las reglas dominantes serán más consistentes con estas tendencias”.

El regreso de una estadounidense-peruana

Rosanna Ramos-Velita dice que sabe muy bien lo que es la discriminación de género en el trabajo. Después de llegar a los Estados Unidos procedente de Perú para estudiar ingeniería eléctrica, fue contratada por la filial de una compañía telefónica importante en 1984 para trabajar en el diseño de chips informáticos. En su laboratorio en Allentown, Pennsylvania, ella era la única mujer y la única profesional de ascendencia hispana.
“Fue un entorno difícil, tanto desde el punto de vista cultural como profesional”, señala. “No tenía ni idea de por qué mis colegas hombres habían sido elegidos para trabajar en proyectos mejores que los míos. Era el típico cliché: ellos salían a beber con mi jefe los viernes, y no sé por qué no me invitaban”. Ramos-Velita señala que esta historia sigue siendo válida en la actualidad. “No ha cambiado, por desgracia. Observamos el misma debate sobre las mujeres en las áreas de tecnología”.
Hoy en día, Ramos-Velita es presidente de la Caja Rural de Los Andes, un banco de Puno, en Perú, especializado en microcréditos rurales. El banco cuenta con más de 50.000 clientes en el sector de los microcréditos o de ahorros. De éstos, la mayoría son mujeres. “Optamos por prestar especial atención a las familias. Y quien saca adelante a la familia es la mujer”.
Ramos-Velita dice que su negocio, con 500 empleados, tiene una buena representación femenina tanto en el consejo de administración (cuatro de un total de cinco miembros) como en la dirección. Sin embargo, ella está tratando de encontrar medios para facilitar la vuelta al trabajo de las mujeres que han tenido hijos. “Tenemos una gran cantidad de madres que trabajan para nosotros, realizan tareas arduas: tienen que ir a las zonas rurales para conversar con los clientes”.
Perú cuenta con excelentes programas de maternidad establecidos por ley, pero ella quiere hacer más. “Tengo muchas ganas de crear algo innovador, para que podamos hacer un buen uso del ciclo de vida de las madres”, señala. “Porque es natural, durante un periodo de su vida tener hijos y querer pasar tiempo con ellos, pero nosotros queremos buscar una manera para que puedan volver y con la flexibilidad que necesitan, añadiendo el valor que sé que ellas tienen”.
Minic, de Future Work, cree que las multinacionales emergentes en todo el mundo tienen “una gran oportunidad” a medida que expanden su fuerza de trabajo para hacer una diferencia real para las mujeres en los países y regiones donde están creciendo. “Algunos líderes muy inteligentes y empresas bastante estratégicas pueden construir una reputación como el mejor lugar para que las mujeres trabajen”.
Foto: Archivo AmecoPress.


Internacional – Economía – Empleo y género – Estudios de 

Morena Herrera: “Vamos a sacar a ‘las 17′ de las cárceles de El Salvador”

Morena Herrera participa en un acto de Amnistía Internacional./ Foto de archivo de A.I.

Emilia Laura Arias Domínguez

Un día decidió que el tiempo y la vida los iba a dar por las mujeres. Fue hace años cuando esta mujer, morena como su nombre, feminista y exguerrillera salvadoreña, inició el camino de lucha en favor de los derechos de las mujeres y la larga senda de pelea en favor de la despenalización del aborto en su país.
Morena Herrera participa en un acto de Amnistía Internacional./ Foto de archivo de A.I.
Morena Herrera participó de forma activa durante una década como guerrillera en el conflicto armado salvadoreño. Tardó años en reencontrarse con sus hijas, a algunas apenas las conocía. Estuvo presente en el nacimiento de Las Dignas, una de las organizaciones feministas más emblemáticas del país. Después fundó la Colectiva Feminista, con la que ha creado una casa de las mujeres en la localidad de Suchitoto, donde ella reside. Rebelde, guerrera, fuerte y autónoma, Morena es un torbellino de energía.
“Se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. En estos términos fue modificada la Constitución salvadoreña en 1997. Así, El Salvador entró en la lista de países latinoamericanos que penalizan todo tipo de aborto. Hoy abortar es un delito que puede llegar a considerarse homicidio agravado, es decir, a las mujeres les pueden caer penas de entre 30 y 50 años de prisión. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, con Morena como una de sus caras más visibles, está volcado en sacar de la cárcel a las mujeres privadas de libertad por aborto: la última liberada fue María Teresa, el pasado 21 de mayo. A Morena no le flaquean las fuerzas: “Vamos a sacarlas a todas”.
¿Cómo va el camino hacia la despenalización?
En 2006 hubo un elemento catalizador. En una revista estadounidense se publica el reportaje titulado ‘Bienvenido al Salvador del siglo XXI’. Era un reportaje sobre Karina, presa acusada de aborto tras una hemorragia. Le cayeron 30 años de cárcel por homicidio agravado. Entonces decidimos luchar por la libertad de Karina. Logré ir a conocerla a la cárcel diciendo que era su tía porque tenemos un apellido común. Tres años y medio tardamos en conseguirlo pero Karina fue liberada.
Estuvo presa siete años y cinco meses. Su liberación tuvo mucha fuerza y nos dio un sentido de realidad sobre este país. En ese momento pedimos la despenalización en tres supuestos. Aunque queramos la despenalización total, teníamos que ser pragmáticas porque sabíamos dónde estábamos luchando.
La campaña para sacar a estas mujeres de la cárcel habla de ‘Las 17′. ¿Cuántas eran y cuántas son?
El indulto solo se puede conseguir si se tiene sentencia firme y aunque había más mujeres en la cárcel en aquel momento, solo 17 estaban con sentencia firme, de ahí ese nombre en aquel momento. Las condenas por aborto ocurrían y no lo sabíamos. Investigamos y vimos que era un problema importante de violación de derechos, que las mujeres eran criminalizadas y, en muchas ocasiones, pasaban directamente del hospital a la cárcel.
Hemos sacado a diez de la cárcel desde 2009. Viendo que eran muchas y que contábamos con poca fuerza se nos ocurrió sacarlas a todas a la vez. Pero la cifra subía y bajaba así que decidimos que serían ‘Las 17 y más’. Actualmente hay 21 mujeres en la cárcel con sentencia firme pero hay más que están presas. Son, además, 31 con condenas entre 12 y 40 años, 26 de ellas condenadas por aborto. [Cifras sin actualizar, las dio hace dos meses, cuando realizamos la entrevista]
¿Cómo recibe el gobierno del FMNL vuestra lucha? ¿Escuchan?
De parte del gobierno actual se plantean al menos la existencia del tema y ya reconocen que hay un problema. Antes no lo reconocían y se consideraba que se trataba de algún caso aislado. Hay sectores dentro del gobierno del FMNL [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] con distintas sensibilidades. En una ocasión conseguí que un viceministro me ayudara a sellar un título y gracias a eso Karina salió libre… Pero en su postura institucional aún no logramos acuerdo.
El presidente se reunió con nosotras porque conseguimos 300.000 firmas. Le expusimos el tema y cuando nos íbamos dijo: “Siga usted luchando”. No esperaba menos de él, yo le conocí luchando. Pero no me vale, quiero más, quiero que cambie la ley.
¿Son mujeres de sectores desfavorecidos las que van a la cárcel?
Sí, claro. La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza que si tienen una complicación en el momento del embarazo no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley antiaborto son jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar a quién les defienda. La fiscalía es muy eficaz persiguiendo estos supuestos “delitos”, es implacable en la persecución de mujeres. Eso genera unas condiciones de miedo entre el personal hospitalario presionándolo para que renuncie al secreto profesional y denuncie los casos de aborto. Muchas de las denuncias provienen de los hospitales públicos Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel.
El código penal incluye un artículo que penaliza también a quien incite al aborto. Este artículo generó mucho miedo, porque incitar es una palabra muy ambigua, y llevó a unos años de autocensura por parte del movimiento feminista.
¿Autocensura del movimiento feminista?
Existió un periodo de autocensura con respecto al aborto, sí. En el Código Penal se recogía que la inducción al aborto podía costarte de 2 a 6 años de cárcel y no es la primera vez que nos amenazan con sancionarnos, de hecho, los fundamentalistas presionan para que se nos aplique ese punto…

Un movimiento feminista autónomo

¿Cómo surgieron Las Dignas?
En 1990 empieza a evidenciarse que la solución al conflicto en El Salvador no iba a pasar por las armas, sino por el diálogo. La organización para la Resistencia Nacional le dio indicaciones a un grupo de crear ese gremio de mujeres. Yo había llegado de la guerrilla rural y animé a una compañera a involucrarnos en la creación de este gremio y pasó una cosa mágica. Ellas creían que llevábamos la línea del partido y la primera pregunta que nos hicimos fue que qué significaba ser mujer… Y ahí salió de todo; todo tipo de vivencias relacionadas con la violencia, las violaciones, abortos, golpes… y todo en el contexto de los movimientos revolucionarios. Ahí nacemos, directamente del “no”: Ya no queremos que todo eso suceda, ni queremos postergar más nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, que nuestras luchas siempre fueran las últimas de la fila. Entonces el partido nos retiró el apoyo y decidimos formar el Movimiento de Mujeres por la Dignidad y nos constituimos en asociación. La base provenía de gentes que apoyaba al RN (Resistencia Nacional) pero queríamos poner los intereses y derechos de las mujeres por delante.
¿Y la respuesta de los compañeros cómo fue?
Recibimos una respuesta negativa por parte de los compañeros del Frente. Nos decían “dignas de mierda”, “dignas de mejor suerte”… Llegó un día una compañera llorando de rabia. Nos contó que en el bus le habían dicho “digna de lástima”. Ella le había respondido: “Digna sí, ¿qué pues?” Entonces decidimos afirmarnos por el derecho de ser y existir por nosotras mismas y no como apéndice de partido: decidimos tener una organización propia. La primera sede que conseguimos fue una casa que había sido un burdel y en la que se oía música cuando entrabas al baño.
Yo estaba en la dirección del partido y les explicaba a quienes cuestionaban a Las Dignas que necesitábamos aquellas reflexiones y ellos no lo entendían.
¿Cuál ha sido la relación entre feministas y frente de izquierdas desde entonces?
El hecho de que Las Dignas pusiéramos el debate de la autonomía sobre la mesa era incómodo porque cuestionaba la dependencia, es decir, si eres del Resistencia Nacional (RN) no puedes ser otra cosa. Pero no quiero elegir, soy del RN, soy de las Dignas, soy madre, soy muchas cosas más. No me dividan, no puedo venir solo como RN. Poco a poco al FNML le fue interesando.
Yo había sido la segunda responsable de un frente guerrillero porque me quedé como responsable cuando cayó mi primero y tenía mucha experiencia. Me había pasado más de diez años como guerrillera en el monte pero aun así no me aceptaron. Aquello me dejó de interesar cuando el FMNL se hizo partido. El amor y la vida, pensé entonces, lo voy a dar por las mujeres. En aquel momento yo y muchas otras mujeres estábamos inmersas en un momento de reencontrarnos con nuestros hijos e hijas, algunas a las que no conocía… Eran momentos de reestructuración familiar tras la guerra.
No me interesó militar en un partido. Quería generar debates y alianzas, quería más participación política para las mujeres pero ellos no lo veían. Si no estabas con ellos estabas contra ellos. No ha sido nada fácil.
En la capital fui parte del movimiento ciudadano, la idea era recuperar San Salvador para la izquierda. Querían que fuera candidata a regidora y mi condición era ir como feminista y no militar en ningún partido. Entré en el consejo municipal y me dijeron: “Buen trabajo, ¿te afilias?”. Mi respuesta fue que no. Nuestra autonomía siempre despierta desconfianza.
Tú defiendes el diálogo entre todas las mujeres pero, ¿sin importar la ideología?
Defiendo pactar también con otras mujeres de otras ideologías. De hecho yo fui secretaria general de la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas-ANDRYSAS, me interesa que hablemos todas de lo que pasa con las mujeres. Por ejemplo, las demandas en Suchitoto de un gobierno paritario fueron mal recibidas de entrada, pero presentaron en la siguiente elección un gobierno paritario con una mujer al frente.
¿Qué puedes decirnos sobre los feminicidios en El Salvador, un país con altas tasas de violencia?
En El Salvador más de 612 mujeres son asesinadas al año. El Salvador, Honduras, Guatemala y Jamaica tienen las tasas más altas de feminicidio de América Latina. En mi país no hay respeto por la vida humana… según las últimas cifras, hay 23 homicidios por día, superando cifras históricas. Pero son violencias distintas, lógicas diferentes. Los hombres que se matan entre sí lo hacen por vínculos o por lo que hacen, o por dónde transitan, porque son o no de tal pandilla… A las mujeres se nos mata porque somos mujeres. Si bien son lógicas diferentes no son extrañas entre sí, la socialización de género ha formado en los hombres una identidad violenta y el gobierno no lo logra ver. Desde mi punto de vista, la prevención de la violencia es fundamental para desmontar esta terrible inercia…
Por otro lado, esos altos índices de criminalidad esconden feminicidio y violencia de género. El tema está oculto tras la palabra “violencia” como si todas fuesen parte de lo mismo. Muchos de los asesinatos no los han categorizado como feminicidio sino como violencia pandillera. Ahora ya está tipificado el feminicidio y se ha avanzado en ese punto pero no en lo judicial. Hay resistencia a la hora de aplicar la ley de feminicidio. Les casa mejor con su ideología aplicar la ley de violencia intrafamiliar que considerar que lo que tienen delante es feminicidio.
Existe un odio sexual a la mujer. Hay un ensañamiento y una crueldad con los cuerpos de las mujeres muy difícil de digerir.

Especialistas piden transformación de los sistemas de salud ante necesidades de salud de las mujeres


Madrid, 23 may. 16. AmecoPress- Analizar los principales retos de salud de las mujeres a nivel global y local fue el objetivo de la cuarta Conferencia mundial “Women Deliver” celebrada, recientemente, en Copenhague y considerada como la más importante en la última década sobre esta materia. Durante la conferencia se habló de desafíos clave, tales como la necesidad de transformación de los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades sanitarias de las mujeres, informa medicosypacientes.com.

Los sistemas de salud deben ser más sensibles a las necesidades de salud de las mujeres, tanto desde el biológico y una perspectiva de género para reducir este riesgo, como se puso de manifiesto.
Reducir las desigualdades y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son algunos de los retos puestos de manifiesto durante la Conferencia “Women Deliver”, donde se insistió en la importancia de que las mujeres y niñas puedan experimentar plenamente su derecho a la salud con un enfoque de género adecuado, atendiendo a sus necesidades específicas.
Desde el punto de vista de la OMS, las actuaciones para el cambio deben ir enfocadas a reforzar las políticas de salud, sistemas y programas con el fin de poder ofrecer a todas las mujeres y niñas, en todas las edades y en todos los ámbitos, el acceso a los servicios de salud de alta calidad y adaptados a sus necesidades en cada edad con perspectiva de género;
Asimismo, se precisa crear condiciones sociales que garanticen una salud de calidad, y que pasan por eliminar la pobreza, mejorar el agua y el saneamiento, la promoción de energía en el hogar limpio, seguro, favorecer el acceso a una educación de calidad; asegurar que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de toda forma de violencia: prevenir la violencia y prestar asistencia sanitaria competente; y eliminar todas las formas de discriminación, incluso en las actitudes y comportamientos basados en el género que contribuyen a la mala salud.
La conferencia "Women Deliver" contó con la participación de más de 5.500 participantes que tuvieron la oportunidad de asistir a más de 200 sesiones y actividades paralelas. Se trata de la reunión más importante en la salud, los derechos y el bienestar de las niñas y mujeres de la última década. Los asistentes y expositores de 168 países de todo el mundo participaron en los debates sobre las últimas tendencias, innovaciones e investigaciones para impulsar soluciones en la materia.
Algunos de los principales problemas de salud de las mujeres, a nivel global, pasan por la mortalidad durante el embarazo y parto, la falta de planificación familiar, las enfermedades transmilibles, las altas tasas de mortalidad y morbilidad por cáncer, la violencia física y sexual, las amenazas de nuevos virus como ébola y zika, y la mutilación genital, entre otros.
En lo que respecta a la Región Europea de la OMS, en concreto, las mujeres, en general, tienen mayor esperanza de vida que los hombres, pero también es cierto que pasan más años con mala salud. La calidad de vida y el bienestar que experimentan es insatisfactorios, al tiempo que se observan desigualdades de salud entre los países europeos, y, a su vez, dentro de los mismos.
Isabel Yordi Aguirre, Oficial Técnico de Género y Salud de la OMS / Europa,destacó los desafíos clave, tales como la necesidad de transformación de los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades de las mujeres. "Debe haber un enfoque más amplio sobre la salud de las mujeres que, al tiempo que garantiza el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, se ve en salud de la mujer más allá de su papel como madres", dijo.
Como ejemplo, se señaló que, a menudo las enfermedades cardiovasculares se consideran más un problema de salud de varones, lo que contribuye a un mal diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, que representan la principal causa de muerte de las mujeres en la región europea.

Estrategia europea para la salud de las mujeres y el bienestar

La estrategia europea para la salud de la mujer y el bienestar, en estos momentos sometida a consulta para ser presentada en la 66ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa que se celebrará el próximo mes de septiembre en Copenhague, es una herramienta fundamental en el fomento a los políticos a tomar medidas para reducir la salud desigualdades para las mujeres en todo el ciclo de vida. La estrategia abarca áreas como el fortalecimiento de la gobernabilidad para la salud de la mujer y el bienestar; la eliminación de los valores discriminatorios, normas y prácticas; abordar el impacto del género y los determinantes sociales, económicos, culturales y ambientales; y la mejora de las respuestas del sistema de salud para la salud de las mujeres y el bienestar.
La estrategia se basa en los valores del marco de la política europea para la salud y el bienestar, la salud de 2020, y contribuirá a los esfuerzos mundiales para promover la salud de las mujeres, incluyendo los ODS 3, 5 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Mundial estrategia para la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Salud.
Foto: Médicosypacientes.com.

Las mujeres en la Constituyente



   MUJERES CAUTIVAS



Hace unos días, un militante priista aclaró ante los medios de comunicación que, ante la inminente conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, derechos como la interrupción legal del embarazo (ILE) no están garantizados ni se deben dar por hecho, y tiene razón.
 
Y mucho menos con un movimiento feminista dividido y enfrentando a la derecha y a personajes oscuros como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien ha estado vociferando contra el Comité Nacional del PRI para que le garantice un lugar en la Constituyente.
 
No en vano el decreto de reforma política de la Ciudad de México (DOF, 29 de enero de 2016), que establece la manera en que se conformará la Asamblea Constituyente, generó amplias críticas en el lobby de los Derechos Humanos y la academia, ya que restará legitimidad y representación al documento definitivo.
 
Cuarenta de las y los 100 integrantes serán designados por el Senado y la Cámara de Diputados, así como por los titulares del Ejecutivo federal y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta los votos obtenidos en las pasadas elecciones locales.
 
Y aun cuando la nueva Constitución aplicará para el 100 por ciento de las y los habitantes de la capital, sólo 60 por ciento de la Asamblea Constituyente llegará mediante el voto popular.
 
El carácter antidemocrático de este mecanismo nos obliga a tener especial cuidado este 5 de junio. Hoy más que nunca, debemos hacer efectiva la representatividad, especialmente en lo relativo a la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas de la capital.
 
Los feminismos en la Ciudad de México se han manifestado casi primordialmente desde la academia y las organizaciones civiles, y no es una lucha nueva, sino de varias generaciones.
 
Con orgullo podemos decir que si somos una ciudad progresista no ha sido gracias a los gobiernos en turno, sino al empuje y presión de las feministas y el movimiento amplio de mujeres para lograr leyes que hagan visible, eliminen y sancionen la desigualdad, la discriminación y la violencia de género que seguimos padeciendo.
 
Lo que está en juego para el próximo 5 de junio es la prevalencia de lo ya conquistado hasta hoy, y la importancia de avanzar en temas que los cuerpos legislativos han frenado y administrado a capricho, en perjuicio de las mujeres y las niñas.
 
No obstante, estamos ante una oportunidad de oro y las candidatas que nos representan tienen la solidez necesaria para hacer avanzar las propuestas feministas que hemos trabajado a lo largo de muchos años.
 
Marcela Lagarde y de los Ríos, quien es una de las feministas más destacadas de Iberoamérica, es ahora candidata externa del PRD. Se ha pronunciado por un contrato social de género, es decir, por una Carta Magna que incluya garantías para nosotras y el enfoque de género aplicado transversalmente en todo el documento, con un lenguaje incluyente.
 
Su propuesta central es: “El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y vidas, a la participación política en igualdad, a la educación y comunicación libre de estereotipos, a una vida libre de violencia, y a la libre expresión de ideas y de manifestación”.
 
Igualmente, Elsa Conde y Orfe Castillo, dos feministas de gran trayectoria, habrán de representarnos como candidatas independientes con tres propuestas esenciales: autonomía económica, reproductiva y política para las mujeres, así como la defensa del Estado laico, la interrupción legal del embarazo, y el matrimonio entre las personas del mismo sexo, entre otras.
 
Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Gabriela Delgado Ballesteros, académica de la UNAM y presidenta del Consejo Consultivo de CATWLAC, quien es candidata externa por Movimiento Ciudadano, académica, especialista en género, Derechos Humanos de las mujeres, y comprometida con la lucha contra las violencias de género y la derrota del patriarcado, con la educación en igualdad, con los derechos sexuales y reproductivos y la democracia, garantía de que entre sus propuestas principales estará la revocación de mandato, plebiscito y consulta popular, además de presupuestos con perspectiva de género.
 
Y aunque la tarea no será fácil, seguramente tendrán que pactar con otras candidatas como Gloria Careaga, Gabriela Rodríguez, Estela Damián, Verónica Martínez, entre otras, para construir una plataforma mínima, como dice la feminista española Rosa Cobo Bedia.
 
PACTOS POLÍTICOS FEMINISTAS   Muchas mujeres del movimiento feminista que no militamos en los partidos nos sentimos muy solidarias con las feministas de los partidos de izquierda.   Sabemos de sus dificultades y de las zancadillas que les ponen los aparatos de sus organizaciones. Las escuchamos, pero no sabemos qué hacer. En la cultura política de los partidos no son aceptables los disensos internos y mucho menos las feministas. Ellas saben que las críticas públicas las apartan inmediatamente de cualquier aspiración a ejercer cualquier cargo público u orgánico.   El dilema de las feministas de los partidos es difícil de resolver: o tragar con las renuncias o irse. Por supuesto que sabemos que hay coyunturas en las que ellas intentan no renunciar y no ser apartadas y llegar a alguna solución de mínimos.   Y está claro que eso ha sucedido, pero, como diría Celia Amorós, eso sucede cuando la malla es flexible, en los buenos momentos; pero cuando la malla se estrecha porque hay menos poder y menos recursos, se multiplican las exclusiones y las zancadillas.   Sin embargo, el movimiento feminista necesita que las mujeres de todos los partidos de izquierda tengan poder en sus organizaciones. Quizá no basta con decirlo en privado y es necesario decirlo en público. Si nos juntamos, ellas y nosotras, no será tan fácil este ninguneo. Mi percepción es que nos necesitamos mutuamente y juntas debemos elaborar estrategias, es decir, pactar.   En los meses recientes, las feministas de la Ciudad de México hemos estado detallando estas propuestas para respaldar a Marcela, Elsa, Orfe y Gaby. Estamos agrupadas en Las Constituyentes CDMX. Dos encuentros formales se han llevado a cabo y seguimos arrastrando el lápiz y haciendo trabajo en las colonias para explicar a las mujeres de la ciudad por qué es tan importante su voto.   Para quienes saben de las innumerables violaciones a los Derechos Humanos que sufren las mujeres presas; para quienes no encuentran a su hija desaparecida; para las mujeres que siguen sufriendo acoso en la calle o el transporte público; para las víctimas de violencia obstétrica, las víctimas de trata y de explotación de la prostitución, de feminicidio o de tantos otros modos de violencia, o incluso para las que no han logrado acceso a la justicia, igualdad de oportunidades, salarios justos, etcétera, es momento de actuar con un voto el 5 de junio. Ninguna de las candidaturas expuestas en este espacio dan pie al manejo de intereses personales o partidistas.   La nueva Constitución no puede quedar en manos de quienes no nos representan o de quienes buscan dar marcha atrás a los derechos conquistados. Apoyemos a las candidatas feministas y digamos sí a la vida digna y a la libertad de las mujeres y las niñas de la Ciudad de México.   *Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).  
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Compartir el mar


   CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*


 Nosotras no luchamos contra la violencia,
sino que trabajamos por la paz.
Marcela Lagarde y de los Ríos


No hay manera de no sonreír ante semejante imagen. En la fotografía, muchas mujeres de distintas edades juegan con las olas del mar. No lucen traje de baño. Visten sus ropas de calle. Dos ayudan a levantarse a una que fue derribada por una ola. Todas ríen. ¿Quién diría que se trataba de una enorme transgresión?

Y sin embargo lo era. Porque a veces, algo tan simple como compartir el mar puede ser toda una declaración de paz en medio de la guerra.

Se me ocurren muchos lugares para hablar de la guerra. Pero acaso pocos tienen el tema instalado en la cotidianeidad como Israel y Palestina.

Y en Israel, uno de los países donde las mujeres tienen la obligación de hacer un servicio militar de al menos dos años, un grupo de mujeres conformó el grupo “No vamos a obedecer”, e hicieron algo tan sencillo como significativo y arriesgado: llevar a mujeres palestinas que habitan en el sur de Cisjordania a la playa que está del lado de Israel.

Todo comenzó como un acto de protesta privado ante las restricciones de movimiento impuestas al pueblo palestino. Ilana Hammerman, una escritora israelí que aprendía árabe en Cisjordania, conoció a una pequeña niña que le dijo que lo que más anhelaba en el mundo era salir del territorio aunque fuera por un día. Ilana, entonces, organizó una excursión al mar. Ilegal, por supuesto.

A partir de entonces llevó a más mujeres palestinas con las que había entablado amistad. Eran viajes de ida y vuelta, la mayor parte de las veces al mar.

Hacia mayo de 2010 escribió un artículo al respecto. Para octubre de ese año no sólo era interrogada por la policía, sino que era invitada a distintos foros a dar charlas al respecto. De ahí surgió el grupo “No vamos a obedecer”, conformado por muchas mujeres decididas a continuar con este singular acto de desobediencia civil.

¿Qué hacían? Cruzaban la frontera en su automóvil, recogían a las mujeres que habían contactado, las disfrazaban y las sentaban en el asiento trasero. Al pasar el puesto de control, todas saludaban con la mano a los integrantes del Ejército y se dirigían al mar.

La fotografía que descubrí navegando por la red data de 2013, y la nota señalaba que varias de ellas eran ya interrogadas por la policía, a partir de lo cual publicaron en el periódico una declaración que, entre otras cosas, señalaba:

“Ellas y nosotras, ciudadanas normales, dimos este paso con una idea clara y decidida. De esta forma, tenemos el privilegio de experimentar uno de los más hermosos y emocionantes días de nuestras vidas, conociendo y entablando lazos de amistad con nuestras valientes vecinas palestinas, y todas juntas ser mujeres libres, aunque solo sea por un día”.

“Ser mujeres libres, aunque sea por un día” es quizás la declaración de principios que anima a mujeres de todo el mundo a trabajar por la paz. Porque las mujeres siempre perdemos en la guerra.

Desconozco cuánto tiempo más pudieron regalar ese viaje a mujeres palestinas; acaso lo sigan haciendo con más sigilo. Pero con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz, que se conmemora este 24 de mayo, las traigo a la memoria con gran reconocimiento.

A veces para sembrar paz, hay que tener el arrojo y la generosidad para compartir el mar.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Imagen retomada del sitio disenso.wordpress.com
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Brecha salarial de género


MONEDERO
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*



 Hay enormes desigualdades e injusticias contra las mujeres, especialmente en el ámbito laboral y económico. Una de ellas muy importante es la llamada “brecha salarial”. Se supone que a igual trabajo igual pago, pero no es así; a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre se le paga menos.
 
Es un tema que está entre las luchas feministas, pero también entre los estudiosos del tema laboral y en las políticas públicas, porque además de todo tiene un costo para la sociedad y es un mecanismo para abaratar el salario masculino.
 
Las disparidades de género en los ámbitos económico y social han atraído una gran atención entre la gente de la academia y las personas hacedoras de política pública a nivel mundial, y México no es la excepción.
 
VER GRÁFICA AQUÍ   El caso de México es interesante por varias razones. La primera razón es que de acuerdo con el índice de brechas de género globales (López-Carlos y Zahidi, 2005), de entre los 56 países estudiados, México se encuentra en el lugar número 52, sólo por encima de la India, Corea, Jordania, Pakistán, Turquía y Egipto.   Así del subconjunto de países analizados, México está en el último lugar de América Latina en cuestiones de igualdad de género. La segunda razón se debe a que a pesar de su nivel de desarrollo, las tasas de participación laboral de las mexicanas se encuentran dentro de las más bajas de la región y del mundo, pero tal participación ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, pasando de 22 por ciento en 1990 a 40 por ciento en 2010, de acuerdo con datos censales.   Por último, la brecha salarial de género ha ido decreciendo en los últimos 30 años, pero poco se sabe del rol en dicha dinámica del sesgo de selección en la participación laboral de las mujeres, así como del comportamiento de la brecha a lo largo de la distribución y su evolución en el tiempo.   En Estados Unidos se elaboran dos mediciones de la brecha salarial. La primera de ellas se basa en estadísticas publicadas por la Oficina del Censo estadounidense (Census Bureau), y tiene en cuenta la media anual de ingresos de la mujer con respecto al de los varones en empleos a jornada completa mantenidos durante un año.   Según esta medida, la media de ingresos de las mujeres representó en 2011 el 77.0 por ciento de la de los varones. La brecha salarial, por lo tanto, se situó según esta estadística en 23 por ciento, lo que supone un retroceso con respecto a 2010, cuando esta cifra era de 22.6 por ciento.   Pero sin duda si la medición fuera en jornadas parciales la brecha de género sería mucho mayor porque ahí es mayor la participación femenina.   A lo largo de la década anterior, la brecha apenas se redujo en medio punto, lo que constituyó una suavización de la tendencia de las décadas anteriores, en las que los avances fueron mucho mayores. Entre 1991 y 2000 la brecha se estrechó en cuatro puntos y entre 1981 y 1990 en más de 10 puntos.   Un dato esperanzador es que, desglosadas por grupos de edades, las estadísticas muestran que la brecha salarial es más pequeña en el grupo con edades de entre 25 y 34 años. En 2011, la brecha de este grupo era de 8 por ciento, y se ha reducido notablemente desde 1980 cuando se situaba en 31 por ciento.   Además de la brecha salarial general y de la existente dentro de cada ocupación, hay que tener en cuenta como factor importante la brecha salarial entre ocupaciones, la denominada segregación ocupacional y la discriminación indirecta.   Para empezar, el mercado de trabajo está fuertemente segregado: sólo cuatro de las 20 ocupaciones con más mujeres están también en el grupo de las 20 con mayoría masculina.   Partiendo de lo anterior, las ocupaciones masculinizadas suelen tener salarios más elevados que las que tienen mayoría femenina, aunque sea necesario un nivel de formación similar. Esta diferencia se observa con mayor claridad en ocupaciones que exigen niveles educativos muy altos. La mujer cuenta con ingresos inferiores a los de los varones casi en la totalidad de las ocupaciones con mayoría femenina como en las de la mayoría masculina.   Los estereotipos de género pueden, además de ser la base de la segregación ocupacional, influenciar las decisiones educativas y profesionales de mujeres y hombres.   Las nociones preconcebidas de la sociedad estadounidense (y mexicana) de que los varones cuentan con mayor capacidad para algunos tipos de tareas (matemáticas, mecánica...) y las mujeres para otras (creativas, educativas, etcétera) afectan las percepciones de las personas sobre sus propias capacidades, y se convierten en un factor que conforma las decisiones sobre educación y profesión.   Se estima que la brecha salarial tiene un costo medio para la mujer con titulación superior de aproximadamente 1.2 millones de dólares a lo largo de la vida laboral media de 35 años.   Se calcula que la eliminación de la brecha salarial tendría un efecto estimulante sobre la economía estadounidense, que incrementaría el PIB entre 3 y 4 por ciento, más del doble que la ley de estímulo económico que contribuyó a que Estados Unidos superara la recesión.   Además, las diferencias salariales tienen un costo importante a la hora de recibir la pensión de jubilación: las pensiones públicas por cotizaciones propias de las mujeres constituyen sólo 60 por ciento de las de los varones, diferencia que incluso se amplía en las pensiones privadas, al totalizar solamente 48 por ciento.   Lo mismo sucede aquí con las Afores y las pensiones de las mujeres.   En el estudio realizado por Flor Brown y Lilia Domínguez, “La desigualdad de género en un contexto de apertura”, sobre la industria manufacturera y la de exportación, se encontró que en los establecimientos exportadores la diferencia salarial en favor de los hombres era de 71 por ciento y en los de manufactura 75 por ciento. La brecha salarial de género es mayor en los establecimientos de manufactura de exportación.   ¿Y la protección legal? Existe la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Esta norma establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación.   El propósito fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en edad de trabajar sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad o condición social.   Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que las mujeres ganan 30.5 por ciento menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7 por ciento menos como comerciantes y 15.3 por ciento menos como profesionales (Enadis, 2010).   Adicionalmente a esa Norma está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que sanciona este flagelo. México también suscribe los acuerdos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés). Lo que priva es la impunidad, la solución está en las políticas públicas.   P.D. El PIB per cápita más bajo en los últimos seis años. Para 2015 el PIB per cápita muestra una caída de 13.8 por ciento respecto al año pasado, en gran medida debido a la depreciación.   Twitter: @ramonaponce   *Economista especializada en temas de género.  Especial

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

A cambio de dinero, animales o despensas, casan a niñas indígenas


   Violación constante de derechos con matrimonio forzado


 “Tenía 11 años cuando escuché que me llegaron a apartar. Vi cómo tomaban trago para celebrar el acuerdo. En la fecha de cerrar el trato, había listos unos puercos y unas despensas… huí. Tenía mucho miedo. Y luego, mucha culpa de que lo que me pasara era por haber huido de mi comunidad”, cuenta Odilia López Álvaro, mujer de la etnia chol y defensora en el Centro de Derechos de la Mujer del estado de Chiapas.

La suya es una historia parecida a muchas otras que se repiten en esta entidad desde hace siglos, tal vez desde siempre, pues en Chiapas los varones pueden conseguir una “esposa” de hasta 11 años de edad, niñas que –en términos llanos– les proveerán de servicios sexuales y domésticos.

Una realidad que difícilmente va a cambiar con la reciente modificación a las leyes que propuso el Senado a 25 congresos locales, entre ellos al de Chiapas, que eleva la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de niñas y adolescentes.

La propuesta fue retomada y aprobada por el Congreso chiapaneco que reformó el Código Civil estatal, haciendo requisito indispensable que los contrayentes sean mayores de edad.

Y el impacto será menor o nulo en las comunidades indígenas de Chiapas, ya que los matrimonios con menores de edad tienen sustento en la oralidad comunitaria, es decir, con la presencia de “testigos de la unión”.

“La venta de mujeres menores de edad se sigue dando en Chiapas, específicamente en la zona de Los Altos, donde hasta las cambian por bienes materiales”, dijo en una entrevista reciente la diputada local María Eugenia Pérez Fernández, integrante de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez del Legislativo estatal.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 17.3 por ciento de las mujeres se casaron siendo menores de 18 años, sólo 3.9 por ciento de los hombres se casaron antes de la mayoría de edad.

La unión civil con niñas y adolescentes no es privativo de México, se trata de un problema mundial sin cifras específicas debido a que, como sucede también en nuestro país, estos matrimonios se sustentan en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, es decir, no están legitimados ante alguna autoridad y no hay un registro de su ocurrencia.

Son matrimonios “de palabra”. El “novio” habla con el padre, si éste aprueba la unión, eligen a unos padrinos y se unen en una pequeña ceremonia en la que no hay un casamentero siquiera; cualquier persona con una mediana reputación o con afecto por alguno de los “contrayentes” puede avalar la unión, por eso es difícil cuantificar cuántas niñas, adolescentes y mujeres son forzadas a “casarse” de esta manera.

Los matrimonios forzados, la trata, la violencia física y psicológica, el abuso sexual y los casos de feminicidio son situaciones que enfrentan las mujeres por el sólo hecho de serlo, pero también por el ambiente de desigualdad en el que viven, y que refuerza la desvalorización de género, ha señalado Claudia Hasanbegovic, doctora en Políticas Sociales.

En 1975, la feminista Gayle Rubin escribió que a lo largo de la historia el cuerpo de las mujeres ha sido usado como intercambio entre varones, para pagar deudas, como regalo, cambiadas por favores, enviadas como tributos, compradas y vendidas.

POBREZA, MARGINACIÓN Y AUSENCIA DEL ESTADO

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un documento en 2010 señalando que una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos.

“En algunos hogares las niñas son vistas como una carga, una boca más que alimentar, vestir, calzar, en otros casos son vistas como un bien, como poseer una vaca, y sabes que cuando tenga ciertas características podrás sacarle provecho a través del pago que vas a recibir del novio”, explicó en entrevista la activista Karen Dianne Padilla.

La región del estado con más indicadores de pobreza es conocida como “Los Altos”, conformada por 17 municipios: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinancantán, todos con un alto índice de población indígena.

Datos del Inegi de 2015 señalan que en Chiapas hay un millón de niñas y adolescentes, de ellas, una de cada tres son indígenas.

SEGUNDO LUGAR EN MATRIMONIOS DE MENORES

Aunque las uniones bajo el régimen de usos y costumbres no se registran, el despacho de Consultores en Administración y Políticas Públicas hizo en 2015 un recuento de matrimonios legales en el Registro Civil de Chiapas, donde contabilizaron 747 actas matrimoniales en los que la contrayente tenía entre 12 y 17 años de edad. El primer lugar lo ocupó el estado de Guerrero con 795 actas.

Aunque la Constitución reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos, deben respetar los Derechos Humanos (DH) y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Sin embargo, estos derechos son violentados por prácticas como el matrimonio forzado, señala el abogado especialista en temas de género, David Vázquez Hernández.

“También tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que considera como conductas discriminatorias: impedir la libre elección del cónyuge o pareja; aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana, y obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de niñas y niños”, añade.

“Hay una tensión entre los usos y costumbres y el respeto a los DH. A partir de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llegaron a Chiapas varias organizaciones no gubernamentales que lucharon de distintas maneras para dejar que los pueblos tuvieran autonomía en su forma de gobernarse, hubo mucha solidaridad internacional al respecto, sin embargo en esa autonomía se invisibilizó que el régimen de usos y costumbres viola los derechos de las mujeres”, señala Karen Padilla.

Según datos del Inegi, en 2010 había un total de 12 mil 400 madres menores de 15 años, lo que ubicaba a Chiapas como la tercera entidad con mayor número de embarazos en adolescentes. En 2016, Chiapas pasó a ocupar el primer lugar. También se reportó un registro de 510 niñas de entre 12 y 14 años que ya son madres.

UNIONES FORZADAS EN SAN JUAN CHAMULA

Marco Shilon, ex titular en Chiapas de la Secretaría de Pueblos Indios, también ex titular de la Fiscalía Indígena y en la actualidad maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice que para la etnia tsotsil –que habita principalmente en San Juan Chamula–, la individualidad no existe.

En la cosmovisión indígena, todas las personas son sujetos colectivos, de ahí que aceptar a una persona para matrimonio no es un asunto de la novia, sino de la familia.

“La novia no conoce al novio, es el novio que se fija en una muchacha, el hombre va a hablar con el papá y la mamá, para pedirle en matrimonio a su hija, de regalo le llevan cajas de pan, plátano, refresco y posh (bebida alcohólica tradicional de Los Altos de Chiapas).

“Cuando se va el muchacho, el papá pregunta a su hija si quiere casarse con él, la muchacha puede espiar quién es el muchacho que la quiere. Si a ella le gusta, pues dice que sí, que ya se arregle el matrimonio. Si a ella no le gusta, el muchacho puede insistir hasta 10 veces”.

De acuerdo con la tradición de San Juan Chamula, luego de unirse, los esposos pueden devolver a las jóvenes si no son vírgenes, no saben cocinar, no les gusta limpiar la casa, o si lloran mucho porque extrañan su casa materna.

Si esto sucede, los padres de la joven deberán regresar el dinero que recibieron para la “fiesta”, más el pago de intereses, de lo contrario, serán multados y puestos a disposición de las autoridades tradicionales.

Luz Santiz, originaria de San Juan Chamula, reconoce que hay venta de niñas y adolescentes para matrimonio: “Hay venta, pero no les conviene decirlo porque ellos se benefician”.

“Mi mamá pidió 10 mil pesos supuestamente para hacer la fiesta, así se dice, no es que de manera descarada se diga quiero 10 mil pesos por mi hija, pero mi mamá no hizo fiesta, con ese dinero pago sus deudas”. Luz recuerda que su mamá negó que le hubieran dado dinero, “pero yo vi cuando le dieron los 10 mil pesos”.

“Darío (su esposo) me conoció vendiendo en el mercado de artesanías Santo Domingo, yo tenía 14 años; él una vez pasó a mi lado y me puso una tarjeta de esas de Ladatel con un papelito donde traía anotado su número de celular y me dijo al oído márcame, como la tarjeta quedó en mi mano dije: la tengo que gastar hablándole para que no piense que la gasté en otra cosa, entonces, le hablé y me invito a salir, yo le dije que sí, fuimos a comer un helado, luego él me compro unos zapatillas y nos pasamos a tomar una foto”.

Luz dice que no tenía un interés sentimental en él: “Mi error fue haberme tomado una foto con él, porque con eso me amenazó para casarnos, me dijo se la voy a enseñar a tus papás en San Juan, que vean que ya saliste conmigo, por eso decidí mejor casarme con él; me fui a vivir a casa de sus papás, ahí me maltrataba mucho, me violaba, casi todas nuestras relaciones sexuales fueron violaciones”.

La práctica de los matrimonios forzados es sólo entre miembros de las comunidades indígenas, con frecuencia se trata de bodas entre menores; para la “esposa” la edad mínima es de 10 años, mientras que para los hombres es de 14 o 16 años.

VIOLENCIA

Margarita López es originaria de Tojchuctik, municipio de Mitontic, uno de los 10 más pobres de México, y cuenta que fue vendida a Juan Velasco López a los 11 años, a cambio de 10 garrafones de posh.

Juan no sólo tomó a Margarita como esposa, también a una segunda pareja, pues los usos y costumbres no impiden tener varias compañeras. Según testimonio de Margarita, ambas mujeres eran obligadas a tener relaciones sexuales con él, y además Juan violó reiteradamente a su hija mayor, a quien obligó a tener dos hijos producto del abuso sexual.

Celia, la hija mayor de Margarita, asesinó a su padre cuando éste intentaba violar a otra hija. Margarita fue apresada siete años. Hoy está libre. Regresó a su comunidad a cuidar de sus hijas e hijos y de su madre.

Según reportes de la organización Melel Xojobal, la violencia contra niñas y adolescentes es una práctica cotidiana. En 2008, el 42 por ciento de las mujeres indígenas de Los Altos de Chiapas dijeron haber sido víctimas de golpes y/o humillaciones en la infancia; 7 por ciento de abuso sexual; 41 por ciento de violencia por parte de sus parejas, y 10 por ciento de violencia sexual.

“Es que en nuestra cultura no se habla de sexo; muchas de nosotras llegamos a nuestra primera noche de bodas sin saber qué nos va a pasar, pues somos chamacas de 12, 13 o 14 años; ya ahorita como es otro mi pensamiento, sé que mi primera relación fue una violación; yo no quería, me dolía, tenía miedo y él me forzó y después me siguió forzando; el sexo no es un momento que disfrutemos mucho”, cuenta Luz.

Para la antropóloga feminista Marcela Lagarde, la violencia contra las niñas y adolescentes se comete en sociedades o en círculos sociales cuya característica es la constante violación a los DH de las mujeres, que se articula con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política.

“DERECHOS” CONYUGALES

Acceder a las mujeres de alguna comunidad de Los Altos sin pasar por las autoridades masculinas es complejo, pues una conversación con ellas siempre está mediada por los varones. Los testimonios para este reportaje son de mujeres que ya no viven en su comunidad y que además enviudaron, se separaron, las dejaron o huyeron.

Manuel de la Cruz Santiz, juez de paz y conciliación indígena de San Juan Chamula, señala que en la mayoría de comunidades indígenas las mujeres tienen derecho a la separación cuando el hombre es muy violento o cuando ya no quieren vivir juntos. Si el hombre es el responsable de la separación, está obligado a pagar una única pensión de tres mil pesos por cada hijo y dejarle a la esposa un cuarto para vivienda hecho de cemento.

Si la esposa fue la responsable de la separación por incumplimiento de sus “obligaciones” maritales, como no limpiar la casa, no saber cocinar, no cuidar a sus hijas e hijos, o no ser virgen, hablar con otro hombre que no sea su esposo o familiar, o por tener iniciativa sexual con su marido, es devuelta a sus padres, quienes deben devolver el dinero o bienes que recibieron tras autorizar la unión.

PRESIÓN SOBRE LOS VARONES

Los hombres también sufren presión de su comunidad para efectuar estas uniones. Mariano Díaz, de 16 años de edad e integrante de la Red de Jóvenes Indígenas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, dice que es presionado por su familia.

“Mi hermano mayor se fue a Estados Unidos para conseguir dinero, para pagar nuestras mujeres; yo le hablé por teléfono y le dije que quiero estudiar la prepa, que mejor me dé ese dinero para poder estudiar y me dijo que no; que eso no es para nosotros, que ya debo mejor aprender a trabajar en el campo para ayudar a mi papá”.

“Si uno quiere ser diferente, tiene que irse de la comunidad, porque quedarse significa tener que aceptar la costumbre; yo me fui porque una vez fui al centro de salud a pedir un condón; las enfermeras anotaron mi nombre, mi dirección y al ratito ya lo sabían mis papás que fui a pedir un condón y me regañaron; me dijeron que si ya quería mujer tenía que buscarla, mantenerla y hacer mi familia”, cuenta Juan Pérez Etzin, también integrante de la Red.

Otro problema es que tanto niñas como niños pasan de la infancia a la etapa adulta sin transición; los niños son forzados a conseguir una esposa y las niñas a tener un esposo, no hay una etapa que permita a las y los menores de edad pensar qué quieren hacer con sus vidas, considera Marcos Arana, integrante del Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud.

“Es lamentable, pero el Estado mexicano no ofrece otro proyecto de vida, está fallando al no garantizar el acceso de estas niñas a la educación, a la salud, a un trabajo para poder desarrollarse, hay una condena de por vida al matrimonio y eso no sólo significa atentar contra sus derechos a elegir con quién se casa, sino también tener en cuenta que el matrimonio en contextos indígenas significa la pronta procreación”, señala Arana.

El grado promedio de escolaridad de la población indígena en Chiapas es de 3.9 años, según información del Inegi, mucho menor que el promedio estatal, 6.1 que, a su vez, es el más bajo del país.

“La educación permite primero que nada tener mayor y mejor información, posibilita tener mayor confianza, autonomía, mejores expectativas del futuro, amplía la oferta laboral, no la reduce al espacio doméstico, y también permite una mejor toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad, información y uso de métodos anticonceptivos, negociación del uso de éstos; y a mayor escolaridad, las mujeres defienden más sus derechos a decidir sobre su cuerpo, a tomar sus decisiones y a buscar una participación política”, explica Karen Padilla.

Para Arana, médico de profesión, los propios programas de gobierno alientan la maternidad como “destino” de las indígenas. Las reglas de operación de Prospera indican que la titular beneficiaria del programa generalmente es la madre de familia o quien se hace cargo del hogar; la mayoría de las veces es una mujer que debe estar pendiente de la salud y educación de las y los hijos.

El programa Prospera da montos específicos para que la beneficiaria esté pendiente de la buena alimentación de su descendencia, chequeos médicos y asistencia escolar. También los apoyos son para aquellas familias que tengan personas adultas mayores, y de forma reiterada se reproduce el rol de cuidados y servicios de las mujeres para con sus familias.

Datos del Inegi de 2015 reportaron que, en Chiapas, cinco de cada 10 hogares reciben ingresos monetarios de programas del gobierno, lo que representa el doble de la media nacional, y lo que refleja el nivel de subsistencia del estado más pobre del país.

“No hay otros proyectos para las mujeres, ni se mejoran sus condiciones económicas; se hacen dependientes de un programa que las ‘ayuda’ por ser madres; fuera de eso, no hay oportunidades de trabajo, de educación, de participación política, de inclusión”, advierte Marcos Arana.

FALTA CULTURA DE LA DENUNCIA

En entrevista en marzo pasado, la legisladora María Eugenia Pérez sostuvo que en el Congreso local se han hecho leyes que protegen los derechos de las niñas y las mujeres, por lo que ahora se requiere que haya la cultura de la denuncia, porque “es una realidad que esto (los matrimonios forzados) ocurre”.

“Elevar la edad no es suficiente para erradicar los matrimonios forzados; es necesario echar políticas públicas orientadas a la concientización y la transformación del lugar que ocupan las mujeres, adolescentes y niñas en los espacios indígenas comunitarios, pero eso no se da solo, se necesita un compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, un compromiso enfocado de manera primaria a abatir la pobreza y mejorar las condiciones económicas y educativas de las poblaciones indígenas de Chiapas”, apunta el abogado David Vázquez.

Para Karen Dianne Padilla, “la ley no es suficiente ¿Cómo pretenden las autoridades que una niña, posiblemente monolingüe, pobre y amenazada, tome su camión, vaya a la cabecera municipal a poner su denuncia de que la están forzando a casarse. ¡Ajá! Y luego, quién le dará de comer, dónde va a vivir.

“Falta un programa gubernamental, organizaciones civiles que hagan el trabajo de recibir las denuncias en las comunidades y que ese trabajo sea confidencial, que se les ofrezca a las niñas garantías de protección, pero sobre todo mejores oportunidades de vida.

“Es urgente generar mecanismos de denuncia y protección para estas niñas y adolescentes; no hay monitoreos, ni estadísticas ni siquiera aproximadas que nos lleven a conocer la gravedad del problema”, alerta.

Mientras, Luz y Odilia continúan su silenciosa labor de acompañamiento y rescate de niñas y adolescentes que huyen de los matrimonios forzados, una realidad que la ley no ha cambiado ni erradicado.

**Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx.


Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Patricia Chandomí*
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis.-

“Defender a Dilma es defender la democracia”


   Campaña misógina y machista de la derecha para destituirla




Dilma Vana Rousseff, primera mujer presidenta de Brasil, fue reelecta democráticamente en 2014 para que con el Partido de los Trabajadores (PT) gobernara el país sudamericano hasta 2018.

Sin embargo, apenas transcurrió un año de su segundo gobierno, la oposición (que es contraria a la agenda de derechos sociales que defendieron la mandataria y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva) promovió contra ella un juicio político que está en proceso, y que podría llevar a que la presidenta deje totalmente el cargo.

“La defensa de Dilma en este momento es la defensa de la democracia”, observó en entrevista telefónica Kelly Kotlinski Verdade, politóloga y directora ejecutiva de la fundación ELAS en Brasil, que financia movimientos sociales de las mujeres y organizaciones civiles que defienden los derechos femeninos.

¿DE QUÉ ACUSAN A ROUSSEFF?

Dilma Rousseff fue separada de su cargo por 180 días el pasado 12 de mayo, ya que el juicio político en su contra fue avalado por el Congreso Nacional (integrado por la Cámara de Diputados y el Senado), acusándola de violar normas fiscales durante la rendición de cuentas para “maquillar” un déficit fiscal.

Al respecto, Kotlinski Verdade explicó que esta “maniobra financiera inadecuada” ha sido utilizada por otros mandatarios que antecedieron a Dilma, pero ninguno fue investigado o acusado por ello, además de que la acusación está siendo exacerbada para evitar que la presidenta –una activista contra la dictadura militar brasileña en los años 70– concluya su mandato.

Un juicio político como éste es un proceso legal establecido en la Constitución de Brasil para el que se requiere que la o el acusado haya cometido directamente un crimen, pero en este caso el manejo financiero del que se acusa a Dilma no ha sido catalogado como tal, y la mandataria no manipuló directamente las finanzas, sino los dos o tres ministerios de su gobierno encargados de las finanzas, argumentó la también especialista en participación política de las mujeres.

“La situación actual en Brasil es muy dramática –explicó Kelly Kotlinski– porque hemos logrado desde el primer mandato de Lula un gobierno por primera vez popular, cuya agenda prioritaria es la garantía de políticas sociales como el derecho a la educación, vivienda, luz, enfrentamiento de la pobreza extrema y Derechos Humanos (DH) en general”.

Este gobierno popular –abundó– impulsó tres ministerios (secretarías): de las Mujeres, de Derechos Humanos (para defender también a la comunidad lésbico-gay), y de Igualdad Racial, que ante la crisis económica, Dilma los fusionó en un solo ministerio, lo que le valió críticas incluso de sus simpatizantes.

El ministerio de Igualdad Racial buscó que las comunidades tradicionales afrodescendientes tuvieran derecho a la tierra en contraposición con los intereses del “agronegocio” (grandes comerciantes del territorio”, precisó Kotlinski.

Entre los programas sociales más destacados del gobierno de Rousseff, señaló, es el de “Mi casa, mi vida”, que otorga viviendas para quienes tienen ingresos de 500 dólares mensuales (9 mil 230 pesos mexicanos); y “Bolsa familia”, que da entre 50 a 100 dólares al mes (entre 924 y mil 846 pesos mexicanos) a familias en extrema pobreza, otorgados principalmente a las mujeres.

Aunque su gobierno acumula muchas críticas, durante su primer mandato (2011 a 2014), dijo la también maestra en Sociología, estos programas beneficiaron a 14 millones de familias y no a 100 mil familias, como era en el pasado.

¿QUIÉN IMPULSÓ EL JUICIO POLÍTICO?

Luego de cuatro años de mandato, Rousseff fue relecta en 2014 en una votación democrática con una diferencia a su favor de 4 millones de sufragios frente a sus detractores socialdemócratas, representados por el candidato Aécio Neves.

En respuesta, la derecha –cuyo proyecto perdió las elecciones– aliada a los intereses de la iniciativa privada, del “agronegocio” y de la Iglesia evangélica, “que es un actor contrario a los DH y de las mujeres”, se unió a algunos actores de la izquierda (incluso dentro del mismo partido de Dilma), explicó Kotlinski Verdade.

Al ser mayoría en el Congreso Nacional, la derecha inició el trámite de juicio político contra Rousseff sin importar que hasta ahora no se le haya acreditado algún crimen. La propuesta del juicio avanzó entre los legisladores bajo el argumento del desgaste político y la falta de confianza de su gobierno en materia económica.

“La población tenía muchas críticas de las decisiones que ella había tomado, y los partidos aprovecharon para manejar un movimiento de retirada de Dilma antes de que acabara su tiempo como presidenta”, explicó la politóloga.

Y observó: “Es un golpe institucional porque no hay un crimen para iniciar un ‘impeachment’ (juicio de destitución), pero en términos políticos lo que está en juego va más allá de la regla jurídica, y ahí sí Dilma no tiene mucha capacidad de manejar los intereses políticos de los otros partidos, y tal vez tampoco de su propio partido”.

¿ELEMENTOS MISÓGINOS?

De acuerdo con Kelly Kotlinski, la exclusión de las mujeres en la política formal en Brasil se demuestra en que ellas representan sólo 10 por ciento en todo el Parlamento. “Esos juegos políticos partidarios –que aprobaron el juicio– son muy enfocados en los hombres. El hecho de que Dilma sea mujer ha complicado su manejo de la política en un contexto donde las mujeres no son bienvenidas y apenas están llegando a esos espacios”, aclaró.

Desde la llegada en 2011 de Rousseff a la presidencia de uno de los países más poblados del mundo, inició en su contra una campaña “machista y misógina” orquestada por sus opositores, quienes argumentaron que es “incompetente (para el cargo) por ser mujer, no tiene condiciones porque no es un hombre fuerte, no es hermosa y no puede encantar a los hombres con sus intereses, no es simpática, no se viste bien y es lesbiana”, explicó la experta.

Estos mismos argumentos, dijo, se han escuchado incluso dentro de las audiencias públicas y que no tienen nada que ver con sus decisiones como política. El juicio contra la mandataria no es independiente de su género, porque el hecho de que sea mujer se ha utilizado para convencer a la población de que ella tiene que salir de la presidencia porque “no es lo que Brasil necesita en este momento”, apuntó la politóloga.

Estos argumentos se están reproduciendo en los medios de comunicación de Brasil, concentrados en cuatro familias, y que son las mismas que desde hace más de 50 años han mostrado una posición conservadora que ha estado a favor de las dictaduras en el país latinoamericano.

Ahora, una vez más están apoyando una maniobra que rompe con la democracia usando campañas muy fuertes misóginas y machistas, criticó la también activista.

¿QUIÉN APOYA A ROUSSEFF?

Mientras Rousseff enfrenta este juicio, el cargo de Ejecutivo pasó a manos de Michel Temer, quien fungía como vicepresidente de Brasil y a quien la mandataria ha acusado de gestionar el juicio en su contra para beneficiarse directamente con su salida.

Como presidente interino, Temer no integró en su gabinete de 24 ministerios a alguna mujer o a alguna persona afrodescendiente, lo que representa un retroceso respecto a las siete mujeres que incluyó Dilma en su mandato.

Además, Temer eliminó el Ministerio de la Mujer, DH y de Igualdad Racial, y lo integró como una secretaría dentro del Ministerio de Justicia, hecho por el que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humano se inconformó.

“Eso ya dice que para las mujeres hemos perdido espacio y eso tiene consecuencias para adelante. La generación que empieza ahora va a empezar con políticos hombres y eso impacta a todas las nuevas generaciones de mujeres que se piensen como políticas”, expresó Kotlinski.

En respuesta, dijo la politóloga, el movimiento de mujeres ha crecido y ha tomado las calles y las redes sociales con campañas que denuncian el “machismo” no sólo en contra de Dilma, sino también contra los derechos de las mujeres, ya que el nuevo gobierno –alertó– “prevé penalizar el aborto aun en casos de violación”.

A la par, los movimientos de izquierda están buscando otras formas de hacer política, con una participación más directa de la sociedad. Kotlinski Verdade consideró que son esos grupos los que “en estos momentos apoyan a Dilma, pero no por ser Dilma sino por un nuevo modelo de política o de hacer política en Brasil”.

“Esta es una crisis económica y política bastante seria como no se imaginaba que iba pasar en este siglo otra vez, ya que más de 300 diputados están involucrados en procesos de corrupción, por lo que la respuesta no puede venir de la izquierda ni de la derecha, sino de la sociedad”, acotó.

Con Dilma, América Latina suma 10 mujeres presidentas en toda su historia, del total de 20 países que la integran. Cuatro de ellas gobernaron al mismo tiempo en 2014. Costa Rica, Argentina (dos veces), Chile, Panamá, Guyana, Ecuador y Nicaragua son los únicos países de la región que han tenido en la presidencia a una mujer. 



Kelly Kotlinski Verdade | Foto: cortesía Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
 

Marcha Mundial de Mujeres contra el golpe en Brasil




CADTM


El mundo entero asiste con rabia y tristeza el asesinato de la democracia y la justicia en Brasil.
El pasado día 17 de abril fue retransmitida desde la cámara de los diputados y a tiempo real, la votación de impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Con argumentos basados en el desarrollo, la fe y los valores tradicionales de familia, muchos diputados iban votando contra Dilma. Legalmente este acto se ha justificado en base a supuestas acusaciones de violación de la ley presupuestaria y de la ley de probidad administrativa, así como de corrupción, sobre lo que no existen pruebas. Con horror, supimos el pasado 12 de mayo que el Senado reafirmaba el impeachment, siendo Dilma apartada del Gobierno durante 180 días (período durante el que se realizará la investigación) y asumiendo la jefatura de estado y gobierno el vicepresidente Michel Temer.
En Brasil no hay abierto un proceso de impeachment, estamos presenciando un golpe de Estado disfrazado de legalidad. Se trata de un golpe neoliberal, racista, patriarcal y lesbofóbico (O heteronormativo), de los mercados contra el pueblo. Las oligarquías y elites económicas, financiadas por el capital transnacional, han decidido imponer su poder ya que no lo pudieron obtener por el voto. El pueblo dió a Dilma más de 54 millones de votos porque rechaza al proyecto golpista.

El azote de la derecha más radical no se ha hecho esperar. Temer lleva en el poder menos de cuatro días y ya ha borrado de un plumazo los avances progresistas y principales logros políticos del Partido de los Trabajadores, eliminando los ministerios de Cultura, de las Mujeres, de Igualdad Racial y Derechos Humanos, lo del Desarrollo Agrario, la Fiscalía General de la Unión (CGU), además de fundir el ministerio de la Seguridad Social con el de Hacienda. Hemos presenciado como componía su gabinete exclusivamente con ministros: hombres, blancos y viejos. Y cómo la policía ya está usando la violencia y la intimidación para reprimir la protesta que inunda las calles de
todas las ciudades de Brasil.
El presidente ilegítimo ya ha anunciado la vuelta a las políticas de ajuste estructural (como el fin de la política de valorización del salario mínimo que tanto ha contribuido a la reducción de las desigualdades salariales), así como una reforma del sistema de Seguridad Social. En política exterior sus primeras manifestaciones revelan un abandono de la cooperación con América Latina, África y los BRICS, por considerarla “ideologizada”. En el horizonte se vislumbran los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, así como la privatización de empresas estratégicas. Hace mucho tiempo que sentimos la creciente presión de la derecha conservadora y neoliberal sobre los gobiernos progresistas de todo América Latina. Pero estos ataques al pueblo son cada vez más evidentes, y ahora incluso podemos poner nombre y cara a los ejecutores, porque ahora los golpes de Estado se visten de falsa democracia y de justicia.
Como sujetos políticos no vamos a permanecer impasibles ante este ataque a la libertad y la democracia. Así, en alianza con otros movimientos sociales, brasileños e internacionales, salimos a las calles a plantar cara a la dictadura de la derecha. Nosotras, mujeres militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres:
* Rechazamos tajantemente el golpe mediático-jurídico ejecutado contra la democracia, así como toda la violencia patriarcal que se ha ejercido contra la presidenta Dilma y
* Llamamos a nuestras compañeras de todo el mundo a exigir de sus gobiernos que se posicionen firmemente contra el golpe de Brasil y a que NO reconozcan al presidente en funciones Temer o a cualquier otro indicado por los actores del proceso de impeachment.
* Pedimos que organicen acciones públicas, escriban cartas y mensajes a los medios de comunicación y ministerios de asuntos extranjeros de sus países para:
1. Manifestar el rechazo al golpe que se llevó a cabo en Brasil el 12 de mayo de 2016.
2. Exigir el inmediato retorno a la institucionalidad democrática del país, que incluye la restitución incondicional de la presidenta legítima Dilma Roussef
3. Exigir la anulación del falso proceso de impeachment en curso en Brasil
4. Denunciar el apoyo y la complicidad de organismos de inteligencia norteamericanos en el Golpe.
5. Exigir de la presidencia de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea y demás países que integran la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- , una posición contundente en contra el golpe en Brasil que incluye la interrupción inmediata de todo tipo de cooperación militar, diplomática y económica.
6. Pedir a vuestros diputados que aprueben mociones de denuncia y repudio al golpe de Brasil.
La solidaridad y la fuerza de todas las militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres está en estos momentos apoyando la lucha de nuestras compañeras en Brasil. ¡En marcha siempre compañeras!