El vergonzoso episodio de los aumentos salariales de los consejeros del IFE confirma que ese instituto vive una irremontable condición fallida. Enredados terriblemente con un problema que nadie les creó, sino ellos mismos, los seudo rectores de la vida electoral mexicana pasaron de invocar la Constitución como base para inflar sus ingresos, a la hipócrita renuncia (forzada por las circunstancias) de sus avaricias, alegando que tienen sensibilidad ante lo que sucede en el país en materia económica. Los mismos que ayer defendían con calculadora en mano y alegatos leguleyos la legitimidad de su incremento salarial (entre los cuales, hay que mencionarlo, no estaba L.V. Zurita), ahora posaban para las cámaras presumiendo su gesto de condescendencia con el pobrerío.
Semanas atrás, esos mismos consejeros zigzagueantes, presionables, indecisos, habían retorcido las leyes para eximir a las televisoras pendencieras de una multa económica por predisponer al público contra reformas electorales al empaquetar anuncios de partidos políticos e incluso interrumpir con ellos transmisiones de juegos deportivos. Y luego, ante la reincidencia retadora del poder de las pantallas, los rehenes llamados consejeros electorales emitieron tibios castigos, dejaron que el Senado del beltronismo arreglado con las teles les quitara la potestad futura de sancionar a esos mismos infractores y se quedaron calladitos, quietecitos, a la espera de la siguiente oportunidad de equivocarse estruendosamente.
Los dos graves errores del IFE fallido son un adelanto cierto de lo que espera en los comicios de julio próximo, cuando los poderes fácticos del país pretenderán imponer diputados para armar mayorías protectoras y promotoras de intereses turbios. Los consejeros electos luego del periodo Ugalde fueron nombrados con criterios de rapiña política, asignando cuotas a los partidos coaligados para repartirse tripartitamente el botín. El propio Valdés Zurita es un ejemplo claro de manipulación y engaño políticos, pues se le inventó para ese puesto aprovechando un pasado relacionado con la izquierda electoral, con el que quisieron vender los chuchos perredistas la tesis de que la presidencia del IFE fue ganada por la misma corriente que impugna los resultados comiciales de 2006.
Con esos antecedentes de ilegitimidad y con la demostración práctica, en dos ocasiones, de sus carencias y ambiciones, los consejeros electorales que tienen voz y voto en el IFE deberían renunciar no sólo a sus aumentos salariales ampliamente criticados, sino a sus propios cargos. Sostenerse en el cascarón institucional, sin respeto social ni fuerza política, sin oficio ni legitimidad, sólo será garantía de conflictos sin salida en el futuro inmediato.
Véase incluso el pronunciamiento que ayer fue difundido por cinco consejeros electorales del consejo local del IFE en Querétaro (y que apoyan consejeros locales y distritales de cuando menos ocho estados más) respecto al sobreseimiento de posibles sanciones a Televisa y Tv Azteca por el asunto de los provocadores anuncios en paquete: Reprobamos de manera contundente esta resolución que evidencia la renuncia de algunos miembros del consejo a hacer uso cabal de sus atribuciones legales, claudicando a la oportunidad de reivindicar la vulnerada confianza y la credibilidad de la ciudadanía en el IFE. Nos inquieta la debilidad jurídica de los argumentos esgrimidos por los consejeros que votaron la no sanción a las televisoras, sentando un precedente preocupante e incongruente con la sanción que sólo una semana después impusieron a éstas. Hecho que no sólo debilita al órgano electoral, sino que minimiza los efectos de la reforma electoral de 2007. Luego de plantear que hay una ciudadanía que observa y que se espera que los consejeros nacionales asuman a cabalidad la responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente, se pide fortalecer la autonomía del IFE por encima de las presiones de intereses particulares. El pronunciamiento de Querétaro fue firmado por los consejeros Leticia Blanco Cardona, Yolanda Elías Calles Cantú, Demetrio Juaristi Mendoza, Flavio Lazos Garza y María Isabel Martínez Rocha.
Astillas
Otro lector toluqueño recuerda, respecto a la mutilación de la estatua de Simón Bolívar en la capital del estado de México: “No es el primer caso. Durante muchos años, al circular por el Paseo Tollocan con dirección a la capital del estado, uno se encontraba de frente, de manera imponente, con la grandiosa estatua de don Emiliano Zapata, creación del fallecido escultor Julián Martínez (refugiado español, niño de Morelia) y que al tenor de la política de bandidaje del gobernador Montiel fue removida y colocada en un costado de esa vía (en su lugar hay ahora un puente), quitándola de la vista del público, a tono con la campaña contra el zapatismo, y lo curioso del caso es que en el mismo paseo se instaló, muy bien ubicada, una estatua, espantosa por cierto, del ‘profesor’ Carlos Hank González, prócer de Montiel, del gavioto copetudo y demás priístas serviles”... Miguel Villarroel escribe desde Maracay, Venezuela, para recordar que hoy se cumplen 20 años del llamado caracazo. Con esa referencia, pregunta: ¿Cuándo va a despertar el pueblo querido de México, mil veces pisoteado, por los de afuera y por los apátridas de dentro? Veinte años atrás, el pueblo venezolano se levantó, sin líder hasta ese momento; salió a poner el pecho, a inmolarse, y 3 mil muertos en tres días le permitieron a Carlos Andrés Pérez y sus fuerzas armadas sofocar momentáneamente la reacción antineoliberal. Esos crímenes aún están impunes, pero allí se dio una muestra de que los pueblos saben despertar, y se abrió la ventana a nuevos procesos, impensados hasta ese momento... Y, mientras Felipe dice que no quiere hablar mal de Vicente, pero éste tenía un problema muy serio en el tema del narcotráfico al final de su sexenio (tanto, agrega esta columna metiche, que Lipe retomó a los principales responsables de ese problema para darles continuidad en el siguiente gabinete), ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
“Si te aprietan los zapatos –dice la sabiduría china– no te cortes los dedos, cambia de zapatos”. Ése podría ser el camino que seguiría el gobierno mexicano en el caso de que el de Estados Unidos se haga cargo del 40% de las acciones de Citigroup y, por tanto, se convierta en el principal socio de Banamex. Si la ley no permite que un gobierno extranjero sea accionista de Banamex, cambia la ley. Los accionistas privados, de aquí y de allá, quieren conservar el banco como está hoy: un apéndice de Citigroup, una maquinita de hacer dinero. Y no es sólo el aspecto financiero lo que importa. Banamex forma parte de un enclave: Roberto Hernández es el socio número dos de Televisa; Manuel Medina Mora –presidente del banco– es primo del procurador de Justicia, Eduardo del mismo doble apellido; Televisa ha protegido históricamente al Fobaproa, inclusive frente a un balconazo de TvAzteca, el sexenio anterior; tienen candidato propio para el 2012, el Copetes Peña Nieto; el presidente del Senado, Gustavo Madero, fue empleado del banco, no se ha quitado la camiseta, y desde ahí puede bloquear, por ejemplo, las iniciativas para que se ponga tope a los intereses de las tarjetas de crédito y los trabajadores retiren más de su propio dinero de las afores. Es tan poderoso el grupo, que puede enfrentar al de Carlos Slim y, de la mano de los cableros, impedir que Calderón modifique la concesión de Telmex para que ofrezca televisión. Conclusión: de ser necesario, se modificará la legislación a efecto de que Banamex siga operando como hoy, aunque uno de sus socios sea un gobierno extranjero.
InverBan
El pasado 6 de enero publiqué este mensaje:
“Tengo una duda sobre la seriedad de las sofomes, en específico de InverBan. Me parece atractivo el rendimiento que ofrece. ¿Me recomiendas entrarle con mis ahorros?
www.inverban.com.mxRogelio Ponce/León”.
Le contesté como lo hago invariablemente: esta sección no recomienda empresas, marcas ni servicios. Visité el portal de InverBan y me pareció extraño que ofreciera rendimientos hasta del 40% –mister Madoff cuando mucho ofrecía el 20%– y además tenía a la venta franquicias de gasolineras de Pemex. También es raro que su centro de operaciones se ubique en León, Guanajuato, aunque es una comarca de gente trabajadora y decente, tiene por ahí a algunos malandrines (y malandrinas) como vecinos. Casi dos meses después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lanzó ayer una alerta: InverBan no está autorizada para manejar inversiones del público. Sin embargo, lo siguió haciendo. ¿Y las gasolineras? Reyes Heroles no ha dicho ni pío. ¿Quiénes son los influyentes que están detrás de InverBan?
En The Great Financial Crisis, John Bellamy Foster y Fred Magdoff (FyM) citan un encabezado de la revista satírica The Onion: Nación abrumada por la recesión solicita burbuja para invertir en ella; comentan que la revista “acierta en el problema crucial del moderno capital monopolista-financiero: el estancamiento de la producción y el crecimiento de burbujas financieras como respuesta1. FyM se reconocen como herederos de una tradición:
“Mucho más que otros, este libro resulta de ‘estar parados sobre los hombros de gigantes’ que a su vez estaban parados sobre los hombros de gigantes. Está construido sobre los fundamentos establecidos por Paul Baran, Paul Sweezy y Harry Magdoff, quienes a su vez se apoyaron en Marx, Veblen, Schumpeter, Keynes, Kalecki, Steindl y Minsky” (p.8).
Estos autores habrían sentado las bases para el diagnóstico central del libro:
“la Gran Crisis Financiera ha superado a todos [los shocks económicos que la precedieron a finales del siglo XX]. Tanto la economía de EU como la del mundo en su conjunto están en un estado de decadencia aguda, enfrentando lo que probablemente será un estancamiento prolongado” (pp.11-12).
La explicación hay que buscarla en los mismos autores: A pesar de la prosperidad de los años 50 y 60 del siglo pasado, durante los cuales
los descubrimientos de Keynes fueron domesticados y reinsertados en el análisis neoclásico pre-keynesiano (a lo que la colega más joven de Keynes, Joan Robinson, llamó keynesianismo bastardo), “algunos economistas radicales, keynesianos y marxistas, desafiando la visión dominante de la época, continuaron planteando el tema del estancamiento, sosteniendo que seguía siendo el problema central de la economía capitalista monopolista y que la prosperidad de los años sesentas dependía de estímulos de corto plazo insostenibles” (p.14).
En El Capital Monopolista de Paul Baran y Paul Sweezy (1966), se señala que:
“…no hay manera de evitar la conclusión que el capitalismo monopolista es un sistema auto-contradictorio que tiende a generar cada vez más excedente pero que no provee las salidas de consumo y de inversión requeridas para su absorción… Puesto que el excedente que no puede ser absorbido no será producido, se sigue que el estado normal de la economía capitalista monopolista es el estancamiento…lo que significa la sub-utilización crónica de los recursos humanos y materiales disponibles…En ausencia de fuerzas compensatorias que no forman parte de la ‘lógica elemental’ del sistema, el capitalismo monopolista se hundiría más y más en un pantano de depresión crónica…Estas fuerzas compensatorias existen…y se analizan en los siguientes tres capítulos” (p.108, edición original en inglés).
Esas fuerzas compensatorias son elementos que estimulan la demanda: La cuestión para el capital monopolista no es si estimular o no la demanda. Tiene que hacerlo so pena de muerte. La pregunta es cómo hacerlo (p.113). Sólo serán promovidas formas de hacerlo compatibles con los intereses del capitalismo monopolista, como los esfuerzos de ventas (publicidad y mercadotecnia), gastos gubernamentales civiles y militares (véase gráfica que muestra que la prosperidad o la recuperación ha sido acompañada de gastos gubernamentales crecientes).
El concepto de excedente fue desarrollado por Paul Baran en La economía política del crecimiento (Fondo de Cultura Económica, 1957): “El excedente económico real es la diferencia entre la producción real generada por la sociedad y su consumo efectivo corriente” (p.39), que es menor que la plusvalía (P), pues es sólo la porción de ésta que está siendo acumulada.2 En contraste, el “excedente económico potencial es la diferencia entre la producción que podría obtenerse (en un ambiente dado con la ayuda de los recursos productivos utilizables) y lo que pudiera considerarse consumo esencial”. Baran aclara que este nuevo concepto también difiere de P, pues no incluye el consumo esencial de los capitalistas ni el gasto gubernamental esencial que sí están en P, y al comprender la producción perdida a causa del desempleo que no está incluida en P (p.40).
En El Capital Monopolista, Baran y Sweezy señalan que el análisis de Marx en El Capital supone una economía competitiva predominante en el siglo XIX, pero que ya no lo es. Que a pesar del énfasis de Hilferding y Lenin en la presencia dominante de los monopolios, este cambio no ha sido incorporado al análisis de los principios de funcionamiento y las leyes del movimiento de la economía capitalista monopolista, y que en el análisis económico marxista sigue reinando El Capital. Los autores declaran que
“el propósito radical de su libro es remediar esta situación empezando por reconocer que la competencia (pequeñas empresas que producen una fracción despreciable de una producción homogénea de su rama) ha dejado de ser la forma predominante de relaciones de mercado, lugar que actualmente ocupan las empresas grandes que producen una parte significativa de la producción de su rama de actividad, y que pueden controlar los precios y el volumen de su producción. No podemos abstraer esta forma dominante ni introducirla como un mero factor modificador: tenemos que incluirla en el centro mismo del esfuerzo analítico (p.6).
En Teoría del desarrollo capitalista (Fondo de Cultura Económica, 1942), Sweezy manifestó su acuerdo con Hilferding quien dice que la realización de la teoría de Marx de la concentración, de las fusiones monopolistas, parecen resultar en la invalidación de la teoría del valor de Marx. Sweezy resume así los más importantes efectos del monopolio en el funcionamiento económico capitalista: 1) suben los precios de las mercancías monopolizadas; 2) la tasa de ganancia única de la competencia es sustituida por una jerarquía de tasas de ganancia; 3)aumenta, en general la tasa de acumulación y se acentúan las tendencias a la baja de la tasa promedio de ganancia y al subconsumo; 4) se bloquea la inversión en las industrias monopolizadas y se aglomera el capital donde hay mayor competencia, lo que lleva a que la tasa de ganancia pertinente para las decisiones de inversión sea más baja; 5) se fortalece el sesgo de la tecnología capitalista a ahorrar mano de obra; 6) Los costos de venta suben, lo que crea puestos de trabajo improductivo y lleva a la baja de las ganancias monopólicas extraordinarias, al aumento del consumo y a la baja de la tasa de acumulación. Lo anotado en el punto 6 tiende a compensar lo anotado en 3), 4) y 5), pero lo hace llevando no al desarrollo de las fuerzas productivas sino desviando los recursos a usos socialmente innecesarios y al desperdicio.
1 The Great Financial Crisis. Causes and Consequences, Monthly Review Press, Nueva York, 2009, p.7.
2 Hay aquí un pequeño error ya que la plusvalía acumulada no incluye los ahorros de los asalariados que sí están incluidos en la diferencia entre producción y consumo.
jbolt@colmex.mx Los órganos electorales del Estado, que no del gobierno ni mucho menos de los poderes fácticos, son como la banca: dependen en grado sumo de la confianza que los ciudadanos o los usuarios, según sea el caso, tengan en las instituciones. Confianza pura es lo que en ambos casos les garantiza el respeto de la ciudadanía; es la moneda de cambio. La banca hace muchísimo tiempo que perdió ese elemento primordial, y le vale; el IFE se lo había ganado a pulso, pero decidió tirarlo a la basura en 2006, y todo indica que no tiene la menor intención de recuperarlo. En los hechos, no le preocupa ni le ocupa. Como diría Woody Allen, la confianza es como la pasta de dientes: una vez fuera del tubo, difícilmente vuelve a meterse. Y los consejeros electorales, con Leonardo Valdés Zurita a la cabeza, lejos de intentar regresarla a su empaque original, presionaron con mayor fuerza.
El miércoles por la noche, con el mismo desparpajo con el que a lo largo de ese mismo día justificaron el mega aumento de sueldos y conexos, los consejeros electorales recularon de su propósito, lo que no quiere decir que lo cancelaron; en el mejor de los casos lo pospusieron para cuando baje la marea. No somos insensibles ante crisis; los consejeros rechazamos el aumento, según versión corregida de Leonardo Valdés Zurita, quien de un plumazo olvidó lo dicho, en riguroso sentido contrario, por esos mismos consejeros. Y por si fuera poco advirtió que evidentemente, el IFE, bajo ninguna consideración, va a permitir que por alguna decisión que pudiera tomarse en instancias ajenas a la institución de hacer alguna recomendación, se pueda poner en peligro su autonomía.
Si por instancias ajenas el consejero presidente entiende el reclamo de los ciudadanos (que son quienes pagan), entonces qué poca visión de la realidad tiene. Un mega aumento de sueldos y conexos como el pretendido por el grupo jerárquico del instituto, injustificable por donde quiera verse, no sólo es una perla de insensibilidad política ante una crisis que arrasa con todo lo que encuentra frente a sí, sino muestra fehaciente de que los chicos del IFE se subieron al carro de la voracidad, característica sine cuan non de la clase política mexicana. Y por sensibilidad entiende aferrarse a un ingreso totalmente desproporcionado, doble falta de tacto, por decir lo menos.
La jugada de los consejeros electorales fue brutal, pero aún sin los pretendidos mega incrementos salariales, y obviando el cumplimiento de la ley que a esos mismos consejeros les garantiza el descomunal crecimiento de sus emolumentos y conexos, de los cerca de 12 mil millones de pesos presupuestales (todos, dineros de los mexicanos) que ejercerá el IFE en 2009, alrededor de 45 por ciento se destinará al pago de sus sueldos (sin aumentos), su cauda de asesores –desquiten o no– y demás servicios personales, es decir, alrededor de 5 mil 400 millones de pesos. Cuarenta y cinco centavos de cada peso, sin hacer efectivo el mandato del 41 constitucional.
El problema de la nueva camada del grupo jerárquico del IFE (una institución ciudadanizada –cuando menos esa fue la idea original– que bien podría poner el ejemplo de que en este heroico país es posible erradicar la voracidad de todo aquel que, por amistad o capacidad, accede a un puesto público y de que hay muchos mexicanos interesados en servir al país y no servirse de él) es que en lugar de corregir la rapacidad asociada a los puestos públicos se sube a la fiesta y en mesa de pista.
Para efectos de nómina (pago de servicios personales) con recursos de los ciudadanos, el Instituto Federal Electoral se ha convertido en una de las más onerosas cargas para el erario, independientemente de los famélicos cuan cuestionadísimos resultados que a últimas fechas ha ofrecido a quienes pagan las extravagancias de sus consejeros electorales, es decir, los mexicanos.
El IFE, pues, se subió a la fiesta y actúa de la misma forma que el aparato de gobierno. Por ejemplo, del tan cacareado presupuesto de egresos de la federación 2009 (el de mayor cuantía en la historia, según la versión oficial) alrededor de 50 por ciento se destinará a pagos de servicios personales, léase nómina burocrática. Cincuenta centavos de cada peso terminarán en el bolsillo de los empleados públicos, aunque una buena parte de esos dineros se concentra en la alta burocracia, o, como ella misma prefiere autodefinirse, los que gobiernan y toman las decisiones trascendentales para la patria.
Es voluminoso el inventario de próceres de la patria que engulle prácticamente la mitad del presupuesto de egresos de la Federación, sin mayor cosa a cambio: diputados, senadores, gobernadores, inquilino de Los Pinos, magistrados, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, partidos políticos, etcétera (sin olvidar séquitos personales). Por ejemplo, la Presidencia de la República se come el 50 por ciento de su presupuesto en servicios personales; el Legislativo el 57 por ciento y el Judicial 87 por ciento. Sedena, Marina y PGR destinan 78, 71 y 78 por ciento de su presupuesto a servicios personales, una proporción justificable dado el crecimiento de elementos involucrados en el combate al crimen organizado. Sin embargo, poco dinero queda a esas instituciones para renovar o incrementar su poder de fuego y las labores de inteligencia. Y el paseo por el grueso de instituciones públicas arroja similares resultados.
Lo anterior de acuerdo con las cifras oficiales (PEF 2009), pero hay indicios que la cosa sería mucho más deprimente dados los trucos contables y la proliferación de fondos, fideicomisos, partidas especiales y demás inventos, que encubren una serie de dineros públicos que sólo sus creadores saben a qué se destinan, aunque no es difícil suponerlo. Como lo precisó el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, “hay severos daños al patrimonio, porque todos los días se sustraen bienes que pertenecen a los mexicanos… Ya aprendieron a hacer una contabilidad mañosa, de los Enron, y está siendo una práctica común en el gobierno federal”.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, todos los involucrados son políticamente sensibles.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mxMiguel Ángel Velázquez: Ciudad Perdida Quien piense que en Acción Nacional el panorama para las próximas elecciones en la capital puede ser alentador, se equivoca. El factor que, según expresan los propios panistas, ha pesado como piedra en el cuello a ese partido y que le impide un mejor futuro se llama Mariana Gómez del Campo.
Por lo pronto, la presidenta que impuso Felipe Calderón en el PAN-DF se ha quedado prácticamente sin decisión sobre las candidaturas a jefes delegacionales y diputados por la capital, y el peso de las decisiones quedará en manos de Germán Martínez, que no soporta a Mariana, aunque sean astillas del mismo palo.
Según algunas voces azules, el sucio accionar de Gómez del Campo obligó a ese organismo a olvidarse de lo que significa, dicen ellos, ser más grande en la capital: la democracia. Las elecciones internas, que aunque criticadas eran parte del orgullo panista, tuvieron que desactivarse frente al fraude que orquestó la presidenta del partido en la ciudad para favorecer a un grupo de candidatos afines, pero principalmente a su pareja sentimental, el estridente pero inofensivo Jorge Romero, a quien le dicen el cohete chino.
Junto con eso, la imposición de César Nava, otro dedazo de Calderón, como candidato a diputado por el distrito XV federal –del que ya hablaremos– cambió el escenario que se había formado en ese partido hasta no hace muchos meses.
Pero hoy el problema es la elección. Los panistas aseguran que en lugar de aumentar su presencia en la capital del país, perderán escaños y delegaciones, y aunque sólo gobiernan en Miguel Hidalgo y Benito Juárez, y se suponía que podrían llegar a las jefaturas de Cuajimalpa y Coyoacán, cuando menos, las esperanzas se han ido diluyendo conforme crecen sus problemas internos.
Según sus militantes, el PAN-DF tiene hoy día un padrón bajo sospecha. Los miembros activos, aseguran, eran apenas unos 6 mil en toda la ciudad, y de pronto, con Mariana, la lista se fue un poco más allá de los 9 mil. Pero no es todo, el asunto con los adherentes, los que estarían en proceso de obtener derechos plenos como militantes, es alarmante.
La denuncia de los azules explica que el padrón de los postulantes, por decirlo de alguna manera, se elevó a 45 mil, de los cuales más de 23 mil no tienen un registro regular, y eso derivó en que las convenciones de delegados, donde se elegía a los candidatos, quedaran en el rincón de lo imposible, de lo deseable.
La irregularidad denunciada hizo que de inmediato el Comité Ejecutivo Nacional tomara las riendas de la elección en el DF, y el dedazo se convirtiera en la forma más segura de imponer a los militantes del grupo que protege Germán Martínez, lo que se ha convertido en un golpe bajo para el panismo crítico, que sí existe, y que no está de acuerdo ni con Mariana ni con Germán.
Total que las expectativas de los panistas para las próximas elecciones, según ellos, se han ido al piso, a cero, y aunque los inconvenientes se han dicho por todo el campo azul, y las encuestas les digan que la probabilidad de que se conviertan en la tercera fuerza en el DF es cierta, no hay oídos para las voces de alerta.
En Acción Nacional se dice desde hace un buen rato que el que peca y reza, empata, lo malo, aseguran ahora, es que Mariana nada más peca. Ni modo.
De pasadita
En la ceremonia para presentar una fundación que encabezarán los familiares de Benito Juárez debieron estar, a invitación de los organizadores, Felipe Calderón y Marcelo Ebrard.
No sabemos si habría sido la oportunidad que tanto se ha buscado para tomar la foto de esos personajes en amistoso apretón de manos. Lo que sí sabemos es que el jefe de Gobierno había aceptado estar en la ceremonia que se efectuaría en Palacio Nacional, pero resultó que en Los Pinos se dijo que allí Felipe Calderón era quien invitaba y que Ebrard no estaba en la lista, así que los organizadores, los familiares de Juárez, consideraron ese hecho un insulto y se fueron con su festejo al antiguo Palacio del Ayuntamiento, es decir, donde Ebrard, y se acabó la posibilidad de lo que le contamos. Así que luego nadie se queje.
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
En retrospectiva es posible afirmar que la etapa que culmina con la firma de los acuerdos de San Andrés fue la más fructífera del diálogo, no obstante los desacuerdos, las provocaciones y la lentitud con la que se avanzó.
En contraste con lo que sucedía en el contexto del proceso de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, en el ámbito nacional la crisis se advertía ya en toda su magnitud. Aún no había tocado fondo, pero ya se hablaba de que era la crisis más grave de los tiempos recientes.
En efecto, hasta octubre de 1995 se había registrado una inflación mayor a 40 por ciento y la tasa de desempleo era la más alta desde 1987. Se perdieron durante esos meses 780 mil puestos de trabajo. Los expertos señalaban que, por primera vez, la economía informal ocupaba más mexicanos que la formal.
La caída del PIB en el segundo semestre de 1995 se calculaba en 10 por ciento, la más grave de los 50 años anteriores. Ante este panorama, más de 10 mil millones de dólares habían salido del país entre enero y junio de ese año.
Los bancos zozobraban y el problema del Fobaproa ya se gestaba. Este fondo daba aportaciones multimillonarias a los bancos con facilidad y sin que se viera claro ninguna mejoría en su situación. Los partidos de oposición cuestionaban el funcionamiento del fondo y la forma en que habían sido privatizados los bancos.
En medio de este contexto, en San Andrés Larráinzar se encuentran también dos lenguajes o, mejor todavía, varios lenguajes. El del EZLN es incisivo y desconfiado. A pesar de ello, dialoga y negocia.
El lenguaje del gobierno federal es inseguro, esquivo y siempre trata de investirse de un ropaje institucional que en los hechos no tiene. La delegación negocia sin saber adónde se dirige el barco y trata de retomar una iniciativa que en los hechos siempre tuvieron los zapatistas. A pesar de todo, ellos también negocian.
También están los otros lenguajes. Los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tratan a cada paso de hacer a un lado sus diferencias de concepciones partidarias y de sus intereses y afinidades personales para lograr primero consensos internos y luego servir de puente entre las partes. Cuesta trabajo, pero lo logran.
Así, el lenguaje de la Cocopa y la Conai se va construyendo a cada paso para constituirse en el intento de dos instancias por traducir al lenguaje de la paz los desafíos de cada parte.
El EZLN insistía en que San Andrés se opinara sobre todos los problemas nacionales. En principio, la delegación gubernamental se resiste. Sólo se debe acordar la paz y, después, se podrá opinar de lo que se quiera. ¿Cómo se puede alcanzar la paz sin opinar de las causas que han llevado al estallamiento del conflicto?
Las causas profundas del conflicto armado en Chiapas son las mismas que las de muchas otras muestras de inconformidad pacífica que existen a lo largo y ancho del país: injusta distribución de la riqueza; míseras condiciones de vida y un sistema político con rasgos excluyentes y autoritarios. En el caso de las comunidades indígenas, los pobres entre los pobres, se acentúan porque se les agrega una opresión racista hacia sus formas culturales e incluso hacia su propia existencia étnica.
Para los miembros de la Cocopa de aquellos tiempos, la solución del conflicto pasaba y pasa por el impulso a la reforma democrática del Estado, que es, finalmente, el escenario en el que los acuerdos que se establecen entre las partes podrán llevarse al terreno de los hechos.
En esencia, el EZLN demanda lo mismo que otros muchos millones de mexicanos: democracia, paz con dignidad, justicia y un desarrollo económico y social incluyente. Las agendas del conflicto y de la reforma democrática del Estado están hermanadas. Por esto, la propuesta de la Cocopa por incluir al EZLN en el diálogo nacional no sólo resultaba deseable, sino que además era indispensable. La historia del México contemporáneo ha demostrado que EZLN es un actor político cuya trascendencia no debe ni puede escatimarse. Las dirigencias partidarias y el gobierno de Zedillo se encargaron de que este esfuerzo sincero fracasara.
El clamor de nunca más un México sin nosotros es explicable cuando las comunidades indígenas han sido sometidas a una opresión centenaria, durante la cual han perdido tierras y derechos, aunque no se ha logrado aniquilarlos ni despojarlos de su rica cultura, parte de las raíces de nuestra patria.
Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar convenidos entre el gobierno federal y el EZLN hace 13 años son la expresión de una de las construcciones políticas más importantes de las dos décadas pasadas y son una referencia fundamental en la construcción del México democrático al que aspiramos. No hay ni puede haber avance democrático en México sin su cumplimiento.
Las fuerzas políticas mexicanas tienen el compromiso de poner en juego todos los instrumentos políticos y las atribuciones republicanas a su alcance, por concretar la aspiración y los anhelos de los pueblos indios de México convenidos hace 13 años entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larráinzar.
La cantaleta de Felipe Calderón sobre el narco es también, y sobre todo, una forma de encubrir los vínculos del PAN y del gobierno panista con el crimen organizado y con los cárteles, y es por ello que el gobierno de facto la está acentuando con vistas a las elecciones legislativas de este año.
1. México no había tenido a lo largo de su historia un gobierno tan inepto y de espaldas a la realidad como el de Felipe Calderón, que para paliar su ilegitimidad, su falta de respaldo popular y su impotencia frente a los problemas, no deja pasar ocasión para fotografiarse con los militares y preconizar una guerra contra el crimen organizado que no existe, tratando de aparentar una fortaleza de la cual carece, y olvidándose de que los mexicanos saben bien que su gobierno se instaló tras un fraude orquestado precisamente por diversas facciones del crimen organizado: de defraudadores, traficantes de influencia y lavadores de dinero, y que las campañas panistas se han apoyado tanto o más en el dinero sucio que las de sus aliados priístas, de los cuales busca tomar distancias.
2. Las acusaciones en un principio veladas y después abiertas de Calderón y sus amigos, primero al PRI y a los priístas y luego al gobierno de Vicente Fox, de haber favorecido el narcotráfico, dirigidas en lo esencial por motivos electorales, y que han terminado por revertírseles, se originaron por el nerviosismo de los panistas instalados en Los Pinos, que advierten que a pesar de las groseras manipulaciones con las que están organizando el proceso electoral de 2009, éste se va a saldar por un repudio.
3. Resulta evidente, como tantas veces se ha señalado, que de haber una real lucha contra el narcopoder Calderón habría tenido que proceder penalmente, antes que otra cosa, contra una serie de prominentes empresarios protectores suyos y contra muchos responsables de los bancos y de otras instituciones de crédito, por lavado de dinero, como no lo ha hecho tampoco contra prominentes panistas y priístas amigos suyos, ni contra Vicente Fox y los hijos de Marta Sahagún, sobre quienes existen múltiples evidencias de su vinculación con el crimen organizado.
4. El hecho de que el PAN se hundiese el año pasado en las elecciones locales y municipales como tercera fuerza electoral y que todas las encuestas efectuadas hasta ahora le otorguen sólo 30 por ciento del respaldo de los votantes que irían a las urnas, con más de 10 puntos por abajo del PRI, ha llevado al gobernante espurio a una mayor descomposición anímica y a buscar obsesivamente todos los respaldos y arreglos para mejorar el resultado electoral de los panistas (que sería al fin un referendo sobre su gobierno), para lo cual no ha tenido prurito de intentar todo tipo de acuerdos con el nuevo gobierno estadunidense, que no lo está dejando desamparado del todo.
5. Los gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, han buscado desde la administración de Ronald Reagan someter por completo a México en función de sus intereses estratégicos, para lo cual han buscado que se consolide en el poder económico y político de nuestro país una mafia entreguista, integrada tanto por salinistas y zedillistas como por panistas, profundamente corrupta y vinculada al narco, lo que le ha permitido a la Casa Blanca tener al sur gobiernos mexicanos cada vez más sumisos y fáciles de manipular, pues su propia corrupción y dependencia ante el crimen organizado, como es el caso de la administración espuria de Calderón, los hace extremadamente débiles, máxime si como éste fue impuesto por un fraude electoral grosero.
6. La política del gobierno de Obama, que carece de un proyecto reformista y sólo busca –y sin mucho empeño, por cierto– lavar la imagen de Estados Unidos al exterior, no está siendo por consiguiente diferente. A nadie puede sorprender por ello que el mismo día que Calderón envía a otro traficante a Estados Unidos en un vergonzoso acto entreguista más y en correspondencia el procurador Eric Holder se suelta unas declaraciones de corte bushiano sobre el riesgo que los cárteles mexicanos representan para la seguridad interna de Estados Unidos y el gobernador de Texas demanda más tropas federales para proteger la frontera (La Jornada, 26 de febrero), el Departamento de Estado publique su Informe anual sobre derechos humanos señalando que existen impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno de Calderón, que queda como un trapeador.
7. En México las organizaciones defensoras de los derechos humanos han repetido en múltiples ocasiones que con Calderón se han multiplicado los desaparecidos, que no son sólo los miembros del EPR, y los asesinatos de periodistas; que las fuerzas policiales y militares del régimen cometen cotidianamente todo género de tropelías, y que las cárceles están llenas de presos políticos, no sólo Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT), y sus compañeros, entre ellos el estudiante de derecho Héctor Galindo, sino indígenas y campesinos pobres en todo el país, pero ahora los señalamientos han venido en menos de un mes de la ONU en Ginebra (10 de febrero) y del gobierno de Obama (25 de febrero), en quien Calderón ve su salvación.
8. En nuestro país, millones de mexicanos estiman que Calderón encabeza (al menos formalmente) un gobierno espurio, antinacional y antipopular que viola reiteradamente los derechos humanos y sólo se sostiene por el respaldo de un sector de los medios, del Ejército y del clero, y en el extranjero no es muy diferente la percepción que se tiene del que asume como su mayor orgullo el ser considerado el Uribe mexicano, ignorando que el presidente colombiano es reputado como un genocida.
9. La cantaleta de Calderón sobre la guerra que libra contra el narco está como era de suponerse revirtiéndose contra el propio gobierno panista, que no puede ya llevar al país a un mayor baño de sangre en un afán de supervivencia política y por afanes de propaganda electoral.
10. Un gobierno democrático pugna por resolver los problemas del pueblo y uno espurio como el panista de Felipe Calderón por sobrevivir, utilizando de manera patrimonial para ello todos los recursos del Estado, y una buena parte de la crisis nacional tiene su origen precisamente en ello: en el precio que México está teniendo que pagar por tener un gobierno impuesto ilegalmente por la vía de la fuerza, y cada vez más de espaldas a la nación.
Gabriela Rodríguez: La herencia de un violador Pongámonos en los zapatos de la madre de una niña violada, sólo por un minuto:
“–Cuando vi cómo estaba mi hija, me desesperé y pensé que a ese hombre lo podría yo despedazar, hacerle lo peor. Encontré a Paulina con las piernas sucias de sangre: ‘Mamá, me violó ese hombre’. –¿Cómo? –le dije. –Sí –me dijo. Ora si que como es una niña la desgració. ¿Fue ese el hombre que entró a robar? –Sí, ese fue. Le preguntó que cuántos años tenía y ella respondió que diez. ‘Pues no pareces de diez pareces de más’. Le rogué: Agarra y llévate lo que quieras pero déjanos. ‘Cállate, puta, cállate, porque te voy a matar delante de tus hijos’. Mi niña se quedó quietecita, quietecita pero escuchó todo. El hombre rompió la sábana y me amarró los pies, me puso boca abajo, me jaló los brazos por detrás, los amarró y me tapó la boca. Ya le hizo ‘eso’ a mi hermana y empezó otra vez, se salía y entraba, se salía y entraba. Creí que ya se había ido, pero no, volvía a entrar y nos amenazaba […] A los quince días acompañé a Paulina con la doctora porque no le bajó su menstruación –recuerda María Elena–. ‘Su hija está embarazada’, anunció la doctora. A mí me dio rete harto coraje”. Bueno, yo puedo hacer el legrado, pero necesito la autorización del Ministerio Público (Elena Poniatowska, La herida de Paulina, Planeta, 2007).
Lo que pido al lector al iniciar estas líneas es un acto imposible. Nadie experimenta en cabeza ajena. Y sin embargo, hay que actuar, ante los riesgos que corre cualquier persona, aunque no se hayan vivido en carne propia. Hace 10 años que a la joven Paulina, de Mexicali, le negaron el acceso a un aborto legal, al cual tenía derecho. La engañaron a ella y a su madre, a quienes doblegaron al inventar una alta probabilidad de muerte en caso de someterla al aborto. ¡Mintieron! Cualquier médico sabe que un aborto tiene menos riesgos que una apendicitis. El Estado la obligó a ser madre, y algo peor: a criar y sostener al hijo de su violador, a cargar con esa herencia para siempre.
El actual secretario de Salud, José Córdova Villalobos, y su abogado general, Bernardo Fernández del Castillo, quieren que todas las mexicanas gesten, den a luz, amamanten, críen y sostengan por toda la vida al hijo de quien las violó. Se trata de dos señores insensibles, de dos personas que aunque nunca han parido ni tienen chichis, bien podrían tener un poco de compasión hacia las mujeres mexicanas, o hacia sus hijas, cuando menos, si el interés colectivo no les mueve las entrañas.
Por eso Córdova Villalobos canceló, a última hora, su comparecencia ante las diputadas federales del pasado miércoles. Sabe lo que ellas le iban a reclamar: el intento de modificación de la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046). Dicha norma fue actualizada, consultada públicamente y aprobada el 21 de julio de 2008, y se apega a las leyes mexicanas y a los compromisos internacionales de México: obliga a la Secretaría de Salud a ofrecer la anticoncepción de emergencia (AE) y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las mujeres víctimas de violación. Ahora ellos quisieron sorprendernos con una nueva versión, en la que pretenden eliminar la obligación del Estado y del personal médico de ofrecer específicamente como opción la AE y la ILE a las víctimas de violencia sexual. No se trata solamente de machismo y misoginia, que son desde luego dos de sus pasiones, también es ignorancia y falta de ubicación política.
Solamente unos cuantos países niegan a las mujeres violadas el derecho a un aborto legal, y más bien la tendencia es para autorizarlo en todo el planeta. En nuestro país está despenalizado por esa causal desde hace más de 70 años en todas las entidades, lo que hacía falta era justamente que la norma obligara al Estado a ofrecer el servicio, a fin de garantizar un derecho que era letra muerta. Los funcionarios de salud desconocen que México se comprometió, ante las Naciones Unidas y desde el año de 1994, a garantizar el acceso al aborto seguro de acuerdo con las normas locales, y que actualmente México preside la Comisión de Población y Desarrollo para América Latina y el Caribe, en la cual se evalúan los avances de dichos compromisos internacionales. Tampoco se han enterado de que Barak Obama giró 180 grados la política anti-choice de George Bush y que el país vecino va a dejar de financiar las políticas internacionales que protegían a los fetos y atacaban el derecho a decidir de las mujeres.
Felipe Calderón dio anuencia al involucrar a la consejería jurídica de la Presidencia en los pretendidos retrocesos legales. Los funcionarios panistas nunca han mostrado interés por garantizar una vida libre de violencia para todas, ni para todos, poco les preocupa que seamos el peligroso país de la violencia. Ojalá nunca los violen a ellos ni a sus hijas: sería una dura lección para entender de qué estamos hablando.
Corrupción y delincuencia
Editorial La Jornada
El señalamiento formulado ayer por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, en el sentido de que el gobierno realiza una contabilidad mañosa para usar y abusar con discrecionalidad –y muchas veces en forma inescrupulosa– de los recursos públicos puestos a su disposición, es, más que una revelación, confirmación documentada de hechos que se conocen de antiguo. En efecto, desde los tiempos de las presidencias priístas eran prácticas comunes manipular el presupuesto, desviar partidas a usos distintos para los que habían sido destinadas y cubrir los huecos resultantes con otros recursos públicos, desviados, a su vez, de otros programas, o justificarlos con erogaciones inventadas. Esta suerte de alquimia contable se ha servido desde hace décadas de fideicomisos opacos, subejercicios furtivos y, para emplear la expresión del auditor federal, otros recursos mañosos.
Sería improcedente, pues, atribuir toda la responsabilidad del desaseo administrativo imperante al gobierno calderonista; es preciso señalar, sin embargo, que este desaseo se ha venido incrementando sexenio tras sexenio, independientemente del relevo de siglas y colores que tuvo lugar en el Ejecutivo federal en 2000, y que al fin de cada administración la sociedad ha podido descubrir, exasperada e impotente, indicios de una corrupción monumental e inocultable; por norma, tales hallazgos van seguidos de la ubicación, por parte del gobierno siguiente, de algunos chivos expiatorios que son procesados penalmente en el contexto de una política de control de daños y por la exoneración de la mayor parte de las corruptelas e irregularidades.
La actual administración federal es ejemplo claro de este comportamiento: desde mediados del sexenio foxista surgieron pistas que hacían presumir una vasta suciedad administrativa en el entorno presidencial, que hacía imperativa una investigación a fondo; sin embargo, el calderonismo optó por hacerse de la vista gorda ante las masivas sospechas y por abstenerse de cumplir con su obligación de emprender una pesquisa de oficio; con ello, quedó inexorablemente vinculado a su antecesor y amplios sectores de la opinión pública piensan que entre el guanajuatense y el michoacano se estableció un intercambio ilegítimo de favores: la indebida injerencia presidencial en el proceso electoral para favorecer al candidato oficial y perjudicar a su competidor principal, a cambio de que el sucesor se abstuviera, una vez asumido el cargo, de hurgar en las irregularidades del foxismo.
Los señalamientos expresados ayer por González de Aragón indican claramente que nada ha cambiado en materia de corrupción oficial en lo que va del presente régimen. El auditor dispone de la información requerida para fundamentar una apreciación compartida por muchos, dentro y fuera del país, y coincide con lo asentado en el reciente informe sobre derechos humanos del gobierno estadunidense, en el sentido de que existe una corrupción generalizada en todos los niveles de la administración pública de nuestro país.
El desaseo administrativo, expresado en la privatización ilegal de bienes públicos, es una de las principales rémoras nacionales, una inaceptable manifestación de atraso cívico y político, una carga exasperante para la economía y un motivo justificadísimo de descontento social y de ingobernabilidad potencial. Combatir este flagelo tendría que ser, por ello, una de las prioridades centrales de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio de la nación y no de su grupo faccioso.
Pero, en las circunstancias actuales, la persistencia de la corrupción en las oficinas públicas es un problema particularmente grave por dos razones: la primera es que el país enfrenta una gravísima crisis económica en la que los recursos escasean y su desvío, dilapidación o robo, resulta particularmente lacerante para una población a la que los gobiernos neoliberales han sumido, por décadas, en una aguda estrechez material, si no es que en franca miseria; la otra, igualmente grave, es que cualquier propósito oficial de combatir a la delincuencia y restablecer el estado de derecho se vuelve insostenible e inverosímil en la medida en que son los mismos equipos de gobierno los que dan ejemplo de conductas ilícitas o simplemente inmorales. Por lo demás, es claro que la criminalidad organizada que degrada la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, no puede subsistir y desenvolverse sin un entorno gubernamental descompuesto y minado por la corrupción.
José Fernández Santillán
La espotización de la política
Los ciudadanos comunes y corrientes ya comenzamos a padecer las inclemencias de la temporada electoral: el torrencial de spots en radio y tv que machacan las supuestas bondades de tirios y troyanos. A esta propaganda partidista va aparejada la estrategia de comunicación gubernamental en sus distintos niveles, es decir, federal, estatal y municipal. Aunque se diga lo contrario, está claro que cada gobierno está reforzando su presencia en los medios para ayudar al partido de pertenencia.
El terreno en el cual se escenifica la lucha política se ha desplazado de la discusión de ideas, que es una antigua y siempre actual aspiración de la democracia, a la difusión de imágenes, síntoma del creciente poder mediático. En este último campo se han metido de lleno los principales actores de la vida pública; hacia allá, vale decir, hacia el poder mediático, van dirigidas sus baterías y muchos de los recursos con los que cuentan para obtener los mejores dividendos políticos.
No importa que se degrade la función de los ciudadanos que, en una sociedad presumiblemente democrática, deberían ser impulsados a usar la inteligencia. En contraste, a lo que acudimos cotidianamente es a la proliferación de mensajes instantáneos orientados a la estimulación emotiva, sobre todo en el caso de la tv.
En todo esto hay una paradoja porque, hipotéticamente, los poderes constitucionales deberían mantener bajo control a los poderes mediáticos; pero la realidad es que esos poderes constitucionales caen en las redes de los poderes fácticos en especial cuando se trata de renovar por la vía del voto a las instituciones públicas.
Las decisiones colectivas que, en teoría, deberíamos definir entre todos o a través de nuestros representantes, en los hechos se toman en circuitos restringidos, en grupos estratégicamente más fuertes que el resto de la población. La voluntad de las camarillas se deja ver también en la comunicación de masas. Esto se concreta en spots como cápsulas activadoras de nuestras percepciones inmediatas y no de nuestras capacidades reflexivas. El círculo se cierra cuando aparecen las mediciones en forma de encuestas para ver cuál fue nuestra reacción ante el estímulo recibido.
Se nos trata como conejillos de indias: ante una cierta inducción se espera una cierta respuesta. Viene el spot y luego los resultados de los sondeos para ver cuál fue su impacto en nuestra mente. El proceso culmina en las urnas; pero, como dice Giovanni Sartori en su libro ¿Qué es la democracia?: “Elecciones libres con opiniones impuestas no libres no conducen a nada. Un pueblo soberano que no tiene propiamente nada que decir, sin opiniones propias, es un soberano vacío”. La opinión pública que debería ser la expresión libre de los ciudadanos se convierte en una opinión manipulada por los publicistas. Y, en efecto, ha aparecido un negocio bastante lucrativo que es el “marketing político” como distorsión mercantilista del proceso político democrático.
Convengamos en que el videopoder es una novedad histórica: durante siglos habitamos un mundo de “cosas-leídas”, pero ahora pasamos a un mundo de “cosas-vistas”. Sartori se pregunta con justa razón: “¿Qué sucede al homo-sapiens frente al homo-videns?”. Responde: es obvio que uno debería complementar a otro; pero existe la tendencia a que la imagen tome el mando sobre la imaginación. Es claro que la democracia se nutre del homo sapiens. Si el ser pensante está en peligro también la democracia lo está.
Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes que el gobierno democrático, para su buen funcionamiento, requiere toda la potencia de la educación; pero cuando las élites políticas y ciertos medios se unen en una causa común de enajenación social todo el proceso político democrático corre el riesgo inminente de venirse abajo.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del Tecnológico de Monterrey (CCM)
Víctor Flores OleaEl Estado al rescate27 de febrero de 2009
Comenta la notaLa lección más profunda de la crisis actual es la del perpetuo papel que juega el Estado en la economía. Durante décadas escuchamos que el Estado debía quedar al margen y que no era un “jugador” más, por eso debía privatizarse y entregar la dirección del desarrollo a los particulares, que a través del mercado se “autorregularía” sin falla y que, por gracia de Dios y de “la mano invisible”, acertaría siempre en busca de prosperidad. El fundamentalismo del mercado.
En la actual catástrofe no sólo se ha revelado la mentira de esas afirmaciones, sino se ha hecho evidente la decisión de cubrir la delincuencia que anida en el fondo de un sistema en que sólo cuenta ganar y ganar, y ganar más. Cada vez se sabe mejor que Estados Unidos es la “patria clásica” de tal descomposición.
Para Barack Obama el Estado regresa al escenario como salvador de esta crisis promovida por quienes “trasladaban la riqueza a los ricos en lugar de invertirla en el futuro”.
Obama se propuso convencer al pueblo estadounidense de que su rescate no es para los banqueros y los ejecutivos, sino para el bien común. La ira y la preocupación es que el rescate del sistema financiero no se convierta en algo parecido a nuestro Fobaproa, es decir, beneficio exclusivo a los delincuentes de “cuello blanco” a costa del ciudadano de a pie. El Estado a favor de un “mercado libre”, libre también de atracos e ilegalidades. ¿Es posible?
El plan de rescate de Obama apenas sería un primer paso para resucitar la economía en el corto plazo, que deberá seguir con inversiones a largo plazo que crearán nuevas industrias, empleos y capacidad renovada para competir globalmente. Sin olvidar las áreas fundamentales como energía, salud y educación. A pesar de las dudas de la gente, es notable que Obama aún goce de 75% de opinión favorable, y sobre su gobierno de un índice de aprobación de 63%.
La salvación del mercado y del capitalismo: se ha definido perfectamente el objetivo de las maniobras para superar la crisis en lo inmediato. Aunque ese salvamento pudiera contener algún tiempo aspectos de control que habían desaparecido, pero no un cambio sistémico de sustancia. Tal vez no podía ser de otro modo. Cambiar el sistema requiere primero conciencia organizada que batalle por ese cambio, y tal cosa no está en el actual horizonte de realidades.
Por mi parte, sigo pensando que los movimientos sociales que han surgido en todo el mundo, en alianza con las clases más necesitadas, y en primer lugar con la clase obrera que será la más golpeada por esta crisis, tienen la mayor posibilidad de, en efecto, ir haciendo realidad ese “otro mundo posible” que se busca.
Escritor y analista político
Porfirio Muñoz Ledo
El salario del hambre
bitarep@gmail.com
Estuvo de moda en la segunda posguerra una cinta de Georges Clouzot: El salario del miedo. Sus personajes arrostraban riesgos insólitos a cambio de una paga miserable. Hace 40 años se ha instalado en México una política cleptómana, que ha despojado progresivamente a los asalariados del fruto de su trabajo.
Se ha configurado un “salario del hambre”, que retribuye a los trabajadores sólo una tercera parte de lo que percibían al inicio del ciclo depredador. El salario mínimo —en abierta contradicción con el mandato constitucional— ha perdido 78% de su poder adquisitivo, y el salario promedio, 63% desde 1982.
Al tiempo que abríamos las fronteras a la circulación de mercancías, servicios y capitales aceptábamos limitaciones indignas al tránsito de personas, en vez de incluirlas en el TLCAN, como ocurrió en la integración europea. Las disposiciones laborales de ese instrumento quedaron confinadas en “acuerdos laterales”, sin fuerza obligatoria alguna.
El diferencial de salario básico entre EU y México —que en los 70 llegó a ser de cuatro a uno— hoy es de 15 a uno. La migración se ha vuelto una catapulta transfronteriza que compensa el valor del trabajo en el mercado regional, cuando debiese haberse dispuesto —como en Europa— su igualación gradual a efecto de frenar el éxodo mediante el desarrollo.
Semejante patología es causa eficiente de la crisis. Deprime la demanda, estrecha el mercado interno y castiga a la producción en beneficio de la economía financiera y la concentración monopólica. La salida del atolladero exige una recuperación drástica del salario, que a su vez sería reproductora del empleo y cimiento de la cohesión social.
Entre nosotros la política salarial es una obligación de Estado por disposición de la Constitución. Así, la fijación de los salarios mínimos, aquellos “suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos”. Actuar en contrario es una severa violación del estado de derecho.
Es también imperativo que la rectoría económica conduzca a “una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos y las clases sociales”. Resulta apenas creíble que, al tiempo que se promulgaban estos deberes constitucionales en 1983, comenzaba a imponerse en el país el dictado neoliberal de la desigualdad. La apoteosis de la simulación.
Todo modelo económico reposa sobre un sistema de relaciones de poder. El vaciamiento social de la política económica obedeció a la entronización de tecnócratas que suplantaron los fundamentos populares de la soberanía por la entrega al extranjero de las decisiones estratégicas y la supremacía de los intereses privados. El pecado mayor de la transición fue su incapacidad para transferir poder a los ciudadanos.
Se discuten la extensión, profundidad y duración de la crisis. Menos las transformaciones políticas que requerirían implantar cambios económicos sustantivos. De las grandes depresiones y conflagraciones han emergido nuevos regímenes, como el socialismo, el fascismo y el populismo. También los equilibrios que en su tiempo alcanzó la socialdemocracia.
La era del liberalismo político llega a su fin. Sobre ella se encaramaron los poderes fácticos ahora desacreditados. Se barrunta el surgimiento de nuevos actores colectivos que no pueden ser únicamente el poder mediatizado del sufragio ni los movimientos de masas. El péndulo apunta hacia el robustecimiento de las identidades y poderes locales y hacia una enérgica reaparición de las organizaciones de clase.
En 1938 Keynes escribió al presidente Roosevelt sobre las medidas de recuperación económica: “El crecimiento de la negociación colectiva resulta esencial”. En esa línea, Obama ha reiterado la necesidad de revertir políticas antagónicas al sindicalismo: “No veo a las organizaciones de trabajadores como parte del problema; son parte fundamental de la solución”. Los salarios y condiciones de trabajo efectivamente pactados entre empresas y sindicatos han sufrido, incluso en México, mucho menor deterioro que el resto de las remuneraciones. Los países, desarrollados y emergentes, que han preservado mecanismos de democracia social reflejan tasas más elevadas de crecimiento y mejores índices de recuperación.
Ante la agresión del gobierno contra la estabilidad en el trabajo debe articularse una respuesta eficaz de la sociedad civil y de las organizaciones gremiales. Debe limpiarse ante todo la cloaca corporativa que ha sido cómplice de la explotación.
Ana María Salazar
2018: mundo con drogas
Hoy, 28 de febrero de 2019, es el séptimo aniversario de la legalización del consumo y tráfico de la mayoría de las drogas que se consideraban ilícitas. Y a pesar de esto, la violencia y la inseguridad no podían estar peor. México ya tiene 10 años siendo el país donde se llevan a cabo más secuestros.
Desde el 2011 este país recibió el dudoso reconocimiento de ser también la nación donde más carros se roban. También desde hace cinco años la mayoría de los mexicanos dejamos de usar tarjetas de crédito por el hecho de que nuestro país se convirtió en aquel con más fraude crediticio y robo de identidad.
Han pasado 10 años desde que el ex presidente Ernesto Zedillo, en 2009, hiciera un llamado a la comunidad internacional para despenalizar el consumo de mariguana. A los pocos años se cumplieron sus deseos. Pero no sólo se despenalizó la mariguana, sino la mayoría de los estupefacientes. ¿Cuándo sucedió todo esto?
Fue en 2012, cuando el nuevo presidente, desesperado por los niveles de violencia y porque seis estados de la República llevaban más de un año declarados en estado de sitio, en un arrebato de locura colectiva lanzó una campaña exitosa para legalizar todas las drogas posibles.
La idea era sencilla: replicar el efecto de cuando se levantó la prohibición a la venta del alcohol en EU. Al dejar de vender el producto que todos buscaban en el mercado negro, los precios bajaron y sólo algunos pudieron hacer negocio, el atractivo de hacer algo prohibido se eliminó y aunque algunos cayeron en el alcoholismo, era un costo aceptable. Pero había otra experiencia de la Unión Americana que nos hubiera dado un indicio de lo que sucedería en México. En 1975 se despenalizó el consumo personal de mariguana en Alaska, para 1988 se duplicó el consumo en este estado y en 1999 se volvió a la penalización del consumo de esta hierba.
Desde el 2002 se observaba un incremento importante en el consumo de drogas ilícitas en México, consumo que se reflejó en serios problemas para la sociedad mexicana, incluyendo un incremento importante de criminalidad relacionado a las adicciones. Pero los grupos de crimen organizado empezaron a reinar en esa década. Para el 2012, el año de la despenalización, ya se tenían cifras récords de adictos. Con la legalización, México rápidamente obtuvo niveles de consumo y adicción similares a los que se vivían en EU. La diferencia es que México no tuvo la capacidad de invertir lo suficiente en diferentes infraestructuras para apoyar a los adictos.
Las grandes mafias se adecuaron a las nuevas reglas: ante la baja del precio salieron de la clandestinidad, se instalaron como empresas formales y se dedicaron a hacer volumen de venta para compensar lo perdido.
En lo que respecta a la violencia, lejos de reducirse ante las nuevas libertades y realidades del mercado, las mafias que no pudieron o no quisieron adaptarse se volcaron a secuestrar, asaltar, chantajear, traficar con personas y asesinar, ya que todas estas actividades también son muy redituables, sobre todo si lo haces de manera organizada y en volumen; nos salió el tiro por la culata. Asimismo, EU dejó de preocuparse del gobierno de México porque selló la frontera. Con el uso de tecnología de punta y la militarización de la frontera controlaron a millones de mexicanos que buscaban escapar de la pobreza y la violencia.
El error histórico de México fue tratar de enfrentar el crimen organizado y la inseguridad del país sin haber desarrollado un sistema de justicia penal viable. Lo que el país continúa necesitando son policías capaces, ministerios públicos que sean eficaces en su labor y jueces que puedan enfrentar al crimen organizado. Hoy nos queda claro que legalizar los ilícitos no es la solución a los problemas; sólo fue buscar una salida fácil para evitar hacer el trabajo que se requiere.
Nos habían dicho que los países que habían legalizado las drogas blandas estaban arrepentidos de haberlo hecho; no obstante, ante la desesperación por la violencia pensamos que los mexicanos sí podíamos tener éxito en “regular” la venta de droga.
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Analista política
