.-Ciudad
de México.- Este viernes 19 de diciembre y tras buscar por 24 años
justicia, verdad y dignidad tras el feminicidio de su hija Lilia
Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la tortura y el
asesinato acontecido en Ciudad Juárez, Chihuahua en el 2001, así como
por la falta de protección y prevención hacia su madre, Norma Esther
Andrade, quien enfrentó ataques y amenazas debido a su lucha por obtener
justicia.Este fallo es emblemático, Norma Andrade, es una madre buscadora de justicia, es del grupo de madres emblemáticas en Ciudad Juárez quienes nos enseñaron a mirar desde la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, ella fue de las primeras madres del movimiento de madres en busca de justicia víctimas por violencia feminicida, ella abrió el camino para entender lo que sucedía no solo en Ciudad Juárez donde acontecieron los hechos sino en un país sumido por esta violencia.
Cabe recordar que Lilia García Andrade tenía 17 años cuando fue víctima de feminicidio, en ese momento trabajaba en una planta maquiladora en Juárez, era madre de dos hijos, quienes también nos enseñaron que había un concepto que debíamos incorporar a la justicia mexicana: orfandad por feminicidio.
El 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra salió a trabajar, pero no regresó a casa, por lo que su madre, Norma Andrade, acudió a denunciar su desaparición ante la policía, sin que su denuncia fuera atendida con la debida diligencia, y el 21 de febrero el cuerpo de Lilia Alejandra fue localizado en un terreno baldío con huellas de tortura y violencia.
Norma Andrade se enfrentó de un momento a otro a ser el sustento de sus dos nietos, hija e hijo de Lilia Alejandra, de la noche a la mañana debió enfrentar esta situación, no solo eso, el dolor por el que atravesaban como familia le provocó que su esposo, muriera en poco tiempo y ella quedara a cargo de todos los cuidados así como de buscar justicia, la cual no ha estado exenta de atentados de los cuales ha salido viva.
Ella enfrentó a los gobernadores del estado de Chihuahua quienes la revictimizaron y obstaculizaron la justicia en el caso, quienes también tendrían que ser llamados a rendir cuentas en esta sentencia: Patricio Martínez García (PRI), gobernó de 1998 a 2004, José Reyes Baeza Terrazas (PRI); gobernó de 2004 a 2010; César Duarte Jáquez, gobernó de 2010 a 2016, Javier Corral Jurado, panista, gobernó de 2016 a 2021 y la actual María Eugenia Campos Galván quien asumió el cargo desde el 2021.
No solo eso, también pasó por 9 Fiscales de Justicia de la entidad, 5 presidentes de la República: Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum quien asumió el cargo en el 2024, pero tampoco pudo hacer la diferencia en este caso y ese en su sexenio que se logra la sentencia condenatoria.
La resolución
Tras esta resolución, Norma Andrade señaló, con conmoción y entusiasmo, en conferencia de prensa, que la sentencia es satisfactoria y representa un “logro” de su lucha colectiva, la cual llega 24 años después de iniciar la búsqueda de justicia por su hija, agotar todas las instancias del país, sobrevivir a dos atentados, criar a sus dos nietos, hijos de Lilia, dejar su profesión para convertirse en defensora y verse obligada a desplazarse de su lugar de origen.
Este fallo favorable representa un logro histórico, al tratarse del cuarto caso en el que interviene la Corte Interamericana para exigir al Estado mexicano una actuación eficaz frente a los feminicidios. Las sentencias previas emitidas por la Corte corresponden a los casos del Campo Algodonero, ocurrido en Ciudad Juárez, el de Digna Ochoa y, recientemente, el de Ernestina Ascencio.
En la sentencia de Andrade, la Corte IDH estableció la responsabilidad por la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad por la falta de una debida investigación de los hechos sufridos por Lilia Alejandra, las violaciones contra sus padres, Norma Andrade y José García, así como por las afectaciones a sus hijos, Jade Tikva y José Kaleb, a su derecho a la protección familiar y de la niñez y sobretodo el derecho a la verdad.
Es importante precisar, que uno de los principales señalamientos tanto de Norma Andrade como de su equipo legal, pertenecientes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, era vislumbrar que el caso de Lilia Alejandra, se relaciona con otros casos de feminicidio cometidos en esta misma época, lo que evidenció un patrón sistemático de feminicidio serial, nunca antes documentado en el país.
Sin embargo, durante 10 años la investigación estuvo a cargo de varias fiscalías sin avances significativos. Al cabo de un largo proceso marcado por una falta de debida diligencia por parte de las autoridades y de dudas respecto a la integridad y la exhaustividad en el análisis de la prueba, en 2023 se inició un proceso contra M.N.R. como principal sospechoso del feminicidio de Lilia Alejandra en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, actualmente en curso, pues no se ha logrado una sentencia.
Derivado de las series de omisiones que se han presentado desde hace más de dos décadas, la Corte consideró que el Estado, en la búsqueda y en la investigación sobre estos hechos, no desarrolló medidas que implementaran un enfoque de género ni que tomaran en cuenta los distintos factores de vulnerabilidad que confluían en el caso de Lilia Alejandra.
Asimismo, la Corte concluyó que Lilia Alejandra fue víctima de tortura sexual y señaló que, aunque no se ha identificado con certeza a los responsables directos, la falta de una búsqueda diligente por parte de las autoridades, pese a conocer su desaparición en un contexto de violencia sexual contra las mujeres en Ciudad Juárez, evidenció una actuación negligente y omisa.
Además, el Tribunal concluyó que, al momento de los hechos, el Estado carecía de una estructura institucional y normativa capaz de responder al contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, un entorno que facilitó la violación y el feminicidio de Lilia Alejandra, lo cual impidió que se actuara con la debida diligencia reforzada para prevenir la violencia de género y para adoptar medidas efectivas orientadas a su prevención, sanción y erradicación.
Si bien, se reconocieron los avances logrados por el Estado a partir de la sentencia del Caso Campo Algodonero, advirtió que aún persisten deficiencias en la eficacia de las medidas normativas e institucionales implementadas.
Esto se evidencia con el contexto de violencia que aún enfrentan las mujeres en Chihuahua, pues tan solo entre enero y octubre de 2025 se registraron 217 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 41 fueron tipificados como feminicidio, lo que coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional en este tipo de delito, solo por debajo del estado de México, Sinaloa y la Ciudad de México, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) ha señalado que son en su mayoría las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación.
Medidas de reparación
Ante esta evidente falla del Estado, la Corte IDH ordenó diversas reparaciones tales como: continuar con las investigaciones de los hechos en contra de Lilia Alejandra García Andrade y Norma Andrade; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; realizar diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones, así como mejorar la implementación y armonización del Protocolo Alba y tomar medidas en favor de la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres y de las madres de víctimas de feminicidio.
Asimismo, la Corte ordenó integrar formalmente en la legislación mexicana los conceptos de “madres buscadoras”, “personas buscadoras” y “madres de víctimas de feminicidio”, con el fin de garantizar que estas personas puedan acceder de manera efectiva a los mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
La audiencia de marzo 2025
Wendy Rayón
En marzo de este 2025, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos inició la primera parte de la audiencia «García Andrade vs México», que se pudo escuchar de viva voz los argumentos de Norma Andrade y las contra respuestas presentada por el Estado mexicano a cargo del abogado Fernando Romero Pérez de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua quien, en la última parte de la sesión, mostró tropiezos importantes en defender las acciones de las autoridades chihuahuenses.
Con una duración de 3 horas con 15 minutos esta primera parte de la audiencia mostró una apertura favorable para Norma Andrade y su equipo legal constituido por la abogada Karla Michel y David Peña.
Durante la intervención de Andrade, fue Karla Michel la responsable de liderar la entrevista y exponer los ejes fundamentales ante la CoIDH: Las omisiones en la investigación de la muerte de Lilia García, el fallo en brindarle protección a Norma Andrade luego de vivir 2 intentos de homicidios y la forma en que la desaparición – feminicidio de las madres implica un recrudecimiento en la vulnerabilidad de las hijas e hijos de las víctimas; misma, que el Estado nunca ha reconocido.
Luego de una extensa intervención de Norma Andrade, por primera vez en los 24 años de lucha desde el feminicidio de su hija, pudo narrar de viva voz las inconsistencias en el caso, cómo su vida cambió por completo y la manera en que tuvo que cargar en sus hombros toda investigación para dar con los responsables.
Después tomó la palabra Fernando Romero Pérez quien salió en defensa del trabajo del estado de Chihuahua bajo un argumento que, no sólo fue repetitivo, sino también, terminó por mostrar una endeble acción: «Chihuahua no contaba -en 2001- con la infraestructura suficiente para llevar el caso».
Arrancando la audiencia y en la presentación de motivos, fue Cristina Blanco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien sentenció que, en el informe de fondo de la CIDH se tenía ya un registro de lo que sucedía en Ciudad Juárez y que ha sido plenamente reconocido por la Corte desde la sentencia por el caso Campo Algodonero.
Por ello, Blanco externó que el Estado era responsable pues, a pesar de saber lo que sucedía en Chihuahua, no se agilizó desde un primer momento para encontrar a Lilia Alejandra Andrade; no tomó ninguna medida, a pesar de que la mujer permaneció con vida al menos 5 días antes de su feminicidio.
«El Estado violó el artículo número 7 de la Convención Belem do Pará, por ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que Norma y los dos hijos de Lilia también sufrieron los estragos de la violencia. El presente caso muestra la persistencia de los mecanismos para dar fin a la violencia de mujeres en Ciudad Juárez. El 20 de noviembre del 2021 se notificó al Estado 8 prorrogas, pero las víctimas nunca obtuvieron una reparación integral, por lo que se giró a la CoIDH que hoy, tendrá la oportunidad de reconocer la violación sexual como tortura, los contextos de grave violencia y, además, los impactos en las familias ante casos de desaparición de mujeres».
Norma
Andrade también acotó que su hija se había convertido en madre a una edad muy temprana y aunque existió la posibilidad de una interrupción del embarazo, Lilia nunca estuvo de acuerdo en ello y acordaron que se haría responsable de los gastos del bebé; trabajaría y estudiaría para sacar adelante a su hija.
«Al momento de su asesinato, Alejandra trabajaba en una maquila para sacar adelante a sus dos hijos, era madre de dos pequeños. Jade García de 1 año 8 meses y de José Caleb de 5 meses de nacido. Estaba estudiando la preparatoria, su papá, José García Pineda y yo, teníamos el acuerdo de que, si sacaba buenas calificaciones en la prepa, nosotros absorberíamos los gastos de sus dos hijos para que pudiera estudiar la universidad», dijo Norma Andrade.
Sucintamente, su defensa Karla Michel le pidió a Norma narrar cómo aconteció el secuestro y asesinato de Lilia y la forma en que su trabajo de búsqueda comenzó. De esta forma, la madre de Lilia García Andrade le explicó a las y los jueces que su hija había salido un 14 de febrero del 2001 a las seis de la mañana con dirección al trabajo; cumplía una jornada de 12 horas y usualmente, llegaba a casa a las 10 de la noche, sin embargo, ese día no llegó.
Norma Andrade explicó que toda esa noche la dedicó a contactar a las amistades de Lilia y la respuesta era la misma: dijo que se iría a casa.
El 15 de febrero, Norma se dirigió a la fiscalía y les pidió levantar una orden de búsqueda, la cual fue rechazada pues debía esperar 72 horas. Las autoridades le señalaron que, si quería, mejor «fuera a buscarla ella». Así lo hizo, la buscó en comandancias, en los hospitales, en las delegaciones y entre sus conocidos; fue un día extenuante de búsqueda y preguntas.
No fue hasta el 16 de febrero que la fiscalía por fin aceptó girar una orden de búsqueda, sin embargo, mientras se realizaba el proceso uno de los agentes le dijo: «Ay señora, ¿para qué se hace tonta? Su hija ya no la aguantaba, por eso se fue, porque la tenía en el puño». Asimismo, le plantó en la cara que tenían más de 2 mil desapariciones y que sólo eran dos agentes de investigación; «ahí entendí que no iban a buscarla», contó Norma.
Ante estas respuestas indolentes de las autoridades, Norma y su familia crearon volantes con el rostro de Lilia. Fueron repartidos en centros comerciales, en las calles, en las plazas públicas, lo llevaron a la televisión y a la radio. Para este momento ya habían pasado 5 días de la desaparición de su hija y siendo 20 de febrero, se mostró una primera pieza que terminó por reventar que, en efecto, las autoridades nunca hicieron nada por atender la crisis de desapariciones en Ciudad Juárez y menos, por dar con el paradero de Lilia Andrade.
«El 20 de febrero en un noticiario habló la señora Martha Barragán diciendo que un día antes el 19 de febrero en la noche había hablado a la policía porque desde el garaje de su casa vio cómo unos sujetos golpeaban a una jovencita semi desnuda, alta, de pelo largo y lacio y que se veía que la estaban violentando. La señora refiere que la policía llegó 2 horas después de que hizo la primera llamada y cuando finaliza la llamada, la mujer dice: a ver si no la encuentran asesinada después. El 21 de febrero es encontrada mi hija. Justo a 500 metros de donde Martha Barragán dijo que estaban golpeando y torturando a una jovencita. La necropsia dice, que Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada, murió por estrangulamiento y tortura sexual.», señaló Norma.
Cambio de paradigma
Sobre el caso de Lilia García se abrieron 8 líneas de investigación, tardaban años en hacerse y sorprendentemente, ninguna dio en el clavo debido a inconsistencias. Como, por ejemplo, cuando se apuntaba a un hombre de apodo «Tyson» quien, de hecho, se encontraba preso desde 1999.
Sólo 7 años después, en el 2008 todas y cada una de las líneas de investigación comenzaron a cerrarse, una a una, y con ella, las posibilidades de justicia; no había responsables y tampoco nada que apuntara a quiénes cometieron la tortura y el feminicidio de Lilia.
«Se solicita un reprocesamiento de todas las investigaciones dándonos como resultado la identificación de otro material genético, la muestra 1666 / 700, estas dos muestras se corren en la base de datos en la fiscalía de Chihuahua y nos da un match con una muestra de un funcionario público quien fue asesinado en 2010 de nombre Enrique Castañeda [existía compatibilidad genética, lo que apunta a que el responsable era un masculino de la familia Castañeda, más no el propio Enrique*]. Gracias a estas pruebas de ADN me doy cuenta de que (Lilia) no fue la única asesinada por estos agresores, sino que hubo 3 chicas antes y una después de Alejandra, a este grupo se le tiene vinculado a 4 casos», dijo Norma.
La presión comenzaba a apretar al gobierno de Chihuahua; un grupo de violadores y asesinos seriales había operado en total impunidad en Ciudad Juárez, y no sólo eso, existían elementos suficientes para saber que, al menos uno de ellos, estaba relacionado con un funcionario público de la ciudad. Y aunque Norma cada vez se mostraba más incisiva para dar con respuestas, su lucha se frenó momentáneamente cuando en 2011 recibió 5 impactos de bala en pecho y hombros.
Fue llevada a un hospital y posteriormente, ingresada a un hospital privado por órdenes del gobierno; sin embargo, sólo 3 días después, sería -en palabras de Norma Andrade ante la CoIDH- «literalmente echada a la calle», porque el hospital recibió amenazas de que asesinarían al personal médico si continuaban dándole atención.
Norma es desplazada forzosamente de su ciudad natal, tomó sus cosas y la de sus dos nietos y migró, donde apenas un par de meses después, y en ese nuevo hogar presuntamente oculto, fue apuñalada en el cuello.
La evidencia de los cuidados, el trabajo de buscar justicia y los cambios de vida
Los cambios de vida de Norma fueron asunto de discusión entre ella y el juez Diego Moreno Rodríguez quien expresó su admiración a su valentía y a los cuidados de su nieta y nieto.
«De abuelos, volvimos a ser padres, yo tenía 2 trabajos, maestra de profesión y renuncié al otro para cuidar de mis nietos y exigir a las autoridades. Lamentablemente, José [García*, su esposo] no pudo superar la perdida de [Lilia] Alejandra y muere de cáncer a los 2 años del asesinato de su hija, fueron dos pérdidas enormes y, aun así, me hice cargo de mis nietos. El día del funeral de José estaba en la funeraria cuando fueron por mí a sacarme y me llevaron al DIF para saber si yo podía hacerme cargo de mis nietos. De las aulas, tuve que salir a las calles a exigir justicia y empezar a investigar el asesinato de mi hija, me di cuenta de que yo sola no soy nadie y me uní a otras compañeras, donde constituimos un grupo (…) nos dimos cuenta de que teníamos qué capacitarnos porque si no las autoridades se burlaban de nosotras, nos ofendían, nos amenazaban, nos perseguían, robaban nuestros expedientes y vivíamos allanamientos», narró Norma ante Moreno Rodríguez.
¿Qué espera usted de esta Corte?: «Primero espero una sentencia favorable para Alejandra, pero también, para todas las mujeres y niñas de México, quiero tener la certeza de que mis nietas salga a la calle y volver a casa, que cualquier jovencita puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada, por eso espero una sentencia favorable.
Que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos porque mientras sigan libres van a seguir asesinando. Hoy me tocó estar aquí a mí, pero yo no estoy sola, a Norma la acompaña Ramona, Soledad, Irinea que son madres como yo que tienen una hija asesinada. Ellas también esperan una respuesta favorable.
Esperamos que se ordenen políticas públicas para las niñas y niños que quedan huérfanos, que puedan desarrollarse plenamente. Que esta honorable corte obligue al Estado a aceptar su omisión para con ellos y que haga lo que tenga que hacer para que nuestros niños crezcan alegres» le respondió Norma al juez Moreno Rodríguez.
¿Cómo esto ha afectado su vida? «Ahora [los nietos] son adultos jóvenes de 24 y 25 años. Ellos tenían 5 meses de nacido y 1 año 8 meses cuando asesinaron a su mamá, crecieron entre mítines, marchas, mesas de trabajo, aportaciones de líneas de investigación, pero ellos ahí eran unos niños alegres, sociables, platicadores y crecieron todavía sanos hasta que presenciaron mi intento de asesinato, todo cambió, porque aprendieron a vivir con miedo, el miedo a que volvieran a intentarlo y ahora sí lo lograran.
Jade requirió más de 10 internamientos psiquiátricos por crisis de ansiedad e intentos de suicidio porque no lograba procesar lo que estábamos viviendo, porque los 2 atentados fueron cercanos y ella los presenció».
«Muchas consultas médicas, psiquiátricas y muchas terapias. Caleb de ser un niño alegre se convirtió en un niño huraño y violento, desarrolló fobias, empezó a tener miedo a dormir, generó miedo y se culpaba por no poderme proteger. Cuando internaban a Jade yo me tenía que ir al hospital y Caleb quedaba solo, entonces, quienes se quedaban con él eran los escoltas; él se quedaba encerrado. El miedo de que me hagan algo aún prevalece. Aún antes de esta audiencia Jade me dijo: «Estoy cansada de que mi mamá tenga que seguir buscando, que mi mamá vaya a acompañar a otras madres, tengo miedo de que le hagan algo por seguir ayudando», expresó Norma.
Estas últimas dos intervenciones representan un punto clave para dimensionar los impactos del feminicidio en nuestro país y ante la apertura evidente de las y los jueces de la CoIDH se infiere la urgencia de que México desarrolle un mecanismo para atender la salud mental, económica, educativa, de alimentación y cuidados de las personas en situación de orfandad derivado de un feminicidio – desaparición.
La palabra de Norma Andrade nos atañe a toda la población y fue contundente en exponer, a través de sus vivencias, que esto no sólo es una lucha por Lilia Alejandra, sino por todas.
Antes de avanzar con los alegatos de la defensoría del Estado se necesita entender la participación de 2 sujetos y el por qué, el meollo terminaría por explotar entre tropiezos y una clara evidencia de que existen discrepancias, orillando, incluso, a la jueza Verónica Gómez a sostener que no había entendido ningún argumento: Manuel Navarro Rivas y el hombre de apellido Castañeda.
Asimismo, entender que el caso de Alejandra está presuntamente ligado al de Rosa Icela de 14 años asesinada en el 95; Iveth Sánchez de 13 años asesinada en el 96 y Coral de 16 años asesinada en el 2005. En el caso de 2 de ellas, ya hay una persona detenida y sentenciada a 100 años de prisión, sin embargo, este hombre de nombre Manuel Navarro nunca figuró en la carpeta de investigación de Lilia Alejandra, por ello, Norma Andrade rechaza que se le intente adjudicar a este hombre como responsable de la muerte de su hija; no ha permitido que se le dé carpetazo, pues no cuenta con ninguna prueba de ADN que se ligue con Lilia.
«Presuntamente es el asesino de Alejandra y digo supuestamente, porque este señor nunca figuró en las líneas de investigación. Se llama Manuel Navarro Rivas y nunca se le hizo prueba de ADN, se le detiene y hasta la fecha, al menos en el caso de Alejandra, no hay información para cotejarlo. Para mí es un culpable fabricado porque no hay ninguna prueba de ADN para decir: Este es al agresor de Alejandra.», apuntó Norma.
¿Y qué pasa con Castañeda quien sí tiene coincidencia con los residuos biológicos encontrados en el cuerpo de Alejandra?: Es desconocido.
Finalmente, Norma Andrade zanjó su participación advirtiendo que, actualmente, las cosas están aún peor que hace dos décadas; 11 mujeres asesinadas es una cifra imposible de contener.
«Los asesinatos siguen y las desapariciones también. Yo digo que ahorita estamos peor que antes, públicamente cuando empezamos a denunciar se hablaba de 3 asesinatos, ahorita, se habla de 11 mujeres asesinadas al día. No voy a negar que se han creado leyes, instituciones, que el gobierno ha hecho un aparato para resolver la situación porque no lo voy a negar, pero aun así, con la infraestructura no se han frenado ni las desapariciones, ni los asesinatos, incluso los asesinatos de madres buscadoras.», mencionó Norma.
El caso de Lilia Alejandra ha pasado por 9 fiscales, 17 ministerios públicos, 8 policías de investigación, es decir, no ha habido un agente que siga la investigación de forma sostenida. Hasta que llegó el licenciado Romero quien desde el 2016 tiene la investigación y quien, momentos más tarde, fungiría como el defensor del Estado.
El caso de Lilia Alejandra García Andrade es emblemático y deja un legado fundamental para las mujeres que habitan México, así como para la región de América Latina, este fallo deja un precedente más, no obstante este importante fallo de la Corte IDH, será preciso seguir la información para conocer cómo enfrentará el Estado mexicano esta resolución y cómo vindicará a las víctimas, otorgar medidas de reparación, garantías de no repetición y las modificaciones de ley para que esto no vuelva a repetirse.
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