LA JUSTICIA MEXICANA ESTA DE LUTO

Editorial.La Jornada

Infamia en la Corte

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.

De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.

La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.

El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.

No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.

Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.


Tiempos de Nigromante

de Arturo Rueda
artrueda@laquintacolumna.com.mx

No habrá final feliz

El peor error de la inteligencia es negar la realidad. El fallo exoneratorio de la Suprema Corte de Justicia, como ciudadano, me indigna; como abogado me convence dada la debilidad de la concatenación probatoria del proyecto elaborado por Juan Silva Meza; y como analista político me sorprende por la alta eficiencia del marinismo para aprovecharse de la necesidad de Felipe Calderón de cohabitar con el PRI para medio gobernar el país. La palabra se honra y los acuerdos se cumplen. La habilidad política de Marín para nadar en las cañerías del sistema político le permitió, también, aprovechar la descomposición interna del máximo tribunal del país y que se evidenció en la votación dividida de los ministros que alimentará a quienes creen en la acción concertada de las autoridades poblanas en contra de Lydia Cacho. Cualquiera que sea la interpretación y los costos de la decisión, el hecho es uno solo: la Bestia Negra ha muerto.

La actuación del máximo tribunal del país es, sencillamente, vergonzosa. No solo por la inversión de tiempo y esfuerzo que dedicó la Comisión Investigadora en casi año y medio de intervención en Puebla, sino porque hemos visto a unos ministros más pendientes de los criterios políticos que jurídicos. Todos, todos, cometieron el mismo error. Los seis que votaron a favor de Marín y los cuatro que sufragaron en contra.

Bandos que atendieron siempre intereses inconfesables. Los grandes villanos sí, son los evidentes Mariano Azuela, Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, que en cada sesión se dejaron el pellejo en la defensa del gobernador poblano. Pero no es menos inocente el ministro autor del proyecto inculpatorio Juan Silva Meza, que puso el hígado por delante en lugar de la lógica jurídica.

Me pesa como ciudadano pero lo creo firmemente como abogado: desde que tuve las mil doscientas cuartillas del dictamen consideré que era un bodrio indigno de un ministro de la Corte. Así lo escribí y lo sigo sosteniendo. Fundar la responsabilidad colectiva de las autoridades poblana en el cruce de las llamadas telefónicas entre funcionarios de segundo y tercer nivel, en los momentos claves del caso, era simplemente absurdo. ¿Qué el particular de Pacheco Pulido y el de Marín hablaron el 16 de diciembre, día de la detención de Cacho? Es cierto. ¿Qué trataron el tema de la periodista? Tan puede que sí como puede que no. A lo mejor hablaron para poner de acuerdo las agendas o probablemente para darle indicaciones sobre cómo debía actuar Rosa Celia Pérez Guzmán. El problema es que no tenemos cómo saberlo. El cruce de llamadas no ofrece ninguna certeza. Y sin certeza, no hay pruebas.

Silva Meza falló al hacer personal el caso Marín-Cacho y apasionarse en la causa de la periodista. El mismo error cometió Genaro Góngora Pimentel, quien hizo más de porrista que de ministro. Mejor la dupla se hubiera concentrado en hallar una prueba directa en contra del gobernador poblano, y no tratar de violentar el Estado de Derecho al atribuir calidad probatoria a la famosa conversación Marín-Kamel, prohibidísima por el artículo 16 constitucional. Es cierto: si las autoridades poblanas cometieron el pecado de tráfico de influencias, nunca iban a dejar pruebas escritas o documentales. Pero de ahí a tratar de probar la responsabilidad de Marín fundándose en un desplegado publicado por Nacif en El Universal, o una documental privada del cruce de llamadas, era algo demasiado aventurado. Pagaron el costo de su inocencia. Por eso Salvador Aguirre y Mariano Azuela se solazaron en su desgracia.

Tampoco es menos culpable la ingenuidad de Lydia Cacho que se dejó engañar por su abogado Xavier Olea, a quien algunos cercanos al entorno de la periodista acusan de prevaricato. Vaya, se vendió a la causa de las autoridades poblanas. A propios y extraños sorprendió que en el día más importante de su caso, nadie, nadie de su equipo se presentara en la Suprema Corte para intimidar a los ministros o por lo menos hacerles más difícil la tarea sucia. El equipo jurídico de los Olea deslizó que se trató de una estrategia, para nadie supo si era en beneficio de su defendida o de sus contrarios. Con la plaza vacía, Alonso Aguilar Zínser, Fabián Aguinaco Bravo y Ricardo Velázquez se apropiaron del terreno y facilitaron las cochinadas de la piara encabezada por Aguirre Anguiano.

El marinismo, por último, asestó la puñalada final de forma apoteósica. Como estrategas, mi más alto reconocimiento. Nunca nadie imaginó que sería una mujer precisamente la que hundiera a Lydia Cacho. La asesina tiene nombre y apellido: Olga Sánchez Cordero. La ministro había votado en todas y en cada una de las sesiones en las que se trató el caso en contra de los intereses del gobernador poblano. Siempre había alineado en el equipo de los progresistas, pero de última hora se volteó y dejó en inferioridad numérica a sus ex amigos. Aquí y en China eso recibe un nombre: traición

Los acuerdos se cumplen. A lo largo de todo el año, y especialmente en los últimos meses, en este espacio detallamos el juego de posiciones que tuvieron Marín y Calderón. De un inicio de año turbulento por gélido al paulatino reestablecimiento de relaciones a partir del 4 de mayo, punto de inflexión entre ambos personajes. De igual forma detallamos el punto culminante del acuerdo, cuando Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón anunciaron la buena nueva de que el caso en la Corte sería retomado hasta el 11 de noviembre, lo que nos llevó a anunciar en exclusiva el pacto Marín-Calderón del que hoy todo mundo habla.
Repito: como ciudadano estoy asqueado. Todo ha sido un espectáculo grotesco. Desde todos los bandos.

No hay buenos ni malos. Simplemente, como en la mejor novela de Paco Ignacio Taibo II, no habrá final feliz.

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La decisión de la Corte,

jurídicamente inaceptable,

afirman constitucionalistas

El abogado de Lydia Cacho Ribeiro prevé que la procuraduría cerrará el caso
Alfredo Méndez

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió ayer la oportunidad de demostrar que en nuestro país no existe impunidad” y, por el contrario, “dejó en claro que el poderoso siempre tendrá la razón y pasará por encima de quien sea”, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de Lydia Cacho Ribeiro.

En entrevista telefónica, el penalista aseguró, sin mencionar nombres, que hubo ministros que de último momento cedieron a “presiones políticas” y cambiaron el sentido de su voto.

El pasado martes, cuando inició la discusión del caso, las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos dejaron entrever que avalarían el dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, pero ayer cambiaron de parecer y votaron con el bloque que determinó absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Por otra parte, los constitucionalistas Raúl Carrancá y Rivas, Elisur Arteaga Nava y Clemente Valdés lamentaron la decisión de la Corte, que falló en favor del llamado góber precioso.

Entrevistados por separado, consideraron que los costos políticos para la Corte serán graves, porque afectarán su credibilidad. Además, sienta precedente de lo que podría ocurrir en el caso de la investigación que realiza una comisión de ministros en Oaxaca por presuntas violaciones a las garantías individuales que se imputan al gobernador Ulises Ruiz.
Carrancá refirió que estuvo pendiente de la sesión sobre el caso de Lydia Cacho, y por eso “sostengo que es una barbaridad el argumento de la Corte; es inaceptable jurídicamente que los ministros hayan dicho que no podían avalar como prueba una grabación (entre Marín y Kamel Nacif) porque es contraria a derecho; ¿entonces qué?, ¿lo que ahí se dijo no existió?
“El contenido de esa llamada representa hechos reales; la Corte no iba a procesar a nadie, sólo a señalar moralmente la gravedad de esos hechos. Sólo faltó que nos dijeran: ‘eso (la llamada) no lo oíste’. ¿Cómo que no lo oí? ‘Sí, no lo oíste porque fue grabado ilegalmente’. Y eso es una barbaridad. Admito que la grabación fue ilegal, pero lo oí, todos lo oímos, y ahí el derecho no puede contradecirse y resolver que no existió lo que sí aconteció. Con esto la Corte pierde credibilidad.”

Elisur Arteaga también consideró que la SCJN pagará un costo político muy alto, porque los ministros no dejaron satisfechas las expectativas que generaron cuando determinaron ejercer su facultad de atracción del caso Cacho-Marín.

“Una investigación de esta naturaleza tiene alcances limitados; aunque la Corte sí tenía posibilidades de hacer un pronunciamiento no vinculante (contra el gobernador de Puebla), por alguna extraña razón que desconozco no lo hizo.”

Clemente Valdés manifestó que “(la resolución) es lamentable y desde el punto de vista procesal es totalmente inadecuada; en el otro aspecto (constitucional), éste nos lleva a una situación diferente, porque lo que está en juego no es la defensa de las libertades fundamentales o garantías constitucionales de una persona profesional del periodismo; tampoco están en juego las arbitrariedades cometidas con ella (Lydia); lo que está en juego es si un gobernador que tiene el control de sus empleados estatales puede, de manera totalmente impune, hacer lo que quiera dentro de su territorio y puede pedirle a otro señor feudal que domina en otro estado del país que le empaque y le envíe a alguna persona para que él pueda hacer lo que quiera con ella”, indicó.

Para Xavier Olea, la resolución de la Corte abona el camino para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR), pueda justificar su intención de decretar el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios estatales y policías judiciales que tuvieron comunicación entre sí para coordinar la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2006.

Aseveró que la PGR terminará por enviar un desglose de los hechos a las procuradurías de Quintana Roo y de Puebla para que realicen sus propias pesquisas sobre la existencia de posibles delitos del fueron común cometidos contra Lydia Cacho, “y cuando esto ocurra, ni modo que se castiguen entre ellos; cerrarán el caso”, puntualizó.

Para Olea quedó claro que la Fevim, que encabeza Alicia Pérez Duarte, mantuvo congelada la averiguación previa que se inició a partir de la denuncia que presentó Cacho Ribeiro por presuntos actos de tortura sicológica en su contra durante el tiempo en que estuvo detenida en Cancún y trasladada a un penal de Puebla.

Olea Peláez recordó que la fiscal especial ya tenía en 2006 una conclusión previa, mediante la cual buscaba solicitar la aprehensión de los policías que capturaron a Lydia Cacho, pero el ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, primero, y después el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, le ordenaron no consignar el expediente hasta que la Corte se pronunciara sobre el caso.