Contra derecho, su adición a Ley de Asistencia Social: IPAS
“Tramposa” iniciativa del PAN pretende frenar acceso a la ILE
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 15 feb 08 (CIMAC).- A través de diferentes “estrategias”, el Partido Acción Nacional (PAN) continúa su intento por frenar el acceso de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ahora con la adición a la fracción X del Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, que pretende que los Sistemas para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) “y otras instituciones de asistencia social brinden asesoría y orientación” a mujeres embarazadas.
Ante la próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a la ILE, esta Iniciativa ya es analizada por organizaciones civiles en derechos sexuales y reproductivos quienes han señalado que pretende disuadir y limitar el derecho de las mujeres a decidir.
La propuesta es de la diputada panista Mirna Cecilia Rincón Vargas --turnada para su estudio, con un dictamen de primera lectura y turnada para su análisis en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en San Lázaro-- y señala que los servicios de Asistencia Social: “brindarán servicio de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención de abortos, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Promoverán “acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario y los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral”.
El argumento de la legisladora panita es que al incluir dentro de los servicios básicos de salud, en materia de asistencia social, el apoyo a mujeres en periodo de gestación que “enfrenten dificultades”, logrará disminuir las “prácticas abortivas” y el índice de mortalidad materna por esta causa.
INICIATIVA IDEOLÓGICA, NO CIENTÍFICA
Esta argumentación de Mirna Cecilia Rincón hace de esta iniciativa, según la organización civil IPAS México en un análisis, que sea “innecesaria, engañosa, contraria a derecho y tramposa”.
Es engañosa, enfatiza, ya que por definición todos los procesos de orientación y consejería van dirigidos a fortalecer la toma de decisión libre, responsable e informada de las mujeres, “nunca deben de servir para empujarla a una opción predeterminada”.
Es innecesaria, dice, porque la orientación y apoyo para mujeres en periodo de gestación va en los servicios de atención prenatal e incluye orientación nutricional, los cuidados prenatales, signos de alarma, entre otros.
Y es contraria a derecho, subraya IPAS, porque de acuerdo al Código Penal vigente en cada entidad federativa, en muchos casos a las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad se les debe de ofrecer información sobre su derecho a la ILE, en particular las mujeres que han sido violadas y que sean menores de edad y las mujeres en las cuales el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud.
La considera tramposa, agrega, porque los argumentos de salud mental que se esgrimen en la exposición de motivos “son intencionalmente sesgados” y reflejan una estrategia explícita que la oposición ha usado en México desde hace años y que se ha recrudecido en meses recientes, a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la cual consiste en “intentar documentar presuntos daños a la salud como consecuencia del aborto inducido”.
IPAS destaca en su análisis que el aborto practicado en condiciones seguras y legales no afecta la fertilidad futura, mientras que si el procedimiento se realiza en condiciones inseguras puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto genital, útero, trompas de falopio y peritoneo además de que pone en riesgo la vida al tiempo que negó que aumente el riesgo de cáncer de mama.
Finalmente, IPAS destaca que el estudio finlandés STAKES, en el cual la diputada panista “sustenta” su argumentación y que destaca que las mujeres que interrumpen un embarazo tienen un riesgo de morir por causas violentas como suicidio, homicidio y accidentes muchas veces mayor que las que ya dieron a luz, lo cual “ha sido usado erróneamente en el debate sobre el aborto que se da en nuestro país”.
IPAS ha señalado que en consulta vía correo electrónico con el autor de este estudio, Mika Gissler, éste señaló “que había sido informado por su embajada (finlandesa) en México de que nuestras publicaciones han sido usadas indebidamente en su debate sobre aborto”.
Y agrega el especialista, “el estudio STAKES demuestra que el aborto inducido y las muertes violentas comparten factores de riesgo comunes, no que hay una relación de causa-efecto entre los dos eventos”.
COERCIÓN Y PERSUASIÓN
En tanto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha señalado que las instancias de asistencia social no deben ser utilizadas como medidas de coerción o persuasión a las mujeres que tienen derecho a un aborto legal, según lo marquen los códigos penales de las entidades del país.
Para GIRE, dicha iniciativa carece de sustento jurídico “pues no basta con citar tratados internacionales para apoyar una postura ideológica, sino que debe hacerse un estudio jurídico del alcance de los documentos citados”.
Asimismo, señala que contraviene los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha adquirido y omite las recomendaciones de diversos comités en el sentido de prevenir embarazos no deseados mediante una amplia información sobre planificación familiar y educación sexual objetiva y laica.
08/LGL/CV
“Tramposa” iniciativa del PAN pretende frenar acceso a la ILE
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 15 feb 08 (CIMAC).- A través de diferentes “estrategias”, el Partido Acción Nacional (PAN) continúa su intento por frenar el acceso de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ahora con la adición a la fracción X del Artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, que pretende que los Sistemas para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) “y otras instituciones de asistencia social brinden asesoría y orientación” a mujeres embarazadas.
Ante la próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a la ILE, esta Iniciativa ya es analizada por organizaciones civiles en derechos sexuales y reproductivos quienes han señalado que pretende disuadir y limitar el derecho de las mujeres a decidir.
La propuesta es de la diputada panista Mirna Cecilia Rincón Vargas --turnada para su estudio, con un dictamen de primera lectura y turnada para su análisis en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en San Lázaro-- y señala que los servicios de Asistencia Social: “brindarán servicio de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención de abortos, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad”.
Promoverán “acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario y los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral”.
El argumento de la legisladora panita es que al incluir dentro de los servicios básicos de salud, en materia de asistencia social, el apoyo a mujeres en periodo de gestación que “enfrenten dificultades”, logrará disminuir las “prácticas abortivas” y el índice de mortalidad materna por esta causa.
INICIATIVA IDEOLÓGICA, NO CIENTÍFICA
Esta argumentación de Mirna Cecilia Rincón hace de esta iniciativa, según la organización civil IPAS México en un análisis, que sea “innecesaria, engañosa, contraria a derecho y tramposa”.
Es engañosa, enfatiza, ya que por definición todos los procesos de orientación y consejería van dirigidos a fortalecer la toma de decisión libre, responsable e informada de las mujeres, “nunca deben de servir para empujarla a una opción predeterminada”.
Es innecesaria, dice, porque la orientación y apoyo para mujeres en periodo de gestación va en los servicios de atención prenatal e incluye orientación nutricional, los cuidados prenatales, signos de alarma, entre otros.
Y es contraria a derecho, subraya IPAS, porque de acuerdo al Código Penal vigente en cada entidad federativa, en muchos casos a las mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad se les debe de ofrecer información sobre su derecho a la ILE, en particular las mujeres que han sido violadas y que sean menores de edad y las mujeres en las cuales el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud.
La considera tramposa, agrega, porque los argumentos de salud mental que se esgrimen en la exposición de motivos “son intencionalmente sesgados” y reflejan una estrategia explícita que la oposición ha usado en México desde hace años y que se ha recrudecido en meses recientes, a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la cual consiste en “intentar documentar presuntos daños a la salud como consecuencia del aborto inducido”.
IPAS destaca en su análisis que el aborto practicado en condiciones seguras y legales no afecta la fertilidad futura, mientras que si el procedimiento se realiza en condiciones inseguras puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto genital, útero, trompas de falopio y peritoneo además de que pone en riesgo la vida al tiempo que negó que aumente el riesgo de cáncer de mama.
Finalmente, IPAS destaca que el estudio finlandés STAKES, en el cual la diputada panista “sustenta” su argumentación y que destaca que las mujeres que interrumpen un embarazo tienen un riesgo de morir por causas violentas como suicidio, homicidio y accidentes muchas veces mayor que las que ya dieron a luz, lo cual “ha sido usado erróneamente en el debate sobre el aborto que se da en nuestro país”.
IPAS ha señalado que en consulta vía correo electrónico con el autor de este estudio, Mika Gissler, éste señaló “que había sido informado por su embajada (finlandesa) en México de que nuestras publicaciones han sido usadas indebidamente en su debate sobre aborto”.
Y agrega el especialista, “el estudio STAKES demuestra que el aborto inducido y las muertes violentas comparten factores de riesgo comunes, no que hay una relación de causa-efecto entre los dos eventos”.
COERCIÓN Y PERSUASIÓN
En tanto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha señalado que las instancias de asistencia social no deben ser utilizadas como medidas de coerción o persuasión a las mujeres que tienen derecho a un aborto legal, según lo marquen los códigos penales de las entidades del país.
Para GIRE, dicha iniciativa carece de sustento jurídico “pues no basta con citar tratados internacionales para apoyar una postura ideológica, sino que debe hacerse un estudio jurídico del alcance de los documentos citados”.
Asimismo, señala que contraviene los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha adquirido y omite las recomendaciones de diversos comités en el sentido de prevenir embarazos no deseados mediante una amplia información sobre planificación familiar y educación sexual objetiva y laica.
08/LGL/CV
No hay comentarios.:
Publicar un comentario