EL UNIVERSAL: VEN QUE NARCO RECLUTÓ A TANIA Nuevos elementos en la investigación sobre el estallido del viernes pasado en las cercanías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fortalecen la hipótesis de que la sobreviviente de la explosión, Tania Vázquez Muñoz, fue reclutada para participar en un atentado que preparaba el cártel de Sinaloa. Fuentes que participan en las pesquisas señalaron a Rogelio Mena Ruiz, alias El Chilango —detenido el 13 de febrero en la colonia Portales en posesión de un arsenal del cártel de Sinaloa—, como el encargado de reclutar a la joven, la cual tendría un rol menor en los acontecimientos del viernes pasado, por lo que no formaría parte del cártel ni ocuparía un lugar relevante en la organización. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
EXCÉLSIOR: SE LLEVA SINDICATO EL 11% DEL DINERO DE LA CFE La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó en 2007 a sus trabajadores más de 22 mil millones de pesos, es decir, 10.89% de sus ingresos, por obligaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo que tiene suscrito con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Esta cifra es igual a la que anunció el 10 de enero pasado el titular de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas, para enfrentar la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que entró en vigor el primer día de este año. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: VAMOS AL RESCATE DEL CARDENISMO EN PEMEX: PANNegociador de Felipe Calderón en el tema energético, Rubén Camarillo Ortega advierte que la propuesta de reforma del Partido Acción Nacional busca rescatar “el espíritu cardenista” en Petróleos Mexicanos, donde la participación de la iniciativa privada “es perfectamente aceptable, viable y nacionalista”. Categórico cuando enfatiza que su partido y el gobierno federal no buscan la privatización de Pemex, el senador y secretario de la comisión de Energía advierte que quienes toman como bandera política un tema tan sensible como ese “cometen un verdadero acto de traición a la patria”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: LA TRADICIÓN DEL ASILO A LA BAJA EN MÉXICO México, que por décadas fue reconocido por su tradición de asilo, en los últimos años ha consolidado una tendencia de bajo nivel de aceptación de quienes afirman ser víctimas de violencia en sus lugares de origen. Si bien ya no existen solicitudes colectivas que buscan el amparo en este país (como ocurrió, por ejemplo, con ciudadanos sudamericanos o centroamericanos en las décadas de los setenta y ochenta), actualmente el gobierno mexicano sólo aprueba 20 de cada cien peticiones individuales de este tipo. Nivel bajo si se consideran las tasas de casi 50 por ciento de anuencia que mantienen países de la región. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
Revela IEDF sueldos mensuales de personal
Por unafuente
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dio a conocer los sueldos mensuales netos del personal de mandos superiores, medios y homólogos, así como las compensaciones, estímulos y prestaciones con que cuenta, dice en una nota el diario EXCÉLSIOR. Entre las remuneraciones, publicadas en la Gaceta Oficial del gobierno local, destacan la del consejero presidente que asciende a 118 mil 60.52 pesos, seguida de las de consejeros quienes perciben 112 mil 443.45 pesos, publica EXCÉLSIOR.
EXCÉLSIOR: SE LLEVA SINDICATO EL 11% DEL DINERO DE LA CFE La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó en 2007 a sus trabajadores más de 22 mil millones de pesos, es decir, 10.89% de sus ingresos, por obligaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo que tiene suscrito con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Esta cifra es igual a la que anunció el 10 de enero pasado el titular de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas, para enfrentar la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que entró en vigor el primer día de este año. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
MILENIO: VAMOS AL RESCATE DEL CARDENISMO EN PEMEX: PANNegociador de Felipe Calderón en el tema energético, Rubén Camarillo Ortega advierte que la propuesta de reforma del Partido Acción Nacional busca rescatar “el espíritu cardenista” en Petróleos Mexicanos, donde la participación de la iniciativa privada “es perfectamente aceptable, viable y nacionalista”. Categórico cuando enfatiza que su partido y el gobierno federal no buscan la privatización de Pemex, el senador y secretario de la comisión de Energía advierte que quienes toman como bandera política un tema tan sensible como ese “cometen un verdadero acto de traición a la patria”. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
LA JORNADA: LA TRADICIÓN DEL ASILO A LA BAJA EN MÉXICO México, que por décadas fue reconocido por su tradición de asilo, en los últimos años ha consolidado una tendencia de bajo nivel de aceptación de quienes afirman ser víctimas de violencia en sus lugares de origen. Si bien ya no existen solicitudes colectivas que buscan el amparo en este país (como ocurrió, por ejemplo, con ciudadanos sudamericanos o centroamericanos en las décadas de los setenta y ochenta), actualmente el gobierno mexicano sólo aprueba 20 de cada cien peticiones individuales de este tipo. Nivel bajo si se consideran las tasas de casi 50 por ciento de anuencia que mantienen países de la región. VER AQUÍ NOTA COMPLETA.
Revela IEDF sueldos mensuales de personal
Por unafuente
El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) dio a conocer los sueldos mensuales netos del personal de mandos superiores, medios y homólogos, así como las compensaciones, estímulos y prestaciones con que cuenta, dice en una nota el diario EXCÉLSIOR. Entre las remuneraciones, publicadas en la Gaceta Oficial del gobierno local, destacan la del consejero presidente que asciende a 118 mil 60.52 pesos, seguida de las de consejeros quienes perciben 112 mil 443.45 pesos, publica EXCÉLSIOR.
Acepta sólo 20 de cada 100 solicitantes, a quienes trata como migrantes, dice ONG
México dice adiós a su tradición de asilo y deviene en tierra de rechazo
Vacío legal propicia que funcionarios públicos orillen a refugiados a desistir, señala Sin Fronteras
Gobernación niega presiones e insta a exponer los casos detectados
Fabiola Martínez /I
México, que por décadas fue reconocido por su tradición de asilo, en los últimos años ha consolidado una tendencia de bajo nivel de aceptación de quienes afirman ser víctimas de violencia en sus lugares de origen.
Si bien ya no existen solicitudes colectivas que buscan el amparo en este país (como ocurrió, por ejemplo, con ciudadanos sudamericanos o centroamericanos en las décadas de los setenta y ochenta), actualmente el gobierno mexicano sólo aprueba 20 de cada cien peticiones individuales de este tipo.
Nivel bajo si se consideran las tasas de casi 50 por ciento de anuencia que mantienen países de la región.
De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), sustentados con las estadísticas de cada país, Costa Rica aceptó 55.5 por ciento de las solicitudes, Venezuela casi 45 por ciento, Ecuador 47 por ciento y Estados Unidos 50 por ciento.
Al reducido nivel de México (reconocimiento de 20.9 por ciento de las peticiones) se agrega que, pese a los compromisos internacionales asumidos en favor de los refugiados, el país aún no cuenta con una normatividad específica en la materia.
Las deliberaciones se realizan con base en acuerdos administrativos internos (sin rango de ley) y a partir del análisis de funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, integrantes del llamado Comité de Elegibilidad, grupo especial para estudiar las solicitudes individuales de refugio.
En los hechos, esta circunstancia es considerada por grupos civiles como un proceso de veredicto discrecional y, como advierte la organización no gubernamental Sin Fronteras, “(los refugiados) son tratados en México como migrantes, olvidando el espíritu de protección de la figura de asilo”.
De marzo de 2002 a diciembre de 2007, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dependiente de Gobernación, recibió 2 mil 127 peticiones y otorgó respuesta satisfactoria en sólo 446 casos.
Cadena de abusos
Sin Fronteras advierte que la ausencia de una legislación específica en materia de asilo da lugar a “una cadena de violaciones a derechos humanos de la población refugiada”, incluida “detección de solicitantes” por funcionarios públicos, quienes buscan orillar a los extranjeros a desistir.
“Nos enfrentamos a una población pequeña (de refugiados) con muchas necesidades de atención y, a la vez, con la falta de políticas y programas. Nos preocupa también que existe un nivel alto de desistimientos y muchos de estos casos se deben a que las personas son desinformadas e incluso incentivadas a desistir por las propias autoridades migratorias”, advirtió Karina Arias, coordinadora de vinculación y promoción de Sin Fronteras.
De acuerdo con estadísticas de esta organización, durante 2005 y 2006 sólo 17.5 por ciento del total de solicitudes fueron aceptadas; 25.2 rechazadas y hasta 57.2 por ciento de los casos fueron cerrados por desistimiento (el solicitante manifiesta su voluntad de no continuar) o por abandono del trámite.
Dijo también que hay un “limbo” jurídico en lo que se refiere a la garantía de libertad, pues muchos de los migrantes (40 por ciento, según los cálculos oficiales) formulan la petición desde alguna estación migratoria en la que se hallan asegurados y, durante el proceso, el solicitante de asilo debe estar a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que se traduce en una restricción de tránsito por “métodos no especificados”.
Katya Somohano, coordinadora general de Comar, reconoce la ausencia de una normatividad específica en la que se sustente el proceso de análisis que lleva al reconocimiento o no de la calidad de refugiados, aunque –afirma– se aplican criterios de facto, con base en los parámetros internacionales en la materia.
“Efectivamente, hemos reconocido que hace falta reformar y vigorizar el marco jurídico en materia de refugio”, señaló en entrevista.
A escala doméstica, la autoridad opera a partir de una circular firmada conjuntamente entre la Comar y el INM, en noviembre pasado, para garantizar los derechos básicos de los asilados, cuyos principios –avalados por México– se refieren a la no devolución, no discriminación, búsqueda de la unión familiar y la difusión de los valores de solidaridad.
“(La circular conjunta) es un abecé, un paso a paso de cómo se lleva a cabo el procedimiento; esto, desde luego, lo hacemos como un régimen de transición en lo que contamos con una legislación de avanzada. (...) Por ello (el proceso) no es discrecional porque se debe encuadrar en los supuestos de ley”, comentó.
Desde marzo de 2002, fecha en que el gobierno de México reconoce la condición individual de refugiado, el Comité de Elegibilidad analiza las entrevistas a los solicitantes de asilo y prepara un informe con una recomendación preliminar.
Cuando son casos positivos (de aceptación) se presentan los datos del solicitante al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para verificar la información proporcionada por los interesados, a fin de investigar posibles antecedentes criminarles.
Sin Fronteras y representantes del ACNUR fungen como asesores técnicos en asilo y derechos humanos, pero no participan en la decisión última del comité.
De acuerdo con análisis e investigaciones de Sin Fronteras, tampoco se emite un documento al solicitante en el cual se funde y motive la resolución del comité.
Escasos reclamos
Somohano comentó que los reclamos –vía amparo– para tratar de revertir las decisiones del comité son escasos (tres en 2007, por ejemplo) y que 40 por ciento de las solicitudes de asilo no llegan a término porque los interesados abandonan los casos.
El resto de los asuntos (en la diferencia entre las 2 mil 127 solicitudes y las 446 reconocimientos de refugio) incluyen “relatos inconsistentes” y la no acreditación de causales de persecución, aseguró.
La funcionaria negó el señalamiento de Sin Fronteras relativo a acciones de empleados públicos que buscarían incidir en los extranjeros para que desistan de la solicitud; sugirió a esta organización civil que exponga los eventuales casos que haya detectado.
Sin embargo, Somohano admite que los métodos ad hoc y las circulares internas, de tipo administrativo, son alternativas en la víspera de la reforma a la Ley General de Población y la inclusión de un capítulo que incorpore desde la definición de esta condición, más allá de las garantías establecidas, entre otros marcos internacionales, en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Además se pretende incluir en la ley un procedimiento de análisis de las solicitudes reguladas por tiempos y autoridades competentes, así como elementos para garantizar la reunificación familiar.
Actualmente el plazo promedio para resolución de casos es de un mes, mientras en 2006 era de 20 semanas, dijo la funcionaria.
El borrador de estas adiciones ya está listo, pero se desconoce si el proyecto de enmienda general –anunciado desde el arranque de este sexenio– se encuentra, por lo menos, en etapa de análisis jurídico en las instancias federales
México dice adiós a su tradición de asilo y deviene en tierra de rechazo
Vacío legal propicia que funcionarios públicos orillen a refugiados a desistir, señala Sin Fronteras
Gobernación niega presiones e insta a exponer los casos detectados
Fabiola Martínez /I
México, que por décadas fue reconocido por su tradición de asilo, en los últimos años ha consolidado una tendencia de bajo nivel de aceptación de quienes afirman ser víctimas de violencia en sus lugares de origen.
Si bien ya no existen solicitudes colectivas que buscan el amparo en este país (como ocurrió, por ejemplo, con ciudadanos sudamericanos o centroamericanos en las décadas de los setenta y ochenta), actualmente el gobierno mexicano sólo aprueba 20 de cada cien peticiones individuales de este tipo.
Nivel bajo si se consideran las tasas de casi 50 por ciento de anuencia que mantienen países de la región.
De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), sustentados con las estadísticas de cada país, Costa Rica aceptó 55.5 por ciento de las solicitudes, Venezuela casi 45 por ciento, Ecuador 47 por ciento y Estados Unidos 50 por ciento.
Al reducido nivel de México (reconocimiento de 20.9 por ciento de las peticiones) se agrega que, pese a los compromisos internacionales asumidos en favor de los refugiados, el país aún no cuenta con una normatividad específica en la materia.
Las deliberaciones se realizan con base en acuerdos administrativos internos (sin rango de ley) y a partir del análisis de funcionarios de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, integrantes del llamado Comité de Elegibilidad, grupo especial para estudiar las solicitudes individuales de refugio.
En los hechos, esta circunstancia es considerada por grupos civiles como un proceso de veredicto discrecional y, como advierte la organización no gubernamental Sin Fronteras, “(los refugiados) son tratados en México como migrantes, olvidando el espíritu de protección de la figura de asilo”.
De marzo de 2002 a diciembre de 2007, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dependiente de Gobernación, recibió 2 mil 127 peticiones y otorgó respuesta satisfactoria en sólo 446 casos.
Cadena de abusos
Sin Fronteras advierte que la ausencia de una legislación específica en materia de asilo da lugar a “una cadena de violaciones a derechos humanos de la población refugiada”, incluida “detección de solicitantes” por funcionarios públicos, quienes buscan orillar a los extranjeros a desistir.
“Nos enfrentamos a una población pequeña (de refugiados) con muchas necesidades de atención y, a la vez, con la falta de políticas y programas. Nos preocupa también que existe un nivel alto de desistimientos y muchos de estos casos se deben a que las personas son desinformadas e incluso incentivadas a desistir por las propias autoridades migratorias”, advirtió Karina Arias, coordinadora de vinculación y promoción de Sin Fronteras.
De acuerdo con estadísticas de esta organización, durante 2005 y 2006 sólo 17.5 por ciento del total de solicitudes fueron aceptadas; 25.2 rechazadas y hasta 57.2 por ciento de los casos fueron cerrados por desistimiento (el solicitante manifiesta su voluntad de no continuar) o por abandono del trámite.
Dijo también que hay un “limbo” jurídico en lo que se refiere a la garantía de libertad, pues muchos de los migrantes (40 por ciento, según los cálculos oficiales) formulan la petición desde alguna estación migratoria en la que se hallan asegurados y, durante el proceso, el solicitante de asilo debe estar a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que se traduce en una restricción de tránsito por “métodos no especificados”.
Katya Somohano, coordinadora general de Comar, reconoce la ausencia de una normatividad específica en la que se sustente el proceso de análisis que lleva al reconocimiento o no de la calidad de refugiados, aunque –afirma– se aplican criterios de facto, con base en los parámetros internacionales en la materia.
“Efectivamente, hemos reconocido que hace falta reformar y vigorizar el marco jurídico en materia de refugio”, señaló en entrevista.
A escala doméstica, la autoridad opera a partir de una circular firmada conjuntamente entre la Comar y el INM, en noviembre pasado, para garantizar los derechos básicos de los asilados, cuyos principios –avalados por México– se refieren a la no devolución, no discriminación, búsqueda de la unión familiar y la difusión de los valores de solidaridad.
“(La circular conjunta) es un abecé, un paso a paso de cómo se lleva a cabo el procedimiento; esto, desde luego, lo hacemos como un régimen de transición en lo que contamos con una legislación de avanzada. (...) Por ello (el proceso) no es discrecional porque se debe encuadrar en los supuestos de ley”, comentó.
Desde marzo de 2002, fecha en que el gobierno de México reconoce la condición individual de refugiado, el Comité de Elegibilidad analiza las entrevistas a los solicitantes de asilo y prepara un informe con una recomendación preliminar.
Cuando son casos positivos (de aceptación) se presentan los datos del solicitante al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para verificar la información proporcionada por los interesados, a fin de investigar posibles antecedentes criminarles.
Sin Fronteras y representantes del ACNUR fungen como asesores técnicos en asilo y derechos humanos, pero no participan en la decisión última del comité.
De acuerdo con análisis e investigaciones de Sin Fronteras, tampoco se emite un documento al solicitante en el cual se funde y motive la resolución del comité.
Escasos reclamos
Somohano comentó que los reclamos –vía amparo– para tratar de revertir las decisiones del comité son escasos (tres en 2007, por ejemplo) y que 40 por ciento de las solicitudes de asilo no llegan a término porque los interesados abandonan los casos.
El resto de los asuntos (en la diferencia entre las 2 mil 127 solicitudes y las 446 reconocimientos de refugio) incluyen “relatos inconsistentes” y la no acreditación de causales de persecución, aseguró.
La funcionaria negó el señalamiento de Sin Fronteras relativo a acciones de empleados públicos que buscarían incidir en los extranjeros para que desistan de la solicitud; sugirió a esta organización civil que exponga los eventuales casos que haya detectado.
Sin embargo, Somohano admite que los métodos ad hoc y las circulares internas, de tipo administrativo, son alternativas en la víspera de la reforma a la Ley General de Población y la inclusión de un capítulo que incorpore desde la definición de esta condición, más allá de las garantías establecidas, entre otros marcos internacionales, en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Además se pretende incluir en la ley un procedimiento de análisis de las solicitudes reguladas por tiempos y autoridades competentes, así como elementos para garantizar la reunificación familiar.
Actualmente el plazo promedio para resolución de casos es de un mes, mientras en 2006 era de 20 semanas, dijo la funcionaria.
El borrador de estas adiciones ya está listo, pero se desconoce si el proyecto de enmienda general –anunciado desde el arranque de este sexenio– se encuentra, por lo menos, en etapa de análisis jurídico en las instancias federales
El domingo estarán listos los comités estatales: AMLO
Defender Pemex es más que gritos y sombrerazos
Reitera en Coahuayutla, Guerrero, que se impedirá cualquier intento de privatizar la empresa paraestatal
Andrea Becerril (Enviada)
Coahuayutla, Gro., 17 de febrero. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que se avanza en la integración de 32 comités estatales para la defensa del petróleo, los que estarán listos el próximo domingo 24, fecha en que se llevará a cabo en la ciudad de México la primera gran movilización en contra de la entrega de Pemex a extranjeros.
“Esto es algo más que gritos y sombrerazos, es un movimiento nacional que no permitirá la privatización de la riqueza energética. ¡Que no imaginen en el gobierno usurpador que va a ser un día de campo!”, dijo el ex candidato presidencial en este municipio de la sierra guerrerense, tan marginado y olvidado como hace 200 años, cuando Vicente Guerrero, en plena guerra de Independencia, instaló aquí un cuartel inaccesible para el bando opositor.
Dos siglos después, sigue siendo difícil llegar a Coahuayutla. A López Obrador le llevó ayer tres horas desde Zihuatanejo, donde pernoctó, a través de un camino agreste serpenteando entre montes secos y terrosos al borde de precipicios.
Ya en este lugar, además de escuchar quejas y demandas, el “presidente legítimo” llamó a los pobladores a estar alerta para movilizarse en el momento en que se concrete la intención de abrir Petróleos Mexicanos al capital trasnacional.
En entrevista posterior, López Obrador dijo que cuenta con el apoyo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), “ya que podemos tener diferencias en otras cosas, pero está tomada la decisión: bajo ninguna circunstancia se permitirá la privatización de Pemex”.
Agregó que hay además mucho apoyo de la sociedad civil, ya que tanto trabajadores, técnicos y especialistas de la industria petrolera como sindicalistas, comunicadores, intelectuales y gente de la cultura están participando. “De modo que no estén imaginando los entreguistas del gobierno usurpador que va a ser un día de campo, que va a ser fácil que modifiquen la ley para privatizar Petróleos Mexicanos”.
Esto “va más allá de gritos y sombrerazos”, insistió, porque se trata de un movimiento nacional de resistencia pacífica con capacidad para hacer sentir la voluntad del pueblo. Incluso, consideró que el movimiento podría ser mayor al que se dio luego del “fraude electoral” del 2 de julio de 2006, porque es algo que tiene que ver con el futuro de la nación. “Desde luego el fraude fue un agravio, pero la entrega del petróleo significa dejar a México sin posibilidades de desarrollo; dejaríamos de ser país libre y soberano.”
Exigió luego al “gobierno usurpador” que actúe con responsabilidad, “que no estén pensando que es un asunto fácil. Estamos decididos a impedir que el petróleo regrese a manos extranjeras, ahora de compañías trasnacionales. Y mucha gente está en la misma postura”.
Durante la concentración en Coahuayutla informó que el próximo domingo 24 se dará a conocer el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización petrolera. “Nos vamos a reunir frente a la torre de Pemex; ese día estarán ya presentes los integrantes de los 32 comités para la defensa del petróleo en los estados”.
Explicó que cada comité contará con un representante del “gobierno legítimo”, tres de los partidos (PRD, PT y Convergencia) y tres dirigentes sociales y ciudadanos. En total, siete integrantes, mismo número de quienes integran el Comité Nacional de Defensa del Petróleo.
Los habitantes de Coahuayutla, a su vez, le pidieron ayuda, ya que unas 25 comunidades de esa región olvidada carecen de electricidad y de agua, a pesar de que están muy cerca de la presa Infiernillo. López Obrador caminó acompañado por gran parte de la comunidad por una larga y polvosa vereda para conocer las condiciones en que se encuentra la única escuela de la cabecera municipal. “Vea, vea, no hay ni dónde se sienten los niños”, le insistía un grupo de mujeres.
Belester Campos, quien es técnico radiólogo, le informó que no hay equipo ni medicinas en el centro de salud; para esos momentos muchos ancianos se arremolinaban en torno a López Obrador para quejarse porque no reciben la pensión para adultos mayores.
El tabasqueño se apoyó de inmediato en los senadores Lázaro Mazón y Luis Walton, del PRD y de Convergencia, respectivamente, y en el diputado federal Cuauhtémoc Sandoval, para atender las peticiones y se comprometió a hablar directamente con el gobernador Zeferino Torreblanca para que se pavimente la carretera que lleva a Coahuayutla, que es prácticamente intransitable.
Al final, pese a encontrar una vía alterna –en tan mal estado como la anterior– que comunica con la autopista a Zihuatanejo, el retorno llevó dos horas. En ese trayecto, el perredista Cuauhtémoc Sandoval bromeó: “Ahora entiendo por qué Vicente Guerrero instaló un cuartel en Coahuayutla; era muy difícil que alguien lo encontrara aquí”.
Así, del casi desértico Coahuayutla y La Unión, la caravana llegó al verdor de Petatlán y Zihuatanejo; de las tierras secas, al mar y los complejos turísticos. Como colofón, Andrés Manuel López Obrador insistió en prepararse para la batalla que se avecina en defensa de Pemex.
Defender Pemex es más que gritos y sombrerazos
Reitera en Coahuayutla, Guerrero, que se impedirá cualquier intento de privatizar la empresa paraestatal
Andrea Becerril (Enviada)
Coahuayutla, Gro., 17 de febrero. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que se avanza en la integración de 32 comités estatales para la defensa del petróleo, los que estarán listos el próximo domingo 24, fecha en que se llevará a cabo en la ciudad de México la primera gran movilización en contra de la entrega de Pemex a extranjeros.
“Esto es algo más que gritos y sombrerazos, es un movimiento nacional que no permitirá la privatización de la riqueza energética. ¡Que no imaginen en el gobierno usurpador que va a ser un día de campo!”, dijo el ex candidato presidencial en este municipio de la sierra guerrerense, tan marginado y olvidado como hace 200 años, cuando Vicente Guerrero, en plena guerra de Independencia, instaló aquí un cuartel inaccesible para el bando opositor.
Dos siglos después, sigue siendo difícil llegar a Coahuayutla. A López Obrador le llevó ayer tres horas desde Zihuatanejo, donde pernoctó, a través de un camino agreste serpenteando entre montes secos y terrosos al borde de precipicios.
Ya en este lugar, además de escuchar quejas y demandas, el “presidente legítimo” llamó a los pobladores a estar alerta para movilizarse en el momento en que se concrete la intención de abrir Petróleos Mexicanos al capital trasnacional.
En entrevista posterior, López Obrador dijo que cuenta con el apoyo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), “ya que podemos tener diferencias en otras cosas, pero está tomada la decisión: bajo ninguna circunstancia se permitirá la privatización de Pemex”.
Agregó que hay además mucho apoyo de la sociedad civil, ya que tanto trabajadores, técnicos y especialistas de la industria petrolera como sindicalistas, comunicadores, intelectuales y gente de la cultura están participando. “De modo que no estén imaginando los entreguistas del gobierno usurpador que va a ser un día de campo, que va a ser fácil que modifiquen la ley para privatizar Petróleos Mexicanos”.
Esto “va más allá de gritos y sombrerazos”, insistió, porque se trata de un movimiento nacional de resistencia pacífica con capacidad para hacer sentir la voluntad del pueblo. Incluso, consideró que el movimiento podría ser mayor al que se dio luego del “fraude electoral” del 2 de julio de 2006, porque es algo que tiene que ver con el futuro de la nación. “Desde luego el fraude fue un agravio, pero la entrega del petróleo significa dejar a México sin posibilidades de desarrollo; dejaríamos de ser país libre y soberano.”
Exigió luego al “gobierno usurpador” que actúe con responsabilidad, “que no estén pensando que es un asunto fácil. Estamos decididos a impedir que el petróleo regrese a manos extranjeras, ahora de compañías trasnacionales. Y mucha gente está en la misma postura”.
Durante la concentración en Coahuayutla informó que el próximo domingo 24 se dará a conocer el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización petrolera. “Nos vamos a reunir frente a la torre de Pemex; ese día estarán ya presentes los integrantes de los 32 comités para la defensa del petróleo en los estados”.
Explicó que cada comité contará con un representante del “gobierno legítimo”, tres de los partidos (PRD, PT y Convergencia) y tres dirigentes sociales y ciudadanos. En total, siete integrantes, mismo número de quienes integran el Comité Nacional de Defensa del Petróleo.
Los habitantes de Coahuayutla, a su vez, le pidieron ayuda, ya que unas 25 comunidades de esa región olvidada carecen de electricidad y de agua, a pesar de que están muy cerca de la presa Infiernillo. López Obrador caminó acompañado por gran parte de la comunidad por una larga y polvosa vereda para conocer las condiciones en que se encuentra la única escuela de la cabecera municipal. “Vea, vea, no hay ni dónde se sienten los niños”, le insistía un grupo de mujeres.
Belester Campos, quien es técnico radiólogo, le informó que no hay equipo ni medicinas en el centro de salud; para esos momentos muchos ancianos se arremolinaban en torno a López Obrador para quejarse porque no reciben la pensión para adultos mayores.
El tabasqueño se apoyó de inmediato en los senadores Lázaro Mazón y Luis Walton, del PRD y de Convergencia, respectivamente, y en el diputado federal Cuauhtémoc Sandoval, para atender las peticiones y se comprometió a hablar directamente con el gobernador Zeferino Torreblanca para que se pavimente la carretera que lleva a Coahuayutla, que es prácticamente intransitable.
Al final, pese a encontrar una vía alterna –en tan mal estado como la anterior– que comunica con la autopista a Zihuatanejo, el retorno llevó dos horas. En ese trayecto, el perredista Cuauhtémoc Sandoval bromeó: “Ahora entiendo por qué Vicente Guerrero instaló un cuartel en Coahuayutla; era muy difícil que alguien lo encontrara aquí”.
Así, del casi desértico Coahuayutla y La Unión, la caravana llegó al verdor de Petatlán y Zihuatanejo; de las tierras secas, al mar y los complejos turísticos. Como colofón, Andrés Manuel López Obrador insistió en prepararse para la batalla que se avecina en defensa de Pemex.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) viola la Ley General de las Personas con Discapacidad, al no reconocer los derechos educativos de los sordos ni a lengua de señas mexicana (LSM), uno de los 10 idiomas más usados en el territorio nacional, como lengua nacional. Lo que pretende es incorporar a los sordos a escuelas tradicionales o incluirlos en programas en los que se les mezclan con ciegos y personas con otras capacidades, “política educativa que los discrimina ostensiblemente”.
Boris Friedman, asesor de organizaciones no gubernatemtales (ONG) vinculadas con este grupo, destacó que en dicha norma queda asentado que el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecerles educación bilingüe en LSM y español, y que tal política educativa es la única que puede permitir a todos los menores sordos acceder equitativamente a una enseñanza regular de calidad en particular, y a una socialización digna en el ámbito escolar, en general.
Sin embargo, la SEP, luego de diversas reuniones con ONG, insiste en “desentenderse” de esta obligación, enviándolos a escuelas tradicionales.
“Ni los sordos hablantes ni los señantes –mal llamados sordomudos– pueden convivir y participar equitativamente en una escuela en la que para la comunicación cara a cara predomine una lengua oral. Por ende, al menos en la educación básica, la SEP tiene la obligación de ofrecerles escuelas en las que puedan convivir entre sí y tener profesores que dominen la LSM y sean para ellos modelos de identidad intercultural a emular. El español, en tal contexto, deberá ofrecerse fundamentalmente como una segunda lengua escrita, pues es la única forma del español que les es sensorial y frecuentemente accesible”, enfatizó.
Boris Friedman admitió que no todos los padres de niños sordos querrán que sus hijos se integren a las escuelas bilingües para sordos, ni se les debe forzar a que lo hagan, por lo que cuando una familia opte por integrar a su hijo sordo en una escuela hispanohablante se le debe permitir que lo haga. “Sin embargo, dado que tales niños tienden a fracasar social y educativamente, por leys el Estado les debe ofrecer la opción de la educación pública y gratuita bilingüe”, insistió.
Mencionó que algunas ONG fueron convocadas a consulta por los asesores de la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, en sesiones encabezadas por su asesor, Daniel Hernández Franco.
Friedman fue invitado por la Federación Mexicana de Sordos AC, con el propósito de argumentar en favor de la educación bilingüe de sordos. Invitación que se le hizo después de que en la minuta de la reunión del 23 de enero de 2008 se asentó como acuerdo que: “se revisarán las acciones inmediatas que hay que llevar a cabo para avanzar en la integración educativa de las niñas y los niños con alguna discapacidad”, omitiendo cualquier referencia a la integración de los sordos a escuelas bilingües.
En la minuta que corresponde a la sesión del 6 de febrero se asentó como acuerdo que los funcionarios de la SEP “ofrecieron a los representantes de las organizaciones civiles, asistentes a la reunión, que estarían abiertos al diálogo y dispuestos a coadyuvar a resolver los problemas que se presentan en la atención de integración de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales”.
Sin embargo, la SEP enfatizó que “para los sordos no habrá integración en la educación bilingüe”, acuerdo que no respaldaron ni enSEÑAme AC, ni la Federación Mexicana de Sordos (Femesor), “pues no estamos de acuerdo con la política de integración o inclusión reiterada en ellas. Me pregunto si la titular de la SEP está al tanto de que algunos de sus asesores están rompiendo la ley, en el fondo, con el banal interés de que las direcciones de enseñanza especial y las normales de especialización –que supuestamente atienden las necesidades educativas de los sordos– no se sientan amenazadas en sus cuotas de poder y presupuesto”, expresó el especialista, quien recordó “ni el actual titular de la Secretaría de de Salud (Ssa) ni su antecesor han cumplido con su obligación” de publicar una propuesta de reglamento para la mencionada legislación.
Boris Friedman, asesor de organizaciones no gubernatemtales (ONG) vinculadas con este grupo, destacó que en dicha norma queda asentado que el Estado mexicano tiene la obligación de ofrecerles educación bilingüe en LSM y español, y que tal política educativa es la única que puede permitir a todos los menores sordos acceder equitativamente a una enseñanza regular de calidad en particular, y a una socialización digna en el ámbito escolar, en general.
Sin embargo, la SEP, luego de diversas reuniones con ONG, insiste en “desentenderse” de esta obligación, enviándolos a escuelas tradicionales.
“Ni los sordos hablantes ni los señantes –mal llamados sordomudos– pueden convivir y participar equitativamente en una escuela en la que para la comunicación cara a cara predomine una lengua oral. Por ende, al menos en la educación básica, la SEP tiene la obligación de ofrecerles escuelas en las que puedan convivir entre sí y tener profesores que dominen la LSM y sean para ellos modelos de identidad intercultural a emular. El español, en tal contexto, deberá ofrecerse fundamentalmente como una segunda lengua escrita, pues es la única forma del español que les es sensorial y frecuentemente accesible”, enfatizó.
Boris Friedman admitió que no todos los padres de niños sordos querrán que sus hijos se integren a las escuelas bilingües para sordos, ni se les debe forzar a que lo hagan, por lo que cuando una familia opte por integrar a su hijo sordo en una escuela hispanohablante se le debe permitir que lo haga. “Sin embargo, dado que tales niños tienden a fracasar social y educativamente, por leys el Estado les debe ofrecer la opción de la educación pública y gratuita bilingüe”, insistió.
Mencionó que algunas ONG fueron convocadas a consulta por los asesores de la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, en sesiones encabezadas por su asesor, Daniel Hernández Franco.
Friedman fue invitado por la Federación Mexicana de Sordos AC, con el propósito de argumentar en favor de la educación bilingüe de sordos. Invitación que se le hizo después de que en la minuta de la reunión del 23 de enero de 2008 se asentó como acuerdo que: “se revisarán las acciones inmediatas que hay que llevar a cabo para avanzar en la integración educativa de las niñas y los niños con alguna discapacidad”, omitiendo cualquier referencia a la integración de los sordos a escuelas bilingües.
En la minuta que corresponde a la sesión del 6 de febrero se asentó como acuerdo que los funcionarios de la SEP “ofrecieron a los representantes de las organizaciones civiles, asistentes a la reunión, que estarían abiertos al diálogo y dispuestos a coadyuvar a resolver los problemas que se presentan en la atención de integración de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales”.
Sin embargo, la SEP enfatizó que “para los sordos no habrá integración en la educación bilingüe”, acuerdo que no respaldaron ni enSEÑAme AC, ni la Federación Mexicana de Sordos (Femesor), “pues no estamos de acuerdo con la política de integración o inclusión reiterada en ellas. Me pregunto si la titular de la SEP está al tanto de que algunos de sus asesores están rompiendo la ley, en el fondo, con el banal interés de que las direcciones de enseñanza especial y las normales de especialización –que supuestamente atienden las necesidades educativas de los sordos– no se sientan amenazadas en sus cuotas de poder y presupuesto”, expresó el especialista, quien recordó “ni el actual titular de la Secretaría de de Salud (Ssa) ni su antecesor han cumplido con su obligación” de publicar una propuesta de reglamento para la mencionada legislación.
En demanda de que no se despenalice el aborto en el país, este domingo se realizaron manifestaciones en las capitales de Durango y Querétaro. Convocadas por simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), en el primer estado salieron a las calles unas 2 mil 500 personas y, aproximadamente, mil en el segundo.
La marcha realizada en Durango, a la que asistieron grupos cristianos, fue encabezada por el arzobispo Héctor González Martínez.
Rosario Fuentes de Hernández, una de las organizadoras, pidió a los legisladores federales que no se dejen intimidar por “pequeños grupos” que buscan legalizar esa práctica. Su solicitud fue respaldada por el grupo cristiano Vida en Familia. En la marcha no participaron panistas, pero sí el diputado del Partido Revolucionario Institucional Manuel Herrera.
En la movilización que se llevó a cabo en Querétaro, unas mil personas rechazaron dicha medida. El grupo fue encabezado por los panistas Fracisco Domínguez Servién, vicecoordinador de esa fracción legislativa en la Cámara de Diputados, y por el senador Eduardo Nava Bolaños.
Los manifestantes partieron de la plaza de toros, que se ubica al sur de la capital queretana, hacia el centro de la ciudad. En la Plaza de la Constitución realizaron un mitin. Participaron estudiantes y miembros de organizaciones católicas, coordinados por la agrupación Verdad y Vida.
Domínguez Servién indicó que con la manifestación se busca “que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impida la legalización del aborto”.
Consideró que la norma en la materia en el Distrito Federal ha detonado el número de abortos, y ello, dijo, “atenta contra la vida y causa estragos emocionales a las mujeres que deciden practicarse un aborto”.
Durante la protesta, los manifestantes recabaron firmas “en favor de la vida”. Señalaron que entregarán documentos con las rúbricas a la SCJN, “para que no se apruebe el ordenamiento que permite la interrupción del embarazo”.
La marcha realizada en Durango, a la que asistieron grupos cristianos, fue encabezada por el arzobispo Héctor González Martínez.
Rosario Fuentes de Hernández, una de las organizadoras, pidió a los legisladores federales que no se dejen intimidar por “pequeños grupos” que buscan legalizar esa práctica. Su solicitud fue respaldada por el grupo cristiano Vida en Familia. En la marcha no participaron panistas, pero sí el diputado del Partido Revolucionario Institucional Manuel Herrera.
En la movilización que se llevó a cabo en Querétaro, unas mil personas rechazaron dicha medida. El grupo fue encabezado por los panistas Fracisco Domínguez Servién, vicecoordinador de esa fracción legislativa en la Cámara de Diputados, y por el senador Eduardo Nava Bolaños.
Los manifestantes partieron de la plaza de toros, que se ubica al sur de la capital queretana, hacia el centro de la ciudad. En la Plaza de la Constitución realizaron un mitin. Participaron estudiantes y miembros de organizaciones católicas, coordinados por la agrupación Verdad y Vida.
Domínguez Servién indicó que con la manifestación se busca “que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impida la legalización del aborto”.
Consideró que la norma en la materia en el Distrito Federal ha detonado el número de abortos, y ello, dijo, “atenta contra la vida y causa estragos emocionales a las mujeres que deciden practicarse un aborto”.
Durante la protesta, los manifestantes recabaron firmas “en favor de la vida”. Señalaron que entregarán documentos con las rúbricas a la SCJN, “para que no se apruebe el ordenamiento que permite la interrupción del embarazo”.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Instalar controles en el DF
Estrategia militar y electoral
Siembra de miedo en vísperas de activismo
Cárteles Gemelos: narco y gobierno
La ciudad de México fue incorporada el pasado viernes al circuito nacional de control político y social que, a partir de incidentes oscuros relacionados con el narcotráfico, han ido instalando fuerzas federales armadas y calderones impugnados. El asomo del miedo inducido se produjo a poco más de una semana de que en la capital del país se realice una importante manifestación pública de rechazo a los proyectos felipillos de apertura de Pemex al capital privado. Los sucesos de la avenida Chapultepec son suficientemente ambiguos y por ello arrojan sospechas y amagos en múltiples direcciones, pero, aun cuando las especulaciones más insistentes hablan de grupos de narcotraficantes que habrían actuado en venganza contra autoridades capitalinas por la detención de siete poseedores de lo que se llamó “un arsenal”, el resultado neto del bombazo cercano a las oficinas centrales de la policía del Distrito Federal es la instalación de un referente “de nota roja” que justificaría eventuales acciones desproporcionadas de fuerzas federales e inclusive la militarización en una estratégica demarcación donde hasta ahora la ilegitimidad no ha podido establecer dominio.
La plaza capitalina está, como es sabido, en el centro de las estrategias del panismo-calderonismo para 2009. Personajes múltiples del partido blanquiazul continuamente hacen declaraciones y consideraciones negativas respecto a los gobiernos del perredismo indeseado (es decir, de López Obrador y Encinas, pues Rosario Robles y Cuauhtémoc Carderón son puestos como aliado ejemplo plausible), e incluso hay un picapleitos institucional, una especie de peleador rudo designado, el multiusos Javier Lozano, que ahora funge como secretario del trabajo y de agricultura, una especie de caballo negro laboral. En el fondo de esas confrontaciones sistemáticas está la pretensión de desgastar la hasta ahora hegemónica fuerza electoral del perredismo, en particular y, en general, de una amplia franja ciudadana sin partido que frente al conservadurismo del PAN y la corrupción del PRI ha optado por las posturas progresistas (así sean tan mal servidas como sucede con Marcelo Ebrard, que con frecuencia parece más un yuppie panista o un priísta del periodo clásico tardío que un político medianamente de izquierda, o así se pasen vergüenzas extremas con legisladores y funcionarios locales de origen perredista).
Siendo, pues, el Distrito Federal la sede de la mayor resistencia política y social a los proyectos del calderonismo, sería insensato que no hicieran presencia armada y abrieran flancos de intervención quienes se preparan para enfrentar la posibilidad de una segunda oleada de activismo lopezobradorista, después de lo específicamente poselectoral. Así como George W. Bush fue beneficiado en sus planes de control social y negocios de elite por los sucesos siempre bajo sospecha de las Torres Gemelas, el comandante Calderón ha fundado su desenvolvimiento institucional en la “guerra contra el narco”. Auténtica guerra perdida mientras haya consumidores tan redituables como los estadunidenses y mientras las estructuras políticas, policiacas y militares del país estén comprometidas activamente con uno u otro de los cárteles en pugna impuesta; la del narcotráfico ha sido una sucesión de batallas que ha ido instalando por doquier la noción de que las autoridades federales pueden hacer lo que quieran, como violar derechos humanos, atropellar disposiciones constitucionales y, ahora, en caso de que sea aprobada la llamada Ley Gestapo, contar con coartadas legales para entrar a domicilios sin orden judicial, sea por razones presuntamente delictivas o por razones políticas e ideológicas. Ese binomio de fronteras indefinibles (narcotraficantes-policías, cárteles-gobierno), puesto mutuamente al servicio de causas que les son íntimas, bien puede montar provocaciones al hacer que sean detenidos cargamentos de armas que con buena difusión mediática acaben instalando una presunta rivalidad acendrada entre delincuentes supuestamente en busca de venganza y un gobierno de siglas perredistas así arrojado a un campo bélico en el que todo puede pasar, desde atentados a funcionarios de primer nivel hasta daños públicos de gran resonancia social que “minen” la confianza ciudadana en su gobierno y “abran los ojos” electorales a una alternativa partidista.
La inserción del DF en la agenda de los Cárteles Gemelos tiene también como telón de fondo el reavivamiento de sectores sociales que luego de protestar contra el fraude electoral (y ver ese movimiento estancarse, enredarse y decaer) están decididos a movilizarse contra el peligro histórico que significan los planes del calderonismo entreguista respecto a riquezas nacionales. Dado que buena parte de los mexicanos no acaban por acostumbrarse a las cosas malas que suceden (como quisiera el secretario de marina de Irak, el almirante Saynez, respecto a los bombazos), los promotores y beneficiarios de esa descomposición institucional saben bien que lo mejor para sus intereses son las tácticas productoras de miedo y la colocación de los emplazamientos armados en las zonas sabidamente más rebeldes. Por cierto, “Saynez dice: ‘son bien chidos,/ por doquier, los estallidos’”, es el título de la décima que envía el profesor Benjamín Cortés Valadez: “Al titular de Marina/ un bombazo, aunque sea cruento,/ como ya es mundial evento,/ le parece de rutina;/ ante tal pasiflorina/ del militar funcionario/ que llama al ¡Pum!, ordinario,/ pronto hará que en la telera/ se pueda ver cartelera/ de nuestro estallido diario”.
Y, mientras Valdés Zurita (VaZurita) demuestra a qué intereses reales sirve y cuál es el sentido de la mascarada de su presunto “izquierdismo” (ya dio carpetazo al asunto de los espots que adulteraron la elección presidencial; pronto impulsará la quema de las boletas electorales), ¡hasta mañana, con Hidalgo como una muestra más de que no hay elecciones estatales medianamente confiables, sino montajes al servicio del gobernador o la clase gobernante en turno!
Bernardo Bátiz V. jusbbv@hotmail.com
El engaño de la reforma judicial
No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.
Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.
Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.
Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.
Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.
Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.
Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas estadunidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.
¿Qué está en el fondo? En el fondo está dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.
Me parece que el busilis de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.
En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.
Ciertamente, ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos, oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.
Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.
Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.
No hay duda de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.
Plan BLydia Cacho18 de febrero de 2008
Acostumbrarse a las bombas
A plena luz del día una bomba detona, el hombre que la lleva pierde la mano, acto seguido le estallan las vísceras y se fractura un pie. Muere allí mismo. Las autoridades inician sus pesquisas, la hipótesis de que fueron sicarios del cártel de Sinaloa surge de inmediato: un atentado fallido contra la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en venganza por los arrestos y decomisos al grupo de El Chapo Guzmán valuados en casi 60 millones de dólares. Sea cual fuere su origen, hay quien lo denomina “un acto terrorista”, pues la intención de explotar una bomba fue sembrar el terror entre la ciudadanía.
Sin embargo el término “terrorismo” implica violencia premeditada, políticamente motivada, perpetrada contra objetivos no-combatientes, por agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a una audiencia. Hasta hoy las autoridades informan que no hay motivación política, es simplemente la venganza de un grupo narcocriminal.
Pero, ¿está la sociedad asustada? Por supuesto que sí lo está, como lo está en Tijuana, en Tamaulipas, en Michoacán, con la creciente violencia generada por la guerra antinarco. Aunque al ser cuestionado sobre las implicaciones del estallido, el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, aseguró que “todo mundo se acostumbra a las bombas, se pierde la capacidad de asombro”. El marino en jefe se refiere a la normalización de la violencia.
Lo cierto es que contrario a lo que mucha gente cree, las y los mexicanos normalizamos la violencia como método de supervivencia, no como acto de desinterés. La memoria humana es resultado de una función cerebral compleja. Los estudios sobre neuroquímica de los recuerdos muestran que la adrenalina, esa sustancia producida por las glándulas suprarrenales durante situaciones de miedo, estrés o terror, facilita la retención de la información fina en el cerebro. Por eso cuando la gente ha vivido experiencias en que su cuerpo ha producido grandes cantidades de adrenalina para alertar al organismo a salir del peligro, recuerda cada detalle.
Sin embargo, y para allá vamos sobre el tema de México, cuando una persona es maltratada de forma reiterada, cuando recibe mensajes de que su integridad o la de los suyos está en peligro constante, desarrolla un estado crónico de aprensión, y la secreción de adrenalina se reduce de tal forma que el cerebro almacena cada vez menos información traumática, es decir produce menos huellas de los sucesos violentos. Como resultado, la negación, o de plano el olvido de la experiencia traumática resulta más fácil.
Lo cierto es que a perder la memoria traumática colectiva nos ayudan todos los días los funcionarios corruptos, de la mano de los delincuentes. Ayuda José Luis Soberanes al defenderse de Human Rights Watch argumentando que no leyeron sus informes oficiales e infiriendo que las víctimas le dieron mala información al organismo internacional. Lo hace el procurador general, Eduardo Medina Mora, cuando responde las cartas de Amnistía Internacional diciendo que las violaciones de mujeres de Atenco o los feminicidios en Chihuahua no son como las víctimas dicen. Lo hace Gobernación al coadyuvar al encarcelamiento con penas dignas de terroristas iraquíes a los líderes de la APPO en Oaxaca y al fortalecer la tiranía de Ulises Ruiz. Lo hacen el Vaticano, el gobierno de Jalisco y la Suprema Corte al negarles a las y los niños violados su derecho a tener voz.
Cuando una sociedad se encuentra en indefensión ante la violencia, la angustia se convierte en temor e impotencia. De allí al sometimiento silencioso el paso es uno. Ante la corrupción e impunidad mexicana, al sentirse impotentes ante los agresores, al recibir el mensaje del Estado de que cualquier forma de resistencia y rebelión es inútil, poco a poco, sin darse cuenta, la sociedad se entrega, se rinde, y elige olvidar para evadirse emocionalmente de la realidad. Ojalá que Saynez se equivoque, que México nunca se acostumbre a los bombazos, que no deje de rebelarse ante gobernadores tiranos y ombudsmans de Derechos Humanos aliados al poder. Esperemos que las y los mexicanos jamás perdamos el impulso para defender nuestros derechos.
www.lydiacacho.net
No hay comentarios.:
Publicar un comentario