Reforma penal: Amnistía alerta sobre la protección de los derechos humanos

Reforma penal: Amnistía alerta sobre la protección de los derechos humanos
Adital

Tras poco más de un año, la reforma constitucional de justicia penal mexicana volverá, según el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, a ser discutida la próxima semana en el Senado. La reforma fue acordada y aprobada en esa Casa a fines de 2006, pero cuando fue votada en la Cámara, los diputados la aprobaron con dos cambios, por eso ahora vuelve al Senado.

En comunicado, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) destacó que esa reforma debe estar ajustada a las normas internacionales de derechos humanos, "que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y respetar".

Entre los puntos positivos de la reforma propuesta, Amnistía destaca la inclusión explícita en la Constitución del principio de la presunción de inocencia, del principio de la igualdad procesal entre las partes y de la nulidad de toda prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales; pero critica el orden de restricción de la Constitución.

"Esa forma de detención preventiva ha sido definida como arbitraria por los órganos internacionales de derechos humanos como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité en contra de la Tortura, que recomiendan su eliminación. El hecho de limitar el uso de la prisión para casos del crimen organizado no cambia su naturaleza, ni el hecho de ser considerada una violación seria a los derechos humanos", dijo el comunicado.
Entre los años 2005 y 2007, la Procuraduría General de la República detuvo a 727 personas y Amnistía mostró su preocupación, porque el Ministerio Público continuó imponiendo órdenes de restricción, en las 32 entidades federativas, en el foro común durante el período transitorio de las reformas.

La ambigüedad con la que se definió "crimen organizado" y su régimen especial podrá afectar uno de los principios esenciales del derecho penal: el de la legalidad, especialmente en relación con la certidumbre de la Ley. De acuerdo con AI, en la reforma penal mexicana, esa definición es más amplia que la contenida en la Convención Contra el Crimen Organizado Transnacional (Convención de Palermo) y deja abierta la posibilidad de su ampliación a través de legislación secundaria.

Otra grave violación de los derechos humanos puede ser cometida con la determinación de que los policías pueden ingresar en propiedades particulares, sin orden judicial, en el caso que haya riesgo de vida, a la integridad de personas o en casos flagrantes. Eso puede generar el abuso de poder policial y la realización de detenciones ilegales. Según Amnistía, ese abuso policial ya viene siendo constatado y tiene como agravante el hecho de que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o el Juez, mediante el uso de evidencias fabricadas.

La impunidad por las violaciones de los principios de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos continúa siendo, para Amnistía, uno de los grandes obstáculos para conseguir avances en materia de justicia y seguridad pública.

En este sentido, la entidad pide a aquéllos que aprobarán la reforma penal mexicana "que incluyan las medidas necesarias para obtener una rendición de cuentas eficaz de aquéllos que pertenecen al sistema de justicia penal y de seguridad pública y, además, un sistema de reparaciones de acuerdo con los patrones aplicables en hechos de violaciones de derechos humanos