Noticias México ....

Editorial

La Jornada.

Agravio a la humanidad

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció ayer que solicitará la pena de muerte para seis prisioneros de la cárcel estadunidense de Guantánamo, Cuba, por los cargos de asesinato y conspiración. Entre los acusados figura Khalid Shaikh Mohammed, supuesto ex jefe de operaciones de la organización terrorista Al Qaeda y presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Ésos serán los primeros de un total de 80 “juicios” que el Pentágono planea emprender contra reos de Guantánamo, los cuales se llevarán a cabo según la infame Ley de Comisiones Militares, aprobada por el Congreso estadunidense en 2006, normativa contraria a la legislación internacional en materia de derechos humanos porque, entre otras cosas, deja a los tribunales de ese país sin jurisdicción para revisar recursos de habeas corpus del extranjero que permanezca recluido en calidad de “combatiente enemigo”, ya sea en Guantánamo o en cualquier otro lugar.
En general, la pena capital es un castigo abominable e inhumano que no sólo pone en evidencia la ineficiencia y el fracaso de los aparatos de impartición de justicia en los países donde se practica, sino que atenta contra el derecho más fundamental de los seres humanos: el derecho a la vida, y se le considera, por ello, un asesinato de Estado. En el caso de los prisioneros de Guantánamo, una sentencia de esa naturaleza representaría una brutalidad aún mayor, habida cuenta de que su sola aprehensión, su traslado y reclusión en esa cárcel estadunidense constituyen ya un atropello, agravado además por la absoluta ilegalidad con la que han sido juzgados: en estado de incomunicación, en secreto, sin abogados defensores ni derecho a réplica, y sin tener ni siquiera la posibilidad de conocer los delitos que se les imputan.
Con este hecho, el gobierno de Estados Unidos se reafirma en el sitio de violador número uno de los derechos humanos en el mundo, como lo han señalado puntualmente las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y, en sentido estricto, en un grado de cinismo por demás notable, sus acciones se equiparan con las prácticas de la propia red terrorista Al Qaeda –a la que dice combatir– en lo que toca a la forma arbitraria, injustificable y cruel en que ejecuta a sus víctimas, y acaso sólo se distingan de ésta en que Washington se vale de inyecciones letales y no de sangrientas decapitaciones.
Por lo demás, la eventual condena de los presos referidos a la pena capital es la culminación de un conjunto de regresiones judiciales por medio de las cuales el régimen estadunidense ha legalizado la aplicación de tormentos “moderados” a ciudadanos de cualquier país que sean discrecionalmente considerados “combatientes enemigos”, cuyo reflejo más atroz es el trato infrahumano que reciben los prisioneros de guerra en cárceles como la propia Guantánamo y Abu Ghraib, según la opinión pública internacional ha podido constatar mediante la ominosa evidencia gráfica que han dado a conocer algunos medios internacionales y las denuncias presentadas por diversas organizaciones de derechos humanos.
En suma, la población mundial debe repudiar la decisión anunciada ayer por el Pentágono y demandar que no se cometan unas ejecuciones que, de consumarse, representarían un severo derrumbe moral de la sociedad estadunidense e implicarían una degradación adicional no sólo para gobierno de ese país, sino también para la comunidad internacional, para la cual sería terrible asistir a la comisión de un nuevo crimen contra la humanidad en su conjunto.

El mandatario se reunió con representantes de comunidades mexicanas en Nueva York
Migrantes, prioridad de Calderón, sólo mereció 20 minutos de la gira
El encuentro se realizó a puerta cerrada
La entrevista debe haberse planeado para otra cosa; nos faltó tiempo para profundizar en nuestras preocupaciones, se quejan dirigentes
David Brooks y Claudia Herrera Beltrán (Corresponsal y enviada)
Saludo entre el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ayer en la ciudad de Nueva York Foto: Ap
Nueva York, 11 de febrero. El presidente Felipe Calderón, quien anunció a los medios estadunidenses que la prioridad de su primera gira a Estados Unidos son los migrantes, dedicó 20 minutos a la única reunión programada con representantes de la comunidad mexicana en Nueva York.
A la vez, tres secretarios de su gabinete (Desarrollo Social, Educación y Salud) y dos gobernadores (Guanajuato y Colima), que lo acompañan en la gira sostuvieron un intercambio de una hora y media con unos 46 representantes de la comunidad mexicana de los estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, donde se abordó un abanico de temas relacionados con el acceso a la salud, apoyo educativo y mayor atención consular, entre otros. Al final de esta sesión se sumó Calderón.
El encuentro se realizó a puerta cerrada y Felipe Calderón evitó todo contacto con los periodistas de medios latinos y mexicanos que intentaban cubrir la reunión. El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, ofreció una breve reseña de la sesión con el Presidente, caracterizándola como “un intercambio muy abierto, muy franco”, donde se expresaron las preocupaciones y perspectivas de los representantes de la comunidad mexicana y se abordaron temas como el apoyo para la capacitación de liderazgos mexicanos entre esta aún nueva comunidad, la promoción del voto entre los ciudadanos aquí y los incentivos para inversiones productivas en México a través de la remesas, entre otros asuntos.
El presidente Calderón, informó Sarukhán, anunció el fortalecimiento del consulado y sus servicios, con la inauguración de por lo menos dos “consulados sobre ruedas” para atender de manera más eficiente a la comunidad mexicana.
Joel Magallán, director de la Asociación Tepeyac, una de las organizaciones más grandes de la comunidad mexicana en Nueva York, y uno de los participantes en el encuentro, consideró al final: “Yo creo que la visita fue planeada para otra cosa, no tuvimos el tiempo necesario para profundizar” sobre la problemática y preocupaciones de la comunidad. “No creo que el enfoque –por lo menos aquí, en Nueva York– sea verse con las comunidades”, indicó. Sin embargo, calificó de útil la oportunidad de conocer a algunos de los integrantes del gabinete.
Magallán le entregó una carta a Calderón donde expone que “necesitamos más que dos minutos para presentarle nuestras preocupaciones y oportunidades”, y enumera cuatro propuestas: la creación de una secretaría del migrante, mayor apoyo para el desarrollo de liderazgos en comunidades emergentes, ampliación y mejoramiento de los servicios consulares y mejor distribución de credenciales de elector.
Algunos de los participantes informaron que el Presidente indicó que no estaba ahí para hacer promesas, sino para escuchar a los representantes, y solicitó que se formularan propuestas que se pudieran trabajar de manera conjunta a futuro.
Para Gabriel Rincón, líder de la Organización Mixteca en la ciudad de Nueva York, fue una oportunidad de iniciar este intercambio de ideas, pero comentó a periodistas que “ojalá no se quede en las promesas de siempre, sino que se vean hechos”. Otros participantes que hablaron con periodistas al término de la sesión expresaron su satisfacción por la disposición de escuchar por parte del Ejecutivo y sus funcionarios, y saludaron el anuncio de los consulados móviles. Pero, como expresó Magallán, “la sola actitud de escuchar está bien, pero eso no es lo importante, sino que se pongan a trabajar con nosotros” en torno a lo que llama la “comunidad trasnacional de mexicanos”.
Los mexicanos son la comunidad latina de mayor crecimiento en Nueva York. Su población ha crecido 43.5 por ciento desde 2000, y ahora llegan a 264 mil, el tercer grupo de latinos más grande de la ciudad, según las cifras más recientes (2006) del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Si se mantiene la misma tasa de crecimiento, sobrepasarán a los puertorriqueños y los dominicanos para convertirse en el grupo latino más grande de la ciudad para 2029. Los latinos conforman 28 por ciento de Nueva York.
En esta urbe, unos 3 millones del total de 8 millones de sus habitantes son migrantes de varias partes del mundo. En la zona metropolitana más amplia, incluidos suburbios colindantes a la ciudad en los tres estados de esta zona, los cálculos del total de mexicanos son de entre 400 mil y un millón.

Utilizan “eufemismos” para justificar la “fechoría de robarse el petróleo”, afirma
PRI y PAN ya presentaron a empresarios el proyecto de reforma energética: AMLO
Señala que el 24 de este mes se dará a conocer el plan de acción de resistencia civil
El nuevo consejero presidente del IFE, “un filopanista, y no estoy hablando al tanteo”
Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador recibió respuesta a su llamado para que le concedan tiempo en los medios electrónicos y opine sobre la reforma energética Foto: María Meléndrez Parada
“Ojalá me equivoque para el bien del pueblo mexicano, pero tengo información de que las cúpulas del PRI y el PAN ya presentaron el proyecto de reforma para la privatización del petróleo al Consejo Coordinador Empresarial”, además de haber consultado al respecto con empresas extranjeras, sostuvo ayer Andrés Manuel López Obrador.
Tras preguntarle su opinión sobre las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas respecto de que quienes están en contra de la privatización hacen “boxeo de sombra, cuando nadie en el otro lado plantea posiciones” como ésa, el ex candidato presidencial aseguró que no pretende ser sorprendido con un acuerdo a espaldas de los ciudadanos para concretar esa intención y, por ello, “nos estamos preparando”.
A una semana de solicitar espacio en medios de información para argumentar contra la privatización de la industria petrolera, en conferencia de prensa dio a conocer que recibió la solicitud de 20 entrevistas a escala nacional.
Nos contestaron, manifestó, los periódicos La Jornada, Reforma y Por Esto, de la península de Yucatán. De programas de radio nos hablaron, dijo, Sergio Sarmiento y Jacobo Zabludovsky, de Radio Centro; Omar Sánchez de Tagle y Daniel Moreno, de W Radio; Enrique Hernández Alcázar, del programa El Weso; Sergio Gutiérrez, de ABC Radio; Francisco Zea, del Grupo Imagen; Ciro Gómez Leyva, Eduardo Ruiz Healy, Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, de Radio Fórmula.
Asimismo, Jorge Santa Cruz y Abraham Zabludovsky, de Radio 13; Teodoro Rentería, de Radio y Telefórmula; Martín Moreno, de Reporte 98.5; Sergio Castañeda, de Radiorama Morelos, y Eduardo Pasquel, de Megarradio de Radio Capital. También citó a Katia D’Artigues, de Televisión Azteca, y manifestó que está en espera de que Televisa le conceda tiempos.
López Obrador insistió en la importancia de protestar en contra de la privatización del petróleo, y convocó a la concentración del domingo 24 frente a la Torre de Petróleos Mexicanos, a las 11 de la mañana, donde, anticipó, “daremos a conocer el plan de acción de resistencia civil que llevaremos a cabo en caso de que se presente una iniciativa de ley al respecto”.
Sobre ello, manifestó, trabaja una comisión integrada por los coordinadores parlamentarios de los tres partidos del Frente Amplio Progresista: PRD, PT y Convergencia, así como los integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
En torno a ello, resaltó una frase del general Lázaro Cárdenas, quien dijo –parafraseó el dirigente– “gobierno o individuo que entregue los recursos naturales a extranjeros, es traidor a la patria”.
Insistió en que las cúpulas del PRI y el PAN utilizan “eufemismos” para justificar la “fechoría de robarse el petróleo”. Por ejemplo, citó, hablan de la falta de recursos para invertir en Pemex, cuando hay dinero suficiente, y mencionan la falta de tecnología cuando “estos tecnócratas irresponsables dejaron caer todo el desarrollo tecnológico petrolero; dejaron de invertir en el Instituto Mexicano del Petróleo, precisamente con el propósito de entregar la paraestatal, porque aunque parezca increíble esa es la idea fija que han tenido desde hace 25 años”.
A pregunta expresa, el ex candidato presidencial se deslindó de la toma de pozos petroleros, la semana pasada, en Tabasco. “Siempre inventan cosas, es parte del trabajo de la Secretaría de Gobernación del gobierno usurpador y de la complicidad de algunos medios de comunicación, que siempre le hacen el juego a la derecha, que juegan al papel de alcahuetes del régimen”, subrayó.
El titular del IFE, “filopanista”
El ex jefe de Gobierno capitalino reiteró sus críticas a los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). En especial arremetió contra el presidente consejero, Leonardo Valdés Zurita, a quien ubicó como “filopanista, y no estoy hablando al tanteo”, dijo.
Fue asesor de Felipe Calderón, sostuvo, y fue, recordó, el principal promotor en el Instituto Electoral del Distrito Federal “en contra de mi candidatura” a la jefatura del Gobierno capitalino, en 2000, “con el argumento de que yo no tenía residencia”. Así que, remarcó, “no es un asunto de mi invención”. De los otros dos consejeros –Benito Nacif y Marco Antonio Baños– “ya ni hablamos”, indicó.
Manifestó que respeta las opiniones de perredistas que están en contra de esta postura, pero “no estoy de acuerdo con la forma como se integró el IFE”, porque se hizo con gente que está vinculada al PRIAN. Señaló que sus comentarios al respecto justamente no son bien vistos por la clase política mexicana, ya que “está podrida”.


Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa, beneficiadas con la privatización silenciosa
Empresas españolas concentran la generación privada de electricidad
Repsol se ubica como uno de los más importantes abastecedores de gas para plantas de ciclo combinado
Controlan 70% de la producción particular de energía eléctrica en México
Israel Rodríguez
Las firmas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa son las principales beneficiadas de la privatización silenciosa de la industria eléctrica mexicana, además de que la petrolera Repsol se posiciona como una de las más importantes abastecedoras de gas para plantas de ciclo combinado durante los próximos 15 años.
Pese a que España no es productora de gas, Repsol abastecerá del energético a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en la zona centro occidente del país, operando como una intermediaria, al traer el combustible de Perú. En la actualidad 35 por ciento de la energía eléctrica es producida por empresas privadas, y de ese total las firmas ibéricas controlan casi 70 por ciento.
Las empresas españolas también son las pioneras en obtener los permisos para generar energía eólica en México, según revelan informes oficiales de la CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía.
Iberdrola es la transnacional que detenta la mayor concentración, con 38 por ciento del total de toda la generación privada de energía. Le sigue Gas Natural, que durante el año pasado adquirió cuatro plantas generadoras de energía eléctrica, tres de la francesa EDF y una de Mitsubishi. Así, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa ya manejan 70 por ciento del total de la energía generada por los productores independientes de energía (PIE).
Informes de la CRE indican que entre las plantas que opera Iberdrola bajo la modalidad de productor independiente de energía destaca Monterrey III, ubicada en el estado de Nuevo León; Altamira III y IV, localizada en Tamaulipas; La Laguna, en Durango, y Tamazunchale, en San Luís Potosí.
En tanto, Unión Fenosa opera también bajo la modalidad de PIE la central de Hermosillo, en Sonora; Naco Nogales, también en Sonora, así como las plantas Tuxpan III y IV, en Veracruz.
Entre las diversas modalidades que permiten la generación de energía eléctrica, el sector privado ya alcanza prácticamente 35 por ciento del total de la capacidad de generación en México. Datos de la CFE indican que de la capacidad efectiva instalada de generación, 21.7 por ciento corresponde a PIE, la cual incluye 20 centrales en operación. Bajo las figuras de autoabasto y cogeneración contribuye con 7.3 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente, mientras la capacidad instalada para fines de exportación de electricidad representa 2.4 por ciento.
Otras de las empresas extranjeras que participan en la generación de energía eléctrica, pero en menor proporción que las españolas, son AES, InterGen y TransAlta, después de que la francesa EDF y la japonesa Mitsubishi decidieron salir del negocio con la venta a Gas Natural, subsidiaria de Repsol, con participación de La Caixa y la empresa francesa Suez.
En México Iberdrola tiene 61.5% de su negocio regional
Solamente Iberdrola, que se sitúa como la primera empresa eléctrica española por su valor de capitalización en el mercado bursátil de aquel país, encabeza al sector privado de electricidad en México, con una capacidad instalada superior a los 6 mil megavatios, y significa 61.5 por ciento de su negocio en América Latina.
A su vez, Repsol ganó el septiembre de 2007 la licitación para el suministro de gas natural a la terminal de Manzanillo, que comprende el abasto hasta de 500 millones de pies cúbicos diarios a la CFE durante 15 años. La magnitud de este negocio para la transnacional es de 15 mil millones de dólares en los 15 años que dura el acuerdo.
De esta manera, Repsol , que también opera en la Cuenca de Burgos con la figura de los controvertidos Contratos de Servicios Múltiples, suministrará el combustible a la CFE de forma escalonada: 90 millones de pies cúbicos por día en 2011; 180 millones en 2012; 360 millones de pies cúbicos al día en 2013; 400 millones en 2014, y 500 millones a partir de 2015.
Para algunos especialistas, juristas y críticos, las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica realizada en 1992 son ilegales, porque contravienen los preceptos del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que expresamente prohíbe entregar concesiones en materia eléctrica a los particulares.

Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Precariedad viajera
El “amigo” Calderón en EU
Asomos de la señora Margarita
Fernández Noroña, detective
Felipe Calderón ha creído propicio viajar a Estados Unidos cuando la atención pública está puesta en las campañas internas para postular candidatos a suceder al catastrófico George W. Bush y cuando, obviamente, el rumbo y el panorama de la política del país vecino son naturalmente imprecisos y volubles, circunstancia ésta que multiplica las posibilidades de que actos o dichos de un político extranjero puedan ser tomados como agravios a una de las partes, apoyo a otra o, aún peor, como meros ejercicios sin trascendencia ni impacto. Al michoacano, siempre portador de precariedad política, le ha parecido, además, que este es un buen momento para constituirse en defensor justiciero de los paisanos que sin documentación adecuada trabajan más allá de nuestra frontera norte, llegando al punto de advertir al imperio los peligros y torpezas que comete al pretender cerrarse al paso de mexicanos y recordando a los políticos de Washington que les quedan pocos amigos en el mundo y México es uno de ellos.
Una colocación política tan endeble ha llevado al ocupante de Los Pinos a un saldo negativo de sus primeras intervenciones en la gira por el norte. Pero no sólo porque se hubiese tenido un mal reloj político para programar la incursión felipista sino, sobre todo, más allá de consideraciones ideológicas o partidistas propias de la política interna mexicana, porque el discurso y el manejo del michoacano parecen propios de aficionados, sin sustancia ni propuestas atendibles, mero consumo diario de tiempo y recursos sin sentido ni proyecto. Calderón ha ido a Estados Unidos a tratar de “venderse” (como dicen los especialistas en mercadotecnia que ahora dictan las rutas de la política) como un factor “latino” que ayudará a definir la elección interna del Partido Demócrata (¿dama u Obama?) y a consolidar la figura del republicano que pretende remontar el descrédito de Bush. Otro de sus objetivos es encontrarse con empresarios, pensadores y opinantes que se interesen por su proyecto de privatización supuestamente inconfesa de los recursos energéticos mexicanos. Y, desde luego, promoverse como hombre de mano y gobierno firmes que enfrenta como nadie antes al narcotráfico (si ven polvo es que estamos limpiando la casa, dijo ayer a estudiantes de elite, cual vaquero jactancioso de su pistola de cañón humeante).
Pero Calderón no ha despertado ni remotamente el interés que su desbocado antecesor (un señor alto, de bigotito, siempre de la mano de una señora ambiciosa) y sí, en cambio, ha enfrentado críticas no sólo de los segmentos sociales que siguen recordándole el origen ilegítimo del poder que ejerce, sino incluso de estudiantes de escuelas como la John F. Kennedy, en Harvard (donde actualmente da clases Luis Carlos Ugalde). Si acaso, por lo que se ve, el dato relevante de la gira desangelada es la reactivación de los ánimos políticos personales de la esposa del licenciado Calderón. Hasta ahora Margarita Zavala parecía firmemente decidida a moverse en un plano de discreción formal (que no le ha impedido intervenir o promover decisiones políticas y nombramientos de amigos o gente cercana a ella), pero la gira estadunidense le ha permitido dar el paso hacia la toma de un espacio personal. (De pifias anecdóticas como la conferencia de prensa que el equipo de Los Pinos quiso organizar a Agustín Carstens en un café neoyorquino, del que fueron virtualmente echados, mejor ni hablar.)
Astillas
Bajo la firma de Manuel V. Sola, y firmada en Vigo, el diario español El País ha publicado una nota en la que da cuenta de que “un comisionado del PRD”, Gerardo Fernández Noroña, “ha descubierto en Avión (Ourense) y Madrid documentos que podrían obligar al cese de Juan Camilo Mouriño Terrazo, número dos del presidente mexicano y actual secretario de Gobernación”. Según eso, “se trata de documentos oficiales españoles que podrían probar que Mouriño no es mexicano o que, al menos, ha falsificado su acta de nacimiento y la de su madre, María de los Ángeles Terrazo Blanco”. El reportero de El País plantea el asunto así: “Hasta 1994 la Constitución mexicana exigía que cualquier ciudadano que fuese nombrado ministro tuviese que haber nacido en México o ser nacionalizado e hijo de padre y madre mexicanos. Desde entonces, basta con que el aspirante a ministro sea nacionalizado del país y con al menos uno de sus dos padres con origen mexicano. Camilo Mouriño nació en Madrid y su padre es nativo de Vigo, pero antes del nombramiento presentó la polémica acta de nacimiento, sobre la que el PRD siempre ha discutido la autenticidad”. Ahora, con los “hallazgos” de Fernández Noroña, se “puede probar que los abuelos maternos nacieron en Avión: Camilo Terrazo (1906) y María Blanco Durán (1917); con lo que su madre no podría haber obtenido la nacionalidad mexicana con la legislación en vigor hasta 1994”. El mismo periodista español apunta en su nota: “El lío legal está servido”… Desde Oaxaca, Rubén Mújica plantea: “¿por qué un gallego necesita tener dos pasaportes? Joder: ¡porque hay que usar uno para salir y otro para entrar al país!”… Corrección: aquí se escribieron ayer datos alrevesados respecto a uno de los panistas promotores del nuevo presidente del IFE: Éctor Jaime Ramírez Barba fue secretario de Salud del gobierno de Guanajuato (con Romero Hicks) y actualmente es diputado federal (el tecleador empanizado le había retirado la curul a Éctor y lo había sentado en un despacho guanajuatense)… El pasado 7 fue desaparecida en Matías Romero, Oaxaca, Dora Ávila Betancourt, quien ha trabajado durante dos décadas con mujeres indígenas y del medio rural del istmo de Tehuantepec y de otras regiones del país. Según ha denunciado la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, de la que Betancourt forma parte, “hombres fuertemente armados” la detuvieron cuando iba con su hija, rumbo a la escuela. Le dijeron “que tenían orden de aprehensión en su contra por daños a las vías de comunicación cometidos en 2006”. No se dio a conocer número de expediente, ni orden de aprehensión ni nada y, hasta el momento, dice la citada red de promotoras, no se sabe nada de ella… ¡Hasta mañana!

Luis Hernández Navarro
La CCIODH y el mapa de la impunidad en México
La imagen de la democracia mexicana en el exterior dista de ser buena. El término democracia a la mexicana se usa en el exterior como sinónimo de una democracia de mentiras. Se le asocia con la simulación y la hipocresía.
La situación que guardan los derechos humanos en el país es aún peor. Uno tras otro, diversos informes de organismos internacionales dedicados a la vigilancia de las garantías individuales dan cuenta del enorme déficit que el país tiene en este terreno.
Por supuesto, ni democracia de mentiras ni ser el país de la impunidad impiden que las grandes potencias económicas quieran hacer negocios con el país. En la era del unilateralismo estadunidense, de la invasión de Irak, de Abu Ghraib, de Guantánamo, las carencias mexicanas son pecado menor. Pero eso no quiere decir que en el exterior haya respeto por nuestras instituciones políticas.
Pero que las elites económicas y políticas internacionales estén dispuestas a pasar por alto las violaciones a los derechos humanos no significa que sectores activos de la sociedad civil de Europa, Canadá y Estados Unidos piensen lo mismo. Tampoco que organismos como Amnistía Internacional pasen por alto lo que sucede.
Uno de los organismos más activos en la vigilancia de lo que ocurre en México es la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). Se trata de una iniciativa que nació de la preocupación en sectores de la sociedad civil internacional alrededor de la violencia en Chiapas. La matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, precipitó su parto.
Estos días, precisamente, la CCIODH está en su sexta visita al país. Cincuenta personas de nueve países participan en los trabajos.
El motivo de esta gira surge del décimo aniversario de Acteal, la grave preocupación por la situación en Chiapas, con un incremento de las denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas zapatistas, así como de la necesidad de dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las visitas realizadas a Atenco y Oaxaca.
Cuando la primera comisión nació se auguró que no sobreviviría más allá de unos cuantos meses; sin embargo, ya cumplió 10 años. Algunos de los organismos de derechos humanos tradicionales la vieron con desconfianza, porque sus integrantes provenían de redes sociales alternativas, por afuera de los canales institucionales tradicionales. Su trabajo, sin embargo, ha tenido una consistencia, continuidad y una visión de conjunto envidiables.
En un primer momento la comisión fue ninguneada. Hoy, sin embargo, es una voz imprescindible sobre la situación de los derechos humanos en México. Sus informes y opiniones son una referencia tanto entre políticos europeos interesados en el país como entre el mundo de la izquierda altermundista y los defensores de los derechos humanos.
En la primera visita, en febrero de 1998, participaron 210 observadores de 11 países. Constató el gravísimo deterioro de los derechos humanos en Chiapas.
Para la segunda, en noviembre de 1999, la comisión estuvo integrada por 41 personas de 10 países. Comparó y evaluó la situación respecto de la documentada en 1998.
En la tercera, entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2002, asistieron 104 personas de 14 países. Procuró evaluar la situación del conflicto en Chiapas año y medio después de la toma de posesión de Vicente Fox.
La cuarta visita se realizó en mayo y junio de 2006. Vinieron a México 28 personas de siete países, avaladas por más de mil personas y organizaciones. Concentraron su trabajo en la observación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Texcoco y San Salvador Atenco. Comprobaron un operativo policial excesivo, irrazonable e innecesario, en el que las fuerzas represivas no se rigieron por el estado de derecho.
La quinta comisión estuvo formada por 39 personas de países como Francia, Nueva Zelanda, Italia, España, Dinamarca y Estados Unidos. Se concetró en el monitoreo en la situación represiva en Oaxaca, a raíz del movimiento conducido por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comisión está integrada por abogados, sicólogos educadores, juristas, intelectuales, cineastas, defensores de los derechos humanos, artistas, jóvenes y representantes de la sociedad civil. Se meten a las comunidades remotas y a cárceles. Escuchan con atención y respeto a la gente humilde. Toman nota de sus palabras. Las reproducen con fidelidad.
Sus conclusiones se distribuyen a los afectados, al gobierno mexicano, al Parlamento Europeo, al parlamento de Cataluña, a medios de comunicación en el extranjero, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a organismos civiles internacionales.
Los informes han sido publicados. En ellos hay testimonios de las víctimas, entrevistas con funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno mexicano, cronologías de los hechos, análisis y recomendaciones. En conjunto pintan un cuadro dramático de la situación nacional. Son un diagnóstico exhaustivo, documentado e inobjetable de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco. Aunque la respuesta gubernamental sea ignorarlo.
Mientras muchos funcionarios de organismos civiles trabajan con el financiamiento de importantes fundaciones, la inmensa mayoría de los integrantes de la comisión se pagan el viaje y sus gastos. En una época en la que los llamados Señores de la Pobreza se desplazan por el país con boato y grandes comodidades, la comisión se mueve a las zonas de conflicto con sencillez y austeridad.
La CCIODH forma parte de la tradición de internacionalistas de la talla de Francisco Javier Mina. Gracias a ellos contamos con un retrato de una parte importante del México de abajo y su resistencia, con un mapa de la impunidad. Pese a haber nacido en otros países, son mucho más mexicanos que muchos otros mexicanos.

Magdalena Gómez
Derechos humanos: ¿lo que sea su voluntad?
En los días recientes la problemática de los derechos humanos ha estado muy presente en el país y lo destacable es que de parte de ciertos sectores, sobre todo internacionales, se invoque o promueva implícitamente la llamada “voluntad política”, cuya presencia o ausencia aparece como determinante. Esta postura es ciertamente riesgosa, pues implica evadir el tema de la justiciabilidad tanto del derecho internacional como en el orden interno. En contraste, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita hizo declaraciones serias en el sentido de reivindicar el necesario uso de los tribunales para dirimir situaciones presuntamente delincuenciales, deslindándose de la “excepcionalidad” que en los hechos se da al combate al crimen organizado. Por su parte, el ocupante de Los Pinos, “acicateado por la adversidad” como él se ha descrito, respondió que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, es decir, “porque lo digo yo”, y seguirá adelante para lograr sus objetivos sin que ninguna instancia judicial o legislativa lo detenga, ni nacional ni internacional. Al cabo del tiempo difundirá con bombos y platillos sus cifras sin que la ciudadanía tenga parámetros para evaluar tan efectivos avances, y únicamente resentirá la paulatina militarización del país, y los atropellos de sus efectivos a la población; todo ello justificado por la gran cruzada calderonista que nuevamente se justificará, como en 2006, con su máxima antiética: “haiga sido como haiga sido”.
Ante esta situación debemos por lo menos revisar con cuidado los efectos del lugar común en que se ha convertido la expresión “voluntad política”, pues se utiliza como si entrañara actitud positiva, según la nueva jerga, la hay si se realizan “buenas prácticas”, como se dice recurrentemente en espacios de Naciones Unidas, y no la hay si no, como diría el filósofo de Güemes. Se elude así que la llamada voluntad política también implica decisiones adversas. En 1968 y en 1971 hubo voluntad política, sí la de masacrar y detener a toda costa al movimiento estudiantil y así nos podemos seguir con ejemplos.
La cuestión es reorientar el enfoque, los organismos civiles ya lo hacen. El pasado 7 de febrero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, donde se aborda con suficiencia el asunto de la seguridad pública y la militarización, así como los claroscuros de la reforma judicial en curso, incluyendo una serie de recomendaciones que se vinculan a la necesidad de ajuste del orden interno a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir y respetar. Como vemos, conceptos sustantivos no faltan; sin embargo, la debilidad que aún se percibe es la relativa a las dimensiones procesales, es decir, a la justiciabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) –que visita el país y ha ofrecido informes solventes y jurídicamente bien fundados sobre Acteal, San Salvador Atenco, Oaxaca, entre otros– ve limitados los resultados de su accionar ante la impasibilidad de las autoridades que deberían fincar responsabilidades o ante organismos internacionales que deberían intervenir más allá de posturas discursivas.
Es realmente un círculo vicioso, se lucha incansablemente por lograr normas internacionales, por ejemplo, la declaración recientemente aprobada en cuanto a derechos de los pueblos indígenas y desde la misma ONU se le asigna “fuerza moral y política”, quedando en espera de su asimilación al orden interno para lograr vinculatoriedad, y en nuestro caso, aún si ello sucediera, se tendrían que promover las condiciones de exigibilidad. Todavía hace años se hablaba de la “claúsula democrática” en la Unión Europea, esto es, que si un país es señalado de manera fehaciente por sus violaciones a derechos humanos no tendría acceso a créditos o proyectos. Hoy día las diversas instancias u organismos financieros operan bajo la esquizofrenia de que por un lado impulsan normas que profundizan el neoliberalismo y la desigualdad en nuestros países, y luego realizan informes críticos sobre tales resultados.
Lo que parece claro es que la concentración de poderes fácticos enquistados en la clase política hegemónica impide transformarnos y pasar de un país cuyos espacios estatales de los tres poderes, operan discrecionalmente bajo la lógica de “lo que sea su voluntad”, a un país que se rija bajo el principio de legalidad con sujeción a normas y con instancias reguladoras de su respeto y exigibilidad. En todo ello está implicado el movimiento social y político en sus más variadas expresiones, defendiéndose además de la creciente criminalización de sus protestas.

Pedro Miguel navegaciones@yahoo.comhttp://navegaciones.blogspot.com
Iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. Se ha publicitado con entusiasmo la transferencia de conocimientos y de recursos tecnológicos de Estados Unidos a México en el marco del convenio: mil 400 millones de dólares (500 millones el primer año, o sea, éste) para vehículos, armas, entrenamiento, asesores, helicópteros equipados con sensores infrarrojos, aviones tan inteligentes que podrían obtener un doctorado en Harvard, escáneres de rayos equis, perros adictos que mueven la cola en código binario cuando perciben la cercanía de una dosis, sistemas de telecomunicaciones, bases de datos e instrumentos de análisis financiero que enciendan el foco rojo cuando detecten olor a detergente en un movimiento de fondos.
No hay que descartar que, con esos productos del ingenio estadunidense, más otros que ojalá no estén incluidos en el intercambio (no es fácil olvidar los cursillos de tortura que el Pentágono y la CIA solían impartir a destacados estudiantes latinoamericanos), un gobierno resuelto pudiera poner fin al flujo de sustancias ilícitas procedente del sur. Pero ese no es el caso de las autoridades de Washington, a las cuales les molesta mucho (o eso dicen en público) que sus colegas mexicanos sólo logren interceptar 36 de las 275 toneladas de cocaína que, se estima, ingresan cada año a territorio estadunidense procedentes de nuestro país, según los cálculos correspondientes a 2006. De acuerdo con esas cifras, los policías y los aduaneros del país vecino permiten la importación de las 239 toneladas de cocaína que no son confiscadas en México, una cantidad que no pasa precisamente en dos maletas ni en las tripas de los casi siempre infortunados camellos: para transportarla serían necesarios 70 camiones de mudanzas pequeños (con capacidad de 3.5 toneladas) o bien tres o cuatro vagones de ferrocarril muy repletos. Una de dos: o los funcionarios públicos del gobierno estadunidense son tan brutos que no se enteran del paso del polvo blanco por sus fronteras o son tan corruptos que sí se enteran y se hacen de la vista gorda.
El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores.
Eso, por no hablar de los florecientes cultivos de mariguana que se expanden por toda la costa oeste del territorio estadunidense y que le han permitido al país vecino pasar de consumidor a productor de drogas: las cifras para 2005 fueron de 10 mil toneladas métricas, y sólo la producción californiana alcanzó un valor comercial de seis mil 700 millones de dólares, más del doble de los dos mil 500 millones de dólares que las drogas aportaron en ese año a la economía de Colombia. Ni del renovado vigor que experimenta la siembra de amapola en Afganistán desde que las fuerzas militares estadunidenses se instalaron en ese país.
Con esos datos en mente, la asistencia estadunidense a México en combate al narcotráfico equivale a pedirle asesoría a Nigeria para echar a andar un programa anticorrupción. La gente no es tan tonta como parecen pensarlo los gobernantes. El gobierno de Felipe Calderón tendría que explicarnos cuál es el verdadero propósito de la Iniciativa Mérida y por qué el empeño en tomarnos el pelo.

Dos de sus agentes viajaron con él de Nueva York a Boston; el EMP, testigo mudo
Asume el servicio secreto de EU la seguridad del presidente Calderón
Empleados de la cafetería Starbucks corren a Carstens, Nava y a los enviados de prensa
Claudia Herrera Beltrán y David Brooks
Boston, Massachussets, 11 de febrero. Dos agentes del servicio secreto estadunidense viajaron en el avión presidencial en el trayecto de Nueva York a Boston, como parte de las inéditas medidas que se aplicaron para salvaguardar la seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La participación del servicio secreto no se limitó a la protección del mandatario, sino que por primera vez en una visita de un Presidente mexicano también incluyó el reparto de gafetes numerados para los enviados de la prensa nacional, que consignan nombre, nacionalidad y fecha de su estancia.
Si bien en los países donde viajan los mandatarios mexicanos se da una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad locales y el Estado Mayor Presidencial, ahora la novedad fue que los agentes del servicio secreto, vestidos de traje y con un pin de la delegación mexicana, viajaron en la última fila del TP-01, en el área donde se transportan los elementos del EMP, los reporteros y los funcionarios medios de Los Pinos.
Esta situación se complementó con otras actividades habituales, como es la custodia de las camionetas en que se transporta el presidente Calderón en los distintos puntos que visita.
Debido a las directrices fijadas por esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la estancia del titular del Ejecutivo se distinguió por las extremas medidas que se aplicaron en las diversas actividades que desarrolló tanto en Nueva York como en Boston.
Del hotel Marriott Downtown, ubicado en el corazón financiero de Nueva York y a una cuadra de la llamada zona cero, una treintena de corresponsales y periodistas locales fueron expulsados cuando Calderón llegó a la reunión con líderes de migrantes, y debieron permanecer afuera, donde la temperatura era de varios grados bajo cero, hasta que el mandatario mexicano se retiró del lugar.
De igual forma, los lugares donde acudió el Presidente fueron revisados por perros que detectan explosivos. Así se pudo constatar en un auditorio de la escuela de Negocios John F. Kennedy, en la ciudad de Cambridge, donde esta acción se hizo en más de media hora, tiempo en el que los asistentes, incluyendo a prestigiados académicos, debieron aguardar en el piso de abajo.
Además, policías cerraron con una patrulla una cuadra de la calle Liberty, durante la estancia del presidente en la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York.
Sumado al tema de seguridad, hubo algunos incidentes relacionados con la desorganización de los equipos de comunicación social y de logística de Los Pinos, que pusieron en aprietos a los propios integrantes del gabinete y de la Presidencia.
En una cafetería Starbucks, en Liberty y Nassau, en la zona financiera de Nueva York, funcionarios de la Presidencia de la República habían programado una conferencia de prensa con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; cuando ya se habían colocado los tripiés y las cámaras en el lugar un empleado del negocio advirtió que no se podían usar esas instalaciones para dicho fin. Hasta el secretario particular de Calderón, César Nava, tuvo que salirse del lugar precisamente cuando comentaba de manera informal sus impresiones sobre la gira, debido a que empleados de la cafetería llamaron a los integrantes de la delegación mexicana a abandonar el sitio, porque “impedían el libre tránsito” de los clientes.

Señala que no han disminuido la ofensiva de exclusión social ni las deportaciones
La CDPME pide a Calderón medidas concretas para proteger a migrantes
José Antonio Román

Aun cuando ha bajado la retórica antinmigrante en las campañas por la presidencia de Estados Unidos, no ha disminuido la ofensiva de exclusión social de los indocumentados y su deportación masiva, señaló la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME), que exigió al presidente Felipe Calderón tomar “medidas concretas” para la protección legal y consular de los connacionales, quienes enfrentan medidas “sin precedente”.
Por ello, dijo, el principal papel de Calderón en su visita a Estados Unidos no es hacer declaraciones sobre una posible reforma migratoria en ese país, sino dar apoyo inmediato a la comunidad migrante, por ejemplo, creando un fondo especial para su defensa legal, contratando los servicios de organizaciones y despachos pro inmigrantes y elevando la capacidad de los consulados. A la vez, es necesario que en México se desarrolle un programa de empleo temporal para los deportados.

El organismo señaló que existen cientos de iniciativas estatales y locales en prácticamente todo Estados Unidos, que han sido propuestas para negar trabajo, beneficios sociales, educación bilingüe y licencias de manejo a más de 12 millones de indocumentados que residen en ese país, así como para castigar penalmente a quien les dé empleo, les rente lugares para vivir o incluso les dé albergue.

Junto con estas medidas van en aumento las redadas que dividen familias, los despidos y el encarcelamiento de quienes usan documentos oficiales que no les pertenecen, mientras que la protección consular resulta notoriamente insuficiente.
Alejandra Castañeda, especialista en antropología de la migración, de la Universidad de California en San Diego; Luis Pelayo, fundador y presidente de Concilio Hispano en Chicago, y Primitivo Rodríguez Oceguera, coordinador en México de la CDPME, señalaron que afortunadamente los grupos xenófobos y racistas han sido derrotados en la presente campaña presidencial en Estados Unidos. Los candidatos que dieron entrada a las posiciones más extremistas han abandonado la contienda o perdieron el voto de los ciudadanos, buena parte de ellos latinos.

Desde su perspectiva, los demócratas Hillary Clinton y Barak Obama, así como el republicano John McCain estarían, por sus propias declaraciones, en favor de una reforma migratoria que incluya la legalización de los indocumentados y de construir una relación de “aprecio y mutuo beneficio” con México.
Sin embargo, Primitivo Rodríguez estimó que estos grupos seguirán presionando al Departamento de Seguridad Interna para que multiplique las redadas, cierre la frontera y deporte a los indocumentados, aun cuando esto no representa el sentir de la mayoría de los estadunidenses. “Condenamos las actividades de dichos grupos contra los inmigrantes y contra México, y los denunciamos como cáncer social de la nación estadunidense.”

La coalición consideró, además, que un paso necesario para ayudar a los inmigrantes es realizar en México una reforma migratoria humana e integral que sea ejemplo para Estados Unidos. Mientras esto no se legisle, los grupos xenófobos y racistas “nos seguirán echando en cara que el gobierno mexicano, y no el estadunidense, es el mayor violador de derechos de los inmigrantes. De ahí que sin una reforma migratoria en México, nuestra lucha por justicia en Estados Unidos se hace mucho más difícil”, concluyó.