De 500 a 800, los presos políticos

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Aída Mendoza Flores
aidamf2003@yahoo.com.mx

* La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tiene documentados 395

* “Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social”: Magdalena López Paulino

* “Las autoridades abusan del uso de los procesos penales como forma de contención social”, denuncia Edgar Cortez

* Para Miguel Concha “Tantos presos políticos en México es síntoma de la existencia de un verdadero problema en el funcionamiento del sistema político”

“Los miré desde lejos y agarré fuerte a mis hijas, sentí miedo, mi casa estaba rodeada de policías armados, ellos disparaban, me tiré al suelo y mi cara chocó contra la tierra, mi tierra, Santa Cruz Xoxocotlán en Loxica, Oaxaca… Nos levantaron y nos llevaron a la Procu, cuando llegamos vi a Pedro y a Gonzalo todos golpeados y bocabajo en el suelo… Quienes me preguntaban y me enseñaban fotos estaban vestidos de civiles, aseguraron que me iban a ayudar sí les daba información, que les dijera sí yo era del EPR, querían nombres y más nombres, yo no sabía nada… Entonces amenazaron con violarme y golpearme, con ir a matar a mi mamá al hospital donde se encontraba en coma, todo sí no contestaba a las preguntas. Me dio mucho miedo y comencé a decirles que sí, y sí a todo lo que después me preguntaron… Ellos escribían y escribían en papeles y me obligaron a firmar, me hacían burla y decían: ¿Vas a firmar? ¿No vas a firmar? Se reían a carcajadas y tuve que hacerlo...”

Martes 25 de junio de 2002.

A seis años de que Isabel Almaraz Matías fue aprehendida, encarcelada y separada de sus dos hijas aún no se le ha dictado sentencia. Está acusada de secuestro, intento de homicidio, resistencia a la autoridad y organización delictuosa. Según algunos medios de comunicación, la mujer zapoteca participó en junio de 1997 en la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, que mantuvo un plantón de cinco años en los portales del antiguo palacio de gobierno de Oaxaca para protestar contra la militarización que diezmó a su región. En su momento se presentaron más de 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones y cerca de 500 detenciones.

Casos como el de Isabel existen muchos en México, organismos internacionales defensores y promotores de los derechos humanos aseguran que las cárceles de nuestro país están repletas de presos políticos y cada día crece más la lista de luchadores sociales que ingresan a prisión para enfrentar procesos legales llenos de anomalías jurídicas, por lo que la ley se ha convertido en la herramienta idónea para combatir la justicia.

Las estadísticas sobre los detenidos que participan en movimientos sociales no son exactas ni siquiera cercanas, hay organismos no gubernamentales que hablan de 500, otros elevan la cifra hasta 800, pero, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos tiene documentados apenas 395.

“Esta diferencia en las cifras se debe a la inexistencia de un listado único de presos políticos o de conciencia; además de que no hay una asociación de defensa –en el ámbito nacional– que coordine a los comités y grupos locales que realizan su labor desde las entidades federativas”, explica a Forum María Magdalena López Paulino de la Red Solidaria Década contra la Impunidad que a tres años de su creación elaboró un informe sobre la situación de los presos políticos.
Muchos de quienes se encuentran tras las rejas, denuncia nuestra entrevistada, fueron víctimas de la violencia por parte de los cuerpos policiales. Fueron golpeados, torturados e inclusive abusados sexualmente, durante y después de su arresto. “Muchos de ellos se encuentran en condiciones carcelarias humillantes y otros más están recluidos en penales de alta seguridad, al lado de torturadores, narcotraficantes y secuestradores.

La representante de la red hizo énfasis sobre la importancia que tiene la definición de preso político y el de conciencia. Asegura estar de acuerdo con Amnistía Internacional de que un prisionero político es una persona a la que se mantiene en prisión o bajo arresto, porque sus ideas suponen un desafío al sistema político establecido, mientras que un preso de conciencia es aquella persona que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder.

Sin embargo, en México, organismos como el que ella representa, tienen su propia definición y es la siguiente: “Es un ser humano privado de su libertad por el gobierno de un estado a causa de luchar, defender, promover la dignidad, respeto y conservación integral de los derechos humanos, incluido el derecho a la resistencia a la opresión”.

Al ser interrogada sobre la edad promedio de los luchadores sociales que han sido encarcelados, Magdalena López indica ante este medio de comunicación que un enorme número de los presos políticos son jóvenes y muchos de ellos son dirigentes populares que encabezaron luchas de protesta. Son los damnificados de una política que ha decidido criminalizar la expresión pública del malestar social antes de abrirle espacios reales de negociación.

La protesta es un derecho

Al respecto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, manifiesta a
Forum que en México la criminalización de la protesta social se ha convertido en un verdadero problema. “Actualmente las autoridades abusan del uso de los procesos penales como forma de contención social, de tal manera que cuando un grupo u organización hace este ejercicio de su derecho a la protesta con mucha facilidad el resultado que van a encontrar es ser acusados de algún delito, sujetos a un proceso que puede durar meses o años, con lo que se les da un trato equivalente al de los delincuentes y no la de los ciudadanos que protestan”.

Edgar Cortez informa que tan solo en la organización que él representa tienen documentados 60 casos, de los cuales la mitad se ha efectuado dentro de esa criminalización de la protesta y los dirigentes del movimiento han sido tratados como delincuentes y el 50 por ciento restante tiene que ver con la imposición de proyectos económicos a las comunidades rurales, indígenas en su mayoría aunque también los hay urbanos, proyectos que tienen que ver con presas, caminos, suburbios comerciales y turísticos que se venden como asuntos de desarrollo.

A la pregunta ¿la protesta en México existe como un derecho?, el defensor de los derechos humanos manifiesta que como tal no se presenta en ninguna legislación, sin embargo, nuestra Carta Magna se refiere a ello. “Lo que aquí sucede es que hay un uso mafioso del derecho, es decir, un derecho que se interpreta a conveniencia, que se aplica como medida de represión contra la gente que tiene una perspectiva política distinta”.

Cortez recuerda las palabras del experto Roberto Gargarela, quien asegura que en este actuar lo que se encuentra es un derecho que finalmente termina atacando a los que debe proteger y termina protegiendo a los que debiera vigilar, es decir, que termina asociado con el poder político, económico y termina volviéndose en contra de los más pobres, de los más débiles, de los desprotegidos. Eso es lo que está pasando en México.

“Tantos presos políticos en México es síntoma de la existencia de un verdadero problema en el funcionamiento del sistema político mexicano. Hay un verdadero déficit de representación política de los diversos sectores de la población, pero lo peor de todo es que no hay voluntad política –por parte del actual gobierno federal– para reconocer que la protesta es un derecho y reprimir es un delito y las autoridades lo están aplicando al revés”, subraya en entrevista el doctor Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Resarcir daños, imposible

Para los defensores de los derechos humanos, en México no sólo se cometen injusticias contra quienes son considerados presos políticos o de conciencia al formularles delitos relacionados con la delincuencia organizada para asegurar su encarcelamiento, sino que además nunca se preocupan en resarcir el daño tal y como lo establece nuestra legislación.

Tal es el caso de David Venegas Reyes, detenido violentamente y sin orden de aprehensión por hombres de negro que portaban armas largas en el Parque del Llano de la ciudad de Oaxaca, el 13 de abril de 2007. Es desaparecido por varias horas durante las cuales fue interrogado, torturado y amenazado para obtener información sobre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ese mismo día fue entregado al Ministerio Público junto con algunas bolsas de cocaína y heroína, por lo cual es encarcelado por los delitos de posesión y venta de drogas, dos días después es trasladado a la penitenciaría central de Santa Maria Ixcotel. Una vez ahí, el 15 de abril es notificado de un auto de formal prisión, por parte de un juez estatal por los delitos de incendio, asociación delictuosa y sedición en contra del gobierno del estado y la sociedad.

Por fin, el pasado 5 de marzo, tras 11 meses de encarcelamiento, las puertas de la penitenciaría fueron abiertas para dar lugar a los primeros pasos de David Venegas Reyes, alias Alebrije, quien logró demostrar su inocencia y con ello recuperó su libertad. Sin embargo, la pregunta está al aire ¿el daño moral y físico causado por esa injusticia, quién se los quita?

Para el doctor Miguel Concha Malo, México está muy lejos de formar conciencia de lo que significa ser perseguido, aprehendido, torturado y privado de la libertad dentro de una cárcel. “Curiosamente cuando se hace una detención se anuncia con bombos y platillos como un logro de las policías, cuando el preso político logra su libertad por falta de pruebas, sale de los penales destrozado moralmente y sin un ¡Lo sentimos, nos equivocamos! La sociedad apenas y se entera de eso. Aquí todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

Entonces, subraya el defensor de los derechos humanos, se hace necesario que se busque un mecanismo que permita a la propia autoridad resarcir el daño tanto al preso político como a su familia que después de eso queda devastada.

Ley de amnistía ¡

Ante diversas denuncias y recomendaciones de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, se vuelve a insistir en la promulgación de una ley de amnistía para lograr la liberación de todos los presos políticos.

Ahora esta propuesta es realizada por el Partido de la Revolución Democrática a través de los legisladores José Antonio Almazán y Aleida Álvarez Ruiz, quienes informaron que dicha iniciativa fue elaborada por diversas organizaciones que conforman el Frente Nacional en Contra de la Represión.
Al respecto la diputada Aleida Álvarez manifiesta que esta ley de amnistía es necesaria, ya que el país vive una “ola de represión y criminalización de los movimientos sociales que se han incrementado ante tanta inconformidad y pobreza. Esta legislación no sólo debe buscar la libertad inmediata y absolutoria de los presos políticos sino que además debe asegurar el regreso con vida de muchos desaparecidos”

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